Jesús Manuel Victoriano García

Expediente 1276/2018 tramitado ante el Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa. 1 actuación registrada, la última del 14 de diciembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1276/2018
Año
2018
Actuaciones
1
Última actuación
14/12/2018

Partes del expediente

  • Jesús Manuel Victoriano García

Actuaciones

  1. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCION I, INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO QUE DICE: "Xalapa, Veracruz, catorce de diciembre de dos mil dieciocho. Visto el oficio de cuenta signado por el Secretario del Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad y, constancias anexas, se advierte que dentro de los autos del juicio de amparo 1093/2018, del índice de ese órgano jurisdiccional, se ordenó la separación del juicio por diversos quejosos. Por tanto, este asunto se seguirá únicamente por el quejoso ***, reclama del Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número Cinco Oriente, con sede en Villa Aldama, Veracruz, y otras autoridades; por ende, fórmese expediente, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), anótese en el Libro de Gobierno de este Juzgado y regístrese el juicio de amparo con el número 1276/2018/V-A. Por otra parte, del análisis integral del escrito de demanda, se advierte que el promovente señala como acto reclamado: ? La incomunicación, segregación y malos tratos, prohibidos por el artículo 22 constitucional, con motivo del castigo que le fue impuesto derivado del correctivo disciplinario de veinticinco de octubre de dos mil dieciocho. FACULTAD DE DESECHAR LA DEMANDA ANTE UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. En principio, debe decirse que la demanda de amparo es notoriamente improcedente, lo que conduce a desecharla de plano, de conformidad con lo previsto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, que a letra dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". El dispositivo transcrito establece que el juez de amparo tiene la obligación de estudiar la demanda de garantías y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, tomando como base que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del ocurso, y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Tal consideración se encuentra sustentada por la Tesis I.1o.A. J/4 emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable a página ochocientos noventa, tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, cuyo rubro es el siguiente: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE." Ahora bien, este Juzgado de Distrito estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; (.)". De acuerdo con la disposición transcrita, el promovente antes de acudir al juicio de amparo contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, debe agotar previamente algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado el acto reclamado, siempre que conforme con las mismas leyes se suspenda el efecto de dicho acto de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el promovente, con los mismos alcances que los que prevé la Ley de Amparo y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo sea considerado, o no, susceptible de ser suspendido de acuerdo con esa ley. Ahora bien, conforme a lo contemplado en la Ley Nacional de Ejecución Penal, se estima que la parte quejosa debió impugnar el correctivo disciplinario que reclama, a través del recurso de revisión. Para llegar a tal conclusión, conviene precisar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria a través de la cual resolvió la contradicción de tesis 85/2015, respecto al régimen de privación de la libertad de una persona en el ámbito penal, sostuvo, en lo que interesa, que:  De conformidad con los artículos 18 y 20, apartados A y B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la privación de la libertad de una persona en el ámbito penal, necesariamente deriva de encontrarse en dos posibles situaciones jurídicas concretas: 1) por estar sujeto a un proceso penal por su probable responsabilidad en la comisión de un delito que autoriza la medida de prisión preventiva; o bien, 2) por haber sido sentenciado mediante resolución firme en un proceso penal en el que se le impuso pena de prisión.  Cualquiera que sea la razón de la privación de la libertad y la consecuente reclusión, el procesado o sentenciado, jurídicamente se encuentra bajo la disposición de la autoridad judicial (el Juez que instruye la causa penal o el Juez encargado de la ejecución de la sentencia), por lo que los actos vinculados a su condición jurídica de privación de libertad como sujeto de procedimiento penal, que puedan incidir directamente en ésta, ya sea que dicha privación obedezca a prisión preventiva o a la ejecución de la pena, atañen a las facultades de la autoridad judicial y se habrán de entender como parte del procedimiento penal.  El acta que impone correctivos disciplinarios al reo, emitida por el Consejo Técnico Interdisciplinario del Centro Federal de Readaptación Social, debe considerarse como un acto dentro de procedimiento.  Conforme al nuevo sistema de justicia penal en vigor a partir de dos mil once, a la autoridad judicial le corresponde resolver los actos inherentes a la ejecución de la pena privativa de libertad y la medida de prisión preventiva y a la autoridad administrativa (el Ejecutivo Federal), a través de sus órganos competentes, la administración de los centros de reclusión. Consideraciones que también han sido sostenidas por el Pleno del Más Alto Tribunal del país, quien ha determinado que en virtud de las reformas a los diversos preceptos 18 y 21 constitucionales, vigentes a partir del diecinueve de junio de dos mil once, los eventos de trascendencia jurídica que surjan durante la privación de libertad de una persona sujeta a procedimiento penal, como son, entre otros, los aspectos relacionados con los problemas que en su trato cotidianamente reciben los procesados o sentenciados, quedaban bajo la supervisión y determinación exclusiva de la autoridad judicial, como se desprende del contenido de la jurisprudencia P./J. 17/2012, visible a foja 18, Libro XIII, Tomo 1, Octubre de 2012, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "PENAS. SU EJECUCIÓN ES COMPETENCIA EXCLUSIVA DEL PODER JUDICIAL, A PARTIR DEL 19 DE JUNIO DE 2011. " Bajo la anterior doctrina constitucional emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, conviene precisar que la Ley Nacional de Ejecución Penal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciséis de junio de dos mil dieciséis, vigente a partir del día siguiente a su publicación conforme con lo dispuesto en su artículo Primero Transitorio, en sus diversos numerales 2º y 48, dispone: "2. Ámbito de aplicación. Las disposiciones de esta Ley son de orden público y de observancia general en la Federación y las entidades federativas, respecto del internamiento por prisión preventiva, así´ como en la ejecución de penas y medidas de seguridad por delitos que sean competencia de los tribunales de fuero federal y local, según corresponda, sobre la base de los principios, garantías y derechos consagrados en la Constitución, en los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, y en esta Ley". "Artículo 48. Impugnación de resoluciones. Las resoluciones del Comité Técnico se impugnarán dentro de los tres días siguientes a su notificación y procederá su revisión ante el Juez de Ejecución. Cuando se impugne resoluciones administrativas por faltas disciplinarias, se dejará en suspenso la aplicación de las sanciones impuestas, hasta que el Juez de Ejecución resuelva en definitiva, sin perjuicio de que se adopten las medidas administrativas necesarias que salvaguarden la seguridad y orden en el Centro Penitenciario". Numerales de los cuales se desprende, en lo que aquí interesa, tratándose del primero de esos dispositivos, que dicha ley es de orden público y de observancia general para la Federación y las entidades federativas, respecto del internamiento por prisión preventiva, la ejecución de penas y medidas de seguridad por delitos del orden federal y local. Mientras que en el segundo de los citados preceptos se desprende que el ordenamiento referido prevé un recurso ordinario ante la autoridad judicial para impugnar las resoluciones emitidas por el Comité Técnico, consistente en el recurso de revisión, mismo que procede contra resoluciones como la que constituye el acto reclamado, por tratarse de una resolución emitida por el Comité Técnico Interdisciplinario del Centro Federal de Readaptación Social Número Cinco "Oriente", con residencia en Villa Aldama, Veracruz. Medio de impugnación que debió agotar previamente a la presentación de la demanda de amparo, pues al cobrar vigencia la Ley Nacional de Ejecución Penal, dicha normatividad es la que resulta aplicable por ser la acorde al nuevo modelo de reinserción social previsto en las reformas a los diversos preceptos 18 y 21 Constitucionales, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil once. Por lo tanto, se concluye que el presente juicio de amparo resulta improcedente respecto del acto reclamado por el quejoso, al encontrarse previsto por la Ley Nacional de Ejecución un recurso ordinario mediante el cual el acto aquí reclamado puede ser modificado ante la autoridad judicial, quien resulta la competente para resolver las controversias planteadas que surjan durante la privación de libertad de una persona sujeta a procedimiento penal, medio de impugnación que debe agotarse previo a instar el juicio de amparo. Máxime cuando con la interposición del recurso de revisión se suspende la aplicación o ejecución de la sanción disciplinaria, sin que se advierta que el dispositivo que establece la procedencia de dicho recurso exija mayores requisitos que la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor al estipulado para resolver sobre la suspensión provisional. En consecuencia al actualizarse la causa de improcedencia anunciada, con fundamento en el artículo 61, fracción XX, en relación con el diverso 113, ambos de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA, origen de este juicio. Háganse las anotaciones correspondientes. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Como lo solicita la parte quejosa, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que índica en el proemio de la demanda; ahora bien, atendiendo al estado de reclusión del quejoso, de igual forma se tiene como su domicilio para oír y recibir notificaciones el Centro Federal de Readaptación Social Número Cinco "Oriente", con sede en Cerro de León, municipio de Villa Aldama, Veracruz, acorde con el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo. Por otra parte, se tiene como autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a ***, debido a que cuenta con cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Cédulas Profesionales de Abogados Postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación. Asimismo, como sus autorizados en términos del párrafo segundo del artículo 12 de la Ley de la Materia a ***, en razón de no contar con cédula profesional registrada en el referido sistema. EXPEDICIÓN DE COPIAS En términos de lo previsto en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se autoriza la entrega del presente proveído y copias de las actuaciones de este juicio de amparo que las partes soliciten ante el actuario adscrito a este órgano jurisdiccional, quien hará entrega de las mismas a quien se encuentre autorizado para tal efecto, previa identificación y razón que por su recibo otorgue en autos para debida constancia; con la salvedad de que, no procederá la entrega de copias en los casos expresamente prohibidos por la ley aplicable. HABILITACIÓN DÍAS Y HORAS Finalmente, con fundamento en el artículo 282 del Código de Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los Actuarios Judiciales de la adscripción puedan efectuar las actuaciones y diligencias que deriven de este juicio de amparo, incluso, fuera del horario que para tal efecto dispone la Ley de Amparo. DIGITALIZACIÓN Conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo en vigor, así como en capítulo tercero, del Acuerdo General Conjunto 1/2014, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regula la integración de los expedientes impreso y electrónico, y el acceso a éste, así como las notificaciones por vía electrónica, mediante el uso de la FIREL, a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación previsto en el artículo 3º de la Ley de Amparo, procédase a la digitalización del expediente. LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Suprímase en la versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. ... "

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