Jesús Manuel Verdugo Sicairos
Expediente 952/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 3 actuaciones registradas, la última del 11 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 952/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 11/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Jesús Manuel Verdugo Sicairos
Actuaciones
- Principal
En Culiacán, Sinaloa, once de octubre de dos mil veintitrés. Por recibido el oficio que remite la Actuaria Judicial del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosegundo Circuito con sede en Mazatlán, mediante al cual acompaña la resolución de veintidós de septiembre del presente año, en autos del impedimento 30/2023, en el cual se resuelve: [.] ÚNICO. Se califica de legal y, por ende, es fundado el impedimento planteado. [.] Circunstancia de la cual se toma el debido conocimiento; remítase el acuse respectivo. Por otro lado, toda vez que no existe diligencia por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el numeral 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, se ordena el archivo definitivo de este expediente como concluido; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En el entendido que hasta en tanto se encuentren debidamente notificadas las partes del presente acuerdo, se remitirá físicamente al archivo definitivo el juicio en que se actúa. En acatamiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente es susceptible de destrucción. En el entendido que este expediente no es de relevancia documental, por no encuadrar en alguno de los supuestos indicados en el citado Acuerdo General. Notifíquese. Así lo acordó el licenciado Pedro Jara Venegas, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa, asistido del licenciado José Luis Macías Márquez, Secretario que da fe.
- Principal
Culiacán, Sinaloa, a trece de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el oficio remitido vía sistema electrónico de interconexión por la Actuaria Judicial adscrita al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Segundo Circuito, por el que se informa la admisión del impedimento planteado por el Titular de este órgano jurisdiccional; circunstancia de la cual se toma el debido conocimiento, y se estará a la espera de lo resuelto por la superioridad. Notifíquese.
- Principal
Culiacán, Sinaloa, dieciséis de agosto de dos mil veintitrés. I. Parte quejosa. Jesús Manuel Verdugo Sicairos. II. Formación del Expediente. Visto el escrito de demanda promovido por Jesús Manuel Verdugo Sicairos; con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo apertúrese el expediente electrónico, para lo cual, el secretario encargado deberá asegurar la integridad del expediente electrónico, procurando que el contenido de las promociones, los acuerdos, resoluciones o sentencias y los correspondientes registros administrativos, se generen de manera electrónica, utilizando los medios tecnológicos y soluciones digitales. En el caso en que un asunto se inicie y tramite a través de documentos físicos, los órganos jurisdiccionales deberán digitalizar las constancias e incorporarlas al expediente electrónico a través del uso de firma electrónica, generando sus actuaciones en versión electrónica e imprimiendo únicamente lo que resulte indispensable para el impulso del asunto, como puede ser el caso de las constancias de notificación. La firma electrónica FIREL, e.firma dará certeza y validez jurídica de la integridad del expediente electrónico. III. Impedimento para conocer del presente juicio de amparo. Del escrito inicial de demanda se advierte que en el presente asunto se reclama el artículo 50, fracción II de la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa; por tanto, se considera que este órgano jurisdiccional no está en aptitud de conocer del presente juicio de amparo, por las razones que a continuación se exponen: El artículo 51 de la Ley de Amparo dispone: 51. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados de circuito, los jueces de distrito, así como las autoridades que conozcan de los juicios de amparo, deberán excusarse cuando ocurra cualquiera de las siguientes causas de impedimento: I. Si son cónyuges o parientes de alguna de las partes, de sus abogados o representantes, en línea recta por consanguinidad o afinidad sin limitación de grado; en la colateral por consanguinidad dentro del cuarto grado, o en la colateral por afinidad dentro del segundo; II. Si tienen interés personal en el asunto que haya motivado el acto reclamado o lo tienen su cónyuge o parientes en los grados expresados en la fracción anterior; III. Si han sido abogados o apoderados de alguna de las partes en el asunto que haya motivado el acto reclamado o en el juicio de amparo; IV. Si hubieren tenido el carácter de autoridades responsables en el juicio de amparo, o hubieren emitido en otra instancia o jurisdicción el acto reclamado o la resolución impugnada, excepto cuando se trate del presidente del órgano jurisdiccional de amparo en las resoluciones materia del recurso de reclamación; V. Si hubieren aconsejado como asesores la resolución reclamada; VI. Si figuran como partes en algún juicio de amparo semejante al de su conocimiento; VII. Si tuvieren amistad estrecha o enemistad manifiesta con alguna de las partes, sus abogados o representantes; y VIII. Si se encuentran en una situación diversa a las especificadas que implicaran elementos objetivos de los que pudiera derivarse el riesgo de pérdida de imparcialidad. De lo antes transcrito, se puede advertir que de satisfacerse cualquiera de los supuestos legales aludidos, resulta forzosa la excusa del funcionario. Por lo que, atento a lo dispuesto en dicho numeral, se actualiza la causa establecida en la fracción VI de dicho precepto, pues el Titular de este órgano jurisdiccional figuró como parte en el juicio de amparo 978/2016, en el que se reclamó el artículo 50, fracciones II y III, de la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa, por lo cual guarda exacta semejanza con los actos reclamados en el presente sumario. Dado que ese juicio de amparo se radicó en este juzgado se planteó el impedimento correspondiente que, al calificarse legal, se remitió a diverso Juzgado cuyo conocimiento correspondió al Juzgado Cuarto de Distrito de esta ciudad, donde se radicó con el número 150/2017. El señor Juez Cuarto de Distrito resolvió dicho juicio constitucional y, en la actualidad, declaró cumplida la sentencia en la que concedió la protección de la Justicia de la Unión. Aun cuando existe pronunciamiento en relación con que la sentencia de amparo está cumplida, de cualquier forma subsiste el impedimento, en la medida que la fracción VI del artículo 51 de la Ley de Amparo no distingue que el juicio de amparo esté en trámite o totalmente concluido. Adicional a lo anterior, la fracción VIII de ese numeral contempla como causa de impedimento el encontrarse en situación diversa a las especificadas en las fracciones anteriores que impliquen elementos objetivos de los que pudiera derivarse el riesgo de la pérdida de imparcialidad; de tal manera, al ser parte en el referido juicio de amparo 150/2017, en el que alegué la inconstitucionalidad de las normas legales reclamadas por el aquí quejoso en el presente juicio, de ello se obtienen datos de los cuales se desprenden elementos objetivos que denotan mi parcialidad, pues precisamente porque como gobernado propuse la inconstitucionalidad de la norma legal, aspecto que subsiste; por lo que también se actualiza la referida causa de impedimento, al margen que en la actualidad esa sentencia de amparo está cumplida, pues de cualquier forma mi ánimo es parcial. En mérito de lo expuesto, el Titular de este órgano jurisdiccional está legalmente impedido en términos del artículo 51, fracciones VI y VIII, de la Ley de Amparo para conocer del presente juicio. Por tanto, con fundamento en lo establecido en los artículos 51, fracción VI, 52 y 54, fracción III, inciso c), de la Ley de Amparo, hágase la anterior circunstancia del conocimiento del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Segundo Circuito, con sede en Mazatlán, en turno, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de dichos tribunales, remitiéndole al efecto el original del juicio de amparo en que se actúa, así como copia certificada del juicio de amparo 978/2016, de nuestro índice, para que resuelva respecto el impedimento planteado; hágase la anotación correspondiente en el libro de gobierno respectivo, y fórmese cuaderno de antecedentes. IV. Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio procesal de la parte quejosa el que señala en la demanda de amparo y como autorizada en los términos que indica a la persona que menciona, quien cuenta con su cédula profesional registrada en el sistema habilitado para tal efecto. Como lo solicita la promovente se autoriza la consulta del expediente electrónico y las notificaciones por ese medio al usuario al usuario propuesto; por tanto, otórguese la autorización correspondiente, toda vez que ha cumplido con los requisitos correspondientes para acceder a dicho servicio. Se instruye a la Oficial encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes a fin de que se realicen las actuaciones en el referido sistema. Asimismo, se comisiona al Actuario para que las notificaciones personales que se dicten en el expediente sean notificadas a la parte quejosa por el sistema electrónico, levantándose la razón correspondiente. Se tiene como forma especial y expedita de contacto, el correo electrónico propuesto a través del cual se podrá entablar comunicación no procesal, cuyo contenido se deberá registrar y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa certificación correspondiente. Notifíquese. Así lo acordó el licenciado Pedro Jara Venegas, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa, asistido del licenciado Ramón Gustavo Grajeda Tello, Secretario que da fe.
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