Jesus Maria Gomez Pinzon

Expediente 991/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 18 actuaciones registradas, la última del 28 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
991/2020
Año
2020
Actuaciones
18
Última actuación
28/06/2021

Partes del expediente

  • Jesus Maria Gomez Pinzon

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término concedido a las partes para que se inconformaran con el proveído que declaró cumplida la ejecutoria federal; por tal motivo y en razón de que no ejercieron ese derecho, téngase a éstas conformes con el cumplimiento de la ejecutoria de mérito; por tanto, háganse las anotaciones en el libro respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este juicio como asunto totalmente concluido. En consecuencia, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, dado que no existe trámite pendiente en el presente expediente, y no cuenta con documento original susceptible de devolución a las partes, archívese como asunto totalmente concluido. En cumplimiento al artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que en virtud de que se otorgó la protección constitucional a la parte quejosa en el presente juicio de amparo, el mismo debe conservarse, por el término de tres años y una vez transcurrido éste deberá depurarse, tal como lo establece el propio numeral antes invocado. Asimismo, y como lo dispone el segundo párrafo del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales y en razón al sentido dictado en el presente asunto consérvese únicamente la demanda y sentencia dictada en el presente asunto, mismos que deberán digitalizarse en términos del artículo 25 del propio Acuerdo, debiendo depurarse las constancias restantes, como lo señala el referido segundo párrafo del citado artículo 18 del multicitado Acuerdo. De conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Asimismo, en cuanto al valor jurídico, sí lo tiene el presente juicio de amparo. Finalmente, toda vez que en autos obran diversos documentos originales, los cuales anexó la parte quejosa a su escrito de demanda; por tanto, prevéngasele para que acuda a este Juzgado de Distrito con identificación oficial, a fin de recoger el documento señalado, dentro del plazo de noventa días contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído; apercibida, que de no recogerlo, será destruido junto con el presente juicio de amparo.

  2. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ya obra el oficio suscrito por el titular de la Unidad Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Yucatán, en representación del Jefe del Departamento de Afiliación y Prestaciones Económicas de la Delegación Yucatán del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), con el cual informó acerca del cumplimiento dado a la ejecutoria concesoria de amparo. Así como, que mediante proveído de veintiuno de mayo del año en curso, se dio vista a la parte quejosa con el oficio y anexo remitidos por la mencionada autoridad, para que en el término de tres días hábiles manifestara lo que a su derecho conviniera. Ahora bien, la suscrita juez determinará si está cumplido o no el fallo de amparo. En este sentido, se aprecia que por sentencia definitiva de veinticinco de febrero del año en curso, se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia de la Unión, respecto de los actos del Jefe del Departamento de Afiliación y Prestaciones, en suplencia por ausencia del Subdelegado de Prestaciones de la Delegación Estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad de Mérida, Yucatán; así como del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, con sede en la Ciudad de México. Asimismo, por auto de tres de mayo del año en curso, se declaró que causó ejecutoria la citada resolución, requiriéndose a Jefe del Departamento de Afiliación y Prestaciones, en suplencia por ausencia del Subdelegado de Prestaciones de la Delegación Estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad de Mérida, Yucatán, su debido cumplimiento. De manera que la citada autoridad estaba obligada a acatar la resolución referida en el párrafo que antecede, en los términos siguientes: "I. Dejar insubsistente la determinación contenida en el oficio ISS.100.31.300.1.325.07.2020, de veinte de julio de dos mil veinte. II. No aplicar al quejoso Jesús María Gómez Pinzón, el artículo 12, fracción II, inciso c), del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de julio de dos mil nueve, en lo presente y en lo futuro; y III. Ordenar el pago de las cantidades que correspondan al quejoso por la pensión de viudez a la que tiene derecho y que le hayan sido indebidamente retenidas por virtud de la aplicación del precepto declarado inconstitucional, a fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos humanos violados." Asimismo, cabe precisarse que si bien la tutela protectora alcanza a la diversa autoridad responsable Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, que concurrió en la expedición del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ello no implica por parte de éste la realización de algún acto concreto en cumplimiento al fallo protector. Así las cosas, de las constancias que obran en este sumario, se advierte el oficio que remitió el titular de la Unidad Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Yucatán, en representación del Jefe del Departamento de Afiliación y Prestaciones Económicas de la Delegación Yucatán del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), y anexos que acompañó, con el que manifestó haber dado cumplimiento a la ejecutoria. Esto es, dicha autoridad responsable, dejó sin efectos el oficio ISS.100.31.300.1.325.07.2020, de veinte de julio de dos mil veinte, y ordenó no aplicar al quejoso Jesús María Gómez Pinzón, lo previsto en el artículo 12, fracción II, inciso c), del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores sujetos al régimen del artículo décimo transitorio del decreto, por el que se expide la ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, tanto en lo presente como en lo futuro; asimismo, remitió copia certificada del formato SP-54 liquidación de pago por la cantidad de $124,808.93 moneda nacional a nombre del quejoso Jesús María Gómez Pinzón correspondiente a la pensión de viudez 0765737, derivada de la devolución por concepto de pago de pensión correspondiente al periodo de 1 de junio de 2020 al 30 de junio de 2020; cedula de notificación de fecha doce de mayo del año en curso, a la parte quejosa respecto al oficio ISS100.31.300.1. 268.05.21 signado por el Jefe del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene y Encargado del subdelegado de Prestaciones; mismas que tienen valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Por lo anterior, en el caso debe considerarse que la responsable dio cumplimiento a la sentencia concesoria de amparo emitida por este juzgado por las razones precisadas con antelación, pues se estima que los efectos del amparo concedido a la parte quejosa sí fueron cumplidos, en virtud que se dejó insubsistente la determinación contenida en el oficio ISS.100.31.300.1.325.07.2020, de veinte de julio de dos mil veinte; se ordenó no aplicar al quejoso Jesús María Gómez Pinzón, el artículo 12, fracción II, inciso c), del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de julio de dos mil nueve, en lo presente y en lo futuro; y se pagaron al nombrado quejoso las cantidades que le correspondían por la pensión de viudez a la que tiene derecho y que indebidamente le fueron retenidas por virtud de la aplicación del precepto declarado inconstitucional. De ahí que con fundamento en el artículo 196, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, la autoridad en comento ha cumplido en su totalidad la sentencia de amparo, sin excesos ni defectos. Finalmente, respecto al escrito del quejoso en el que manifiesta que no se encuentra cumplida la sentencia de amparo, pues la responsable no contempló entre las cantidades que se le van a pagar, el período del veinte de febrero al treinta y uno de mayo de dos mil veinte, pues el diecinueve de febrero de dos mil veinte, fue la fecha en que falleció María Elena Martínez Guemes, por lo que, dicha devolución de cantidades, debe ser a partir del día siguiente del fallecimiento, y no desde el primero de junio de dos mil veinte. Es incorrecto lo anterior, del contenido del oficio ISS.100.31.300.1.325.07.2020, de veinte de julio de dos mil veinte, suscrito por el encargado de la Subdelegación de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, que reclamó como primer acto de aplicación del artículo 12 del Reglamento para el otorgamiento de pensiones de los trabajadores sujetos al régimen del artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, publicada el veintiuno de julio de dos mil nueve, se advierte que se le informó que el importe de la pensión por viudez se le suspendería de la nómina de pensionados a partir del mes de junio de dos mil veinte. Por tanto, es correcto que la responsable al momento de cuantificar la cantidad a que tiene derecho el aquí quejoso, lo haya hecho a partir del primero de junio de dos mil veinte, y no como se afirma que debió acontecer a partir del día siguiente del fallecimiento de su esposa María Elena Martínez Guemes, esto es, el veinte de febrero de dos mil veinte, pues no se le puede cubrir cantidad alguna en el período que indica el agraviado (veinte de febrero al treinta y uno de mayo de dos mil veinte), cuando no se le había comunicado suspensión alguna de la pensión en cita, en consecuencia se reitera, si la responsable en el oficio ISS.100.31.300.1.325.07.2020, le hizo del conocimiento al titular de la acción constitucional que el importe de la pensión por viudez se le suspendería a partir del mes de junio de dos mil veinte, es lógico suponer que de esa fecha se partiría para cuantificar y devolver las sumas que incorrectamente se le dejaron de pagar con motivo de la aplicación del artículo que se tildó de inconstitucional, por tanto, se considera correcta la cantidad que la responsable le entregó al quejoso, con base en el período del primero de junio de dos mil veinte al treinta de junio de dos mil veintiuno, esta última fecha con motivo de que a partir del mes de julio del año en curso, se le reincorporaría a la nómina de pensionados y jubilados.

  3. Principal

    Agréguense a estos autos el oficio signado por la Titular de la Unidad Jurídica de la Delegación en Yucatán del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y anexo que acompaña; en consecuencia; con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo en vigor, dese vista a la parte quejosa con la documentación de cuenta, por el término de tres días hábiles, contados a partir del siguiente al en que quede debidamente notificado de este acuerdo, para que manifieste lo que a su derecho convenga. Transcurrido el plazo de referencia, dese cuenta con los autos para resolver si está cumplida o no la sentencia ejecutoriada.

  4. Principal

    Agréguese a estos autos el oficio signado por la Titular de la Unidad Jurídica de la Delegación en Yucatán del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con un anexo que adjuntó, mediante el cual, en atención al requerimiento de tres de los corrientes, remite copia certificada del oficio en el cual solicita al Jefe del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene y Encargado de la Subdelegación de Prestaciones de dicho instituto, que cumpla con la ejecutoria, la que se aprecia que se encuentra en vías de cumplimiento. Asimismo, solicita se le otorgue una prórroga de treinta días hábiles, a fin de dar cumplimiento a la sentencia. En tal virtud, tomando en consideración las manifestaciones expuestas por la oficiante y la complejidad en el cumplimiento, se accede a su solicitud y con fundamento en los artículos 192 y 196 de la Ley de Amparo, se le otorga a la responsable de mérito, una prórroga de diez días hábiles, legalmente computado, a fin de que cumpla con la ejecutoria de amparo; haciendo de su conocimiento, que se encuentra subsistente el apercibimiento ordenado en el auto en cita.

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