Jesús Martín Vázquez Jiménez

Expediente 58/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 4 de febrero de 2016.

Datos del expediente

Expediente
58/2016
Año
2016
Actuaciones
3
Última actuación
04/02/2016

Partes del expediente

  • Jesús Martín Vázquez Jiménez

Actuaciones

  1. Principal

    ... se desechó la demanda de garantías a que este juicio se refiere; por lo que, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado el referido auto. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 219 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en atención a lo dispuesto por el diverso 2º de la Ley de Amparo, archívese este juicio como concluido. Ahora, en atención a lo dispuesto en los puntos cuarto y décimo, fracción I, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes, se decreta que este expediente carece de relevancia documental, al no ubicarse en los supuestos previstos en el último párrafo del punto vigésimo primero, del referido Acuerdo General. Por lo anterior, y teniendo en cuenta que se desechó la demanda que diera origen al presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en la fracción I del punto Vigésimo Primero del citado Acuerdo, este expediente es susceptible de ser destruido...

  2. Principal

    ... EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA, NO ACUDIÓ A ESTE ORGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE DEL AUTO DE CATORCE DE ENERO DE DOS MIL DIECISÉIS, DENTRO DE LOS DOS DIAS HABILES SIGUIENTES AL DEL CITATORIO, SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS EL AUTO DE REFERENCIA, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: ... Xalapa-Enríquez, Veracruz, catorce de enero de dos mil dieciséis. Visto: téngase por recibido el oficio signado por el Director General del Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, mediante el cual en cumplimiento al fallo protector, remite las constancias relativas al mismo. Ahora, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 26, fracción I, inciso c) y 196, párrafos primero y segundo, de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa, con las constancias relativas al cumplimiento de la sentencia dictada en este asunto, para que en el acto de la diligencia, o bien, en el término de tres días, contado a partir de que le sea notificado el presente proveído, manifieste lo que a su interés legal convenga. Lo anterior, en el entendido que aun cuando la parte quejosa no desahogue dicho requerimiento, esta autoridad federal se pronunciará sobre el cumplimiento de la sentencia dictada en el presente juicio con base en las constancias que obran en autos. Se cita como apoyo a lo anterior por sus consideraciones, la tesis 1ª. XC/2001, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 358, Tomo XIV, Octubre de 2001, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS DE AMPARO. LA NOTIFICACIÓN DEL AUTO EN EL QUE SE LE DA VISTA AL QUEJOSO CON EL INFORME DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE RESPECTO DE TAL ACATAMIENTO, DEBE HACERSE EN FORMA PERSONAL. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido, en relación con el sistema sobre el cumplimiento de las sentencias protectoras, que es obligación de los juzgadores de amparo el dictar un acuerdo en el que se dé vista al quejoso con el informe de la autoridad responsable, respecto del referido acatamiento, con el apercibimiento de que de no hacer manifestación alguna dentro de un determinado plazo, se resolverá si se dio o no el cumplimiento al fallo protector, con apoyo en el citado informe y con los demás elementos con los que cuenten. Ahora bien, la notificación que se realice a la parte quejosa, del informe que rinden las autoridades responsables para justificar el cumplimiento de la sentencia protectora y de las constancias que adjuntan al informe, debe hacérsele en forma personal, pues, por un lado, el mencionado auto trae aparejado un apercibimiento o prevención y, por otro, porque dicha notificación permite que el quejoso haga valer las defensas que procedan o actuar de conformidad con lo que ordenen las determinaciones judiciales, y de no hacerlo así se le dejaría en estado de indefensión". Sin que pase inadvertido el hecho que la tesis a que se hace mención, aun cuando se refiere a la interpretación de la Ley de Amparo vigente hasta el dos de abril del año dos mil trece, sigue cobrando vigencia ya que sobre el tema que se analiza en particular, el ordenamiento que regula el juicio de garantías no sufrió modificación que provoque la pérdida de la misma, ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del decreto por el que fuera expedida la Nueva Ley de Amparo. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma, el licenciado Arnulfo Moreno Flores, Juez Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante el licenciado Joel Hernández Jiménez, Secretario quien autoriza y da fe.

  3. Principal

    ... EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA, NO ACUDIÓ A ESTE ORGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE DEL AUTO DE DIECINUEVE DE ENERO DE DOS MIL DIECISÉIS, DENTRO DE LOS DOS DIAS HABILES SIGUIENTES AL DEL CITATORIO, SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS EL AUTO DE REFERENCIA, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: ... Xalapa de Enríquez, Veracruz, diecinueve de enero de dos mil dieciséis. Vista; la demanda de amparo que promueve Jesús Martín Vázquez Jiménez, por propio derecho, contra actos del Secretario de Seguridad Pública del Estado, con sede en esta ciudad, y otras autoridades, por violación a los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1º, 8º, 14, 16 y 17 Constitucionales. Fórmese expediente y hágase la anotación respectiva en el Libro Uno de Juzgado relativo al registro de juicios de amparo, y regístrese con el número 58/2016. Ahora, previo a que este órgano jurisdiccional se encuentre en condiciones de emitir un pronunciamiento sobre la demanda que se intenta, se hace necesario reproducir el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo, mismo que a la letra dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Tomando en consideración que el citado precepto impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano, a continuación, se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis jurisprudencial del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 68, agosto de 1993, página 77, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS." Esencialmente la tesis de mérito interpreta que, para el desechamiento de plano de una demanda de garantías, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte, en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del ocurso y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. De la lectura íntegra de la demanda de amparo, se advierte que la parte promovente señala medularmente como acto reclamado el siguiente: "A).- DEL SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO, ASÍ COMO DEL DIRECTOR GENERAL DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL, LA IMPOSICIÓN DE LA BOLETA DE INFRACCIÓN CON FOLIO AI0084684, DE 16 DE NOVIEMBRE DE 2015, POR EL MONTO DE $1,051.00PESOS. B).- DEL SECRETARIO DE FINANZAS Y PLANEACIÓN DEL ESTADO, POR COLABORACION COMO ENTIDAD RECAUDADOR DEL COBRO IMPUESTOS DE LAS BOLETAS DE INFRACCIÓN." En ese sentido, el suscrito estima que en contra de los actos combatidos, procede el Juicio Contencioso Administrativo en términos de la fracción II del artículo 280 bis del Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz. Para evidenciar lo anterior, conviene reproducir los artículos tanto de la Ley de Amparo, como del Código de Procedimientos Administrativos citado, a saber: Ley de Amparo vigente: "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XX.- Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia." El precepto y fracción de la Ley de Amparo transcritos, ponen de manifiesto que el juicio de amparo es improcedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rigen, o proceda contra ellos algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados. Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz: "Artículo 280 Bis. Procede el juicio contencioso en vía sumaria exclusivamente en contra de: (.) II. Resoluciones que impongan multas o sanciones pecuniarias por infracción a las normas administrativas locales y municipales; (.)" Así tenemos que contra el acto administrativo de infracción vial procede el juicio contencioso administrativo, el cual deberá presentarse ante la Sala Regional con jurisdicción territorial en el municipio en el que tenga su domicilio el demandante dentro de los quince días siguientes al en que surta efectos la notificación del acto o resolución que se impugna, o al en que se haya tenido conocimiento del mismo. En el caso, el acto reclamado por el aquí quejoso Jesús Martín Vázquez Jiménez, se hace consistir fundamentalmente en la emisión de la boleta de infracción con número de folio A10084684 de donde deriva la fotomulta que por esta vía se combate, así como la falta de notificación de la misma, y como consecuencia, el cobro por la cantidad de $1,051.00 (mil cincuenta y un pesos 00/100 M.N.); por exceder los límites de velocidad legalmente establecidos en el Reglamento de la Ley de Tránsito y Seguridad Vial para el Estado de Veracruz. Ahora, si en términos de la fracción II del artículo 280 Bis del citado Código de Procedimientos Administrativos del Estado, es competencia de las Salas Regionales del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Poder Judicial del Estado, conocer de aquéllas resoluciones emitidas por las autoridades administrativas, que imponen multas o sanciones pecuniarias por infracción a las normas administrativas locales o estatales, y en el caso, de lo narrado por la parte quejosa en su demanda de amparo, es claro que el acto que se combate actualiza la hipótesis contenida en la citada fracción, dado que se duele de la boleta de infracción con número de folio A10084684 impuesta por exceder los límites de velocidad fijados en el reglamento de Tránsito del Estado, la falta de notificación, así como la ejecución y cobro de la multa derivada de la misma; es claro que, mediante el juicio contencioso administrativo puede revocarse o nulificarse los actos de la administración pública estatal, es decir, todos aquellos que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar sus dependencia centralizadas y entidades paraestatales, municipales, paramunicipales y el órgano de fiscalización superior, que afecten los derechos de particulares. Por tanto, es evidente que la parte promovente inobservó el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, actualizándose la hipótesis prevista por la fracción XX del numeral 61 de la ley de la Materia, toda vez que la existencia de dicho medio defensivo se advierte en forma patente y se tiene además la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia actualiza la inobservancia del principio de definitividad que regula al juicio constitucional, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no sería factible obtener una conclusión diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar eventualmente las partes; de ahí que, en atención al principio de economía procesal, lo que procede es desechar la demanda de garantías que diera origen al presente asunto, por ser notoria e indudable su improcedencia. Sirve de apoyo a esta determinación la tesis número VII.3o.C.32 A, Novena Época, visible en la página 2260, Tomo XXV, Enero de 2007, sustentado por los Tribunales Colegiados de Circuito, cuyo rubro y texto es del literal siguiente: "JUICIO CONTENCIOSO PREVISTO POR EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA EL ESTADO DE VERACRUZ. OBLIGACIÓN DE AGOTARLO PREVIAMENTE A INTENTAR LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL. De conformidad con los artículos 1o. y 280 del Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, mediante el juicio que se tramita ante las Salas Regionales del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Poder Judicial de la entidad, en términos de los numerales 54 y 55 de la Ley Orgánica del citado Poder Judicial, pueden modificarse, revocarse o nulificarse los actos de la administración pública estatal; es decir, todos aquellos que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar sus dependencias centralizadas y entidades paraestatales; los organismos municipales, entidades paramunicipales y el Órgano de Fiscalización Superior, que afecten los derechos de particulares. Por tanto, antes de acudir al juicio de amparo y en observancia del principio de definitividad que lo rige, los particulares deben agotar el juicio contencioso; máxime que los artículos 305 y 306 del referido código, no exigen mayores requisitos para conceder la suspensión de los actos reclamados, que los que contempla la Ley de Amparo y, por ende, no se está en el caso de excepción a que se refiere la parte final de la fracción XV del artículo 73 de la ley de la materia, salvo que el acto reclamado carezca totalmente de fundamentación y motivación, o en el amparo se aduzcan únicamente violaciones directas a las garantías individuales consagradas en la Constitución Federal." En las relatadas circunstancias, toda vez que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XX, del artículo 61 de la Nueva Ley de Amparo; con fundamento en el artículo 113 de la citada ley, se desecha la demanda de amparo origen de este asunto. Así también, se invoca la Jurisprudencia 749, publicada en la página 505, del Tomo VI, Parte Tribunales Colegiados de Circuito, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA. El motivo manifiesto e indudable de improcedencia a que se refiere el artículo 145 de la Ley de Amparo, debe ser tan claro, evidente, notorio e indiscutible, que sin necesidad de ulterior comprobación haga inejercitable la acción constitucional." Las jurisprudencias a que se hace mérito en este acuerdo, aun cuando se refieren a la interpretación de la Ley de Amparo vigente hasta el dos de abril del año dos mil trece, siguen cobrando vigencia ya que sobre el tema que se analiza en particular, el ordenamiento que regula el juicio de garantías no sufrió modificación que provoque la pérdida de su vigencia, ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del decreto por el que fue expedida la nueva Ley de Amparo. Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, con fundamento en el artículo 27 de la Nueva Ley de Amparo, los que señala en su escrito inicial de demanda, y por autorizado de su parte, en los amplios términos que impone el artículo 12 de la ley de la materia, a Erika Ramírez Castro, Mario Rivera Texón y Arturo Acosta Martínez, toda vez que tienen registradas sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado que para tal efecto lleva este juzgado, con los números 154796, 89989 y 25764 respectivamente, y con las restricciones que impone dicho precepto a Christian de Jesús Vega Cano y Eduardo Bello Rivera, ya que no cuentan con el registro correspondiente. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma, el licenciado Arnulfo Moreno Flores, Juez Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante la licenciada Zoila Flor Juárez San Martin, Secretaria quien autoriza y da fe.

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