Jesús Manuel Valenzuela Silvestre

Expediente 283/2020 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 23 actuaciones registradas, la última del 21 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
283/2020
Año
2020
Actuaciones
23
Última actuación
21/04/2021

Partes del expediente

  • Jesús Manuel Valenzuela Silvestre

Actuaciones

Las 4 más recientes de 23.

  1. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación secretarial de cuenta, se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo de diez días hábiles que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya recurrido la sentencia constitucional de treinta de marzo de dos mil veintiuno, pronunciada dentro de los autos del juicio de amparo en que se actúa; en consecuencia, con fundamento en el artículo 2° de la ley invocada, en relación con los diversos numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, glósese a los presentes autos el cuaderno original del incidente de suspensión y en su oportunidad, archívense los autos como asunto totalmente concluido. Sin que se oponga a la anterior determinación el que no se encuentre glosado el acuse por el que se ordenó notificar a la autoridad responsable foránea, la sentencia que el día de hoy causa ejecutoria, toda vez que se estima que con ello no se causa algún agravio a la misma, entendiendo como tal, todo menoscabo, lesión, ofensa o perjuicio en su esfera jurídica o en su patrimonio, siempre que éste sea material y apreciable objetivamente con motivo de la actividad u omisión del órgano jurisdiccional que esté conociendo del asunto o haya tenido conocimiento de él; ello acontece en el caso, en virtud de que, como se advierte de la certificación secretarial de cuenta, dicha resolución sobreseyó en el juicio. En este orden de ideas, si establecemos que el recurso de revisión que dispone el artículo 81 de la ley de la materia, es el medio de impugnación para el caso de que el recurrente considere que se le ha causado un agravio, y su objetivo es que un órgano superior, examine la resolución dictada por el inferior para obtener una mejoría jurídica de la resolución impugnada, ya sea por revocación o modificación del asunto de que se trate, y que el diverso numeral 87 de la legislación invocada, establece que las autoridades responsables sólo podrán interponer recurso de revisión contra las sentencias que afecten directamente el acto que a cada una de ellas se haya reclamado; en consecuencia, como se apuntó, en este caso en particular, no se estudió el acto reclamado por las razones antes expuestas, por tanto, se llega al convencimiento de que no existe tal afectación; aunado a que, el presente asunto no se encuentra en los supuestos que establece la parte final del primer párrafo del citado numeral. A mayor abundamiento, cabe puntualizar que si conforme a lo dispuesto por los artículos 107, fracción I, constitucional y 6 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en de la fracción I, del artículo 5 de la invocada legislación, debiendo por ello seguirse por el agraviado, su representante, apoderado o por su defensor, lo que significa que tanto la promoción del amparo como sus recursos e instancias se seguirán siempre por persona interesada, o sea, aquella a quien el acto reclamado o la actuación u omisión impugnados causen un agravio personal y directo; es evidente que siendo esto un principio fundamental del juicio constitucional que legitima a los promoventes, para accionar, y al haberse sobreseído el presente juicio, la autoridad responsable carece de legitimación para interponer el recurso de revisión en cuestión, dado que, con el dictado de la sentencia correspondiente ha quedado agotada su actuación, de modo que el interés para que en todo caso tal determinación subsista o no, sólo la tiene la parte promovente. Por otra parte, en cumplimiento a lo ordenado en el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades, es destruible y carece de relevancia documental por no encuadrar en los supuestos establecidos en el artículo 15 del citado acuerdo; así entonces, hágase la anotación correspondiente en la carátula respectiva, así como la relativa al archivo del presente expediente. Expediente que de conformidad con lo asentado en la certificación secretarial de cuenta, no encuadra en alguna de las hipótesis que establecen los capítulos quinto, sexto o séptimo del Acuerdo General en cita. Consecuentemente, una vez que transcurra el término de tres años a que se refiere el primer párrafo del numeral 21 del citado acuerdo, procédase a su destrucción en términos del penúltimo parágrafo del citado dispositivo; lo que se estima acontecerá a partir del veintidós de abril de dos mil veinticuatro. Ahora, toda vez que de la certificación secretarial de cuenta, se advierte que el duplicado del incidente de suspensión se encuentra dentro de la hipótesis que establece el artículo veinte, fracción II, inciso a), capitulo octavo del acuerdo en mención, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que instaura las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, por tanto, el mencionado duplicado es susceptible de destrucción; consecuentemente, una vez que transcurra el término de seis meses a que se refiere el primer párrafo del numeral 20 del citado acuerdo, procédase a su destrucción; lo que se estima acontecerá a partir del veintidós de octubre de dos mil veintiuno.

  2. Principal

    R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Myrna Dioselin Pacheco Peralta, en favor del directamente agraviado Jesús Manuel Valenzuela Silvestre, en los términos del considerando tercero de este fallo. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de esta sentencia constitucional

  3. Principal

    Agréguese a los autos para que surta sus efectos legales conducentes, el informe justificado remitido por la Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Agencia IV-3 Investigadora de la Unidad de Investigación y Litigación en el Estado en representación de la autoridad responsable Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Agencia Séptima Investigadora de la Unidad de Investigación y Litigación en el Estado de Baja California, Tijuana; así entonces, con su contenido, en términos de lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes a fin de que manifiesten lo que a su interés legal convenga.

  4. Principal

    Agréguese a los autos para que obre únicamente como constancia, el informe justificado remitido por la Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Agencia IV-3 Investigadora de la Unidad de Investigación y Litigación en el Estado en representación de la autoridad responsable Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Agencia Séptima Investigadora de la Unidad de Investigación y Litigación en el Estado de Baja California, Tijuana, sin que haya lugar a realizar mayor pronunciamiento respecto a su contenido, toda vez que el mismo no cuenta con las formalidades previstas en el artículo 129 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, indispensables para acreditar su calidad de documental pública oficial y tener certeza de que fue emitida por un servidor público en ejercicio de sus funciones, pues carece de sello en la firma de quien suscribe. En consecuencia, requiérase nuevamente a la autoridad responsable Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Agencia Séptima Investigadora de la Unidad de Investigación y Litigación en el Estado de Baja California, Tijuana, para que en el término de tres días, remita de nueva cuenta el informe justificado con las formalidades antes señaladas. Lo anterior, toda vez que las mismas son necesarias para la debida resolución del presente asunto; con el apercibimiento que de no hacerlo así de manera justificada, se le impondrá multa por la cantidad equivalente a cien veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, de conformidad con lo establecido por el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, medida de apremio que se estima prudente fijar en dicho monto, a fin de cumplir el mandato aquí establecido y lograr la eficaz prosecución del procedimiento. En otro contexto, intégrese a los autos para que obre únicamente como constancia, el oficio remitido en representación de la autoridad responsable Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Agencia Quinta Investigadora de la Unidad de Investigación y Litigación en el Estado de Baja California, Tijuana; sin que haya lugar a realizar mayor pronunciamiento respecto a su contenido en virtud de que fue materia del proveído de veintiséis de febrero del año en curso.

Quedan 19 actuaciones en este expediente

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