Jesús Manuel Ríos Bedoya

Expediente 1000/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 6 actuaciones registradas, la última del 25 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1000/2022
Año
2022
Actuaciones
6
Última actuación
25/01/2023

Partes del expediente

  • Jesús Manuel Ríos Bedoya
  • Juez de Primera Instancia del Ramo Penal de Culiacán, Sinaloa

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Culiacán, Sinaloa, veinticinco de enero de dos mil veintitrés. Con base en la certificación de cuenta y dado que las partes no recurrieron el auto en que se sobreseyó fuera de audiencia en este juicio de garantías, con apoyo en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del numeral 2 de la Ley de Amparo, se declara que el referido auto HA CAUSADO ESTADO. Por otro lado, toda vez que no existe diligencia por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el numeral 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, se ordena el archivo definitivo de este expediente como concluido; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En el entendido que hasta en tanto se encuentren debidamente notificadas las partes del presente acuerdo, se remitirá físicamente al archivo definitivo el juicio en que se actúa. En acatamiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente es susceptible de destrucción. En el entendido que este expediente no es de relevancia documental, por no encuadrar en alguno de los supuestos indicados en el citado Acuerdo General. Notifíquese.

  2. Principal

    En Culiacán, Sinaloa, a veintiocho de octubre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio y anexo que remite el Juzgado de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Culiacán, mediante el cual remite copia certificada de la sentencia de veintiséis de octubre del año en curso dictado en la causa penal ******. Ahora, en el caso concreto la parte quejosa señala como actos reclamados: La omisión de dictar sentencia en la causa penal ****. De las constancias remitidas por la responsable, se observa que en veintiséis de octubre pasado dicto sentencia definitiva dentro de la causa penal *****, por tanto, subsanó la violación reclamada. Constancias que en términos de lo dispuesto por el artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a lo dispuesto por su numeral 2, merecen eficacia demostrativa plena, según lo dispuesto por los ordinales 197 y 202 de la Ley de la materia. En ese sentido, si el reclamo que dio origen al presente sumario consistió en la omisión de dictar sentencia en la causa penal *****y de las documentales allegadas por la responsable se advierte que el veintiséis de octubre pasado se dictó la sentencia, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues cesaron los efectos de la omisión reclamada. Apoya a lo anterior, la Jurisprudencia 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, cuyo texto literal es: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Por lo anterior, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de garantías, en términos del artículo 61, fracción XXI, en relación con el 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo. Sin que sea obstáculo para decretar el sobreseimiento, el que sea fuera de la audiencia constitucional, pues es clara y evidente la actualización de la causa de improcedencia que conduce al resultado apuntado, que aun esperando a celebrar ésta, la conclusión sería la misma, por lo que atendiendo al principio de celeridad procesal previsto por el artículo 17 Constitucional, carece de objeto esperar la audiencia para resolver en el mismo sentido lo que desde ahora es factible. Atento a lo anterior, se deja sin efectos lo ordenado por proveído de veinticuatro de octubre de la presente anualidad, única y exclusivamente en lo concerniente al señalamiento de la audiencia constitucional para las diez horas con once minutos del veintitrés de noviembre de dos mil veintidós. Comuníquese lo anterior a las autoridades responsables y háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que para tal efecto se lleva en este órgano jurisdiccional. Notifíquese y personalmente.

  3. Principal

    en virtud de no haberse presentado la parte quejosa a notificarse personalmente previo aviso que se dejó, con fundamento en los artículos 27, fracción I, inciso c), y 29, ambos de la Ley de Amparo se notifica por lista que se fija en los estrados de este Juzgado y en la pagina electrónica la siguiente determinación: En Culiacán, Sinaloa, a veintiocho de octubre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio y anexo que remite el Juzgado de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Culiacán, mediante el cual remite copia certificada de la sentencia de veintiséis de octubre del año en curso dictado en la causa penal ******. Ahora, en el caso concreto la parte quejosa señala como actos reclamados: La omisión de dictar sentencia en la causa penal ****. De las constancias remitidas por la responsable, se observa que en veintiséis de octubre pasado dicto sentencia definitiva dentro de la causa penal *****, por tanto, subsanó la violación reclamada. Constancias que en términos de lo dispuesto por el artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a lo dispuesto por su numeral 2, merecen eficacia demostrativa plena, según lo dispuesto por los ordinales 197 y 202 de la Ley de la materia. En ese sentido, si el reclamo que dio origen al presente sumario consistió en la omisión de dictar sentencia en la causa penal *****y de las documentales allegadas por la responsable se advierte que el veintiséis de octubre pasado se dictó la sentencia, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues cesaron los efectos de la omisión reclamada. Apoya a lo anterior, la Jurisprudencia 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, cuyo texto literal es: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Por lo anterior, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de garantías, en términos del artículo 61, fracción XXI, en relación con el 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo. Sin que sea obstáculo para decretar el sobreseimiento, el que sea fuera de la audiencia constitucional, pues es clara y evidente la actualización de la causa de improcedencia que conduce al resultado apuntado, que aun esperando a celebrar ésta, la conclusión sería la misma, por lo que atendiendo al principio de celeridad procesal previsto por el artículo 17 Constitucional, carece de objeto esperar la audiencia para resolver en el mismo sentido lo que desde ahora es factible. Atento a lo anterior, se deja sin efectos lo ordenado por proveído de veinticuatro de octubre de la presente anualidad, única y exclusivamente en lo concerniente al señalamiento de la audiencia constitucional para las diez horas con once minutos del veintitrés de noviembre de dos mil veintidós. Comuníquese lo anterior a las autoridades responsables y háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que para tal efecto se lleva en este órgano jurisdiccional. Notifíquese y personalmente.

  4. Principal

    Culiacán, Sinaloa, veinticuatro de octubre de dos mil veintidós. Del estado que guardan los autos se advierte que está programada en este juicio la audiencia constitucional para este día. No obstante, se desprende que el diecisiete de octubre del año en curso se agregó el informe justificado rendido por el Juez de Primera Instancia del Ramo Penal de Culiacán, Sinaloa, por lo que trascurre el plazo de ocho días para que las partes se impongan del informe y estén en aptitud de preparar la defensa de sus intereses. Para dar oportunidad a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para este día y se fijan las DIEZ HORAS CON ONCE MINUTOS DEL VEINTITRES DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO para su celebración. Notifíquese.

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