Jesus Maria Cota Barraza

Expediente 580/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
580/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
17/10/2022

Partes del expediente

  • Jesus Maria Cota Barraza

Actuaciones

  1. Principal

    Los Mochis, Sinaloa, a diecisiete de octubre de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja contra el proveído de cuatro de octubre de dos mil veintidós (notificado el cinco siguiente), emitido en el juicio de amparo 580/2022-5B, por el que se desechó la demanda de amparo interpuesta por Jesús Raúl Elenes Cázarez, en su carácter de representante legal de ******************; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la ley de la materia, en términos de su artículo 2°, párrafo segundo, se declara que dicho proveído ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez notificadas las partes del presente proveído, sin necesidad de nuevo acuerdo, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente, archívese el presente como asunto concluido. Con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por órganos jurisdiccionales, este asunto es susceptible de destrucción, dado que por auto de cuatro de octubre de dos mil veintidós, se desechó la demanda de amparo interpuesta por Jesús Raúl Elenes Cázarez, en su carácter de representante legal de *******************; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa al archivo reciente. Asimismo, se indica que, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original, por no haberlo exhibido, no se trata de expediente con relevancia documental, puesto que no encuadra en ninguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del referido Acuerdo General; es decir no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni es relativo al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni materia agraria. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años contados a partir de la orden de archivo del presente asunto, con apoyo en el artículo 21, penúltimo párrafo, del Acuerdo General citado, este órgano jurisdiccional procederá a la destrucción del presente juicio de amparo, y ordenará la remisión del acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación

  2. Principal

    Visto el estado de los presentes autos, de los que se advierte que el promovente de amparo Jesús Raúl Elenes Cázarez, en su carácter de representante legal de Jesús María Cota Barraza, no cumplió con la prevención hecha el veintiuno de septiembre de dos mil veintidós (notificada el veintidós siguiente); en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento allí señalado, y este órgano de control constitucional analizará el acto reclamado en la forma y término en cómo se indicó en el apartado correspondiente. Ahora bien, De conformidad con los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, este Juzgado procede a examinar el escrito aclaratorio relativo a la demanda de amparo, a fin de determinar la procedencia o, en su caso, improcedencia del juicio. Los citados numerales, establecen: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato. "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". Lo anterior, en atención a que los preceptos 112 y 113 de la Ley de Amparo faculta al Juez de Distrito para desechar de plano la demanda de amparo indirecto, cuando al examinarla aparezca un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; sin embargo, esa potestad no es ilimitada ni depende de un criterio puramente subjetivo, sino que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; mientras que por "indudable", aquello que se tiene certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no se puede poner en duda por lo claro y evidente que es, sin suspender el acto reclamado, motivos que en principio se encuentran vinculados con los supuestos de improcedencia previstos en la Ley de Amparo, en especial, con los citados en su artículo 61, consecuentemente, se procede a analizar tales aspectos. Ahora bien, de un análisis integral de la demanda de amparo, este juzgador advierte que configura de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII en relación con el numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo, en el entendido que el último de los preceptos invocados en una interpretación a contrario sensu, esto tomando en cuenta que la ??????? omisión reclamada ocurrió en un juicio agrario que no tiene efectos de imposible reparación. Los preceptos relacionados en el párrafo anterior son del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de esta ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: . V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; ." Por su parte, el numeral 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: ... III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: . b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan". De lo transcrito se advierte que en los procedimientos jurisdiccionales, como en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, será procedente el amparo indirecto de forma excepcional, en contra de omisiones o actos dictados dentro del procedimiento, cuando tengan el carácter de "imposible reparación"; o en aquellos casos en los que la parte quejosa hubiese quedado sin defensa o hubiese sido privado de los derechos que la ley de la materia le conceda. De esta manera, se pone de manifiesto que los actos de ejecución irreparable únicamente son aquellos que producen una afectación material a los derechos sustantivos tutelados por la Constitución y los tratados internacionales; y no hay posibilidad de considerar que dentro de ese concepto se incluyan los actos que producen efectos meramente formales. En el caso, el acto reclamado no es de aquellos que afecten derechos sustantivos de la parte ?????????? promovente; al respecto, ésta señaló como acto reclamado, el siguiente: ". ACTOS RECLAMADOS: Es ACTO RECLAMADO de la autoridad señalada como responsable ordenadora y ejecutora, C. MAGISTRADO del H. Tribunal Unitario Agrario del Distrito 27, con sede en la ciudad de Guasave, Sinaloa, SU ACUERDO de omitir la admisión de las PRUEBAS CONFESIONAL Y TESTIMONIAL consignado en el acta de audiencia de fecha 2 de septiembre de 2022, que dictó en el juicio agrario 39/2022, ofrecidas por el suscrito para acreditar los hechos constitutivos de la acción de prescripción positiva que vengo promoviendo en vía reconvencional en dicho juicio agrario, dejándome con ello en un estado de indefensión, en virtud de que violenta el debido proceso consagrado en los artículos 14 y 16 constitucionales. ." La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8, 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, la Sala ejemplificó que dichos supuestos podía ser la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Agregó, lo anterior pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8 constitucional; sin embargo (tratándose de afectaciones dentro de un procedimiento), destacó que dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto. En este sentido, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, concluyó que el amparo indirecto interpuesto contra actos de esa naturaleza, es por regla general, notoriamente improcedente. Cierto, la Segunda Sala del más Alto Tribunal Constitucional al resolver la contradicción de tesis 325/2015 señaló: "El Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis jurisprudencial que más adelante se reproduce, sostuvo, entre otras cosas, que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, existe precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible ???????????? reparación, al establecer en la fracción V del artículo 107, que: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: ... V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; ..." Con esta aclaración de lo que debe entenderse por actos de imposible reparación - sostuvo el Pleno-, el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto, ya que mediante una fórmula legal estableció que tales actos, para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Además de que deben recaer sobre derechos, cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos, cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. De acuerdo con lo sustentado por el Alto Tribunal, dos son las condiciones que el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento: "La primera, la exigencia de que se trate de actos 'que afecten materialmente derechos', lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto reclamado impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. "La segunda, en el sentido de que estos 'derechos' afectados materialmente revistan la categoría de 'sustantivos', expresión opuesta a los derechos de naturaleza 'formal o adjetiva' (en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva)." Lo anterior, porque uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación inmediata que producen a "derechos sustantivos", aunado a la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión -esta última- que se opone con la de "formal o adjetiva". ??????????? Así, cuando un particular -como en los casos que dieron origen a la presente contradicción de tesis- se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Ley Suprema, los actos que reclama no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento en el que se encuentra el particular, sino que se da justamente dentro del mismo: falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o falta de prosecución del trámite en este caso en la etapa de ejecución de laudo. Ello, pese a que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional. Sin embargo, debe tenerse presente que dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en el que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción previsto para acudir al juicio de amparo en la vía indirecta. Es así que tratándose de procedimientos jurisdiccionales, el derecho de acción, como facultad de provocar la actividad estatal, presenta la posibilidad de que la autoridad que conozca del asunto resuelva sobre la pretensión que es sometida a su conocimiento, por lo que debe sujetarse a los plazos y términos que rigen el procedimiento, en los que las partes deben obtener respuesta completa a sus pretensiones; de ahí que, por regla general, no es procedente el juicio de amparo en la vía indirecta. En consecuencia, el criterio general es que la demanda de amparo que se interponga contra actos de esta naturaleza es notoriamente improcedente y debe desecharse de plano, pues se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo; a menos que el Juez de amparo, advierta del contenido de la demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o paralización total del mismo, pues en tal caso la demanda de amparo es procedente por excepción. Estas consideraciones encuentran apoyo en la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.) del Tribunal Pleno de título, subtítulo y texto siguientes: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, ??????????? RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden '... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;'; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos 'que afecten materialmente derechos', lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos 'derechos' afectados materialmente revistan la categoría de derechos 'sustantivos', expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivossino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de 'imposible reparación', no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio ??????????? de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto '... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo'; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a 'derechos sustantivos', y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza 'material' de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razóna las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios. En esas condiciones, como se precisó, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que, por regla general, el amparo deviene improcedente y debe desecharse cuando se reclamen actos derivados de un procedimiento que tengan su naturaleza en los artículos 8 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En este contexto, es oportuno destacar que la Sala estimó una excepción consistente en que el Juzgador advierta una inactividad que conlleve la paralización del procedimiento. Por tanto, si la quejosa afirma en su demanda de amparo, bajo protesta de decir verdad, que la omisión atribuida al Tribunal responsable, es la de proveer sobre la admisión de las pruebas confesional y testimonial, señaladas en el acta de audiencia de fecha dos de septiembre de dos mil veintidós, entonces, no puede ser considerado como un acto que afecte derechos sustantivos tutelados por la Constitución General de la República o en los tratados internacionales en que México es parte, lo anterior, porque esa omisión se está generando dentro de un procedimientos jurisdiccional, omisión que, tampoco se traduce en una paralización del procedimiento natural que deje en estado de indefensión a la promovente de amparo. En efecto, la omisión reclamada se genera (según lo afirma el firmante de la demanda de amparo) desde el dos de septiembre de dos mil veintidós; ahora, a la fecha de presentación de la demanda diecinueve siguiente, solo han trascurrido diecisiete días naturales, plazo que no es dable considerar como excesivo o que provoque un parálisis del procedimiento o inactividad; de ahí que no se advierta afectación alguna a un derecho fundamental. ??????????? Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2ª./J.48/2016 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación que a la letra establece: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente. Criterio que ha sido sostenido de igual forma por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las jurisprudencias números 7/2015 (10a.) y 8/2015 (10a.), derivadas de la contradicción de tesis 130/2014, del contenido literal siguiente: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE RECLAMA UNA VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8 CONSTITUCIONAL DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO (LEY DE AMPARO ABROGADA). De acuerdo con lo establecido en el artículo 114, fracciones II, III y IV, de la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013, se desprende que en contra de actos dictados dentro de procedimientos jurisdiccionales, como dentro de procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, será procedente el amparo indirecto de forma excepcional cuando los actos tengan el carácter de "imposible reparación"; o cuando el quejoso hubiese quedado sin defensa o privado de los derechos que la ley de la materia le conceda. En esas condiciones, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación al derecho de petición, cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional o seguido en forma de juicio, el actuar de la autoridad se rige por lo dispuesto tanto en los artículos 14 y 17 constitucionales, como en los plazos y términos desarrollados por el legislador ordinario en la norma secundaria. En razón de ello, por regla general, el amparo indirecto sería improcedente, pues si se trata exclusivamente de un reclamo dentro de procedimiento respecto al derecho de petición, el cual no deja sin defensa al quejoso ni puede verse de forma autónoma, debe considerarse que se trata de una violación de carácter adjetivo conforme a la cual tienen que atenderse las reglas establecidas en la legislación ordinaria para el efecto de obligar a la autoridad a dar respuesta a la petición realizada."1 "DERECHO DE PETICIÓN. LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO NO PUEDE RECLAMARSE DE MANERA AUTÓNOMA. El artículo 8° constitucional impone a la autoridad la obligación de dar respuesta, en breve término, a la solicitud formulada por un particular; por su parte los artículos 14 y 17 constitucionales regulan el debido proceso, así como el derecho de acción, a través de los cuales se busca obtener una decisión en la que se resuelvan de forma completa las pretensiones deducidas, mediante el cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento. En razón de ello, los procedimientos ventilados ante organismos jurisdiccionales o aquellos seguidos ante autoridades que realicen funciones materialmente jurisdiccionales, se rigen bajo las garantías previstas en los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por tanto, resulta jurídicamente inadmisible que se pueda reclamar de manera autónoma la omisión de dar respuesta a una petición en términos del artículo 8o. constitucional, cuando el particular eleva una solicitud a un funcionario público dentro de un 1 Época: Décima Época; Registro: 2008883; Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Libro 17, Abril de 2015, Tomo I; Materia(s): Administrativa; Tesis: 1a./J. 8/2015 (10a.); Página: 478. ??????????? juicio o dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, puesto que las reglas que rigen estos procedimientos son tanto las previstas en los artículos 14 y 17 constitucionales, así como las que desarrollan dichos derechos en la legislación secundaria. No obstante ello, la autoridad está obligada a analizar, conforme a los principios de indivisibilidad e interdependencia previstos en el artículo 1o. constitucional, los derechos como una unidad, no de forma aislada, sino como una totalidad indisociable y exenta de jerarquía. Así, al concebirse de forma armónica, se podrá resolver de mejor manera la omisión que reclama el particular dentro del procedimiento."2 Expuesto lo anterior, se concluye que la omisión reclamada no puede impugnarse en el juicio de amparo biistancial, en virtud de que sus consecuencias no afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, porque no se está en presencia de una paralización total del juicio agrario 39/2022, del índice del Tribunal Unitario Agrario Distrito 27, con residencia en Guasave, Sinaloa. En esas condiciones, al quedar actualizada la causal de improcedencia advertida de oficio por este 2 Época: Décima Época; Registro: 2008884; Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Libro 17, Abril de 2015, Tomo I; Materia(s): Administrativa; Tesis: 1a./J. 7/2015 (10a.); Página: 480. órgano jurisdiccional, prevista en los artículos 61, fracción XXIII y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda de amparo formulada por Jesús Raúl Elenes Cázarez, en su carácter de representante legal de Jesús María Cota Barraza, contra actos del Tribunal Unitario Agrario Distrito 27, con residencia en Guasave, Sinaloa, en términos de lo que dispone el artículo 113 de la citada legislación. Por último, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles a la actuaria de la adscripción para que practique cualquier diligencia o notificación personal relacionada con el presente asunto.

  3. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por Jesús Raúl Elenes Cázarez, apoderado legal de Jesús María Cota Barraza, personalidad que acredita con el instrumento notarial número 5950, del índice de la Notaría Pública Número 55, en la ciudad de Culiacán, Sinaloa; fórmese expediente, tanto impreso como electrónico, regístrese en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) con el número 580/2022-5. Ahora bien, a fin de proveer sobre la admisión de la demanda de amparo, con fundamento en los artículos 108, fracción IV, y 114, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, se requiere al promovente para que dentro del término de cinco días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación que se le haga del presente proveído y, con copias suficientes del escrito aclaratorio: 1. Informe con exactitud cuál es el acto reclamado, toda vez que en el capítulo correspondiente indica que es la omisión incurrida por el Tribunal Unitario Agrario Distrito 27, con residencia en Guasave, Sinaloa, en admitir las pruebas confesional y testimonial, ofrecidas en el juicio agrario 39/2022; sin embargo, en el capítulo de "Antecedentes", al promovente de amparo aduce bajo protesta de decir verdad que, el tribunal señalado como responsable, en auto de dos de septiembre de dos mil veintidós, no admitió las pruebas ofrecidas por el ahora promovente de amparo, por ".ser inútiles, ineficaces e innecesarias.", argumentos disímiles y que deberá aclarar el solicitante de amparo. El efecto, el promovente de amparo aduce, por un lado, que el acto reclamado es de naturaleza omisiva y, por el otro, que es de naturaleza negativa; hecho que deberá aclarar, para que este órgano de control constitucional se encuentre en la aptitud legal de resolver conforme a derecho; apercibido que de no hacerlo así, se tendrá como acto reclamado, el señalado en el capítulo correspondiente de su demanda de amparo. Con apoyo en el precepto 305, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del numeral 2º, párrafo segundo de la misma ley, se tiene como domicilio de la parte quejosa, para oír y recibir notificaciones en los estrados de este juzgado; y como su autorizado para tales efectos, en su nombre, en términos amplios del precepto 12 de la ley ?? de la materia, al licenciado Luis Rosario Heredia Ruiz y únicamente para que oiga, reciba notificaciones a Nataly Hernández Gutiérrez a en razón de que no tiene registrada su autorización para ejercer la abogacía en el sistema computarizado para el registro único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito.

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