Jesús Márquez Lucio

Expediente 657/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 26 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
657/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
26/08/2021

Partes del expediente

  • Jesús Márquez Lucio

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la cuenta, se advierte que transcurrió el término de cinco días previsto para interponer el recurso de queja en contra del auto en el que se desechó la demanda de amparo, se declara que dicho auto ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Este expediente es susceptible de destrucción, que deberá verificarse transcurrido un término de tres años.-

  2. Principal

    agréguese para que obre como corresponda el oficio suscrito por la Juez Quinto Civil de Partido, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa las acciones realizadas para cumplir con la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio y al efecto remite la notificación practicada a la institución bancaria responsable; asimismo, informa que concedió una prórroga de seis días a dicha institución para cumplir lo solicitado. De lo anterior, este juzgado toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar.

  3. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA PROVEÍDO DE 11 DE AGOSTO DE 2021, QUE A LA LETRA DICE "... Recepción y registro de demanda. Vista la cuenta, intégrese el oficio suscrito por el Actuario Judicial adscrito al Tercero Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, mediante el cual transcribe el proveído de veintinueve de junio pasado, en el que dicho órgano se declaró incompetente para conocer la demanda de amparo promovida por demanda de amparo promovida por Jesús Márquez Lucio, contra actos de la Juzgado Primero Menor Mixto de esta ciudad, y otra autoridad; fórmese el cuaderno respectivo y regístrese con el número 657/2021-VIII. Acúsese recibo de estilo. Este Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato acepta la competencia para conocer la demanda de amparo. Causa de improcedencia. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, este juzgado tiene la obligación de examinar la demanda, y de encontrar algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la deberá desechar de plano, de conformidad con el artículo 113 del citado ordenamiento legal, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que no es dable tramitar demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Tal norma, impone la obligación al Juez de Distrito de examinar con todo detenimiento la demanda, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano, para lo cual deben tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda, así como los anexos que se acompañen. Por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable, aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improceder efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Es aplicable en lo conducente la jurisprudencia I.13o.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta, de rubro: ctos reclamados. El acto reclamado es la inminente venta del bien inmueble materia del juicio mercantil 149/2018-M del índice del Juzgado Primero Menor Mixto de esta ciudad, efectuada en la cuarta almoneda; la cual se programó a las once horas del ocho de junio de dos mil veintiuno; así como la ejecución de la misma. Este dispositivo legal prevé la procedencia de la acción constitucional contra los actos dictados fuera de juicio o después de concluido, para lo cual distingue los siguientes supuestos: a) Un supuesto general referido a los actos realizados fuera del juicio o después de concluido. b) Supuestos específicos: 1. En primer lugar, actos en ejecución de sentencia. En este caso, el juicio de amparo biinstancial únicamente procede contra la resolución que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento o la que ordena el archivo definitivo del expediente, a través del cual en los conceptos de violación pueden reclamarse las violaciones cometidas durante esta fase. 2. Actos de remate. La acción constitucional sólo podrá reclamarse contra la resolución que ordena de manera definitiva el otorgamiento de la escritura de adjudicación o la entrega de los bienes rematados, donde también podrán combatirse las violaciones que se hubieran cometido durante este procedimiento. Bajo ese contexto, resulta improcedente el presente juicio de amparo, toda vez que el acto reclamado es la resolución de ocho de junio de dos mil veintiuno, pronunciada en el expediente 149/2018-M del Juzgado Primero Menor Mixto de esta ciudad, en el que se programó fecha y hora para llevar a cabo la venta en cuarta almoneda del inmueble materia de la litis dentro del juicio referido. Como se advierte, se está en etapa de remate, que por regla general no debe paralizarse y, por ello, la procedencia del amparo se encuentra reservada a la última determinación que se dicte en la etapa de que se trata, entendiéndose ésta como aquella en la que se ordena la escrituración o entrega del inmueble rematado. Por ende, si en la resolución reclamada, no se advierte que se haya colmado alguno de los supuestos precisados en los párrafos anteriores, la procedencia de la presente instancia constitucional aún no se colma. También debe precisarse que para la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de los actos dictados en el periodo de ejecución de sentencia, sólo puede instarse a ella en dos casos, cuando el promovente se ostenta como tercero extraño a juicio, esto es, cuando argumenta que no ha sido oído ni vencido en el asunto por el cual solicita la protección constitucional, o cuando, se trate de la última resolución dictada dentro del referido procedimiento de ejecución de sentencia -remate-, lo anterior en términos de lo dispuesto por el artículo 107, fracciones IV, párrafos segundo y tercero, y VI, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución, por tanto debe actualizarse alguna de estas hipótesis para que pueda procederse a la vía del amparo biinstancial, situación que en el presente asunto, como se dejó dicho no acontece, toda vez que el promovente es demandado y aún no se ha ordenado la escrituración ni la entrega del inmueble. Por otra parte, en la contradicción de tesis 215/2009, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que tratándose de actos dictados en el procedimiento de ejecución de sentencia o de remate, existe la posibilidad de impugnarlos por las partes exclusivamente cuando: a) el acto infrinja directamente derechos sustantivos y b) los derechos sustantivos que se vean afectados sean ajenos a los que se puedan afectar por la propia ejecución de la sentencia; esto es, que no haya sido consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar, con la condición lógica de que no se pretenda impedir directamente el cumplimiento de lo que ya fue discutido y resuelto en forma definitiva, pues en el momento en que lo sentenciado adquirió la naturaleza de cosa juzgada, sus efectos materiales sobre las cosas y las personas inevitablemente deberán consumarse en forma irreparable. En la especie, el acto que aquí se reclama no genera una violación de los derechos sustantivos consagrados a favor de las peticionarias en la ley fundamental, que no sea consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar, sino que, por el contrario, se enmarca en una de las etapas integrantes del procedimiento de ejecución. En consecuencia, no se actualiza la excepción relativa a que el acto infrinja directamente derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada en el juicio de origen. En consecuencia, al actualizarse de manera notoria e indudable, la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el 107, fracción IV de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda promovida por Jesús Márquez Lucio, contra actos de la Juzgado Primero Menor Mixto de esta ciudad, y otra autoridad. Documentales. Recíbanse las constancias remitidas por la autoridad oficiante y fórmese un cuaderno auxiliar de pruebas relativo al presente asunto. Domicilio procesal y autorizados. Téngase como su domicilio para oí y recibir notificaciones el ubicado en calle Pablo Sidar número 1056, colonia Rodríguez de esta ciudad; y, como su autorizado en términos restringidos del numeral 12 de la Ley de Amparo, a Gloria Virginia Salomón Negrete, pues no tiene registrada su cédula profesional en el Sistema de Registro Único de Profesionales del Derecho de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Información sobre el esquema de "juicio en línea". De conformidad con el artículo 28 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno Del Consejo de la Judicatura Federal, Relativo al Esquema de Trabajo y Medidas de Contingencia en los Órganos Jurisdiccionales por el Fenómeno de Salud Pública Derivado del Virus Covid19, se exhorta a las partes que de ser posible continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", así como para que proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico para que se establezca el contacto respectivo en los casos en que se considere necesario. Para lo cual requieren contar con firma electrónica vigente y podrán solicitar, por sí o por conducto de sus representantes legales, a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso al expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. Habilitación de días y horas inhábiles. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que el Actuario practique cualquier diligencia en el juicio de amparo en que se actúa, así como para que en el supuesto de no lograr la notificación personal de algún proveído, ante la presencia de causas que impidan dicha notificación, la practique mediante la publicación en la lista de acuerdos, con apoyo en la jurisprudencia 20/2008, aprobada por la Primera Sala de la Suprema corte de Justicia de la Nación, en sesión de veinte de febrero de dos mil ocho, de rubro: "NOTIFICACIONES PERSONALES EN EL AMPARO. DEBEN REALIZARSE POR LISTA CUANDO NO PUEDAN PRACTICARSE PERSONALMENTE POR NO ENCONTRARSE ALGUIEN EL DOMICILIO SEÑALADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES." Protección de datos personales. Por último, con apoyo en los artículos 6, apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3, fracción IX, 20 y 21 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, se hace constar que en la publicación de la sentencia que se dicte en el presente asunto, no se darán a conocer los datos personales de personas físicas identificadas o identificables, por no existir consentimiento de los particulares titulares de la información.

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