Jesús Manuel Rodarte Cisneros
Expediente 349/2018 tramitado ante el Cuarto Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito. 7 actuaciones registradas, la última del 22 de mayo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 349/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 22/05/2019
- Órgano jurisdiccional
- Cuarto Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito · Tribunales Colegiados de Circuito
Partes del expediente
- Jesús Manuel Rodarte Cisneros
- Agente del Ministerio Público de la Federación
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Juicio de Amparo Directo
Como el presente asunto se encuentra totalmente concluido se ordena remitirlo al archivo en forma definitiva, conforme el artículo 214 de la Ley de Amparo.
- Juicio de Amparo Directo
Vista la anterior certificación asentada por el Secretario de Acuerdos de este Cuarto Tribunal, se advierte que a la fecha ya transcurrió el término de diez días a que se refiere el artículo 86, primer párrafo, de la Ley de Amparo, por lo cual, en cumplimiento a las instrucciones del señor Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, comunicadas a través de la circular 2/2012-P, devuélvase a la Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje para Asuntos Universitarios, los autos originales del juicio laboral, toda vez que resulta innecesario conservarlos en este órgano jurisdiccional, de lo que se solicita el acuse de recibo.
- Juicio de Amparo Directo
Agréguese a los autos para los efectos legales correspondientes el oficio AD493/2019, signado por la Presidenta y por el Secretario de Acuerdos, ambos de la Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje para Asuntos Universitarios, mediante el cual acusa recibo del oficio 2906/2019 del índice administrativo de este Tribunal Colegiado de Circuito, por el que se le remitió testimonio de la sentencia emitida en el presente asunto.
- Juicio de Amparo Directo
Victoria de Durango, Durango. Sentencia del Cuarto Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito, correspondiente al quince de abril de dos mil diecinueve. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo directo laboral 349/2018, relacionado con el juicio de amparo directo laboral 350/2018; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Mediante escrito presentado el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, ante la Oficialía de Partes de Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Durango, con residencia en esta ciudad, Jesús Manuel Rodarte Cisneros, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal contra la autoridad y por el acto que a continuación se transcriben: "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES.- a).- H. JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE PARA ASUNTOS UNIVERSITARIOS, Señalando para los efectos del artículo 24 en relación con el 26 Fracción II, de la Ley de Amparo en su domicilio ampliamente conocido de la unidad administrativa Ángel Rodríguez Solórzano de la Avenida Cinco de Febrero. IV.- EL ACTO RECLAMADO.- LAUDO de fecha (31) TREINTA Y UNO de JULIO de (2017) DOS MIL DIECISIETE, dictada por la Responsable, dentro de los autos del Expediente número 05/2014, relativo al Juicio Promovido por el ahora Quejoso en contra de los Terceros con Interés.". SEGUNDO. La parte quejosa estimó vulnerados, en su perjuicio, los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 1°, 14, 16, 17 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los numerales 24, 25 y 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; y en el precepto jurídico 5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. TERCERO. Mediante acuerdo de seis de octubre de dos mil diecisiete, la Presidencia del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito, ordenó registrar el amparo directo bajo el número 1499/2017, asímismo, requirió a la autoridad responsable para que remitiera la constancia de notificación con traslado de copia al tercero interesado Óscar Erasmo Návar García. Se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención legal que le corresponde conforme a la ley. El veintitrés de octubre de dos mil diecisiete, la Presidencia del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito, con sede en esta ciudad, admitió la demanda de amparo. Por acuerdo de veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete, se turnó el expediente al Magistrado Carlos Carmona Gracia, para formular proyecto de resolución. CUARTO. Mediante diverso proveído de trece de junio de dos mil dieciocho, la Magistrada Presidenta de este órgano colegiado, tuvo por recibido el oficio 1707-T, del índice del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito, con sede en esta ciudad, en cumplimiento al artículo 4 del Acuerdo General 9/2018 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la denominación, residencia, competencia, jurisdicción territorial, domicilio y fecha de inicio de funciones del Cuarto Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito, con residencia en Victoria de Durango, Durango; así como a las reglas de turno, sistema de recepción y distribución de asuntos entre los Tribunales Colegiados del Circuito indicado, al que se acompañaron los autos originales del juicio de amparo directo 1499/2017, relacionado con el amparo directo 1500/2017, del orden del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito en mención, y anexos respectivos. Asimismo, se ordenó al conocimiento del juicio de amparo directo recibido por este Tribunal Colegiado de Circuito, registrándolo con el número 349/2018, relacionado con el juicio de amparo 350/2018, declarando válidas las actuaciones realizadas en dicho asunto y turnándolo al Magistrado Carlos Gabriel Olvera Corral, para formular el proyecto de resolución respectivo. QUINTO. En treinta de noviembre de dos mil dieciocho, concluyó la comisión del Magistrado Carlos Gabriel Olvera Corral como integrante de este órgano jurisdiccional, según lo comunicó el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, en oficio SEADS/1297/2018. SEXTO. En virtud de que el presente asunto, se encuentra relacionado con el diverso amparo directo laboral 350/2018, se estima procedente resolverlos en la propia sesión, ello en atención al principio de congruencia que se deriva de lo dispuesto en el ordinal 74 de la Ley Reglamentaria de los preceptos 103 y 107 constitucionales, a fin de evitar la emisión de resoluciones contradictorias y cumplir con el mandato de impartición completa contenido en el artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución General de la República. SÉPTIMO. En proveído de presidencia de veinticuatro de enero de dos mil diecinueve, se dispuso el returno del presente expediente para formular proyecto de sentencia, al licenciado Leonel Sayd Espinoza Pimentel, secretario de base de este Tribunal, autorizado por acuerdo de veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado de Circuito, en términos del artículo 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 40, fracción V, del diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y según se reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales, comunicado mediante oficio CCJ/ST/6332/2018. OCTAVO. Resulta conveniente precisar que el presente asunto, se listó para su resolución el ocho, veintidós de febrero, y veintinueve de marzo, todos de dos mil diecinueve; no obstante, en esas ocasiones se dejó en lista para mejor reflexión sobre la problemática planteada sometida al imperio jurisdiccional de este cuerpo colegiado de circuito. Listándose por cuarta vez el nueve de abril de dos mil diecinueve, para su resolución en sesión de quince siguiente. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito es legalmente competente para conocer y resolver este asunto, de conformidad con los artículos 107, fracción V, inciso d), constitucional; 33, fracción II, 34, párrafos primero y segundo, 170, fracción I, de la Ley de Amparo; 37, fracción I, inciso d), y 144 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; este último en relación con los puntos Primero, Segundo y Tercero, fracción XXV, respectivamente, del Acuerdo General 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación de número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; y por impugnarse un laudo emitido por la Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje para Asuntos Universitarios del Estado de Durango, con sede en esta ciudad, lugar donde este órgano colegiado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Es cierto el laudo reclamado a la Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje para Asuntos Universitarios responsable, pues así lo reconoció al rendir su informe justificado. Certeza que se corrobora con el original del laudo glosado en el juicio laboral 5/2014, que acompañó como complemento. Actuaciones cuyo valor probatorio es pleno, conforme a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en virtud de lo ordenado por su numeral 2°, in fine. TERCERO. El laudo reclamado se notificó a la parte quejosa el quince de agosto de dos mil diecisiete. Dicha notificación surtió efectos ese día, en términos de lo dispuesto por el artículo 747 de la Ley Federal del Trabajo. De manera que el plazo de quince días que para la interposición del juicio de amparo, a que se refiere el numeral 17, primer párrafo, de la Ley de Amparo, transcurrió del dieciséis de agosto al cinco de septiembre de dos mil diecisiete, sin contar diecinueve, veinte, veintiséis y veintisiete de agosto, dos y tres de septiembre de dos mil diecisiete, por ser unos sábado y otros domingo, e inhábiles de conformidad con lo dispuesto por el artículo 19 de la Ley de Amparo. La demanda de amparo se presentó el cinco de septiembre de dos mil diecisiete; por tanto, este juicio de amparo se promovió oportunamente. Asimismo, lo hizo valer parte legítima, porque Jesús Manuel Rodarte Cisneros, es parte actora en el juicio laboral de origen; y el laudo reclamado aduce que es adverso a sus intereses. Conforme al artículo 5º, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, la Universidad Juárez del Estado de Durango y Óscar Erasmo Návar García, son terceros interesados, pues son parte demandada en el juicio de origen y, por ende, contraparte del aquí quejoso, y quedaron debidamente emplazados a esta instancia constitucional el veintiocho de septiembre y dieciocho de octubre, ambos de dos mil diecisiete, respectivamente. CUARTO. En el laudo reclamado se resolvió lo siguiente: "PRIMERO: Que la (sic) actor probó su acción. SEGUNDO: Que la demandada UNIVERSIDAD JUAREZ DEL ESTADO DE DURANGO, no probó sus excepciones, por lo que se le CONDENA a la misma a reincorporar al actor DR. JESÚS MANUEL RODARTE CISNEROS como maestro de tiempo completo o de medio tiempo en su caso y por espacio de tres años como mínimo a proposición de la propia Rectoría, sí así se requiere de acuerdo a sus necesidades y posibilidades económicas, otorgándole de conformidad el sueldo que le corresponda de acuerdo con el tabulador que para la categoría de maestros se encuentre en vigor. TERCERO: Notifíquese [.]". QUINTO. De conformidad con el artículo 74 de la Ley de Amparo, la sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado; II. El análisis sistemático de todos los conceptos de violación o en su caso de todos los agravios; III. La valoración de las pruebas admitidas y desahogadas en el juicio; IV. Las consideraciones y fundamentos legales en que se apoye para conceder, negar o sobreseer; V. Los efectos o medidas en que se traduce la concesión del amparo, y en caso de amparos directos, el pronunciamiento respecto de todas las violaciones procesales que se hicieron valer y aquellas que, cuando proceda, el órgano jurisdiccional advierta en suplencia de la queja, además de los términos precisos en que deba pronunciarse la nueva resolución; y VI. Los puntos resolutivos en los que se exprese el acto, norma u omisión por el que se conceda, niegue o sobresea el amparo y, cuando sea el caso, los efectos de la concesión en congruencia con la parte considerativa. De ese precepto jurídico no se advierte que entre los elementos que debe contener la sentencia de amparo esté la transcripción de las consideraciones que sustentan el acto reclamado y la de los conceptos de violación, lo cual encuentra razonable explicación si se tiene en cuenta que los principios de congruencia y exhaustividad se satisfacen cuando el juzgador de amparo precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente hechos valer en el pliego correspondiente. De tal manera, que prescindir de tales reproducciones en nada agravia a las partes; máxime, si dicho fallo y argumentos defensivos obran en autos. Es aplicable, en la parte conducente, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXI, del mes de mayo de dos mil diez, página ochocientos treinta, registro digital 164618, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X 'De las sentencias', del título primero 'Reglas generales', del libro primero 'Del amparo en general', de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer.". Asimismo, este Tribunal comparte el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, en la tesis XVII.1o.C.T.30 K, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo CCIII, del mes de marzo de dos mil dieciséis, página dos mil quince, registro digital 175433; tesis que es aplicable por analogía y es del tenor siguiente: "SENTENCIAS DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. AL EMITIRLAS NO SE ENCUENTRAN OBLIGADOS A TRANSCRIBIR LA RESOLUCIÓN RECURRIDA. El hecho de que en las sentencias que emitan los Tribunales Colegiados de Circuito no se transcriba la resolución recurrida, no infringe disposiciones de la Ley de Amparo, a la cual quedan sujetas sus actuaciones, pues el artículo 77 de dicha legislación, que establece los requisitos que deben contener las sentencias, no lo prevé así, ni existe precepto alguno que establezca esa obligación; además, dicha omisión no deja en estado de indefensión al recurrente, puesto que ese fallo obra en los autos y se toma en cuenta al resolver." Sirve de apoyo a la aplicación analógica de criterios judiciales la tesis 2a. XXXI/2007, de la Segunda Sala del Más Alto Tribunal del País, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, materia común, tomo XV, del mes de abril de dos mil siete, página quinientos sesenta, registro digital 172743, que dice: "JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. EL HECHO DE QUE EN ÉSTA NO SE HAYA INTERPRETADO EL MISMO PRECEPTO QUE EL ANALIZADO EN EL CASO CONCRETO, NO BASTA PARA ESTIMAR SU INAPLICABILIDAD. La circunstancia de que en un criterio jurisprudencial de este Alto Tribunal se haya abordado el estudio de un precepto diverso al analizado en el caso concreto, no implica que la tesis sea inaplicable, pues el precedente judicial tiene diversos grados en su aplicación, pudiendo ser rígida o flexible, además de otros grados intermedios. Así, un criterio puede ser exactamente aplicable al caso por interpretar la misma disposición que la examinada en el caso concreto, o bien, puede suceder que no se analice idéntica norma, pero el tema abordado sea el mismo o haya identidad de circunstancias entre ambos temas, incluso puede ocurrir que la tesis sea aplicable por analogía, es decir, que se trate de un asunto distinto pero que existan ciertos puntos en común que deban tratarse en forma semejante.". SEXTO. El artículo 79, párrafo primero, fracción V y penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo establece: "Artículo 79. La autoridad que conozca del juicio de amparo deberá suplir la deficiencia de los conceptos de violación o agravios, en los casos siguientes: [.] V. En materia laboral, en favor del trabajador, con independencia de que la relación entre empleador y empleado esté regulada por el derecho laboral o por el derecho administrativo; [.] En los casos de las fracciones I, II, III, IV, V y VII de este artículo la suplencia se dará aun ante la ausencia de conceptos de violación o agravios. En estos casos sólo se expresará en la sentencias cuando la suplencia derive de un beneficio. [.]". De acuerdo con la porción normativa transcrita, la autoridad que conoce del juicio de amparo tiene obligación de suplir la deficiencia e, inclusive, la ausencia de los conceptos de violación o agravios, en los asuntos de materia laboral, en favor del trabajador. Al respecto es aplicable la jurisprudencia P./J. 105/2008, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, tomo XXVIII, del mes de octubre de dos mil ocho, página sesenta y tres, registro digital 168545, que dice: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIA DE TRABAJO. OPERA EN FAVOR DEL TRABAJADOR CUANDO EL ACTO RECLAMADO AFECTE ALGÚN INTERÉS FUNDAMENTAL TUTELADO POR EL ARTÍCULO 123 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. Al establecer el artículo 76 bis de la Ley de Amparo las hipótesis en que se aplica la suplencia de la queja deficiente en cada una de las materias en las que procede el juicio de amparo, precisa que en materia de trabajo dicha suplencia sólo opera a favor del trabajador. Así, para establecer cuándo en un juicio de amparo en esta materia debe suplirse la queja deficiente de los planteamientos formulados en los conceptos de violación de la demanda de amparo, o bien, de los agravios expresados en el recurso correspondiente, debe atenderse preferentemente a dos elementos, a saber: 1) a la calidad del sujeto que promueve el amparo o interpone el recurso, quien debe ser trabajador; y, 2) a la naturaleza jurídica del acto reclamado materia de la controversia en el juicio de garantías, que se determina por el bien jurídico o interés fundamental que se lesiona con dicho acto, es decir, debe afectar directa e inmediatamente alguno de los derechos fundamentales consagrados en el artículo 123 de la Constitución Federal que surgen de la relación obrero-patronal y sus conflictos. De esta manera, para que el órgano de control constitucional esté obligado a aplicar la institución de la suplencia de la deficiencia de la queja, sólo debe atenderse a los dos elementos anteriores, sin importar el origen del acto reclamado, es decir, si deriva de un conflicto obrero-patronal, de un acto administrativo, de una ley o de un reglamento, por lo que si en el caso, un trabajador impugna un acto que afecta un bien jurídico o interés fundamental consagrado en su favor por las normas constitucionales, como lo son las garantías mínimas de seguridad social previstas en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, debe concluirse que procede suplir la deficiencia de la queja.". Sin embargo, aun cuando el presente caso encuadra en ese supuesto, porque en el juicio de origen el quejoso demandó su reincorporación en la plaza de maestro, es preciso señalar que la suplencia de los conceptos de violación o de los agravios no se da por la sola ausencia total o parcial de éstos contra la sentencia reclamada o recurrida, según sea el caso, sino que supone, necesariamente, la existencia de alguna irregularidad en alguno de esos fallos y que se advierta que existan causas jurídicamente válidas para preservar u otorgar algún derecho, pues la aplicación de esa figura jurídica, en todos los casos, debe llevarse a cabo siempre y cuando cause beneficio a la parte quejosa, en congruencia con su propia naturaleza jurídica. En caso contrario, esto es, cuando el fallo en análisis está ajustado a derecho o bien si el juzgador no advierte que dicha suplencia lo conduzca a aquella finalidad provechosa para el particular, bastará con que así lo declare sin necesidad de que haga un estudio oficioso del asunto, el cual, por carecer de un sentido práctico, sólo entorpecería la pronta solución del litigio en perjuicio de los propios justiciables. Al respecto es aplicable el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 67/2017 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro 44, julio de dos mil diecisiete, tomo I, página doscientos sesenta y tres, registro digital 2014703, que dice: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. SÓLO DEBE EXPRESARSE SU APLICACIÓN EN LA SENTENCIA CUANDO DERIVE EN UN BENEFICIO PARA EL QUEJOSO O RECURRENTE (LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013). La figura de la suplencia de la queja deficiente prevista en el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo abrogada, consiste en examinar cuestiones no propuestas por el quejoso o recurrente en sus conceptos de violación o agravios, respectivamente; sin embargo, no debe ser absoluta en el sentido de expresar su aplicación, sino sólo en aquellos casos donde el juzgador la considere útil para favorecer al beneficiado y, por ende, resulte procedente el amparo, por lo que no debe incluirse en la motivación de la sentencia el estudio del acto reclamado en suplencia cuando dicho análisis, lejos de beneficiar al promovente, lo perjudique o no le reporte utilidad alguna.". También se aplica, por analogía, la tesis aislada P. VI/2015 (10a.), del Pleno del Máximo Tribunal del País, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, materia común, libro 17, tomo I, del mes de abril de dos mil quince, página ciento sesenta y uno, registro digital 2008794, que es del tenor siguiente: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIA LABORAL A FAVOR DEL TRABAJADOR. SÓLO PROCEDE APLICARLA CUANDO LE BENEFICIE (LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013). Conforme a la fracción IV del artículo 76 Bis de la Ley de Amparo abrogada, la suplencia de la queja deficiente en materia laboral sólo se aplicará en favor del trabajador, siempre y cuando se le favorezca, es decir, si del análisis se advierte algún elemento por el que pueda concedérsele el amparo, por lo que no procede analizar el acto reclamado en suplencia cuando dicho análisis, lejos de beneficiarlo, lo perjudica o no le reporta utilidad alguna.". Así como la jurisprudencia por contradicción 2a./J. 102/2015 (10a.), aplicada por analogía, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, libro 21, agosto de dos mil quince, tomo I, página mil ciento cincuenta y uno, registro digital 2009789, que es del tenor siguiente: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIA AGRARIA. NO SÓLO PROCEDE A FAVOR DE EJIDATARIOS Y COMUNEROS EN PARTICULAR, SINO TAMBIÉN DE QUIENES BUSCAN EL RECONOCIMIENTO DE SUS DERECHOS AGRARIOS. El espectro normativo protector creado en el ámbito del juicio de amparo en materia agraria, los diversos criterios que con un sentido social ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sus diversas integraciones y el marco jurídico sobre derechos humanos resguardado por el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sirven de sustento para llevar a cabo una interpretación extensiva del artículo 79, fracción IV, inciso b), de la Ley de Amparo, que conduce a establecer que la procedencia de la suplencia de la queja deficiente a ejidatarios o comuneros no sólo procede para quienes tienen reconocido ese carácter o calidad, sino también para quienes pretenden que se les reconozcan sus derechos agrarios. Esto es, una de las finalidades de dicha institución legal es que más allá de las cuestiones técnicas que puedan presentarse en un asunto, se protejan los derechos de las personas que consideran les asiste ese carácter o calidad y no es, sino a través de la superación de las deficiencias de los argumentos plasmados en los conceptos de violación y en los agravios expuestos o de su omisión, que el juzgador puede tener certeza y resolver con razonada convicción lo que proceda; sin soslayar que la aplicación de la suplencia de la queja deficiente, en todos los casos, debe llevarse a cabo siempre y cuando cause beneficio a la parte quejosa o recurrente, en congruencia con su propia naturaleza jurídica. Lo anterior con independencia de que las partes quejosa y tercero interesada estén constituidas por personas que pretenden obtener el carácter o la calidad de ejidatarios o comuneros, ya que dentro de las finalidades primordiales de la tutela también está resolver, con conocimiento pleno la controversia, y no únicamente colocarlos en una situación de igualdad procesal durante la tramitación del juicio de amparo, de manera que en los casos en que quienes pretenden que se les reconozca el carácter o la calidad de ejidatarios o comuneros tengan, a su vez, el carácter de quejoso o tercero interesado, respectivamente, deberá suplirse la queja deficiente, sin que ello implique una asesoría técnico-jurídica en favor de una parte y en detrimento de otra.". Este Tribunal Federal no advierte irregularidad alguna en el laudo reclamado que amerite suplir la deficiencia de los motivos de queja; por ese motivo, se limita al análisis de los conceptos de violación propuestos, los cuales son inoperantes, como se demostrará a continuación: Bajo ese contexto, se dará contestación a los conceptos de disenso, por razón de método, conforme a su orden de prelación lógica, por permitirlo así lo dispuesto por los numerales 76 y 189, párrafo primero, de la Ley de Amparo, éste último de aplicación analógica. Previo al estudio de los motivos de inconformidad expresados por el quejoso, conviene precisar que éstos se estudiarán atendiendo a los hechos y los puntos debatidos, extrayendo de ellos sus planteamientos torales, sin necesidad de atenderlos renglón por renglón; lo cual no implica soslayar su derecho de defensa y los principios de exhaustividad y congruencia de los fallos, consagrados en el artículo 17 de la Constitución Federal, dado que éstos se cumplen al estudiarse en su integridad el problema materia de la litis constitucional. Lo anterior, se apoya en la tesis aislada 1a. CVIII/2007, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, materia constitucional, tomo XXV, del mes de mayo de dos mil siete, página setecientos noventa y tres, registro digital 172517, de rubro y texto siguiente: "GARANTÍA A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA COMPLETA TUTELADA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES. El derecho fundamental contenido en el referido precepto constitucional implica, entre otras cosas, el deber de los tribunales de administrar justicia de manera completa, en atención a los cuestionamientos planteados en los asuntos sometidos a su consideración, analizando y pronunciándose respecto de cada punto litigioso, sin que ello signifique que tengan que seguir el orden expuesto por las partes o que deban contestar argumentos repetitivos, pues los órganos encargados de dirimir las controversias están en aptitud de precisar las cuestiones a resolver, lo que puede o no coincidir con la forma o numeración adoptada en los respectivos planteamientos, y aunque no pueden alterar los hechos ni los puntos debatidos, sí pueden e incluso deben definirlos, como cuando la redacción de los escritos de las partes es oscura, deficiente, equívoca o repetitiva. Esto es, los principios de exhaustividad y congruencia de los fallos judiciales no pueden llegar al extremo de obligar al juzgador a responder todas las proposiciones, una por una, aun cuando fueran repetitivas, ya que ello iría en demérito de otras subgarantías tuteladas por el referido precepto constitucional -como las de prontitud y expeditez- y del estudio y reflexión de otros asuntos donde los planteamientos exigen la máxima atención y acuciosidad judicial, pues la garantía a la impartición de justicia completa se refiere únicamente a que los aspectos debatidos se resuelvan en su integridad, de manera que sólo deben examinarse y solucionarse las cuestiones controvertidas que sean necesarias para emitir la decisión correspondiente.". Conforme al artículo 175, fracciones VI y VII de la Ley de Amparo, la demanda de amparo en la vía directa debe expresar los preceptos que conforme a la fracción I del artículo 1 de esa ley, contengan los derechos humanos cuya violación se reclame y los conceptos de violación, respectivamente. Aunque dicho numeral no exige como requisito esencial e imprescindible, que la expresión de los conceptos de violación se haga con formalidades rígidas o solemnes (excepción hecha, claro está, del caso en el que se hagan valer violaciones procesales, en el que por disposición expresa del numeral 174, primer párrafo, de la Ley de Amparo, por regla general, corresponde al quejoso precisar la forma en que trascendieron en su perjuicio al resultado del fallo), es necesario que en alguna parte del escrito se exprese con claridad la causa de pedir, señalándose cuál es la lesión o agravio que el quejoso estima le causa el acto, resolución o ley impugnada y los motivos que originaron ese agravio para que el juez de amparo deba estudiarlo. Sobre el particular es aplicable el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 68/2000, visible en la página treinta y ocho, del tomo XII, agosto de dos mil, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro digital 191384; tesis que, a la letra, dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. PARA QUE SE ESTUDIEN, BASTA CON EXPRESAR CLARAMENTE EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS LA CAUSA DE PEDIR. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que debe abandonarse la tesis jurisprudencial que lleva por rubro "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. REQUISITOS LÓGICOS Y JURÍDICOS QUE DEBEN REUNIR.", en la que, se exigía que el concepto de violación, para ser tal, debía presentarse como un verdadero silogismo, siendo la premisa mayor el precepto constitucional violado, la premisa menor los actos autoritarios reclamados y la conclusión la contraposición entre aquéllas, demostrando así, jurídicamente, la inconstitucionalidad de los actos reclamados. Las razones de la separación de ese criterio radican en que, por una parte, los artículos 116 y 166 de la Ley de Amparo no exigen como requisito esencial e imprescindible, que la expresión de los conceptos de violación se haga con formalidades tan rígidas y solemnes como las que establecía la aludida jurisprudencia y, por otra, que como la demanda de amparo no debe examinarse por sus partes aisladas, sino considerarse en su conjunto, es razonable que deban tenerse como conceptos de violación todos los razonamientos que, con tal contenido, aparezcan en la demanda, aunque no estén en el capítulo relativo y aunque no guarden un apego estricto a la forma lógica del silogismo, sino que será suficiente que en alguna parte del escrito se exprese con claridad la causa de pedir, señalándose cuál es la lesión o agravio que el quejoso estima le causa el acto, resolución o ley impugnada y los motivos que originaron ese agravio, para que el Juez de amparo deba estudiarlo." Sin embargo, ello de manera alguna implica que el quejoso se limite a expresar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues es obvio que a él corresponde exponer razonadamente el por qué estima ilegal el acto que reclama. Al respecto es aplicable el criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 81/2002, visible en la página sesenta y uno, del tomo XVI, diciembre de dos mil dos, de la Época y Semanario en comento, registro digital 185425; criterio que, a la letra, dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. AUN CUANDO PARA LA PROCEDENCIA DE SU ESTUDIO BASTA CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR, ELLO NO IMPLICA QUE LOS QUEJOSOS O RECURRENTES SE LIMITEN A REALIZAR MERAS AFIRMACIONES SIN FUNDAMENTO. El hecho de que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya establecido en su jurisprudencia que para que proceda el estudio de los conceptos de violación o de los agravios, basta con que en ellos se exprese la causa de pedir, obedece a la necesidad de precisar que aquéllos no necesariamente deben plantearse a manera de silogismo jurídico, o bien, bajo cierta redacción sacramental, pero ello de manera alguna implica que los quejosos o recurrentes se limiten a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues es obvio que a ellos corresponde (salvo en los supuestos legales de suplencia de la queja) exponer razonadamente el por qué estiman inconstitucionales o ilegales los actos que reclaman o recurren. Lo anterior se corrobora con el criterio sustentado por este Alto Tribunal en el sentido de que resultan inoperantes aquellos argumentos que no atacan los fundamentos del acto o resolución que con ellos pretende combatirse." De manera que si los conceptos de violación no cumplen con esa exigencia mínima y, por ende, no controvierten las consideraciones del acto reclamado, procede declararlos inoperantes, sobre todo si en los casos, como éste, no se advierte deficiencia que suplir en los conceptos de violación. Al respecto es aplicable la jurisprudencia I.4º.C. J/27 del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página dos mil trescientos sesenta y dos, del tomo XXVI, septiembre de dos mil siete, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro digital 171511, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. CARGA PROCESAL MÍNIMA DEL QUEJOSO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 166, FRACCIÓN VI, DE LA LEY DE AMPARO). Los conceptos de violación deben consistir, en su mejor expresión, en la exposición de argumentos jurídicos dirigidos a demostrar la invalidez constitucional de los actos reclamados, total o parcialmente. Los elementos propios de estos argumentos deben ser, ordinariamente, los de cualquier razonamiento, esto es, la precisión de o las partes del acto reclamado contra las que se dirigen; las disposiciones o principios jurídicos que se estiman contravenidos, y los elementos suficientes para demostrar racionalmente la infracción alegada. Sin embargo, con el ánimo de optimizar el goce del derecho constitucional a la jurisdicción, conocido en otros países como la garantía de acceso efectivo a la justicia, los criterios de tribunales federales mexicanos se han orientado hacia una mayor flexibilidad respecto a los requisitos exigidos en los motivos de las impugnaciones, y con la inspiración en el viejo principio procesal relativo a que las partes exponen los hechos y el Juez aplica el derecho, la exigencia ha quedado en que se precise la causa de pedir, aunada a la manifestación, sencilla y natural, de la afectación al ámbito personal, patrimonial, familiar, laboral, etcétera, sufrida por la peticionaria de garantías, desde su punto de vista y mediante el uso de lenguaje directo y llano, con el propósito evidente de abandonar las exigencias técnicas extremas a las que se había llegado, que sólo los abogados con suficiente experiencia en cada materia jurídica podían satisfacer, con la consecuencia, no intencional pero real, de alejar cada vez más a la generalidad de la población de la posibilidad de obtener la protección de la justicia, a través de la apreciación e interpretación del derecho. No obstante, ni la legislación ni la jurisprudencia se han orientado absolutamente por los principios del sistema procesal inquisitorio, hacia una revisión oficiosa de los actos reclamados, respecto a su constitucionalidad y legalidad, sino que prevalece una carga procesal mínima para el agraviado, consistente en precisar en la demanda la causa petendi de su solicitud de amparo y la afectación que estime lesiva en su perjuicio. En consecuencia, cuando los peticionarios de la protección constitucional no colman siquiera esa mínima exigencia, lo alegado debe declararse inoperante." En el caso concreto, la parte quejosa esgrime que en el laudo impugnado, la Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje para Asuntos Universitarios debió precisar que su reincorporación debería ser de tiempo completo, acorde a lo expuesto en los hechos de su demanda, así como de las constancias de autos, dado que, en su concepto, quedó acreditado que previo a la suspensión del ejercicio de su puesto como maestro de matemáticas en el Colegio de Ciencias Humanidades tenía una carga horaria frente a grupo de veinticinco "horas semana mes", equivalentes a más de un tiempo completo, lo que sustenta con la preparación y especialización que cursó y acreditó. La parte inconforme agrega, que la Junta Especial responsable también debió condenar a la demandada a tomar en cuenta de manera retroactiva el día en el cual debió originalmente reinstalarlo en su puesto de maestro acorde al convenio base de la acción, esto es, el treinta de octubre de mil novecientos noventa y seis, data a partir de la cual le fue expedido el título de Especialista de Primer Grado en Neurocirugía por el rector del Instituto Superior de Ciencias Médicas de la Habana, Cuba, con el consecuente pago de salarios caídos desde esa fecha hasta que se efectué de manera concreta su reinstalación, con el reconocimiento y abono de la antigüedad laboral efectivamente ganada. Los anteriores motivos de disenso, como ya se indicó, son inoperantes, pues constituyen argumentos novedosos que no formaron parte de la litis del juicio de origen. Para evidenciar lo anterior, se hace necesario transcribir las prestaciones demandadas por el aquí quejoso en el juicio natural, que a saber son: "[.] ACCIONES Y PRESTACIONES. I.- El Cumplimiento estricto de las disposiciones contenidas en el Convenio celebrado con fecha 30 de agosto de 1991, entre los demandados y el exponente. II.- Como consecuencia de lo anterior la reincorporación y reintegración como Maestro de tiempo completo o medio tiempo, en la Universidad Juárez del Estado de Durango, con el salario que me corresponda de acuerdo con el tabulador que para mi categoría de maestro se encuentre en vigor al momento de mi reinstalación." (Lo destacado es propio). De la simple lectura de la anterior transcripción, se obtiene que el impetrante de amparo demandó el cumplimiento de las disposiciones contenidas en el Convenio celebrado con la entonces demandada, aquí tercera interesada, el treinta de agosto de mil novecientos noventa y uno y, como consecuencia de ello, su reincorporación como maestro de tiempo completo o medio tiempo, en la Universidad Juárez del Estado de Durango, con el salario que le correspondiera de acuerdo con el tabulador que para su categoría se encontrare en vigor. En consecuencia, en ningún momento reclamó la reintegración como maestro de tiempo completo; ni el pago de salarios caídos; tampoco el reconocimiento de su antigüedad, amén de que la demandada fue condenada en los términos solicitados por el trabajador, es decir, a reincorporarlo como maestro de tiempo completo o medio tiempo. Lo cual es acorde con las acciones y prestaciones reclamadas y el convenio de mérito en que la parte operaria fundó su acción, los cuales son del tenor siguiente, respectivamente: "[.] ACCIONES Y PRESTACIONES. I.- El Cumplimiento estricto de las disposiciones contenidas en el Convenio celebrado con fecha 30 de agosto de 1991, entre los demandados y el exponente. II.- Como consecuencia de lo anterior la reincorporación y reintegración como Maestro de tiempo completo o medio tiempo, en la Universidad Juárez del Estado de Durango, con el salario que me corresponda de acuerdo con el tabulador que para mi categoría de maestro se encuentre en vigor al momento de mi reinstalación." "CONVENIO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA UNIVERSIDAD JUÁREZ DEL ESTADO DE DURANGO, Y POR LA OTRA, EL DR. JESÚS MANUEL RODARTE CISNEROS, BAJO LAS SIGUIENTES: D E C L A R A C I O N E S : PRIMERA.- El Dr. Jorge Ramírez Díaz, comparece en representación de la Universidad Juárez del Estado de Durango, en su calidad de Rector de la misma, quien ejerce sus funciones a partir del 27 de mayo de 1988, por mandato H. Consejo Universitario. SEGUNDA.- La universidad Juárez del Estado de Durango, consciente de que el mejor medio para elevar el nivel académico, lo es el preparar mejor a sus maestros, manifiesta su conformidad en que todo catedrático que tiene el deseo de superarse culturalmente, así lo haga. TERCERA.- EL DR. JESÚS MANUEL RODARTE CISNEROS manifiesta haber sido aceptado y haber cumplido todos los requisitos para llevar un curso y obtener el grado de Especialidad en Neurocirugía, en el Hospital Hermano Ameijeiras de la Habana Cuba, y que se desarrollará de Septiembre de 1991 a Agosto de 1991 (sic). Atento a lo anterior, ambas partes celebran el presente Contrato de conformidad con las siguientes: C L Á U S U L A S : PRIMERA.- La Universidad Juárez del Estado de Durango, por medio del presente se obliga a reincorporar como Maestro de tiempo Completo o de Medio Tiempo en su caso, al DR. JESÚS MANUEL RODARTE CISNEROS, una vez que haya terminado y aprobado el curso de Especialización en Neurocirugía, a que se hace referencia en las Declaraciones del Contrato, otorgándole de conformidad el sueldo que le corresponda de acuerdo con el tabulador que para esa categoría de maestros se encuentra en vigor. La Contratación se hará conforme a las necesidades y posibilidades económicas de la Universidad. SEGUNDA.- Por su parte manifiesta el DR. JESÚS MANUEL RODARTE CISNEROS, que se obliga a realizar los estudios anteriormente citados, y se encuentra realizando gestiones para obtener una Beca que sufrague los gastos de los mismos, ante los organismos correspondientes, y que una vez terminado se compromete a prestar sus servicios como Maestro de Tiempo Completo o de Medio tiempo en su caso y por espacio de tres años como mínimo, a proposición de la propia Rectoría, sí así se requiere, de acuerdo a sus necesidades y posibilidades económicas. TERCERA.- Para el caso de incumplimiento o circunstancias imprevistas en el presente Contrato, ambas partes se obligan a someterse a la competencia de los Tribunales del Estado de Durango.". De ahí la inoperancia de los motivos de inconformidad hechos valer, pues se reitera, se trata de argumentos novedosos. Por las razones que informa, se estima aplicable, por analogía, la tesis VI.2o.A. J/7, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, la cual se comparte, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, materia administrativa, tomo XXI, del mes de abril de dos mil cinco, página mil ciento treinta y siete, registro digital 178788, de título y texto: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN EL AMPARO DIRECTO. INOPERANCIA DE LOS QUE INTRODUCEN CUESTIONAMIENTOS NOVEDOSOS QUE NO FUERON PLANTEADOS EN EL JUICIO NATURAL. Si en los conceptos de violación se formulan argumentos que no se plantearon ante la Sala Fiscal que dictó la sentencia que constituye el acto reclamado, los mismos son inoperantes, toda vez que resultaría injustificado examinar la constitucionalidad de la sentencia combatida a la luz de razonamientos que no conoció la autoridad responsable, pues como tales manifestaciones no formaron parte de la litis natural, la Sala no tuvo la oportunidad legal de analizarlas ni de pronunciarse sobre ellas.". En otra parte de sus motivos de disenso, el trabajador, aquí quejoso aduce que en el laudo reclamado, no se precisaron las circunstancias de tiempo, lugar y modo para su reincorporación. El argumento reseñado resulta igualmente inoperante, virtud a que está dirigido a reclamar circunstancias atinentes a la ejecución del laudo, lo que no constituye materia de la presente litis constitucional. Es aplicable, por analogía, la jurisprudencia IV.3o.C. J/1, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, la cual se comparte, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXI, junio de dos mil cinco, página 655, registro digital 178228, de rubro y texto: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. SON AQUELLOS QUE ATACAN CONSIDERACIONES AJENAS A LA LITIS CONSTITUCIONAL. De la correcta interpretación sistemática de los artículos 76 bis, 77, 78, 158, 163 y 190 de la Ley de Amparo, en relación con el principio procesal de congruencia que debe observarse en toda resolución jurisdiccional, se advierte que la litis constitucional en el juicio de amparo directo se integra, por regla general, con la demanda de garantías y el informe justificado que rinda la autoridad responsable; por tanto, para que en la ejecutoria que emita el Tribunal Colegiado se observe tal principio, deberá acotar su decisión a lo que constituya la materia de la litis en el juicio uniinstancial, esto es, deberá existir identidad jurídica entre lo resuelto por el tribunal y lo que es materia de la controversia en el juicio de amparo, entendida ésta como las cuestiones de hecho y de derecho que se deben ponderar para decidir si el acto reclamado resulta o no violatorio de garantías constitucionales; en esa virtud, si el juicio de garantías se admite respecto de una sentencia definitiva pronunciada en segunda instancia y el quejoso en la demanda de amparo formula conceptos de violación dirigidos a combatir el fallo de primer grado, procede calificarlos de inoperantes por no cuestionar las consideraciones que invoque el tribunal ad quem para emitir aquélla, pues de no interpretarse así, se llegaría al absurdo de que el órgano jurisdiccional federal se pronunciara sobre cuestiones que no formen parte de la contienda constitucional, lo que indefectiblemente traería como consecuencia que se pronuncie una sentencia violatoria del citado principio.". No obstante lo anterior, debe decirse que, conforme el artículo 618, fracción II, de la Ley Federal del Trabajo, el quejoso, en su carácter de parte actora, puede solicitar ante el Presidente de la Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje para Asuntos Universitarios del Estado de Durango, con sede en esta ciudad, la ejecución del laudo. Los motivos de disenso en que se alude a la aplicación de principios contenidos tanto en la Carta Magna, como en los tratados internacionales de los que México es parte, son inoperantes, porque se hacen depender de aquellos ya desestimados. Al respecto es aplicable invocar jurisprudencia sostenida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, que se comparte consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXI, abril de dos mil cinco, página mil ciento cincuenta y cuatro, registro digital 178784, que establece: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. SON INOPERANTES LOS QUE PARTEN O SE HACEN DESCANSAR SUSTANCIALMENTE EN LO ARGUMENTADO EN OTROS QUE FUERON DESESTIMADOS. Si de lo alegado en un concepto de violación se advierte que la impugnación planteada se hace descansar, sustancialmente, en lo que se argumentó en otro u otros conceptos de violación que fueron anteriormente desestimados en la misma ejecutoria, en tanto que resultaron infundados, inoperantes o inatendibles, ello hace que aquél resulte a su vez inoperante, dado que de ninguna manera resultará procedente, fundado u operante lo que en dicho concepto se aduce, por basarse en la supuesta procedencia de aquéllos.". Finalmente, el impetrante de amparo solicita se haga un control de convencionalidad ex officio. Es inoperante la anterior petición, en virtud de que sólo se limita a invocar la aplicación del control de convencionalidad ex officio; empero, no exista causa de pedir, al no precisar qué numerales que considera deben dejar de aplicarse en su perjuicio. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia IV.2o.A. J/10 (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, la cual se comparte, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro 24, noviembre de dos mil quince, tomo IV, página tres mil doscientos veintinueve, registro digital 2010532, de rubro y texto: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES EN EL AMPARO DIRECTO. LO SON AQUELLOS QUE, ADEMÁS DE NO CONTROVERTIR EFICAZMENTE LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA RECLAMADA, SE LIMITAN A INVOCAR LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO PRO PERSONA O DEL NUEVO MODELO DE CONTROL CONSTITUCIONAL, COMO CAUSA DE PEDIR, PERO NO CUMPLEN CON LOS PARÁMETROS MÍNIMOS PARA LA EFICACIA DE ESTA SOLICITUD. Si bien es cierto que la reforma constitucional en materia de derechos humanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, generó nuevos deberes para las autoridades del Estado Mexicano y, particularmente, para los órganos jurisdiccionales, en el sentido de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, con independencia de su fuente, de conformidad con ciertos principios de optimización interpretativa, entre éstos, el de interpretación más favorable a la persona, y dio lugar a un nuevo modelo de control constitucional y convencional ex officio, también lo es que, según interpretaron la Primera y Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las tesis aisladas 1a. LXVII/2014 (10a.) y 1a. CCCXXVII/2014 (10a.) y de jurisprudencia 2a./J. 56/2014 (10a.) y 2a./J. 123/2014 (10a.), por una parte, el referido principio no conlleva que los órganos jurisdiccionales dejen de observar en su labor los diversos principios y restricciones previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aplicables a los procedimientos de que conocen y, por otra, el ejercicio de control constitucional o convencional está supeditado, tratándose del oficioso, a que el órgano jurisdiccional advierta la sospecha de disconformidad de la norma aplicable o el acto de autoridad, con los derechos humanos reconocidos y, tratándose del que debe ejercerse a petición de parte, a que se cumplan los requisitos mínimos del planteamiento respectivo, consistentes en que, aunado a que se pida la aplicación del principio pro persona o se impugne su falta de aplicación por la autoridad responsable, se señale también cuál es el derecho humano cuya maximización se pretende, se indique la norma cuya aplicación debe preferirse o la interpretación que resulta más favorable hacia el derecho fundamental restringido y se precisen los motivos para preferirlos en lugar de otras normas o interpretaciones posibles, desde luego, todo esto con incidencia en la estimación de que el acto reclamado es inconstitucional o inconvencional, con lo cual se evita una carga excesiva al ejercicio jurisdiccional y se parte de reconocer que el ordenamiento jurídico nacional y los actos fundados en él gozan de la presunción de constitucionalidad, aun en lo relativo al respeto a los derechos humanos y a las restricciones que constitucionalmente operan en esta materia. Consecuentemente, si en el amparo directo los conceptos de violación, además de no controvertir eficazmente las consideraciones de la sentencia reclamada, se limitan a invocar la aplicación del principio pro persona o del nuevo modelo de control constitucional, como causa de pedir, pero no cumplen con los aludidos parámetros mínimos para la eficacia de esta solicitud, son inoperantes, más aún, ante el imperio de la regla general de estricto derecho, como previsión constitucional encaminada a asegurar, en condiciones ordinarias en el procedimiento de amparo, la imparcialidad del órgano de control y la igualdad de trato hacia las partes, cuando no concurre un motivo que excepcionalmente permita suplir la deficiencia de la queja en los términos establecidos en la Ley de Amparo y tampoco se advierte sospecha de disconformidad constitucional o convencional de una norma aplicada en perjuicio del quejoso; en el entendido de que si lo que se hace valer es la omisión de la responsable de ejercer el control referido, ello no constituye, en sí mismo, una violación pues, en todo caso, el justiciable estuvo en aptitud de efectuar el planteamiento respectivo ante la jurisdicción constitucional, cumpliendo con los parámetros mínimos requeridos, sin que lo hubiese hecho.". Por lo tanto, al resultar los conceptos de violación inoperantes, lo procedente es negar el amparo solicitado. La cita de criterios judiciales en que se interpretaron dispositivos de la abrogada Ley de Amparo se realizó con fundamento en el artículo sexto transitorio de la vigente ley de la materia, toda vez que no contravienen sus disposiciones. Por lo expuesto y fundado, se; R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia Federal NO AMPARA NI PROTEGE a Jesús Manuel Rodarte Cisneros contra el laudo pronunciado el treinta y uno de julio de dos mil diecisiete en el juicio laboral 05/2014 por la Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje para Asuntos Universitarios, con sede en esta ciudad. Notifíquese; remítase testimonio de esta ejecutoria, en su oportunidad vuelvan los autos a su lugar de origen y, asimismo archívese el expediente. Así lo resolvió el Cuarto Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito, por unanimidad de votos del Magistrado Presidente Miguel Ángel Cruz Hernández, de la Magistrada Susana Magdalena González Rodríguez, así como del licenciado Leonel Sayd Espinoza Pimentel secretario de base del Tribunal, autorizado en acuerdo de veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado de Circuito, en términos del artículo 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 40, fracción V, del diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales; el último de los nombrados como ponente; quienes firman con la licenciada Ofelia Nevárez Chávez, Secretaria de Acuerdos que autoriza y da fe, con fundamento en el artículo 188 de la Ley de Amparo. LIC. OFELIA NEVÁREZ CHÁVEZ.
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