Jesús Manuel Rodríguez Ibarra

Expediente 738/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 16 actuaciones registradas, la última del 16 de noviembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
738/2017
Año
2017
Actuaciones
16
Última actuación
16/11/2017

Partes del expediente

  • Jesús Manuel Rodríguez Ibarra

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    El dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete, Jorge Martín Zamora González secretario de juzgado CERTIFICA: Que el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para interponer recurso de revisión, transcurrió para la parte quejosa del veintinueve de septiembre al dieciséis de octubre del presente año, sin que a la fecha se haya recibido escrito alguno; asimismo: Que al revisar el expediente en que se actúa, se advierte que no existe documento con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; consistente en todo aquel soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán considerados como documentos originales. De igual forma, se hace constar que no se aperturó incidente de suspensión y no se exhibió billete de depósito o algún otro medio de garantía que amerite proveer su destino. Que no existen tomos de prueba por devolver a la autoridad responsable. Lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta con el estado de autos. Conste. El secretario. Zacatecas, Zacatecas, dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete. Vista la certificación que antecede, de la cual se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión contra el auto de veintiséis de septiembre del año en curso que decretó el sobreseimiento del presente juicio de amparo fuera de audiencia constitucional; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. En razón de que dicha resolución no requiere de ejecución material, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en lo establecido en el punto décimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción de conformidad con el punto segundo, fracción XVI, y vigésimo primero, fracción II, del propio acuerdo; además porque el presente asunto no tiene relevancia documental; depuración que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de cinco años a que se hace mención en dicho punto. Por otra parte, se advierte que ninguna de las partes allegó documento alguno que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que por sus características amerite ser devuelto. De igual manera se hace la aclaración que en el juicio de amparo en el que se actúa, no se aperturó incidente de suspensión y tampoco se exhibió billete o alguna otra garantía que amerite su devolución o proveer sobre su destino. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Jorge Martín Zamora González, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. Ángeles

  2. Principal

    363 seis de octubre de dos mil diecisiete CERTIFICACIÓN: EL SUSCRITO LICENCIADO JORGE MARTÍN ZAMORA GONZÁLEZ, SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE ZACATECAS, HACE CONSTAR Y CERTIFICA QUE MEDIANTE OFICIO SEADS/762/2017, DE TRECE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, EL SECRETARIO EJECUTIVO DE ADSCRIPCIÓN DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL INFORMÓ QUE EL PLENO, EN SESIÓN CELEBRADA POR EL PROPIO DÍA, ACORDÓ LA ADSCRIPCIÓN DEL LICENCIADO IVÁN OJEDA ROMO, COMO TITULAR DE ESTE JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE ZACATECAS, CON EFECTOS A PARTIR DEL UNO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE; ASÍ TAMBIÉN SE DA CUENTA CON LA CIRCUNSTANCIA DE QUE EL TÉRMINO DE TRES DÍAS CONCEDIDO AL TERCERO INTERESADO HERIBERTO ORDAZ SANDOVAL POR AUTO DE ONCE DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, PARA QUE DESIGNADA DOMICILIO EN ESTA CIUDAD PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES, TRANSCURRIÓ DEL TRES AL CINCO DEL MES Y AÑO ACTUAL. LO QUE SE ASIENTA PARA LOS EFECTOS LEGALES CONDUCENTES. DOY FE. EL SECRETARIO. En seis de octubre de dos mil diecisiete, el Secretario licenciado Jorge Martín Zamora González, doy cuenta al Juez con la certificación que antecede, así como con el oficio registrado bajo el folio 13363.- Conste. Zacatecas, Zacatecas, seis de octubre de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta, hágase del conocimiento de las partes que mediante oficio SEADS/762/2017, de trece de septiembre de dos mil diecisiete, el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, informó que el Pleno, en sesión celebrada el propio día, acordó la adscripción del licenciado Iván Ojeda Romo, como Titular de este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con efectos a partir del uno de octubre del año en curso, ello para los efectos legales conducentes. Lo anterior, con apoyo en la tesis de jurisprudencia, 2ª./J.104/2010, visible en la página 312, Tomo XXXII, Julio de 2010, Materia Común, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación que dice: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO". Por otro parte, glósese a sus autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta firmado por la Juez Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Río Grande, Zacatecas, por el que devuelve diligenciado el despacho número de orden 752/2017 y de origen 353/2017, que le fue enviado a fin de que en auxilio de las labores de este Juzgado emplazara a Heriberto Ordaz Sandoval; lo que se realizó por medio de boletín judicial publicado el veintinueve de septiembre del presente año, por lo que se tiene a dicha parte procesal por legalmente emplazada al juicio constitucional en que se actúa. Acúsese el recibo de estilo. Por otra parte, y advirtiéndose de la certificación que antecede, que transcurrió el término de tres días concedido a la parte tercero interesada Heriberto Ordaz Sandoval por auto de once de septiembre del presente año, para que designada domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones; se hace efectivo el apercibimiento contenido en el referido proveído, por lo que la notificación del presente proveído, así como las subsecuentes que sean de carácter personal, practíquensele por medio de lista que se fije y publique en los estrados de este órgano jurisdiccional, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 27 y 29 de la Ley que rige el juicio constitucional. NOTIFÍQUESE. Así lo provee y firma el licenciado Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, quien actúa legalmente asistido del secretario licenciado Jorge Martín Zamora González, quien autoriza. Doy fe. Ángeles

  3. Principal

    En la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete, el secretario licenciado Jorge Martín Zamora González, da cuenta a la Juez con la razón actuarial asentada el veintisiete del mes y año actual. Conste. Zacatecas, Zacatecas, veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete. Vista la razón asentada por el Actuario Judicial adscrito el veintisiete del mes y año actual, se advierte que no le fue posible notificar personalmente a la tercero interesada Alicia Muro Villareal el contenido del auto de veintiséis de septiembre del año actual; en razón de que ésta no señaló domicilio para recibir notificaciones en esta ciudad, no obstante que según se advierte de autos dicha parte procesal fue legalmente emplazada al juicio de amparo en que se actúa por medio de lista publicada el veintiocho de agosto del presente año (foja 21); en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en proveído de veintidós de agosto del año que transcurre; por lo que, la notificación del auto en cometo, el presente acuerdo y las subsecuentes notificaciones que sean de carácter personal practíquense a la aludida tercero interesada por medio de lista que se fije y publique en los estrados de este órgano jurisdiccional, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 27 y 29 de la Ley que rige el juicio constitucional. NOTIFÍQUESE POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario que autoriza y da fe. Ángeles

  4. Principal

    EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO POR AUTO DICTADO EN FECHA VEINTINUEVE DE SEPTIEBRE DE DOS MIL DIECISIETE, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA ALICIA MURO VILLARREAL, EL AUTO DICTADO EN FECHA VEINTISÉIS DE SEPTIEMBRE DE LA PRESENTE ANUALIDAD, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 27 Y 29. AMBOS DE LA LEY DE AMPARO: "El veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete, el secretario licenciado Jorge Martín Zamora González da cuenta a la Juez con el oficio registrado con el folio 12826, con anexos y con el estado que guardan los presentes autos. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta signado por la Magistrada Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de veinte de los actuales remite copia certificada de las constancias de notificación hecha a las partes (actor y demandado) dentro del juicio ordinario laboral 214/2014 el veinte del presente mes y año. Con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia en consulta, ténganse como pruebas de la mencionada responsable las referidas documentales, las cuales dada su propia y especial naturaleza se tienen desahogadas. Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que durante la tramitación del juicio en que se actúa ha cobrado vigencia la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: . . . XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." La improcedencia de mérito se justifica por la imposibilidad de materializar el fin que sustenta la existencia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución a la parte quejosa en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Así pues, la causa de improcedencia del juicio de derechos consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, razón por la que se justifica la improcedencia del juicio de amparo, pues no se traduce en la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino en la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Así, de las precisiones realizadas se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. Sustenta el anterior criterio, dada la identidad jurídica entre los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo que se interpreta, y los artículos 61, fracción XXI, y 77 de la Ley de Amparo, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, tomo IX, junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido literal es, el siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Así como la diversa jurisprudencia III.2o.C J/22 sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, localizable en la página 1579, tomo XXIII, Febrero de 2006, de la Noven Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del siguiente tenor: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando la resolución impugnada en el juicio de garantías fue dejada sin efecto por la misma autoridad señalada como responsable y emitió una nueva resolución, que viene a sustituir procesalmente a la anterior; por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo." En el caso, el quejoso reclama la omisión de dictar en tiempo y forma el laudo definitivo dentro del juicio ordinario laboral 215/2014. Del informe justificado rendido por la Junta responsable y de las constancias que anexo al mismo se advierte que dentro del juicio ordinario laboral 215/2014 en treinta de agosto del año en curso se dictó laudo. Luego, de las documentales adjuntadas al oficio de cuenta, se advierte que éste fue notificado a las partes el veinte de septiembre del año que transcurre, lo que se traduce en que el laudo, cuya omisión se reclama en esta instancia ya fue emitido y notificado a las partes. Por tanto, al haberse emitido la resolución definitiva respecto de la cual el aquí quejoso reclamó su omisión, es evidente que cesaron los efectos del reclamo constitucional. Lo anterior, pues a partir de la dilación alegada, no es factible otorgar la protección constitucional respecto de las subsecuentes actuaciones al laudo emitido, pues el análisis constitucional se limita en función del acto en particular y en consideración a la etapa en que se encuentre dentro del procedimiento laboral, conforme se indica en la tesis 2a.CV/2013 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, consultable en la página 372, del Libro1, tomo I, Diciembre de 2013, Décima Época, que dice: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007).Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013." Así, el dictado del laudo en comento implica la conclusión del procedimiento laboral de origen, por lo que no sería congruente que la protección constitucional se extendiera a etapas diversas del juicio natural. De manera que el efecto del amparo únicamente se podría concretar en el dictado inmediato de la resolución base de la omisión reclamada, lo que ya aconteció en la especie. De ahí que el desfasamiento en la omisión del laudo que reclama la parte quejosa, no es susceptible de análisis constitucional, al haber cesado la omisión reclamada. Entonces, la posible afectación causada al quejoso ha desaparecido como si se le hubiera concedido a éste el amparo, en términos del artículo 77 de la ley de la materia, al haberse dictado el fallo definitivo y haberse notificado éste a la parte hoy quejoso, pues no es factible que las omisiones reclamadas puedan volver a incidir en su esfera jurídica. En las relatadas condiciones, es evidente que en la especie, durante la tramitación de este juicio constitucional, cobró vigencia de un modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia que establece el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo; y, en consecuencia, con apoyo en lo establecido por el diverso 63, fracción V, de la propia ley, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio, en observancia a los principios de prontitud y expeditez en la impartición de justicia que consagra en el ordinal 17 de la Constitución General de la República. Es aplicable a este proceder la Jurisprudencia número 10/2003, formada con motivo de la contradicción de tesis 26/2002, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada del catorce de febrero del año dos mil tres, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Consecuentemente, se deja sin efecto legal alguno la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional (diez horas con cuarenta minutos del nueve de octubre de dos mil diecisiete); por tanto, hágase la presente determinación del conocimiento de las partes. Asimismo, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LAS PARTES Y MEDIANTE OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante el licenciado Jorge Martín Zamora González, secretario que autoriza y da fe. Ángeles"

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