Jesús Mario Pinedo Cázares
Expediente 651/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia Civil y de Trabajo en el Estado de Nuevo León. 16 actuaciones registradas, la última del 26 de agosto de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 651/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 26/08/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en Materia Civil y de Trabajo en el Estado de Nuevo León · Nuevo León
Partes del expediente
- Jesús Mario Pinedo Cázares
- Yolanda Castillo Valenzuela
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
Causa ejecutoria, es susceptible de destrucción. En cuanto a los cuadernos incidentales el original es susceptible de depuración y el duplicado de destrucción.
- Principal
La prueba documental ofertada por la parte quejosa en su escrito inicial de demanda consistente en: original del contrato de arrendamiento, celebrado el un de agosto de dos mil diecisiete, entre Yolanda Castillo Valenzuela en su carácter de arrendataria y Jesús Mario Pinedo Cázares en su carácter de arrendador respecto del inmueble sito en Río Sena número 455 poniente, colonia Del Valle en San Pedro Garza García, Nuevo León (foja 7 a 9). Los informes justificados rendidos por las autoridades responsables director de Asuntos Jurídicos de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado (foja 22), actuario adscrito a la Unidad de Medios de Comunicación del Poder Judicial del Estado de Nuevo León (foja 24), secretario de Seguridad Pública Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León (foja 30) y juez Quinto de lo Civil del Primer Distrito Judicial del Estado (foja 38 a 39). Las pruebas documentales públicas anexadas al informe justificado rendido por la autoridad responsable juez Quinto de lo Civil del Primer Distrito Judicial del Estado, consistentes en copias certificadas de diversas actuaciones relativas al juicio ordinario civil sobre acción reivindicatoria número 858/2016 (foja 40 a 44 y tres anexos por separado). Las constancias de emplazamiento de los terceros interesados Alfredo Falcón Roldan en su carácter de apoderado general para pleitos y cobranzas de Consuelo Roldán Zumarán (fojas 27 a 29) y Yolanda Castillo Valenzuela (fojas 33 a 35). El escrito signado por el tercero interesado Alfredo Falcón Roldan en su carácter de apoderado general para pleitos y cobranzas de Consuelo Roldán Zumarán, en el cual se apersona a juicio, señala domicilio para oír y recibir notificaciones y autoriza a diversas personas en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo. También certifica que el día de hoy, hasta esta hora, no se recibió promoción alguna de las partes con que dar cuenta, ni de forma electrónica, según se desprende del Sistema Integral de Seguimiento de Expediente (SISE). No habiendo escritos de pruebas ni de alegatos con los que haya qué dar cuenta, el secretario en funciones de juez de Distrito acuerda: con fundamento en lo dispuesto por los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tiene a la Secretaría haciendo la anterior relación de constancias. Acto seguido, se procede a dar apertura al período probatorio, en el que se tienen por admitidas y desahogadas las pruebas documentales públicas acompañadas por las autoridades responsables a sus informes de ley y por la parte quejosa a su demanda de amparo, las cuales fueron relacionadas en párrafos que anteceden; no habiendo pruebas pendientes por desahogar y acordar, se cierra dicho periodo. Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se abre el diverso de alegatos, en el que se hace constar que no fueron formulados por las partes, y al no existir pedimento por parte del agente del Ministerio Público, por tanto, se cierra dicha etapa de alegatos; y estando integrado el expediente en que se actúa, se procede a dictar la siguiente resolución. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto 651/2019-III, promovido por Jesús Mario Pinedo Cázares, por propio derecho, contra actos del Juez Quinto de lo Civil del Primer Distrito Judicial en el Estado y otras autoridades; y Resultando Primero. Presentación de la demanda de amparo. Por escrito presentado el veintisiete de mayo de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias Civil y de Trabajo en el Estado de Nuevo León, Jesús Mario Pinedo Cázares, por propio derecho, demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal, en contra del juez Quinto de lo Civil del Primer Distrito Judicial en el Estado y otras autoridades, por los actos que se precisarán en el considerando cuarto (fojas 2 a 6 del cuaderno principal). Segundo. Derechos humanos que se estiman violados. El quejoso señaló que se violaban los derechos humanos reconocidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tercero. Trámite del juicio de amparo. Por auto de veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, se admitió a trámite la demanda; se ordenó formar por duplicado y separado el incidente de suspensión; se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables, se reconoció con el carácter de terceros interesados a Alfredo Falcón Roldan en su carácter de apoderado general para pleitos y cobranzas de Consuelo Roldán Zumaran y Yolanda Castillo Valenzuela, a quienes se ordenó emplazar; se fijó fecha para la audiencia constitucional; y, se dio la intervención que legalmente corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito (fojas 12 a 16 del cuaderno principal). Cuarto. Antecedentes del acto reclamado y conceptos de violación. El quejoso narró bajo protesta de decir verdad los antecedentes del acto reclamado y formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes. El agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado de Distrito no formuló pedimento alguno. Considerando Primero. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en Materias Civil y de Trabajo en el Estado de Nuevo León, es competente para conocer y fallar el presente juicio de amparo, con base en lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, 54 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; en virtud de que los actos que se reclaman emanan de autoridades con residencia dentro del ámbito territorial en el cual ejerce su jurisdicción este Juzgado de Distrito, y porque dichos actos son de naturaleza civil. Segundo. Introducción al expediente de origen. De las constancias remitidas por la autoridad responsable, aparece que en el expediente de origen sucedieron los siguientes hechos relevantes: Ante el Juzgado Quinto de lo Civil del Primer Distrito Judicial en el Estado, se encuentra radicado el juicio ordinario civil número 858/2016, promovido por Alfredo Falcón Roldan en su carácter de apoderado general para pleitos y cobranzas de Consuelo Roldán Zumarán, en contra de Carmen Castillo Valenzuela, en el que se reclamó, la reivindicación del inmueble sito en calle Río Sena número 455, colonia De Valle en el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. Demanda que fue admitida a trámite por auto de dos de septiembre de dos mil dieciséis, y mediante la entrega de la demanda y demás documentos anexados a la misma, debidamente sellados y requisitados, ordenó se le emplazara, a efecto de que dentro del término de nueve días ocurriera a dar contestación si para ello tuviere excepciones y defensas que hacer valer (foja 5 a 6 del anexo I). Mediante auto de veintidós de febrero de dos mil diecisiete, se tuvo a la parte actora rectificando el nombre de la parte demandada y enderezando el juicio ordinario civil de origen, en contra de Yolanda Castillo Valenzuela, ordenando la autoridad de origen que mediante la entrega de la demanda y demás documentos anexados a la misma, debidamente sellados y requisitados, se le emplazara a efecto de que dentro del término de nueve días ocurriera a dar contestación si para ello tuvieren excepciones y defensas que hacer valer (foja 26 del anexo I). Seguido el trámite por sus demás etapas, en fecha veinte de febrero de dos mil dieciocho, se dictó sentencia definitiva, en la que se declaró fundada la acción reivindicatoria ejercitada, declarándose como legitima propietaria del bien inmueble en cuestión, a Consuelo Roldán Zumarán, condenándose a la parte demandada Yolanda Castillo Valenzuela, respecto a la desocupación y entrega material del bien inmueble (foja 113 a 122 del anexo I). Inconforme con dicho fallo, la parte demandada interpuso recurso de apelación, medio de impugnación que correspondió conocer a la Segunda Sala Colegiada Civil del Tribunal Superior de Justicia en el Estado, quien lo radicó bajo el número de toca 79/2018 y, mediante sentencia dictada el veinticuatro de enero de dos mil diecinueve, los magistrados integrantes de dicha Sala, confirmaron la sentencia definitiva dictada por el juez de origen (fojas 145 a 153 del anexo II). Finalmente, una vez iniciada la ejecución, mediante proveído de diez de abril de dos mil diecinueve, previa solicitud de la parte actora, se previno a la parte demandada, a fin de que dentro del término de tres días de para que hiciera entrega material y jurídica, bajo el apercibimiento que en caso de no hacerlo, no procedería al lanzamiento forzoso (fojas 157 a 158 del anexo I). Tercero. Precisión de los actos reclamados. Atendiendo los antecedentes previamente narrados, así como de una lectura integral de la demanda de amparo, de conformidad con la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, se precisa que el acto reclamado en la especie es: La orden de desposesión del bien ubicado en calle Río Sena número 455, colonia Del Valle en el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, identificado como lote marcado con el número 9, de la manzana 126, decretado en el juicio ordinario civil sobre acción reivindicatoria 858/2016, promovido por Alfredo Falcón Roldan, apoderado general para pleitos y cobranzas, actos de administración y de dominio de Consuelo Roldán Zumarán en contra de Yolanda Castillo Valenzuela. Cuarto. Inexistencia del acto reclamado. Las autoridades responsables Secretario de Seguridad Pública del Estado, a través del director de Asuntos Jurídicos y Secretario de Seguridad Pública Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León, al rendir sus informes justificados señalaron que no existe el acto reclamado. Sin que el peticionario de amparo haya aportado elemento de prueba alguna tendente a desvirtuar dicha negativa; y en ese tenor, procede sobreseer en el presente juicio por lo que hace a los actos reclamados a dichas autoridades, con base en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo anterior; y conforme al criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-1995, Tomo VI, página 209, que literalmente es como sigue: «INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo.» Quinto. Certeza de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados al juez Quinto de lo Civil del Primer Distrito Judicial en el Estado (fojas 38 a 39 del cuaderno principal), y actuario adscritos a la Unidad de Medios de Comunicación del Poder Judicial del Estado de Nuevo León (foja 24 del cuaderno principal), pues así lo reconocieron en sus informes justificados; lo que además se corrobora con las copias certificadas del juicio ordinario civil sobre acción reivindicatoria número 858/2016, que acompañó el juez a su informe con justificación. Sexto. Análisis sobre la procedencia del juicio. Las causales de improcedencia son de orden público de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, lo que se traduce en que son de estudio preferente a cualquier otra cuestión. No se hará la transcripción, estudio y decisión de los conceptos de violación que hace valer el quejoso en esta instancia constitucional, toda vez que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el numeral 5 fracción I, interpretado en sentido contrario, de la Ley de Amparo, conforme a la cual resulta improcedente el juicio de amparo contra actos que no afecten el interés jurídico del quejoso, artículos que establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley." En relación a la causal de improcedencia de trato, es preciso dejar asentado que por imperativo del artículo 107, fracción I, de la Constitución General de la República, posterior a las reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once, y los diversos numerales 5º, fracción I, penúltimo párrafo, y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, el juicio de derechos fundamentales debe seguirse siempre a instancia de parte agraviada, y tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. Esto es, cuando en el juicio de amparo se reclamen actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, es un requisito de procedibilidad que el quejoso ostente un derecho subjetivo. Este requisito, a su vez, guarda íntima relación con el principio de afectación personal y directa que rige en el juicio de amparo y que, vistos en su conjunto, permiten afirmar que, cuando se reclama un acto o resolución emitida en un procedimiento jurisdiccional, su procedencia está sujeta a que se cause un agravio personal y directo a la persona que solicita la protección constitucional, por estimar que es titular de un derecho subjetivo. Cobra aplicación a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo VI, Segunda Parte-1 Julio a Diciembre de 1990, página 364, que dice: "INTERÉS JURÍDICO. EN QUE CONSISTE. El interés jurídico a que alude el artículo 73, fracción V de la Ley de Amparo, consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de garantías individuales en su perjuicio, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular. El juicio de amparo se ha instituido con el fin de asegurar el goce de las garantías individuales establecidas en la Constitución General de la República, cuando la violación atribuida a la autoridad responsable tenga efectos materiales que se traducen en un perjuicio real al solicitante del amparo. En conclusión, el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado de manera que el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al juicio de garantías y no otra persona." Por tanto, la noción de perjuicio, para que proceda la acción de amparo presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado, que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional a defender sus derechos humanos. Así como la jurisprudencia de la entonces Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Tomo 72, página 55, que se transcribe a continuación: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO, QUE DEBE ENTENDERSE POR PERJUICIO PARA LOS EFECTOS DEL. El artículo 4o. de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prescribe que el juicio constitucional únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclaman. Es presupuesto, de consiguiente, para la procedencia de la acción de amparo, de acuerdo con el ámbito conceptual de esa norma legal, que el acto o ley reclamados, en su caso, en un juicio de garantías, cause un perjuicio al quejoso o agraviado. Así lo ha estimado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sus diversas tesis jurisprudenciales, la que ha llegado, incluso, a definir cuál es el alcance del concepto perjuicio, como podrá apreciarse si se consulta el Apéndice de Jurisprudencia de 1917 a 1965, del Semanario Judicial de la Federación, Sexta Parte, página 239, en donde se expresa que: "El concepto perjuicio, para los efectos del amparo, no debe tomarse en los términos de la ley civil, o sea, como la privación de cualquiera ganancia lícita, que pudiera haberse obtenido, o como el menoscabo en el patrimonio, sino como sinónimo de ofensa que se hace a los derechos o intereses de una persona". Este Alto Tribunal de la República, en otras ejecutorias que desenvuelven y precisan el mismo concepto, es decir, lo que debe entenderse por perjuicio, ha llegado a estimar que el interés jurídico de que habla la fracción VI, ahora V, del artículo 73 de la Ley de Amparo, "no puede referirse, a otra cosa, sino a la titularidad que al quejoso corresponde, en relación con los derechos o posesiones conculcados" (Tomo LXIII, página 3770 del Semanario Judicial de la Federación). Y es que la procedencia de la acción constitucional de amparo requiere, como presupuesto necesario, que se acredite la afectación por el acto reclamado, de los derechos que se invocan, ya sean estos posesorios o de cualquiera otra clase, como se sostiene, acertadamente, en la ejecutoria visible en la página 320, del Tomo LXVII del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época. Sin duda, un acto reclamado en amparo, causa perjuicio a una persona física o moral, cuando lesiona, directamente, sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y es entonces cuando nace, precisamente, la acción constitucional o anulatoria de la violación reclamada en un juicio de garantías, conforme al criterio que sustenta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria publicada en la página 2276, del Tomo LXX del mismo Semanario Judicial." Criterios que son aplicables al caso en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente, y considerando que los numerales 5 fracción I y 61, fracción XII, de ésta, son de contenido similar a los diversos artículos 4 y 73, fracción V, de la derogada Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de mil novecientos treinta y seis. En el caso concreto, el impetrante de amparo reclama la orden de desposesión del bien ubicado en calle Río Sena número 455, colonia Del Valle en el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, identificado como lote marcado con el número 9, de la manzana 126, decretado en el juicio ordinario civil sobre acción reivindicatoria 858/2016 de origen; inmueble del que el quejoso aduce tener su posesión en virtud de un contrato de arrendamiento; respecto a lo cual opera la causa de improcedencia invocada. Es así, pues el promovente del amparo se ostenta tercero extraño al procedimiento de origen y manifiesta que cuenta con la posesión del bien inmueble de mérito, por lo que considera ilegal que se pretenda lanzarlo y desposeerlo, sin ser parte en el procedimiento de origen, y con la pretensión de justificarlo ofreció el siguiente medio de convicción: Original del contrato de arrendamiento de uno de agosto de dos mil diecisiete, celebrado entre Yolanda Castillo Valenzuela (arrendadora) y Jesús Mario Pinedo Cázares (arrendatario), respecto del inmueble ubicado en la calle Río Sena número 455, colonia Del Valle en el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, identificado como lote marcado con el número 9, de la manzana 126, (fojas 7 a 9 del cuaderno principal). En principio es pertinente dejar anotado, que será poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho como manifestación de un derecho, esto es, siempre y cuando dicho poder de hecho tenga una causa u origen que lo faculte a usar, disfrutar y disponer de la cosa, ya sea a título de poseedor originario o derivado, pues la simple posesión material de un bien no es la posesión jurídica a que alude la legislación civil y, por ende, no puede ser tutelada por la garantía de audiencia a que se refiere el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es aplicable al caso por identidad jurídica la Jurisprudencia 1/2002, del Pleno de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, visible en la página 5, del Tomo XV, Febrero del 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, emitida al resolver la contradicción de tesis 17/91, que establece: "POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS. En virtud de que de los antecedentes y reformas al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se desprende la existencia de datos o elementos que puedan servir para determinar qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo, esto es, si se trata de aquella que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia material de las cosas, independientemente de que se tenga o no derecho de posesión sobre éstas, es indudable que se debe recurrir al estudio e interpretación de las disposiciones legales que han regulado y regulan esa institución, y de las que colateralmente se relacionan con ellas, así como atender de manera especial a los graves problemas y consecuencias que en la práctica presenta el no exigir título alguno, por lo que la posesión protegida por la citada disposición constitucional no es otra que la definida por el derecho común. Sin embargo, aun cuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 790 del Código Civil para el Distrito Federal (similar al de todas las legislaciones civiles locales del país), es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, debe entenderse que tal poder no constituye un hecho con consecuencias jurídicas, sino más bien la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas; por tanto, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. No obstante lo anterior, las decisiones del órgano de control de constitucionalidad sobre la eficacia del título, tienen efectos exclusivos en el juicio de garantías, sin decidir sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, ya que estas cuestiones deberán ser dilucidadas ante la potestad común." Así es, pues el documento precisado, aun cuando tiene valor probatorio en términos del artículo 203 del Código Federal de Procedimiento Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2º, al no haber sido objetado, lo cierto es que el contrato de marras carece de fecha cierta; lo que únicamente acontece a partir de que se inscriba en un registro público, desde la muerte de cualquiera de los firmantes, o bien, desde la fecha en que el documento se entregue a un funcionario público por razón de su oficio. Por tanto, dicho documento no puede surtir efectos frente a terceros, dado que al no tener fecha cierta, imposibilita determinar si la posesión es un acto anterior o posterior a la orden de desposesión con aplicación de los medios de apremio que constituye el acto reclamado; pues la fuerza convictiva del título privado de referencia, que contiene un acto traslativo de uso, no abarca la fecha en que aparezca realizado el arrendamiento cuando es de fecha incierta, por no reunir ninguno de los apuntados requisitos. Amén, que el peticionario de amparo no aportó otros elementos de convicción que justificaran la certeza del contenido de esa documental, y de esta manera fuera capaz de demostrar que efectivamente el contrato de arrendamiento se llevó a cabo en la fecha indicada en el mismo. Requisito que si bien es cierto, en diversos criterios, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo exige a los documentos privados en que se hacen constar actos traslativos de dominio, no se advierte impedimento alguno para exigirlo a los documentos en que se hacen constar actos que confieren el uso de un bien inmueble, como lo es el contrato de arrendamiento aportado por el quejoso. Así, aun cuando el artículo 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, dispone en lo conducente que: ".El documento proveniente de un tercero sólo prueba a favor de la parte que quiere beneficiarse con él y contra su colitigante, cuando éste no lo objeta. En caso contrario, la verdad de su contenido debe demostrarse por otras pruebas". Tal precepto, establece la posibilidad de que un documento privado proveniente de tercero, como es el caso, pueda perfeccionarse a través del reconocimiento tácito, derivado de la falta de objeción por parte de quien le puede deparar perjuicio; sin embargo, este reconocimiento no opera respecto a la fecha del documento, ya que para tal efecto, el propio Código Federal de Procedimientos Civiles en cita, establece en el artículo 208, que: "Artículo 208.- Los escritos hacen fe de su fecha, en cuanto ésta indique un hecho contrario a los intereses del actor." Dispositivo del cual se desprende que la fecha que conste en un documento hace fe, en cuanto indique un hecho contrario a los intereses del actor, pero no en beneficio del oferente, por lo cual, se estima que está obligado a demostrar la fecha cierta del documento, la cual de acuerdo a la jurisprudencia reiterada por el Alto Tribunal del País, se obtiene cuando se presentan a un registro público, ante un funcionario en razón de su oficio, o a partir de la fecha de la muerte de cualquiera de sus firmantes. Cobra aplicación la jurisprudencia sustentada por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1995, Tomo IV, Parte SCJN, Tesis 237, Página: 162, cuyo rubro y texto, son los siguientes: "DOCUMENTOS PRIVADOS, FECHA CIERTA DE LOS. Solamente puede considerarse que los documentos privados tienen fecha cierta cuando han sido presentados a un registro público, o ante un funcionario en razón de su oficio, o a partir de la fecha de la muerte de cualquiera de sus firmantes." Así lo estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXVII, página 11, del mes de abril de dos mil ocho, que a la letra dice: "ARRENDAMIENTO. CUANDO EL QUEJOSO RECLAMA EL DESPOSEIMIENTO DE UN INMUEBLEQUE DICE POSEER EN CALIDAD DE ARRENDATARIO, OSTENTÁNDOSE COMO TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO NATURAL, SI EL CONTRATO EXHIBIDO CARECE DE FECHA CIERTA, ES INSUFICIENTE POR SÍ MISMO PARA ACREDITAR EL INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que los documentos privados en los que se hacen constar actos traslativos de dominio, para tener eficacia probatoria y surtir efectos contra terceros requieren ser de fecha cierta, cuya razón toral radica en garantizar la legalidad y certeza jurídica que debe imperar en ese tipo de operaciones, evitando que el juicio de amparo se utilice con fines desleales. Ahora bien, la circunstancia de que la legislación secundaria, en lo general, no exija que los contratos de arrendamiento se celebren o ratifiquen ante fedatario público o bien, se inscriban ante un Registro Público, no implica que tales documentos, per se, adquieran autenticidad y eficacia probatoria frente a terceros, pues ello significaría conferirles valor probatorio pleno, aun cuando dada su naturaleza de documentos privados, en los que únicamente intervienen las partes que los suscriben, es posible que contengan una fecha anterior o posterior a la verdadera, en perjuicio de terceros. Así, la exigencia mencionada debe prevalecer tratándose de documentos que consignan contratos traslativos de uso, como el arrendamiento, independientemente de que lo requiera o no la ley, pues de otro modo únicamente surtirán efectos entre los contratantes. En congruencia con lo anterior, el contrato de arrendamiento que carece de fecha cierta es insuficiente por sí mismo para acreditar el interés jurídico en el amparo cuando el quejoso reclama el desposeimiento de un inmueble que dice poseer en calidad de arrendatario ostentándose como tercero extraño al juicio natural, pues resulta imposible determinar con certeza si dicho contrato es anterior o posterior al reclamo. Sin que lo anterior impida que el interés jurídico se acredite con otras pruebas, a juicio del Juez de Distrito". En esa tesitura, al acreditarse que el peticionario de amparo no es parte en el contradictorio de origen y no justificar la posesión material y jurídica que aduce tener sobre el bien inmueble afectado en el juicio natural, resulta evidente que la orden de lanzamiento y desocupación de que se queja, no le afecte a su esfera jurídica de derechos, por lo que se actualiza la causal de improcedencia que se invocó, lo que motiva a sobreseer en este juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de la Materia. Cobra aplicación la jurisprudencia emitida por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo 32, agosto de 1990, Octava Época, visible en la página 20, cuyo rubro y texto, son: "POSESIÓN. CUANDO SE RECLAMA SU PRIVACIÓN Y NO SE DEMUESTRA AQUÉLLA, PROCEDE EL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO POR FALTA DE INTERÉS JURÍDICO Y NO NEGAR EL AMPARO (INTERRUPCIÓN Y MODIFICACIÓN DE LA TESIS JURISPRUDENCIAL NÚMERO 217, PUBLICADA EN LA PÁGINA 631, CUARTA PARTE DEL APÉNDICE AL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 1917-1985).- De lo dispuesto por los artículos 107, fracción I, constitucional y 4o. de la Ley de Amparo, en relación con el 73, fracción V de este propio ordenamiento, se desprende que el juicio de garantías se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, lo que por consiguiente implica que uno de los presupuestos que debe concurrir para la procedencia de la acción constitucional es la demostración plena del interés jurídico, que no es otra cosa que la titularidad que a la parte quejosa corresponde en relación a los derechos u obligaciones afectados por el acto de autoridad reclamado. Ahora bien, tratándose de los actos de desposeimiento es manifiesto que el supuesto básico en que descansa tal reclamación es la posesión; luego, si no llega a probarse ese hecho medular, lo correcto es estimar que falta el interés jurídico que obliga a sobreseer en el juicio, pues no sería lógico negar la protección constitucional a quien en modo alguno se ve afectado por el acto de desposeimiento impugnado si la posesión de la cosa sobre la cual se dirige no pertenece a su esfera jurídica". Por tanto, al haberse decretado el sobreseimiento en el juicio de amparo por lo que hace al acto reclamado de la autoridad ordenadora, igual consideración procede hacer respecto de la ejecutora, es decir, actuario de la Unidad de Medios de Comunicación del Poder Judicial del Estado de Nuevo León, por no reclamarse por vicios propios, de conformidad con la jurisprudencia 647, visible a fojas 434 del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: "AUTORIDAD EJECUTORA. SOBRESEIMIENTO. LE ES EXTENSIVO EL RELATIVO A LA ORDENADORA. Si en un juicio de garantías se sobresee respecto de la autoridad ordenadora del acto reclamado, en el mismo sentido debe de fallarse en lo que toca a la señalada como ejecutora, cuando a ésta no se atribuyen vicios propios de ejecución, porque debiendo sobreseerse en cuanto al acto emanado de la primera, es inconcuso que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución." No es obstáculo que las tesis y jurisprudencias invocadas, se hayan integrado conforme a la Ley de Amparo vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, toda vez que conforme en lo previsto en el artículo sexto transitorio de la Nueva Ley de Amparo, continúan en vigor, en tanto no se opongan a dicho ordenamiento. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77, 78, y 79 de la Ley de Amparo, se: Resuelve Único. Se sobresee en el presente juicio de derechos humanos. Notifíquese.
- Principal
Audiencia y resolución constitucional. Resuelve: Único. Se sobresee en el presente juicio de derechos humanos.
- Incidental
Se comunica a la autoridad responsable que el quejoso no exhibió la fianza que se le fijó para que surtiera efecto la suspensión concedida en autos.
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