Jesús Manuel Zariñana Galeana

Expediente 179/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 8 actuaciones registradas, la última del 9 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
179/2023
Año
2023
Actuaciones
8
Última actuación
09/10/2023

Partes del expediente

  • Jesús Manuel Zariñana Galeana

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Puebla, Puebla, .nueve de octubre de dos mil veintitrés TESTIMONIO DE EJECUTORIA Agréguese a los presentes autos el oficio suscrito por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, por el cual remite el testimonio de la ejecutoria pronunciada el veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés, dictada dentro recurso de revisión número R-176/2023, el expediente de amparo número 179/2023, de la cual se advierte que dicho Tribunal Colegiado resolvió modificar la sentencia emitida por este juzgado, sobreseyendo y negando el amparo en el presente asunto. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, acúsese recibo a la superioridad de la ejecutoria antes mencionada, y archívese el presente asunto como totalmente concluido. INTEGRACIÓN DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Glósese a los presentes autos el cuaderno único del incidente de suspensión derivado del presente juicio de garantías. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE Y SU DESTINO Ésta se realiza en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, por lo que los artículos que se invocan en este apartado corresponden al acuerdo general citado. En virtud de que la información de este asunto no se ha determinado como reservada, con fundamento por lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, y 14, se procede a la valoración documental del presente expediente, en los términos siguientes 1. Expediente principal. Carece de relevancia documental al no encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 15; por tanto, se declara que: Es CONSERVABLE de conformidad con el diverso 17, fracción III, inciso a), porque se sobreseyó y negó la protección constitucional en el presente juicio de amparo por todos los actos reclamados. Por ende, el presente expediente se conservará en este juzgado (archivo de trámite) por el término de tres años, contados a partir del hoy y, una vez concluido este plazo, se procederá conforme a lo dispuesto en el artículo 8, fracción II. Sin necesidad de requerir al quejoso que acuda a recuperar documentos originales dentro de los noventa días siguientes a la notificación de este acuerdo. 2. Incidente de suspensión único. En relación al cuaderno incidental, es CONSERVABLE de conformidad con el arábigo 17, fracción III, inciso b), del acuerdo general aludido, pues se concedió la medida cautelar solicitada en forma definitiva, debiéndose conservar en este juzgado (archivo de trámite) por el término de tres años, contados a partir de esta fecha y, una vez concluido este plazo, se procederá conforme a lo dispuesto en el ya citado artículo 8, fracción II. ANOTACIONES EN LA CARÁTULA Por otro lado, se ordena hacer la anotación correspondiente en la carátula del expediente, de conformidad con lo establecido en el artículo 34, y verifíquese que el expediente electrónico como el impreso coincida en su totalidad. DATOS PERSONALES Las partes no ejercieron el derecho de oponerse a la publicación de tales datos al hacerse pública la sentencia pese a que fueron prevenidas para ello. DEVOLUCIÓN DE DVD Finalmente, remítase al Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla, el disco versátil digital que acompañó a su informe justificado, sin ser necesario requerir el acuse de recibo respectivo, atendiendo a que al entregarse físicamente tales constancias, el oficio con sello de recibo hace las veces de acuse. NOTIFÍQUESE

  2. Principal

    Puebla, Puebla, veintiocho de junio de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que el presente asunto se encuentra integrado para ser remitido al Tribunal Colegiado en turno a fin de sustanciarse el recurso de revisión interpuesto en contra de la sentencia dictada el cinco de junio de dos mil veintitrés. En tales condiciones, mediante oficio que al efecto se gire, remítase el citado recurso y el expediente principal. Finalmente comisiónese a la Analista Jurídico SISE, para que proceda a realizar la autorización de este expediente para que pueda consultarse por otros órganos el Sistema de Seguimiento de Expedientes, ello a efecto de que el tribunal de alzada tenga acceso al expediente electrónico. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma CUAUHTÉMOC ESCOBAR GONZÁLEZ, Juez Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado, ante Patricia Asucena Juárez Díaz, Secretaria que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Vistos los autos del juicio de amparo 179/2023 para dictar sentencia. R E S U L T A N D O. Primero. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Mediante escrito presentado el veintiuno de febrero de dos mil veintitrés en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, turnada y recibida en este juzgado el veintidós de febrero del mismo año, *** solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla y otras autoridades, contra los actos consistentes en la audiencia de inicial de cinco de febrero de dos mil veintitrés, auto de detención, vinculación a proceso, medidas cautelares y cierre de investigación, dictados en su contra dentro de la causa penal 80/2023, por considerarlos violatorios de los artículos 1, 14, 16, 17, 18, 19, 20 y 21 constitucionales. Segundo. RADICACIÓN, DESECHAMIENTO PARCIAL Y TRAMITACIÓN. Por auto de veintitrés de febrero de dos mil veintitrés, este juzgado ordenó formar y registrar el juicio de amparo 179/2023, en el que se desechó y admitió parcialmente la demanda de amparo, pidió informes justificados, dio intervención a la agente del Ministerio Público de la Federación y señaló día y hora para la audiencia constitucional, misma que tuvo verificativo conforme al acta que antecede. Tercero. Mediante acuerdo general 3/2023 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de mayo de dos mil veintitrés, se amplió la competencia de este órgano jurisdiccional para conocer de los procesos penales en términos del artículo 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y en consecuencia se cambió la denominación de este órgano jurisdiccional para quedar como Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla; finalmente tuvo verificativo la audiencia constitucional en términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O. PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado es competente para conocer y resolver el presente juicio conforme a los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, constitucionales, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y al Acuerdo General 23/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, ya que el acto reclamado tiene ejecución en el Estado de Puebla, entidad en la que este juzgado federal ejerce jurisdicción y se reclaman actos de naturaleza penal, de tal suerte que se actualiza la competencia territorial y material. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, se precisa que del análisis de la demanda de amparo y de las constancias que obran en el presente juicio se advierte que el quejoso reclama en esta vía constitucional al Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla, el auto que califica su de detención, vinculación a proceso, medidas cautelares y plazo de cierre de investigación, dictados en su contra en audiencia de inicial de cinco de febrero de dos mil veintitrés dentro de la causa penal 80/2023, por el delito de portación de arma de fuego sin licencia. TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable por así haberlo manifestado al rendir su informe justificado. Lo que se corrobora con las constancias que remitió en apoyo a su informe, con valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, las cuales consisten en copias certificadas y un DVD que contiene la audiencia de cinco de febrero de dos mil veintitrés, dictada dentro de la causa penal 88/2022, en la que se advierte el auto de vinculación dictado por el Juez responsable en contra del aquí quejoso. CUARTO. ANÁLISIS DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Son infundados los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, para conceder la protección constitucional, sin que se advierta deficiencia que suplir en términos del artículo 79, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. Análisis de la calificación de la detención. Son infundados los conceptos de violación que hace valer el quejoso respecto a la calificación de la detención dictada dentro de la causa penal 80/2022, mediante audiencia inicial de cinco de febrero de dos mil veintitrés. Se dice lo anterior, ya que el artículo 16 constitucional, en sus párrafos tercero, quinto, sexto y séptimo, establece que nadie podrá ser privado de su libertad si no es mediante orden de aprehensión emitida por la autoridad judicial competente, por delitos que sean sancionados con pena privativa de libertad y existan datos que establezcan que ese hecho y la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en él. Sin embargo, como excepción a lo anterior establece que cualquier persona puede detener al indiciado en el momento que esté cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo cometido, esto es en flagrancia, y se tendrá que poner a disposición de la autoridad más cercana a la brevedad; asimismo, establece que el Ministerio Público, bajo su responsabilidad podrá ordenar su detención, fundando y expresando los indicios que motiven su proceder. Para los casos en que existe urgencia o flagrancia el Juez que reciba la consignación deberá de inmediato de ratificar o decretar la libertad del indiciado con las reservas de ley respectivas. En este tema que se analiza, cabe destacar el contenido de los artículos 146 y 147 del Código Nacional de Procedimientos Penales, mismos que establecen para la procedencia de la detención de una persona sin orden judicial, en caso de la comisión de un delito flagrante, los siguientes supuestos: La persona es detenida en el momento de estar cometiendo un delito, o II. Inmediatamente después de cometerlo es detenida, en virtud de que: a) Es sorprendida cometiendo el delito y es perseguida material e ininterrumpidamente, o b) Cuando la persona sea señalada por la víctima u ofendido, algún testigo presencial de los hechos o quien hubiere intervenido con ella en la comisión del delito y cuando tenga en su poder instrumentos, objetos, productos del delito o se cuente con información o indicios que hagan presumir fundadamente que intervino en el mismo. Para este supuesto, señala que de inmediato el detenido debe ser puesto a disposición de la autoridad más próxima, quien a su vez con la misma prontitud lo deberá poner a disposición del Ministerio Público. Asimismo, dicho ordenamiento jurídico establece que los cuerpos de seguridad pública estarán obligados a detener a quienes cometan un delito flagrante y realizarán el registro de la detención, quienes a su vez deberán poner al detenido de inmediato a disposición del Ministerio Público, quien hará el registro correspondiente de la hora a la que fue puesto a su disposición. Ahora bien, de las constancias que remitió la autoridad responsable en apoyo a su informe justificado se advierte que el Juez calificó de legal la detención del aquí quejoso, esto al actualizarse los supuestos establecidos por los artículos 16 constitucional y 146, fracción II, inciso a) del Código Nacional de Procedimientos Penales, al estimar que el quejoso fue detenido por la comisión del hecho con apariencia del delito de portación de arma de fuego sin licencia, previsto y sancionado en el artículo 81, párrafo primero, en relación con los diversos 9, fracción III y, 10, fracción I, todos de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Previo a lo anterior, la fiscalía en la audiencia de inicio de cinco de febrero del año en curso, expuso ante el Juez los datos de prueba y justificación de la detención, para lo cual manifestó: Que aproximadamente a las diecinueve horas con treinta y siete minutos del dos de febrero de dos mil veintitrés, los elementos policiales Pedro Bastida Lara y Fanny Esther Vega Hernández recibieron vía radio un reporte derivado de una llamada realizada por el establecimiento comercial denominado "Chamochelas", en la que reportaron que en este establecimiento se encontraba un individuo de sexo masculino de aproximadamente 1.85 metros de estatura, tez morena clara, que vestía playera tipo polo color blanco y pantalón de mezclilla color azul y tenis blancos, el cual portaba un arma de fuego y salió caminando rumbo a la calle Andrómeda. En consecuencia, los elementos de la policía se trasladaron de inmediato en su unidad oficial a dicho lugar; y, al llegar aproximadamente a las diecinueve horas con cuarenta y dos minutos sobre la calle Triángulum, advierten que va caminando sobre la banqueta en sentido contrario a ellos, una persona de sexo masculino, cuyas características coincidían con las que se les había reportado vía radio minutos antes. Al acercarse los elementos de la policía a esta persona (aproximadamente a un metro de distancia), se percatan que el sujeto empieza a tener una actitud nerviosa, ya que no sabía hacía donde caminar y que en ese momento empezó a correr en dirección a la calle Andrómeda, por lo que el elemento Pedro Bastida Lara bajó de la unidad vehicular y empezó a correr persiguiendo a dicho sujeto, mientras la oficial Fanny retornó a la unidad dando una vuelta en u sobre la referida calle. Mientras el oficial Pedro iba corriendo tras el aludido sujeto, indicándole en repetidas ocasiones que se detuviera, haciendo caso omiso y al ver que el oficial ya estaba muy cerca, este último observa como el quejoso mete la mano derecha en la parte de enfrente a la altura de su cintura, saca un objeto y lo tira hacia el lado derecho, mismo que cae y queda sobre la baqueta. Aproximadamente dos metros más adelante el oficial le da alcance al sujeto perseguido, sobre la calle Andrómeda aproximadamente a quince metros antes de llegar a la calle Triángulum, a un costado del fraccionamiento Villas Atlixco, segunda sección, Reserva Territorial Atlixcayotl, municipio de San Andrés Cholula, Puebla, por lo que le indica al sujeto que se tire al suelo. Al llegar la agente Fanny a bordo de la unidad oficial, el agente Pedro le indica que el sujeto había tirado un objeto aproximadamente dos metros atrás de donde se encontraban. Por lo que ella va en búsqueda de dicho objeto, y encuentra en medio de la banqueta, aproximadamente a dos metros de distancia un arma de fuego de color negro con empuñaduras de plástico de color blanco con la capacidad de cuatro cartuchos útiles, la cual estaba abastecida con un cartucho en el interior de la recámara y tres más insertados en la parte inferior de la empuñadura. Los agentes interrogan a dicho sujeto quien dijo llamarse Jesús Manuel Zariñana Galeana, y al preguntarle si contaba con permiso de portación de arma de fuego, a lo que manifestó que no tenía permiso, en consecuencia, siendo aproximadamente las diecinueve horas con cincuenta minutos el oficial Pedro le informa que se encontraba detenido por el hecho con apariencia de delito de portación de arma de fuego sin licencia, por lo que sería remitido a la autoridad ministerial competente para que se determine la situación legal, dando lectura de los derechos que le asisten a las personas en detención. Una vez lo anterior, se trasladan a las oficinas ubicadas en el Complejo de Seguridad Pública de San Andrés Cholula, ubicado en San Bernardino Tlaxcalancingo Cholula, Puebla, en donde arribaron aproximadamente a las veinte horas con treinta y cinco minutos, para realizar la documentación de la puesta a disposición, esto es: el acta de aviso, el informe policial homologado, las actas de inspección del objeto y del lugar de los hechos, el dictamen médico que se realizó al detenido (quien resultó en segundo grado de intoxicación etílica), el registro nacional de detenciones, (con folio PL/PP/120/02022023/0030); y la correspondiente cadena de custodia de los indicios que fueron asegurados, documentación que terminaron de realizar aproximadamente a las veintidós horas con cuarenta minutos de ese mismo día. Finalmente, a las veintitrés horas con cincuenta minutos, del dos de febrero de dos mil veintitrés, procedieron a poner a disposición de la Fiscalía General de la República a Jesús Manuel Zariñana Galeana, junto con los objetos asegurados, donde se recibió e inicio la investigación correspondiente. De lo anterior, se advierte que el juez responsable tuvo las razones suficientes para calificar cómo legal la detención del quejoso, pues contrario a lo manifestado por la parte quejosa, de lo expuesto por la fiscalía se desprende que se actualizó el supuesto de flagrancia, pues si bien no tenían la certeza que se trataba de la misma persona que habían reportado vía radio; lo cierto es, que cuando el elemento de la policía lo empieza a perseguir y trata de comunicarse con el aquí quejoso, este empieza a correr intentando darse a la fuga y cuando se percata que el policía se encuentra ya muy cerca, introduce su mano en la parte delantera de su pantalón, saca un objeto y lo tira a sobre la calle; cuando la agente de la policía encuentra y levanta dicho objeto, advierte que se trata de un arma de fuego de la cual el sujeto dijo que no tenía permiso para portarla; en tales condiciones, con independencia de que se tratara o no de la misma persona que fue reportada por personal de la negociación "Chamochelas", a la hora que es perseguido por los agentes de la policía, el quejoso arrojó a la banqueta un arma de fuego que llevaba consigo y sin contar con los permisos correspondientes. Por tal motivo, se comparte el criterio del juez responsable, en el sentido que se actualiza la hipótesis de flagrancia delictiva, prevista en el artículo 146, fracción II, inciso a, de la ley del Código Nacional de Procedimientos Penales, toda vez que tal como se desprende de los datos de prueba, el ahora quejoso fue detenido inmediatamente después de haber sido sorprendido llevando consigo un arma de fuego y en el caso fue perseguido material e ininterrumpidamente hasta su detención. Por otra parte, el quejoso manifiesta que se violó en su perjuicio lo contenido en los artículos 1, 14, 16 y 17 constitucionales, toda vez que el mismo fue privado de su libertad transgrediendo sus derechos al libre tránsito, seguridad jurídica y debido proceso. Refiere que no obran los datos de prueba suficientes para determinar que el ahora quejoso es la misma persona que reportaron en la negociación y que son incongruentes los datos de pruebas respecto al sujeto, tiempo y lugar donde sucedieron los hechos; ya que únicamente hay capturas de pantalla y videos, mismos que no se tiene la certeza que pertenezcan a la negociación denominada "chamochelas", por lo tanto no se puede comprobar que es la misma persona, aunado a que la detención del quejoso fue hecho en un lugar diferente al de esta negociación. Lo anterior es infundado pues contrario a tales manifestaciones, la calificación de legalidad de detención realizada por el juez responsable se encuentra ajustada a derecho. Esto es así pues como ya se adelantó, la detención que se hizo por parte de los agentes de la policía se debió a la portación de arma de fuego que llevaba el quejoso en el momento que los agentes lo interceptaron, y no al hecho que haya cometido algún delito o se hubiese hecho un reporte previamente en el negocio denominado "chamochelas". Que si bien la llamada de reporte que se realizó por parte de la negociación alertó a los agentes de la policía para hacer una inspección en la zona, lo cierto es que su detención corresponde al hecho que el ahora quejoso portaba un arma de fuego sin licencia, aunado a lo anterior que al momento en que los agentes de la policía intentaron tener un primer acercamiento con el quejoso, este empezó a correr intentando huir de los agentes de la policía, haciendo caso omiso a detenerse a pesar de que el policía se lo pidió en repetidas ocasiones. Además, que cuando el quejoso se dio cuenta que el policía ya le estába dando alcance, introdujo la mano en la parte delantera de su pantalón, sacó un objeto de su interior, lo arrojó a la banqueta y cuando la agente Fanny fue en búsqueda de dicho objeto se percata que era un arma de fuego. Lo que advierte la legalidad de la detención, ya que si bien es cierto el artículo 14 constitucional, establece que la libertad de toda persona constituye un derecho fundamental que no puede ser privado o restringido, sino es mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho; también lo es, que el artículo propio artículo 16 constitucional, establece los supuestos de excepción: La orden de aprehensión librada por la autoridad judicial; previa denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión; Cualquier persona puede detener al indiciado en el momento en que esté cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo cometido, poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad civil más cercana y ésta con la misma prontitud, a la del Ministerio Público; (flagrancia) En casos urgentes, cuando se trate de delito grave así calificado por la ley y ante el riesgo fundado de que el indiciado pueda sustraerse a la acción de la justicia En virtud de lo anterior y de los datos de pruebas expuestos por la fiscalía, como bien lo señaló el juez responsable, se confirma que fue legal la detención hecha al quejoso, misma que se realizó bajo el supuesto de flagrancia delictiva, en términos del artículo 16 constitucional, esto es así, porque la detención se realizó justo cuando el quejoso llevaba en su poder un arma de fuego sin licencia, que si bien minutos antes de que fuera detenido la tiró al piso, lo cierto es que esta acción fue consecuencia de una persecución continua que hubo por parte del agente policiaco, lo que permite confirmar el motivo y justificación de la detención del quejoso. Y sin que esta detención haya vulnerado lo establecido en el artículo 17 constitucional, como lo manifiesta el quejoso, ya que se cumplieron con los plazos y términos establecidos por la ley; el quejoso fue asistido por sus defensores y se le dio intervención para que hiciera valer sus derechos. En tales condiciones y por lo expuesto anteriormente, se niega el amparo respecto a la determinación del juez responsable emitida en audiencia inicial de cinco de febrero de dos mil veintitrés dentro de la causa penal 80/2022, en la que calificó de legal la detención del aquí quejoso. Análisis del auto de vinculación a proceso. Son infundados los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa y por los cuales pretende combatir el auto de vinculación a proceso emitido por el Juez responsable en audiencia inicial de cinco de febrero de dos mil veintitrés dentro de la causa penal 80/2023 que se instruye en contra del aquí quejoso, al considerar que el mismo viola en su perjuicio los artículos 19, constitucional, 261 y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Lo anterior como ya se dijo es infundado. Esto es así, ya que todo auto de vinculación debe de ajustarse a lo establecido por el artículo 19 constitucional, esto es, se debe expresar el delito que se le imputa al acusado, el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos de pruebas que establezcan que se ha cometido un hecho delictuoso y la probabilidad que el imputado lo hubiese cometido o participado en su comisión. Por su parte, la fiscalía debe proporcionar los datos pertinentes e idóneos para establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y la participación del imputado. En ese sentido, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, precisó que en términos del artículo 19 constitucional, para el dictado de un auto de vinculación a proceso, únicamente es necesario que existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad que el indiciado lo cometió o participó en su comisión, sin que esto implique acreditar los datos de prueba o la comprobación del hecho ilícito, debido a que esto es propio de una diversa etapa procesal. Asimismo, el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece los requisitos que debe seguir el Juez para dictar un auto de vinculación a proceso, una vez que el agente del Ministerio Público haya realizado dicha petición, mismos que se desglosan a continuación: Se haya formulado una imputación; Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. De las constancias que obran en el presente juicio de amparo, se advierte que el cinco de febrero de dos mil veintitrés, se llevó a cabo la audiencia inicial dentro de la causa penal 80/2023, en contra del aquí quejoso Jesús Manuel Zariñana Galeana, por su probable participación en el delito de portación de arma de fuego sin licencia, previsto y sancionado en el artículo 81, párrafo primero, en relación con los diversos 9, fracción III y 10, fracción I, todos de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Por su parte, del archivo digital que contiene la audiencia se advierte que el Juez responsable cumplió con los lineamientos establecidos por el artículo 19 constitucional, pues al iniciar el Juez dio intervención al imputado para manifestar sus datos de identificación, dio a conocer sus derechos y le indicó si era su deseo nombrar como defensor a los licenciados Analín Torres Carreño y Roberto Peñaloza López, a lo que manifestó que sí, quienes a su vez aceptaron y protestaron el cargo conferido. El Juez constató con el administrador de la sala los datos de registro de las cédulas profesionales para ejercer el cargo de dichos abogados, mismos que coinciden con los registrados ante la Secretaria de Educación Pública, esto con la finalidad de garantizar una adecuada defensa del aquí quejoso. Acto seguido, el Ministerio Público solicitó se calificara de legal la detención y retención en contra del quejoso y previa contradicción de la defensa, el agente del Ministerio Público solicitó formular la imputación respectiva, a lo que el Juez dio oportunidad al fiscal para tal efecto, en los siguientes términos: Se informó al aquí quejoso Jesús Manuel Zariñana Galeana, que se sigue una investigación en su contra por el hecho con apariencia de delito de portación de arma de fuego sin licencia, previsto y sancionado por el artículo 81, párrafo primero, en relación con los diversos 9, fracción III y 10, fracción I, todos de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, en relación con los diversos 9, párrafo primero y 13 fracción II del Código Penal Federal. La fiscalía expuso los hechos que actualizan la descripción delictiva, así como la probabilidad que el ahora quejoso cometió o participó en la comisión del delito de portación de arma de fuego sin licencia, señalando que aproximadamente a las diecinueve horas con treinta y siete minutos del dos de febrero de dos mil veintitrés, los elementos policiales Pedro Bastida Lara y Fanny Esther Vega Hernández recibieron vía radio un reporte derivado de una llamada realizada por el establecimiento comercial denominado "Chamochelas", en la que reportaron que en este establecimiento se encontraba un individuo de sexo masculino de aproximadamente 1.85 metros de estatura, tez morena clara, que vestía playera tipo polo color blanco y pantalón de mezclilla color azul y tenis blancos, el cual portaba un arma de fuego y salió caminando rumbo a la calle Andrómeda. En consecuencia, los elementos de la policía se trasladan de inmediato en su unidad oficial a dicho lugar y al llegar, aproximadamente a las diecinueve horas con cuarenta y dos minutos sobre la calle Triángulum, advierten que va caminando sobre la banqueta en sentido contrario a ellos, una persona de sexo masculino, cuyas características coincidían con las que se les había reportado vía radio minutos antes. Al acercarse los elementos de la policía a esta persona (aproximadamente a un metro de distancia), se percatan que el sujeto empieza a tener una actitud nerviosa, ya que no sabía hacía donde caminar y que en ese momento empezó a correr en dirección a la calle Andrómeda, por lo que el elemento Pedro Bastida Lara baja de la unidad vehicular y empieza a correr persiguiendo a dicho sujeto, mientras la oficial Fanny retorna a la unidad dando una vuelta en u sobre la referida calle. Mientras el oficial Pedro va corriendo tras el aludido sujeto, indicándole en repetidas ocasiones que se detuviera, haciendo caso omiso y al ver que el oficial ya estaba muy cerca, este último observa como el imputado mete la mano derecha en la parte de enfrente de su pantalón a la altura de su cintura, saca un objeto y lo tira hacia el lado derecho, mismo que cae y queda sobre la baqueta. Aproximadamente dos metros más adelante el oficial le da alcance al sujeto perseguido, sobre la calle Andrómeda aproximada de quince metros antes de llegar a la calle Triángulum, a un costado del fraccionamiento Villas Atlixco, segunda sección, Reserva Territorial Atlixcayotl, municipio de San Andrés Cholula, Puebla, por lo que le indica al sujeto que se tire al suelo. Al llegar la oficial Fanny a bordo de la unidad oficial, el agente Pedro le indica que el sujeto había tirado un objeto aproximadamente dos metro atrás de donde se encontraban. Por lo que ella va en búsqueda de dicho objeto, y encuentra en medio de la banqueta, aproximadamente a dos metros de distancia un arma de fuego de color negro con empuñaduras de plástico de color blanco con la capacidad de cuatro cartuchos útiles, la cual estaba abastecida con un cartucho en el interior de la recámara y tres más insertados en la parte inferior de la empuñadura. Los agentes interrogan a dicho sujeto quien dijo llamarse Jesús Manuel Zariñana Galeana, y al preguntarle si contaba con permiso de portación de arma de fuego, a lo que manifestó que no tenía permiso, en consecuencia, siendo aproximadamente las diecinueve horas con cincuenta minutos el oficial Pedro le informa que se encontraba detenido por el hecho con apariencia de delito de portación de arma de fuego sin licencia, por lo que sería remitido a la autoridad ministerial competente para que se determine su situación legal, dando lectura de los derechos que le asisten a las personas en detención. Una vez lo anterior, se trasladan a las oficinas ubicadas en el Complejo de Seguridad Pública de San Andrés Cholula, ubicado en San Bernardino Tlaxcalancingo Cholula, Puebla, en donde arribaron aproximadamente a las veinte horas con treinta y cinco minutos, para realizar la documentación de la puesta a disposición, esto es: la acta aviso, el informe policial homologado, las actas de inspección del objeto y del lugar de los hechos, el dictamen médico que se realizó al detenido (quien resultó en segundo grado de intoxicación etílica), el registro nacional de detenciones, (con folio PL/PP/120/02022023/0030); y la correspondiente cadena de custodia de los indicios que fueron asegurados, documentación que terminaron de realizar aproximadamente a las veintidós horas con cuarenta minutos y a las veintitrés horas con cincuenta minutos, del dos de febrero de dos mil veintitrés, procedieron a poner a disposición de la Fiscalía General de la República a Jesús Manuel Zariñana Galeana, junto con los objetos asegurados, donde se recibió e inicio la investigación correspondiente. Por su parte, el fiscal indicó al quejoso Jesús Manuel Zariñana Galeana que el hecho antes descrito encuadra en el delito de portación de arma de fuego sin licencia, previsto y sancionado en el artículo 81, párrafo primero, en relación con los diversos 9, fracción III y 10, fracción I, todos de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Que la conducta que se le atribuye es dolosa, con participación de autor material y directo, en términos de los artículos 9, párrafo primero y 13, fracción II, del Código Penal Federal, toda vez que aceptó y quiso el resultado de su acción, ya que ejecutó el hecho delictivo que se le imputa por sí mismo y se consideró la inexistencia de causa de exclusión del delito de conformidad con lo previsto en el artículo 405 del Código Nacional de Procedimientos Penales en relación con el diverso numeral 15 del Código Penal Federal, y de extinción de la acción penal de las que provee el artículo 485 de dicha legislación. Acto seguido, el juez hizo de su conocimiento que las personas que declaran en su contra son los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, de San Andrés Cholula, Puebla, Pedro Bastidas Lara y Fanny Esther Vega Hernández y pregunto´ al quejoso si comprendió´ la acusación; tenía dudas o quería que se le hiciera alguna precisión, a lo que manifestó´ que si´ comprendió la acusación y no era su deseo que le hicieran alguna precisión, misma pregunta que se formuló a sus defensores manifestando de igual manera que no. Posteriormente, el juez informó al imputado su derecho a declarar o a guardar silencio, con las consecuencias que ello conlleva, a lo que el quejoso, previa consulta con sus defensores, manifestó su deseo a guardar silencio. Una vez lo anterior, el fiscal solicito´ oportunidad para vincular a proceso, para ello pidió que se tuvieran por reproducidos los hechos, a lo que el juez previa pregunta al imputado y con asesoría de su defensa, asintieron tal acto, y enseguida, expuso los siguientes datos de prueba: Se cuenta con evidencia material, consistente en el arma de fuego, tipo pistola mono tiro marca Mendoza, modelo K-62-3, calibre 22, long rifle modificada de pistola terminante y diábolo para adulto calibre 4.5/. 177, a arma de fuego calibre 22 con rifle con matrícula DP 1022003911 y con sistema de disparo tiro a tiro por sistema de retrocarga. También señaló como material probatorio los cuatro cartuchos para arma de fuego útiles calibre 22 de un rifle con valla metálica color cobre y casquillo metálico color dorado, con la que venía vestida de dicha arma; de la cual, se realizó inspección por parte de policía federal ministerial el día tres de febrero de dos mil veintitrés, en la cual la oficial Rosaura Rojas Mastranzo dio fe de tener a la vista dicha arma de fuego y sus cartuchos con las características antes mencionadas. De igual manera, con relación a los mismos indicios se realizó dictamen en materia de balística forense, el cual fue emitido con el folio 1090 de fecha tres de febrero del mismo año, signado por el perito oficial Raúl Gutiérrez Rosas, en el que analizó dichos objetos y determinó que por las características y tipo del arma de fuego y cartuchos, se trata de una pistola calibre 22 modificada, de acuerdo con el artículo 9 fracción III en relación con el 10, fracción I, de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; asimismo, se realizó dictamen en materia de fotografía forense con el folio 1089 de fecha veintitrés del mismo mes y año, signado por la perito Gabriela García Pérez, quien llevó a cabo la fijación fotográfica de los indicios tanto del arma como de los cuatro cartuchos donde se advierten y confirman las características ya señaladas. Por otro lado, se tomó como parte de estas probanzas el reporte informativo realizado por los elementos de la policía municipal de San Andrés Cholula, Pedro Bastidas Lara y Fanny Esther Vega Hernández, mismos que indicó el fiscal fueron claros y categóricos en señalar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que el imputado portaba dentro de su radio de acción y ámbito de disponibilidad el arma de fuego con la clasificación y descripción ya especificada. Este informe fue robustecido con el diverso informe de investigación criminal con terminación 960/2023 de fecha cuatro de febrero de dos mil veintitrés, que realizó la elemento de la Policía Federal Ministerial Rosaura Rojas Mastranzo, quien confirmó que los elementos aprehensores acudían al lugar debido a una denuncía procedente del negocio denominado Chamochelas, que existen videograbaciones de las cuales recabó algunas impresiones fotográficas, en las cuales manifestó se puede advertir esos motivos que originaron la intervención de los elementos aprehensores. También está el informe policial homologado, y la inspección que realizó en el lugar de los hechos, el cual describe precisamente la vía pública donde ocurrió la detención. Finalmente, refiere que el imputado no cuenta con licencia para la portación de arma de fuego con la cual fue detenido, lo cual se acredita con el oficio SL / 1681 de fecha cuatro de febrero de dos mil veintitrés, emitído por el mayor de arma blindada Rubén Gonzalo Estrada, subjefe de la sección de licencias de la Dirección General del Registro Federal de armas de Fuego y Control de explosivos de la Sedena, quien informó que el imputado no cuenta con registro de licencia para portar alguna arma de fuego y que el arma de fuego afecta no se encuentra inscrita en dicho registro. Por tal motivo, el fiscal manifestó que se cuentan con los datos de prueba suficientes para sustentar el hecho con apariencia de delito de portación de armas de fuego sin licencia y solicitó se vincule a proceso al aquí quejoso. Acto seguido, el juez indico´ al quejoso que existen tres momentos para resolver su situación jurídica; la primera el día en que se lleva a cabo la audiencia inicial; la segunda dentro del plazo de setenta y dos horas; y la tercera, dentro del plazo ampliado, es decir, dentro de ciento cuarenta y cuatro horas, solicitándole indique qué momento elige para que se resuelva su situación jurídica. Previa consulta con sus defensores, el quejoso manifestó que elegía ese momento para que se resolviera su situación jurídica. Por lo que, el juez le concedió el uso de la palabra a la defensa, quien solicito´ que no se vincule a proceso al ahora quejoso, bajo el argumento que los datos de prueba que aporta la fiscalía no son suficientes para demostrar que el ahora quejoso cometió el delito que se le atribuye, ya que no existieron testigos que corroboren los hechos y además los videos del lugar Chamochelas dista mucho del lugar de los hechos, asimismo, argumenta la defensa que no existe congruencia y ni la determinación de modo, tiempo y lugar para saber si efectivamente la detención se debió a los acontecimientos dados en la negociación y que dieron origen a la denuncia realizada por el establecimiento, y por lo tanto no estaba constituido el delito de portación de arma de fuego sin licencia, no debía ser vinculado a proceso. Una vez cerrado el debate entre las partes, el Juez responsable resolvió la situación jurídica del quejoso, por lo que en términos de los artículos 19, constitucional, 261 y 316 del Código Nacional de procedimientos penales, dictó auto de vinculación a proceso en contra del aquí quejoso, por su probable participación en la comisión del hecho con apariencia de delito de portación de arma de fuego sin licencia, previsto y sancionado por el artículo 81, párrafo primero en relación con la los numerales 9, fracción III y 10, fracción I, de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Esta determinación el juez responsable la sustentó en los hechos que precisió, esto es, que el día dos de febrero de dos mil veintitrés aproximadamente a las diecinueve horas con cincuenta minutos, los policías municipales Pedro Bastida Lara y Fanny Esther Vega Hernández, al ir transitando sobre calle Andrómeda aproximadamente a 15 metros de la calle Triángulum a un costado del fraccionamiento Villas de Atlixco segunda sección de la Reserva Territorial Atlixcáyotl, en el Municipio de San Andrés Cholula, Puebla, sorprendieron al imputado llevando consigo una arma de fuego, tipo pistola mono tiro marca Mendoza, modelo K-62-3, calibre 22, long rifle modificada de pistola terminante y diábolo para adulto calibre 4. 5/. 177, a arma de fuego calibre 22 con rifle con matrícula DP 1022003911 y con sistema de disparo tiro a tiro por sistema de retrocarga, abastecida con un cartucho útil en la recámara y 3 adicionales más debajo de la misma, sin contar con autorización por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. El juez responsable sustentó tal dicho con base en los datos de prueba que ya se han mencionado, destacando la imputación directa y categórica de los policías municipales primeros respondientes, quienes dentro del reporte informativo de puesta a disposición de dos de febrero de dos mil veintitrés, señaláron de manera suficiente y convincente las circunstancias de tiempo, lugar y modo en que el imputado fue sorprendido llevando consigo esta arma de fuego. De igual manera, el juez agregó que lo anterior se robusteció por el reporte de inspección que realizó la policía federal ministerial Rosaura Rosas, en el que se mostró y describió el arma de fuego ya mencionada, cuyas características coincidieron con las señaladas por los policías primeros respondientes, así como la naturaleza del arma que se obtuvo del dictamen en materia de balística forense realizada por el perito adscrito a la Fiscalía General de la República, Raúl Gutiérrez Rosas, con folio 1090 de fecha tre de febrero de dos mil veintitrés, quien analizó y concluyó que efectivamente se trataba de una pistola calibre 22 modificada, con las características que se han señalado. A lo anterior, el juez adicionó el dictamen en materia de fotografía forense folio 1089, realizado en la misma fecha por Gabriela García Pérez, quién documentó de manera fotográfica la evidencia, el arma de fuego y los cartuchos asegurados. Aunado a esto, el juez añadió la inspección que se realizó en el lugar de los hechos por la policía federal ministerial Rosaura Rosas, en el que se determinó y especificó tanto el lugar donde sucedieron los hechos como el lugar previo a los hechos, esto es, la negociación denominada Chamochelas. Por lo que respecta al elemento normativo, el juez señaló la ausencia de alguna autorización o permiso legal para portar tal arma, lo cual se corroboró con el oficio de la Secretaría de la Defensa Nacional, mediante el cual informó que Jesús Manuel Zariñana Galeana no cuenta con permiso de portación de arma y además que el arma que llevaba consigo no estába registrada ante el Registro Federal de Armas de Fuego, Control y Explosivos. Concluyó el juez que los datos de prueba aportados tanto en lo individual como en conjunto se consideran suficientes para sustentar su determinación. Por otra parte, el juez responsable consideró infundadas las manifestaciones vertidas por la defensa del ahora quejoso, en las que en esencia argumentaron que no existen pruebas suficientes para acreditar que el quejoso cometió algún delito, pues el lugar donde se hizo la denuncia y de donde provienen los videos (chamochelas) fue un lugar diferente al lugar donde detuvieron al imputado, por lo que prodría tratarse de dos personas diferentes. Lo anterior, toda vez que el juez consideró que el hecho que el lugar de la detención del quejoso haya sido diferente al lugar de donde se realizó la llamada de denuncia, no significa que no se hubiese acreditado el hecho que se le imputa, ya que si bien los elementos de la policía no tenían la certeza que se trataba de la misma persona que habían reportado vía radio, lo cierto es, que cuando el elemento de la policía lo empieza a perseguir y trata de comunicarse con el aquí quejoso, este empieza a correr intentando darse a la fuga y cuando se percata que el policía se encuentra ya muy cerca, introduce su mano en la parte delantera de su pantalón, saca un objeto y lo tira a la calle; cuando la agente de la policía encuentra y levanta dicho objeto, advierte que se trata de un arma de fuego de la cual el sujeto dijo que no tenía permiso para portarla; en tales condiciones, con independencia de que se tratara o no de la misma persona que fue reportada por personal de la negociación "Chamochelas", a la hora que es perseguido por los agentes de la policía, el quejoso arrojó a la banqueta un arma de fuego que llevaba consigo y sin contar con los permisos correspondientes. Asimismo, el juez señaló que en la etapa preliminar en la que se encuentran únicamente se debe determinar si efectivamente existen datos de prueba razonables para establecer que existe un hecho con apariencia de delito y la probabilidad de que el imputado partició en el. Por lo anterior, el Juez señaló que se trata de un hecho con apariencia de delito y doloso, puesto que el quejoso portaba de manera injustificada y sin los permisos correspondiente un arma de fuego y que además intentó evadir a los elementos de la policía; asimismo, tampoco encontró alguna situación que señale que esté afectado de sus facultades mentales, psicológicas o de su voluntad, por lo que se considera una acción dolosa, material y directa, sin que se actualice alguna causa de extinción de la acción penal. En tales condiciones, el Juez determinó vincularlo a proceso por el hecho con apariencia de delito de portación de arma de fuego sin licencia, previsto y sancionado en el artículo 81, párrafo primero en relación con la los numerales 9, fracción III y 10 fracción I, todos de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, ordenando la notificación a las partes presentes. Esta determinación realizada por el Juez responsable es reclamada por el quejoso en el presente juicio de amparo, al considerarlo violatorio de sus garantías, por lo que se procede a su análisis. De inicio se advierte que el acto reclamado sí cumple con los requisitos que establece el artículo 19 constitucional, ya que el aquí quejoso fue informado y escuchó los hechos por los que se ha iniciado una investigación en su contra por parte del fiscal, asimismo, se le hizo saber su derecho a declarar o reservarse el derecho a declarar, eligiendo éste último, previo asesoramiento de su defensor. De igual manera, el Juez responsable le informó al quejoso su derecho a elegir el tiempo para resolver su situación jurídica, esto es, dentro de setenta y dos horas, ciento cuarenta y cuatro horas o en ese momento, a lo que el quejoso con asesoría de su defensa solicitó al Juez se resolviera su situación jurídica en ese momento. También se considera que el auto de vinculación materia de este juicio de amparo cumple con lo establecido por el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que se formuló una imputación al aquí quejoso; se le dio la oportunidad de declarar; de los hechos de investigación expuesto por la fiscal se advierten los datos de prueba suficientes para determinar que el quejoso participó en el hecho delictivo, pues existen los indicios suficientes para suponer que cometió el delito que se le imputa; como lo manifestó el Juez responsable, no existe dato alguno que actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente de delito; de igual manera el Juez hizo de su conocimiento los hechos que fueron motivo de su imputación y declaró auto de vinculación a proceso por estos mismos hechos delictivos. Por lo anterior expuesto, se considera que el juez responsable cumplió con los requisitos establecidos por el artículo 19 constitucional y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, mismos que fueron analizados anteriormente, los cuales se colmaron para la formulación de la imputación, quien a su vez tuvo la oportunidad de declarar y la asesoría de sus defensores en todo momento. Ahora bien, se comparte el criterio del Juez responsable en el sentido que existen los datos de prueba suficientes para determinar la probable participación del quejoso en el hecho delictuoso, pues de los hechos expuestos por el fiscal en lo que aquí interesa señaló lo siguientes: Que siendo aproximadamente las diecinueve horas con treinta y siete minutos del dos de febrero de dos mil veintitrés, los elementos policiales Pedro Bastida Lara y Fanny Esther Vega Hernández recibieron vía radio un reporte derivado de una llamada realizada por el establecimiento comercial denominado "Chamochelas", en la que reportaron que en este establecimiento se encontraba un individuo de sexo masculino de aproximadamente 1.85 metros de estatura, tez morena clara, que vestía playera tipo polo color blanco y pantalón de mezclilla color azul y tenis blancos, el cual portaba un arma de fuego y salió caminando rumbo a la calle Andrómeda. En consecuencia, los elementos de la policía se trasladan de inmediato en su unidad oficial a dicho lugar y al llegar, aproximadamente a las diecinueve horas con cuarenta y dos minutos sobre la calle Triángulum, advierten que va caminando sobre la banqueta en sentido contrario a ellos, una persona de sexo masculino, cuyas características coincidían con las que se les había reportado vía radio minutos antes. Al acercarse los elementos de la policía a esta persona (aproximadamente a metro de distancia), se percatan que el sujeto empieza a tener una actitud nerviosa, ya que no sabía hacía donde caminar y que en ese momento empezó a correr en dirección a la calle Andrómeda, por lo que el elemento Pedro Bastida Lara baja de la unidad vehicular y empieza a correr persiguiendo a dicho sujeto, mientras la oficial Fanny retorna a la unidad dando una vuelta en u sobre la referida calle. Mientras el oficial Pedro va corriendo tras el aludido sujeto, indicándole en repetidas ocasiones que se detuviera, haciendo caso omiso y al ver que el oficial ya estaba muy cerca, este último observa como mete la mano derecha en la parte delantera de su pantalón a la altura de su cintura, saca un objeto y lo tira hacia el lado derecho, mismo que cae y queda sobre la baqueta. Aproximadamente dos metros más adelante el oficial le da alcance al sujeto perseguido, sobre la calle Andrómeda aproximadamente a quince metros antes de llegar a la calle Triángulum, a un costado del fraccionamiento Villas Atlixco, segunda sección, Reserva Territorial Atlixcayotl, municipio de San Andrés Cholula, Puebla, por lo que le indica al sujeto que se tire al suelo. Al llegar la oficial Fanny a bordo de la unidad oficial, el agente Pedro le indica que el sujeto había tirado un objeto aproximadamente dos metros atrás de donde se encontraban. Por lo que ella va en búsqueda de dicho objeto, y encuentra en medio de la banqueta, aproximadamente a dos metros de distancia un arma de fuego de color negro con empuñaduras de plástico de color blanco con la capacidad de cuatro cartuchos útiles, la cual estaba abastecida con un cartucho en el interior de la recámara y tres más insertados en la parte inferior de la empuñadura. Los agentes interrogan a dicho sujeto quien dijo llamarse Jesús Manuel Zariñana Galeana, y al preguntarle si contaba con permiso de portación de arma de fuego, manifestó que no tenía permiso, en consecuencia, siendo aproximadamente las diecinueve horas con cincuenta minutos el oficial Pedro le informa que se encontraba detenido por el hecho con apariencia de delito de portación de arma de fuego sin licencia, por lo que sería remitido a la autoridad ministerial competente para que se determine la situación legal, dando lectura de los derechos que le asisten a las personas en detención. Una vez lo anterior, se trasladan a las oficinas ubicadas en el Complejo de Seguridad Pública de San Andrés Cholula, ubicado en San Bernardino Tlaxcalancingo Cholula, Puebla, en donde arribaron aproximadamente a las veinte horas con treinta y cinco minutos, para realizar la documentación de la puesta a disposición, esto es: la acta aviso, el informe policial homologado, las actas de inspección del objeto y del lugar de los hechos, el dictamen médico que se realizó al detenido (quien resultó en segundo grado de intoxicación etílica), el registro nacional de detenciones, (con folio PL/PP/120/02022023/0030); y la correspondiente cadena de custodia de los indicios que fueron asegurados, documentación que terminaron de realizar aproximadamente a las veintidós horas con cuarenta minutos y a las veintitrés horas con cincuenta minutos, del dos de febrero de dos mil veintitrés, procedieron a poner a disposición de la Fiscalía General de la República a Jesús Manuel Zariñana Galeana, junto con los objetos asegurados, donde se recibió e inicio la investigación correspondiente. Con lo anterior, se reitera que es acertado el criterio del Juez responsable, ya que de los datos de prueba que estableció la fiscalía, se advierte la probable participación del quejoso en el hecho delictuoso imputado, ya que existen los elementos que indican el indicio de que cometió el delito por el cual se encuentra en investigación por parte de la fiscalía, aunado a lo anterior la inexistencia de datos de prueba que controvierta o desvirtúe dichos hechos. Por lo tanto, se concluye que el auto de vinculación a proceso decretado por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla en contra de Jesús Manuel Zariñana Galeana por su probable participación como autor material del delito de portación de arma de fuego sin licencia, previsto y sancionado en el artículo 81, párrafo primero en relación con la los numerales 9, fracción III y 10 fracción I, todos de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, se encuentra ajustado a derecho y por lo tanto se niega el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada respecto a dicho acto. Análisis de la medida cautelar y el plazo de cierre de investigación complementaria. Son infundados los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa por los cuales pretende combatir las medidas cautelares y el plazo para el cierre de la investigación complementaria, fijados por el juez responsable, sin que en el presente caso se advierta queja que suplir a favor del quejoso. El quejoso refiere que fue incorrecto e ilegal que el juez impusiera como medidas cautelares la presentación periódica mensual y la exhibición de garantía económica por la cantidad de $5,000.00 (cinco mil pesos cero centavos Moneda Nacional), bajo el argumento que dichas medidas no son justificadas ni idóneas, ya que refiere que la víctima es la sociedad misma que no corre peligro ya que el arma que poseía el quejoso en el momento de su detención en encuentra asegurada. Contrario a lo que refiere la parte quejosa, este juzgador advierte que fue correcta determinación del juez, al considerar que existían los elementos suficientes para fijar las medidas cautelares consistentes en: La presentación periódica de manera mensual, el primer día hábil de cada mes, ante el Centro de Justicia Penal Federal, y; La exhibición de garantía económica por la cantidad de $5,000.00 (cinco mil pesos cero centavos Moneda Nacional). Estas medidas cautelares le fueron impuestas durante el tiempo que dure el proceso penal en contra del aquí quejoso, al considerar el juez responsable que se aplicaron los criterios de mínima intervención según las circunstancias particulares de cada persona, de conformidad con el artículo 19 constitucional, así como, atendiendo al principio de proporcionalidad previsto en el artículo 156 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Sin que lo anterior transgreda sus derechos, pues al quedar demostrada su probable participación como autor material del delito de portación de arma de fuego sin licencia, previsto y sancionado en el artículo 81, párrafo primero en relación con la los numerales 9, fracción III y 10 fracción I, todos de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, se impusieron tales medidas a efecto de evitar que el quejoso se sustraiga de la acción de la justicia. Por lo que dichas medidas cautelares se encuentran ajustadas a derecho, pues además de haber quedado justificadas, estas únicamente son impuestas por el tiempo que dure el procedimiento, sin que impliquen una medida o resolución definitiva, aunado a lo anterior que el juez responsable ordenó su inmediata libertad. Finalmente, contrario a lo manifestado por la parte quejosa es legal el plazo decretado para la investigación complementaria (un mes), pues este no excede el plazo de dos meses, además que la defensa de la parte quejosa en la audiencia manifestaron estar de acuerdo con dicho plazo, de ahí que resulta inoperante que pretenda argumentar su ilegalidad en este juicio de amparo al resultar contradictorio con su dicho, pues en su caso debió hacer valer su desacuerdo ante la autoridad responsable. SÉPTIMO. FORMA DE PUBLICACIÓN DE LA SENTENCIA Esta sentencia es de interés público, por lo que, con el objeto darle publicidad y al tiempo salvaguardar la información reservada o confidencial de su contenido, se ordena la elaboración de la versión pública y ponerla a disposición del público para su consulta en los mecanismos establecidos para tal efecto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y para cuando se efectúe la solicitud correspondiente en conformidad con el procedimiento de acceso a la información. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: PRIMERO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE A ***, respecto a los actos reclamados consistentes en la audiencia de inicial de cinco de febrero de dos mil veintitrés, auto de detención, vinculación a proceso, medidas cautelares y cierre de investigación, dictados en su contra dentro de la causa penal 80/2023, decretados por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla, por las razones precisadas en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. Publíquese esta sentencia como se indica en el considerando último. Notifíquese: personalmente al quejoso; por oficio a las autoridades responsables, al agente del Ministerio Público tercero interesado y electrónicamente a la agente del Ministerio Público de la Federación Angélica Palacios Zárate con nombre de usuaria "ANGELICAPALACIOS", para lo cual se ordena que la encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes haga las habilitaciones correspondientes. Así lo resolvió y firma Cuauhtémoc Escobar González, Juez Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla, ante José Doger Amador, secretario que autoriza, hoy cinco de junio de dos mil veintitrés, día en que las labores del juzgado lo permitieron. Doy fe.

  4. Principal

    Puebla, Puebla, dos de marzo de dos mil veintitrés. INFORME JUSTIFICADO Agréguese a sus autos el oficio de cuenta del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla, mediante el cual rinde su INFORME JUSTIFICADO, con su contenido dése vista a las partes en los términos del primer párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo. SE GLOSA DVD Asimismo, se ordena glosar un disco compacto en formato DVD; precisándose qué al existir imposibilidad material para digitalizar los discos compactos, se integra únicamente como anexo al expediente impreso, en términos del artículo 23 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo Sirve de apoyo a lo anterior la tesis 1a./J. 43/2013 (10a.) de la Primera Sala, visible en la página 703, Libro XXIII, agosto de 2013, Tomo 1, Décima Época, con registro 2004362, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL." TERCERO INTERESADO Ahora, de las constancias que remite la autoridad oficiante, se advierte el nombre y domicilio del agente del Ministerio Público que intervino en la causa penal ********************, de donde emanan los actos reclamados; en tales condiciones, se provee: Con fundamento en el numeral 5º, fracción III, inciso e), de la ley de la materia, téngase con el carácter de tercero interesado a: a) ********************, agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Delegación en Puebla, de la Fiscalía General de la República, con domicilio en: ******************** EMPLAZAMIENTO VÍA OFICIO En tales condiciones, con el presente proveído dese vista a este, remitiéndole copia digitalizada de la demanda de amparo y copia autorizada del auto admisorio, en términos del artículo 5, fracción III, inciso e), de la Ley de Amparo, a fin de que esté en aptitud de intervenir en lo que a su representación competa, en tales condiciones mediante oficio que al efecto se gire, emplácese a la referida parte. Asimismo, se le hace saber que se encuentran señaladas las NUEVE HORAS CON CUARENTA Y DOS MINUTOS DEL VEINTIDÓS DE MARZO DEL AÑO EN CURSO para que tenga verificativo la audiencia constitucional. Finalmente, se le informa la actuación electrónica como eje rector en la tramitación de expedientes a cargo del Poder Judicial de la Federación y la facultad de los juzgadores para exhortar a las partes que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea. Notifíquese.

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