Jesús Manuel Salcido Rodríguez
Expediente 160/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 4 actuaciones registradas, la última del 16 de marzo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 160/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 16/03/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Jesús Manuel Salcido Rodríguez
Actuaciones
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; dieciséis de marzo de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta, y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en el presente juicio interpusieran recurso de revisión, en contra del auto de veintisiete de febrero de dos mil diecisiete, en el cual se sobreseyó el presente juicio de amparo, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso d) de la Ley de Amparo en vigor, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Al no existir actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de destrucción según lo dispuesto por la fracción II del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Luego de transcurridos seis meses destrúyase el duplicado del incidente, de conformidad con la fracción III del punto vigésimo del invocado Acuerdo General 1/2009, para lo cual manténgase ligado. En cuanto al incidente de suspensión original, de conformidad con el segundo párrafo de la fracción III, del invocado punto vigésimo primero del Acuerdo General en mención, el mismo es susceptible de depuración, por lo que deberán conservarse todas las resoluciones relativas a su otorgamiento. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en comento. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales tal como se indica en el 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; de igual forma, el asunto no contiene información clasificada como reservada según el ordinal 110 del ordenamiento legal invocado; ni las partes entregaron información con carácter de confidencial, en términos del numeral 113 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; dos de marzo de dos mil diecisiete. Glósese a los autos la copia del oficio enviado por el Titular de la Delegación del Instituto Federal de Defensoría Pública Delegación Chihuahua, mediante el cual informa que se designó a la licenciada *******, Defensora Pública Federal adscrita al Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chihuahua, para otorgar el servicio de defensa que corresponda. Atento a lo anterior, gírese oficio a dicha Delegación para que haga del conocimiento de la licenciada *******, que por auto de veintisiete de febrero del año en curso, se sobreseyó el juicio de amparo, ello al haberse desistido el quejoso de la demanda que promovió. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Incidental
INTERLOCUTORIA Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiocho de febrero de dos mil diecisiete. Vistos, para resolver los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo *******, y; RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito recibido el veinte de febrero del año en curso, ******* solicitó la protección de la Justicia Federal, así como la suspensión de los actos reclamados al Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número Nueve Norte, en esta ciudad, y otra autoridad, de quienes reclama: La negativa de proporcionarle atención médica, pues manifiesta que desde hace más o menos un año tiene ataques de nervios, depresión, estrés y ansiedad, por lo que solicitó se le diera algún medicamento para su padecimiento, sin que a la fecha se le hubiere dado respuesta favorable. SEGUNDO. Tramitación del incidente. Por proveído de veintiuno de febrero de dos mil diecisiete, se dio apertura al incidente de suspensión, se solicitaron sus informes previos a las autoridades responsables y se señaló día y hora para celebrar la audiencia incidental, la cual se llevó a cabo tal y como se desprende del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este juzgado es competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión, en términos de los numerales 48 en relación con el 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33, fracción IV, 125 y 128 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Presunción de existencia del acto reclamado. El Director General y Titular del Área Médica, ambos del Centro Federal de Readaptación Social Número Nueve Norte, en esta ciudad, fueron omisos en rendir sus informes previos, no obstante que fueron debidamente requeridos para ello, tal y como se desprende del acuse de recibo que obra a foja dieciséis del sumario, por lo que de conformidad con lo establecido en el artículo 142 de la Ley de Amparo, se presume cierto el acto que les atribuye el quejoso. TERCERO. Procedencia de la suspensión solicitada. En el caso, se concede la suspensión definitiva al quejoso, al actualizarse los supuestos que prevé el numeral 128 de la Ley de Amparo, pues fue solicitada por aquel y con su concesión no se sigue perjuicio al interés social, ni se contravienen disposiciones de orden público, conforme lo prevé el ordinal 129 de la Legislación en comento. Lo anterior es así, pues de conformidad con el artículo 4, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda persona tiene derecho a la protección de la salud, esto es, sin importar su situación personal o jurídica, por lo que, tratándose de internos de un centro penitenciario federal que reclamen la omisión de brindarles la atención médica requerida, procede conceder la suspensión en el juicio de amparo. Así, atendiendo a que ******* señala que ha sido objeto de negligencia médica, toda vez que no se la ha brindado la atención médica adecuada a su padecimiento; por lo que se requiere al Director y al Titular del área médica, ambos del Centro Federal de Readaptación Social Número Nueve "Norte", en esta ciudad, a fin de que giren sus instrucciones a quien corresponda, con el propósito de que de manera inmediata se proporcione al quejoso la atención médica adecuada en relación con el padecimiento que sufre; ello, claro está, previa revisión y valoración que realice el médico tratante. En sustento a lo anterior se cita la tesis jurisprudencial VII.2o.P. J/2 (10a.), de la Décima Época, aprobada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 27, Febrero de 2016, Tomo III, Materia Constitucional, página 1966, registro 2011012, que a la letra dice: DERECHO A LA SALUD DE LOS INTERNOS EN UN CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL. ACCIONES QUE EL JUEZ DE AMPARO DEBE EXIGIR A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES PARA PRESERVAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS RECLUSOS ENFERMOS Y GESTIONES QUE ÉSTAS DEBEN REALIZAR CUANDO SE ACREDITE QUE LA OPCIÓN MÁS ADECUADA PARA TRATAR SU PADECIMIENTO ES INCOMPATIBLE CON LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EN MATERIA DE SALUD IMPLEMENTADAS EN DICHO CENTRO. El marco normativo que integran los artículos 1o., 4o. y 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 25, numeral 1, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 10 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; XI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 1 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador"; 5 de los Principios Básicos para el Tratamiento de Reclusos, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su resolución 45/111; 22, 24, 25, 26 y 62 de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos; y, 17 del Reglamento del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, garantiza el derecho fundamental a la salud a todo ser humano, a cuyo reconocimiento está obligado cualquier servidor público, aun cuando se trate de un interno en un establecimiento penitenciario, pues su protección no se merma, sino que el Estado tiene la obligación de procurarla. En ese tenor, se han dispuesto las citadas Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos y el Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión. Por consiguiente, si el quejoso se encuentra recluido en un Centro Federal de Readaptación Social y no se le proporciona la atención médica que requiere, ello obliga al Juez de amparo a que, abordada la cuestión con plenitud y analizadas las implicaciones pronta y frontalmente, exija a la autoridad responsable que lo tenga a su disposición que acredite, con los exámenes médicos respectivos, el estado de salud de aquél, informando los datos que permitan identificar la atención médica que requiere, a fin de asegurar que la proporcionada es la que necesita, de acuerdo con su particular condición de salud, así como requerirle que proceda de inmediato a aplicarle los exámenes médicos correspondientes, para determinar el tipo de tratamiento médico adecuado que necesite, durante el tiempo que permanezca a su disposición. Lo anterior implica que la autoridad responsable considere qué medida es más conveniente para brindar al quejoso el trato médico apropiado a su padecimiento y, atento a su resultado, suministre los medicamentos o insumos básicos y esenciales para su oportuno tratamiento, en aras de preservar la calidad de vida del recluso. Además, en caso de que se acredite fehacientemente que la opción más adecuada es incompatible con las políticas públicas en materia de salud implementadas por el centro penitenciario en que guarda reclusión el quejoso, en virtud de involucrarse el derecho humano a la salud, la autoridad responsable deberá realizar las gestiones pertinentes para que sea atendido en algún hospital o en las clínicas del sector salud donde pueda recibir su tratamiento en las condiciones adecuadas e idóneas a su padecimiento. En tales condiciones, requiérase a las autoridades señaladas como responsables, para que dentro del término de veinticuatro horas, contadas a partir de su legal notificación, informen a este órgano de control constitucional sobre el requerimiento del tratamiento médico, para lo cual, deberán agregar copia certificada de las constancias que así lo acrediten, esto es, los exámenes médicos que documenten el diagnóstico, el tipo de tratamiento médico adecuado que requiere atento a su particular condición de salud y la evolución que ha tenido el quejoso; ello, bajo el apercibimiento, que de no cumplir será sancionada en términos de los artículos 262, fracción V, de la Ley de Amparo. Apoya lo anterior la tesis 2a. CVIII/2014 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, Materia Constitucional, página 1192, de la Décima Época, registro 2007938, del epígrafe y texto: SALUD. DERECHO AL NIVEL MÁS ALTO POSIBLE. ÉSTE PUEDE COMPRENDER OBLIGACIONES INMEDIATAS, COMO DE CUMPLIMIENTO PROGRESIVO. El artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales prevé obligaciones de contenido y de resultado; aquéllas, de carácter inmediato, se refieren a que los derechos se ejerciten sin discriminación y a que el Estado adopte dentro de un plazo breve medidas deliberadas, concretas y orientadas a satisfacer las obligaciones convencionales, mientras que las de resultado o mediatas, se relacionan con el principio de progresividad, el cual debe analizarse a la luz de un dispositivo de flexibilidad que refleje las realidades del mundo y las dificultades que implica para cada país asegurar la plena efectividad de los derechos económicos, sociales y culturales. En esa lógica, teniendo como referente el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental contenido en el artículo 12 del citado Pacto, se impone al Estado Mexicano, por una parte, la obligación inmediata de asegurar a las personas, al menos, un nivel esencial del derecho a la salud y, por otra, una de cumplimiento progresivo, consistente en lograr su pleno ejercicio por todos los medios apropiados, hasta el máximo de los recursos de que disponga. De ahí que se configurará una violación directa a las obligaciones del Pacto cuando, entre otras cuestiones, el Estado Mexicano no adopte medidas apropiadas de carácter legislativo, administrativo, presupuestario, judicial o de otra índole, para dar plena efectividad al derecho indicado. Por lo expuesto y fundado, se; RESUELVE PRIMERO. Se concede la suspensión definitiva a *******, respecto a las autoridades precisadas en el considerando segundo, por los motivos expuestos en el considerando tercero de esta interlocutoria. SEGUNDO. Se requiere a las autoridades señaladas como responsables, para que dentro del término de veinticuatro horas, contadas a partir de su legal notificación, informen a este órgano de control constitucional sobre el requerimiento del tratamiento médico. Notifíquese. Lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veintisiete de febrero de dos mil diecisiete. Vista la constancia de notificación al quejoso de veintidós de febrero de dos mil diecisiete, se desprende que *******, desiste del presente juicio de amparo, por lo que se le tiene por desistido de la demanda que dio origen al presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo en vigor, se sobresee en el presente juicio de garantías. Cobra aplicación al respecto la tesis visible en la página 240, del Tomo XI, Abril de 1993, Octava Época, Semanario Judicial de la Federación, que es del tenor siguiente: "DESISTIMIENTO EXPRESO DE LA DEMANDA DE AMPARO, ORIGINA EL SOBRESEIMIENTO. Cuando la quejosa se desiste de la demanda de garantías y ratifica el desistimiento, se configura y acredita plenamente la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 74 fracción I de la Ley de Amparo." Atento a lo anterior, se deja sin efectos la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional, esto es, las diez horas con treinta minutos del veintitrés de marzo de dos mil diecisiete. Provéase lo conducente en el incidente de suspensión del cual deriva el presente juicio. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
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