Jesús Martín Valencia González
Expediente 567/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 15 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 567/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 15/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Jesús Martín Valencia González
Actuaciones
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, quince de agosto de dos mil veintitrés. Queja infundada Agréguense a los autos, el oficio de cuenta firmado por la secretaria de acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, al cual adjunta: I) el cuadernillo de copias certificadas que se le remitieron para la substanciación del recurso de queja interpuesto; y II) testimonio de las ejecutoria de cuatro de agosto del año en curso, dictada en el recurso de queja en materia penal 186/2023, que se resolvió en los términos siguientes: "ÚNICO. Es INFUNDADO el recurso de queja." De donde se colige que el auto de catorce de junio del año en curso, en que se desechó la demanda presentada, se mantiene intocado. En consecuencia de lo anterior, acúsese el recibo correspondiente, y hágase la anotación en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y verifíquese el correcto contenido generado en el libro electrónico. Publicación de datos personales Por otro lado, dado que las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales; no obstante, dese cumplimiento a lo establecido por los numerales 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que entró en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, el siete de febrero de dos mil diecisiete. Archivo Ahora, toda vez que no existe asunto pendiente de diligenciar, con fundamento en el artículo 20, fracción IV, del "Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales", vigente a partir del ocho de junio de dos mil veintitrés, se ordena el archivo de este expediente como definitivamente concluido. Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del citado Acuerdo General. Destino. Transcurridos más de tres años, a partir de la fecha en que se dicta este acuerdo, procédase a su destrucción, de conformidad con el artículo 20, fracción IV, del referido Acuerdo General y, en su oportunidad, remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Anotaciones Hágase la anotación en la carátula del expediente, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y verifíquese el correcto contenido generado en el libro electrónico. Notifíquese por lista electrónica y mediante oficio al Ad Quem.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cuatro de julio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos, el oficio de cuenta firmado por la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, mediante el cual, acusa recibo del oficio y anexos a través de los que se remitió el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa, en contra del auto de catorce de junio de la presente anualidad. De igual manera, la superioridad informa que admitió a trámite el referido recurso de revisión, registrándolo con el número 186/2023, de su índice, de lo cual, este Juzgado toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese por lista electrónica.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiocho de junio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito de cuenta, signado por Jesús Martín Va********************, parte quejosa en el presente asunto, por medio del cual, interpone recurso de queja en contra del auto de desechamiento dictado en autos. En consecuencia, con fundamento en los artículos 80, 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 101 de la Ley de Amparo, se le tiene interponiendo recurso de queja en contra del auto de catorce de junio de dos mil veintitrés. Al respecto, ríndase el informe sobre la materia de la queja interpuesta, y remítanse: 1) copias certificadas de este juicio de amparo; 2) original y copias del escrito por el que se formulan agravios; al Tribunal Colegiado en Materias Penal y del Trabajo del Decimotercer Circuito, en turno, para la substanciación de ese medio de impugnación. En otro contexto, respecto a las autorizaciones procesales a que se hace referencia en el proemio del escrito de cuenta, dígase al ocursante que deberá estar a lo acordado en el auto de radicación. Notifíquese por lista electrónica y mediante oficio al AD QUEM.
- Principal
Se notifica a la parte promovente por lista el proveído de catorce de junio de dos mil veintitrés, en virtud de no haber acudido al Juzgado a pesar del citatorio que se le dejó el quince de junio de dos mil veintitrés. San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, catorce de junio de dos mil veintitrés. Registro de demanda Con la demanda de amparo presentada ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito del Décimo Tercer Circuito, con sede en este municipio, el doce de junio del año en curso, y turnada a este órgano jurisdiccional el trece de junio siguiente, que promueve *****, por propio derecho, contra actos del Juez Segundo Penal, adscrito al Juzgado para la Conclusión de Asuntos Penales del Estado de Oaxaca y otra autoridad; fórmese expediente físico y electrónico y anótese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y verifíquese el correcto contenido generado en el libro electrónico, con el número 567/2023. Expediente electrónico Por tanto, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo y en cumplimiento al Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal,1 y al artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales2, se instruye al personal de este órgano jurisdiccional, para que integre este expediente de manera electrónica, conforme a los lineamientos establecidos en los acuerdos antes mencionados. Por lo cual, todas las constancias y documentos remitidos físicamente por las partes, deberán digitalizarse e incorporarse al expediente electrónico, al igual que los acuerdos, diligencias, notificaciones, resoluciones o sentencias y los correspondientes registros administrativos que integran el contenido de la totalidad de las actuaciones judiciales. En el entendido que, no formarán parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 22 del acuerdo mencionado en primer término. En el entendido que el expediente físico servirá únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente por las partes, y se formará con los documentos remitidos por esa vía y las constancias de notificación que se generen de la misma manera, por lo que, las constancias y documentos electrónicos no se incorporarán a dicho expediente físico; por tanto, serán los expedientes electrónicos los que tengan validez para consulta de las partes. De igual manera, se hace del conocimiento a las partes que en el sitio web del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación se puede realizar el trámite correspondiente, para que a través del uso de la FIREL o e.firma (antes firma electrónica avanzada o FIEL), puedan presentar promociones, acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales que se emitan en este juicio de amparo.Por ello, se les exhorta, para que preferentemente continúen con la tramitación de este juicio en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea. Análisis de la demanda y desechamiento. El artículo 1133 de la Ley de Amparo establece la obligación de examinar, previo a la admisión de la demanda, si se actualiza una causa de improcedencia, en virtud de que tal figura es una institución procesal que impide analizar la constitucionalidad del acto reclamado;por ende, su estudio es de oficio, preferente y de orden público en términos del artículo 624 de la Ley de Amparo. De los citados artículos se advierte que la demanda de amparo debe desecharse cuando se advierta un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe ser claro, sin lugar a duda, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por algún medio de prueba durante el juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo VIII, Noviembre de 1991, página 198, con registro digital 221353, que es del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". Siempre que la causa de improcedencia no sea evidente en sí misma, debe el juzgador admitir y tramitar la demanda de garantías a efecto de dar oportunidad a las partes en el juicio de rendir los elementos de prueba que, por un lado, justifique el ejercicio de la acción y, por otro, que permitan al juez, en su momento procesal oportuno, pronunciar la resolución que en derecho corresponda, pues cuando el artículo 145 de la Ley de Amparo, establece que el juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda, y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia de la misma, la desechará de plano, se está refiriendo a que el motivo de improcedencia de la demanda de amparo, debe ser tan claro y tan evidente que no deje lugar a dudas, es decir, tan notorio e indiscutible que sin necesidad de ulterior comprobación, surja a la vista haciendo inejercitable la acción constitucional" En el caso concreto, de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa señaló como autoridad responsable al Titular y Actuaria del Juzgado Segundo Penal adscrito al Juzgado para la Conclusión de Asuntos Penales del Estado de Oaxaca, a los que reclamó substancialmente lo siguiente: -La citación para una diligencia de interrogatorio en la causa penal ****, del índice de las responsables. Por tanto, este Juzgador Federal, de oficio, advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que prevé: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.)" Para una mejor comprensión del contenido de la fracción XII del Artículo 61, antes transcrito, es importante identificar en qué consiste el interés jurídico, institución que se encuentra prevista en rango constitucional en el artículo 107, fracción I, y que se traslada en idénticas condiciones al diverso numeral 5, fracción I, de la Ley de Amparo, este último que prevé: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. [...]". Del contenido de la porción normativa antes transcrita se aprecia que el interés jurídico se entiende como aquella vulneración -proveniente de una autoridad- a un derecho subjetivo del cual el quejoso se ostenta como titular; de esta forma, es meridianamente fácil advertir que el interés jurídico hace referencia a uno de los principios torales del juicio de amparo, al caso, el de agravio personal y directo. En efecto, el juicio de amparo se rige, entre otros principios por el de agravio personal y directo, a través del cual se supedita la promoción de la presente instancia constitucional a favor de aquellos gobernados que: -Ven afectados sus derechos por parte de las autoridades (agravio).-Que dicha afectación sea respecto de aquellos derechos sobre los cuales el quejoso sea titular (personal). -En tanto que el agravio sobre sus derechos debe ser pasado, presente o de un futuro en el cual no exista lugar a duda de la proximidad del nacimiento del acto de autoridad violatorio de algún derecho fundamental (directo). Asimismo, es importante precisar que de conformidad con la doctrina establecida por los órganos terminales del Poder Judicial de la Federación, el estándar probatorio exigible para la comprobación del interés jurídico debe ser elevado, es decir, se requiere de pruebas contundentes con las cuales se compruebe fehacientemente dentro del juicio de amparo el interés jurídico con que debe contar el accionante de la instancia constitucional, pues dicho tipo de interés no puede ser demostrado con sustento en presunciones; de ahí, la obligación procesal del quejoso de demostrar con elemento de prueba idóneo que resiente de manera personal y directa el agravio con la emisión del mandato de autoridad.Lo anterior, deviene del contenido de la jurisprudencia XX. J/14, emitida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en el tomo III, enero de 1996, novena época, página 148, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. DEBE ACREDITARSE EN FORMA FEHACIENTE EL. En el juicio de amparo, el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no tratar de demostrarlo a base de presunciones". En el caso concreto, se dice que se actualiza la causa de improcedencia invocada, porque de las constancias de autos se evidencia que el peticionario del amparo no justificó tener interés jurídico para acudir a solicitar la protección federal. En el supuesto que se presenta, se considera que el auto que ordena la citación del quejoso a una diligencia de interrogatorio en una causa penal, por sí sola no es un acto que afecte su esfera jurídica de forma trascendente afectando sus derechos sustantivos, pues únicamente tiene como efecto que en la diligencia de interrogatorio se le explique el porqué de la citación, ladinámica de la diligencia y la serie de interrogantes que el quejoso responderá conforme a los hechos que le consten, siendo que en el caso en que no le consten, así lo manifestara sin ninguna consecuencia legal, siempre y cuando no falte a la verdad; además, para el caso de no asistir, de las manifestaciones expuestas y el anexo acompañado a su escrito de demanda, no se advierte que se le hubiera hecho apercibimiento alguno, pero aún en el supuesto de que no fuera así, lo procedente será una nueva citación con algún apercibimiento o la imposición de algún medio de apremio, pues tal proceder, está supeditado al acato que se dé a la orden emitida.Lo dicho, reforzado en que la diligencia para la que está siendo citado, se advierte ex ante relacionada con el deber ciudadano de coadyuvar ante toda autoridad jurisdiccional que lo requiera en busca de la verdad y la justicia; así, en el contexto del caso, deviene de lo previsto por el artículo 352 del Código de Procedimientos Penales para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca, vigente en el proceso de origen, lo cual se haría nugatorio a través de un juicio de amparo como lo pretende el quejoso.En el sentido en que se viene explicando, la citación por sí misma, no afecta ni la libertad personal del citado ni el derecho de acceso a la justicia que expone en su escrito de demanda, pues se trata de un acto que tiene como finalidad, simplemente, comunicarle la necesidad de su presencia para el desarrollo de una diligencia y preguntarle sobre lo que le conste. Apoya lo anterior, por identidad de razón, la jurisprudencia 1a./J. 78/2018 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, libro 61, Diciembre de 2018, tomo I, registro 2018828, página 239, de rubro y texto siguientes: "SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. CONTRA EL AUTO QUE ORDENA LA CITACIÓN DEL INVESTIGADO A LA AUDIENCIA INICIAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 93/2013 (10a.)]. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 97/2013, de la cual derivó la jurisprudencia 1a./J. 93/2013 (10a.), interpretó las legislaciones adjetivas penales de los Estados de Chihuahua y Durango, y sustentó que la orden de citación al investigado a la audiencia de formulación de imputación, con apercibimiento de aprehensión en caso de no comparecer, transgrede el derecho a la libertad deambulatoria, pues coloca al individuo en una situación ineludible de obediencia ante un mandato judicial, lo que se traduce en un acto de imposible reparación susceptible de ser impugnado a través del juicio de amparo indirecto. Ahora bien, de una nueva reflexión, esta Primera Sala estima necesario interrumpir ese criterio jurisprudencial, porque la regulación de la citación a esa audiencia en las legislaciones locales mencionadas, es semejante a la prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales para la citación a la audiencia inicial, y de la lectura sistemática de las fracciones I y II del artículo mencionado, se advierte que la citación de la persona investigada a la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del Juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva; audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. No obsta a lo anterior el hecho de que conforme a la fracción II del precepto citado, en caso de no comparecer injustificadamente, pueda ordenarse su comparecencia forzosa, pues ello es un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el citado no asista, sin justificación, y el representante social solicite que se ordene su comparecencia mediante la fuerza pública, por lo que ese acto de comunicación, como tal, no incide en la libertad personal del citado. De ahí que contra el auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial es improcedente el juicio de amparo indirecto, pues se trata de un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso, conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo." En esas condiciones, al quedar actualizada de manera notoria e indudable la causal de improcedencia advertida de oficio por este órgano jurisdiccional, 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, de la Ley de Amparo; se desecha de plano la demanda origen de este juicio, en términos de lo que dispone el artículo 113 de la citada legislación. Es aplicable, la jurisprudencia I.13.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX del Septiembre de 2004, página 1631, Materia(s): Común, con registro digital 180663, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." Debe decirse que la actualización de la causal de improcedencia en estudio, no implica negar acceso a la justicia, ya que en este asunto se interpretó de manera estricta, sin que esto implique vulnerar derechos humanos de acceso a la justicia reconocidos en ordenamientos internacionales; pues no debe perderse de vista que el juicio constitucional es un medio extraordinario de defensa, por lo que la parte quejosa debe cumplir con los requisitos de su procedencia, lo cual de ninguna manera implica que se le esté negando al promovente el derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que si se permite acudir al juicio de amparo en todo momento, se podría generar una saturación de los tribunales federales, en perjuicio del propio gobernado, así como un retardo generalizado en la administración de justicia con motivo de la interposición de interminables juicios de amparo. Por ende, el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que no configura una denegación de justicia; ello, conforme a la tesis aislada 2a. CLVII/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, Enero de 2010, página 324, Materia(s): Común, con registro digital 165538, de rubro siguiente:"IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSALES QUE LA PREVÉN DEBEN INTERPRETARSE DE MANERA ESTRICTA, A FIN DE EVITAR OBSTACULIZAR INJUSTIFICADAMENTE EL ACCESO DE LOS INDIVIDUOS A DICHO MEDIO DE DEFENSA.". Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en el escrito de demanda, y por autorizado para tales efectos, en términos del artículo 24, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, a la persona habilitada en el proemio de la demanda, por así haberse solicitado expresamente. Hágase del conocimiento de las partes que conforme al artículo 41 Bis del Acuerdo General 12/2020, que regula la integración y trámite de expedientes electrónicos y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo,todas las personas autorizadas para acceder a los expedientes judiciales, incluidas quienes actúen bajo el esquema físico, deberán consultarlo en su versión electrónica. Quienes carezcan de acceso al Portal o quienes no hayan solicitado el acceso para consultar el expediente electrónico, podrán hacerlo al acudir presencialmente a este órgano jurisdiccional, donde se pondrá un equipo a su disposición y asesoría para que puedan llevar a cabo la consulta respectiva, desde una clave de usuario habilitado para ello. Habilitación de días y horas inhábiles En otro aspecto, a fin que puedan practicarse todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, se faculta a los actuarios judiciales para que una vez agotadas sin éxito las visitas correspondientes a un domicilio señalado por las partes para oír y recibir notificaciones en días y horas hábiles, realicen las diligencias conducentes en días y horas inhábiles en términos del numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su artículo 2º; lo cual encuentra sustento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias en este juicio. Publicación de datos personales En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 6, segundo párrafo, fracción II, y 16 de la Constitución Federal, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública5, hágase del conocimiento de las partes que se considera información confidencial sus datos personales, los cuales los hacen identificados o identificables por lo que si desean que sean divulgados, se requiere su consentimiento. Autorización de medios electrónicos Se autoriza a la parte quejosa el uso de medios electrónicos para obtener fotografía de las actuaciones en este asunto; lo anterior de acuerdo con la circular 12/2009, de fecha dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, debiendo dejar constancia respectiva. Sin que ello comprometa a este Juzgado respecto de la posterior reproducción o edición que hagan las partes, quienes estarán obligadas a utilizar esos medios con la debida lealtad procesal, en virtud del contenido de datos Ilustra a lo anterior, la tesis I.3º.C.725 C, con registro digital 167640, con el rubro siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA". Notifíquese personalmente a la parte quejosa
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca · 12,117 expedientes
- Jesús Manuel Ruiz Cuellar945/2016
- Jesús Manuel Ruiz Cuellar407/2017
- Jesús Manuel Ruiz Cuellas628/2017
- Jesús Manzano López y Otros.133/2017
- Jesús Marcelino Fernández105/2021
- Jesús Mario Calixto Bustamante y Otros.590/2015
- Jesús Martínez Flores1048/2014
- Jesús Martínez Flores983/2014
- Jesús Martínez Luis615/2018
- Jesús Martínez Luis537/2018
- Jesús Marvel Ramírez Jiménez332/2023
- Jesús Melo Guzmán515/2019