Jesús Manuel Reyes Moreno

Expediente 1112/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 12 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1112/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
12/12/2022

Partes del expediente

  • Jesús Manuel Reyes Moreno

Actuaciones

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, doce de diciembre de dos mil veintidós. Intégrese a los autos el oficio de cuenta de la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, mediante el cual informa que ha quedado firme el desechamiento del recurso de queja ******************** de su índice, por lo que ordenó el archivo de ese expediente y devuelve las copias certificadas remitidas con motivo de ese medio de impugnación. Sin que sea necesario acusar de recibido porque expresamente no lo solicitó el tribunal colegiado. Por lo tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; asimismo, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Ahora, en cumplimiento al artículo 21, inciso d) y penúltimo párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, resulta procedente decretar que el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción, al haber quedado firme el desechamiento de la demanda origen de este asunto; asimismo, una vez que se cumplan tres años al haberse dictado el acuerdo de archivo, y pasados treinta días de este plazo, se deberá destruir con posterioridad al DOCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTICINCO. Además, el presente asunto no se considera de relevancia documental por no encuadrar en algún supuesto de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de mérito. Notifíquese personalmente al quejoso en su centro de reclusión.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de octubre de dos mil veintidós. Vista la razón de cuenta, se advierte que cuando se notificó al quejoso Jesús Manuel Moreno Reyes el acuerdo de veintinueve de septiembre del año en curso, dictado en este juicio de amparo, el fedatario adscrito a este órgano jurisdiccional hizo constar que el justiciable manifestó que "interpone recurso de revisión contra el auto que se notifica", en donde se desechó de plano la demanda presentada por el justiciable; en consecuencia se provee: Con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), en relación con los diversos 98, 99, 100 y 101, de la Ley de Amparo, se ordena remitir el original de la razón actuarial de siete de octubre de dos mil veintidós, al Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito, en turno, así como el informe sobre la materia de la queja. Sin que haya lugar a notificar a las demás partes la presente determinación, para que señalen las constancias que deberán remitirse a quien deba resolver en términos del artículo 101 de la Ley de Amparo, en razón que el auto materia de la queja es el que desechó la demanda, motivo por el cual no fueron emplazadas. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintinueve de septiembre de dos mil veintidós. Téngase por recibida la demanda señalada en la cuenta. Fórmese expediente impreso y electrónico en términos de lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley de Amparo y regístrese con el número 1112/2022. Desechamiento. Este Juzgado considera que debe desecharse la demanda de amparo promovida por Jesús Manuel Moreno Reyes. Lo anterior es así, ya que de un análisis a la demanda de amparo, conduce a sostener que se actualiza una hipótesis de inejercicio de la acción de amparo que por ser indudable y manifiesta impide substanciar el juicio constitucional, de acuerdo con las consideraciones siguientes: El quejoso señala como acto destacado la falta de atención médica al interior del Centro Federal de Readaptación Social Trece "CPS-OAXACA", con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, donde se encuentra recluido y señala que las autoridades responsables no le suministran el medicamento que le recetaron. En ese sentido, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. [.]". Acorde con las disposiciones legales transcritas, el juicio de amparo es improcedente cuando como en el caso, los actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, deban ser revisados de oficio o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, esto es, que cumpla el principio de definitividad. Luego, como se estableció, el promovente reclama la omisión por parte de las responsables de otorgarle el medicamento para sus padecimientos. Sin embargo, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 57/2018, consideró en esencia lo relativo a los mecanismos que regula la Ley Nacional de Ejecución Penal para que personas internas en los centros penitenciarios los hagan valer ante el Juez de Ejecución de Pena competente. De dicha ejecutoria, derivó la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de aplicación obligatoria a partir del lunes diez de diciembre de dos mil dieciocho, visible en la página doscientos treinta de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I. Tesis: 1a./J. 79/2018 (10a.). Materia(s): Común. Décima Época, de rubro y texto siguientes: "OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Del contenido de los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 30, 107 a 115, 117, fracción I, 122 y 131 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se advierte que el procedimiento de ejecución penal contiene un mecanismo de control denominado peticiones administrativas, a través del cual las personas privadas de su libertad pueden reclamar, sin mayores formalismos, ante la autoridad penitenciaria o el Juez respectivo, las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento que vulneran sus derechos. Ahora bien, este mecanismo de control constituye un verdadero procedimiento conformado de diversas etapas, pues inicia con la presentación de una petición formulada por los internos ante la autoridad penitenciaria correspondiente, en donde pueden ofrecer pruebas o que la autoridad las recabe de oficio; en el caso de que el acto sea urgente puede ser suspendido de oficio y de inmediato por un Juez, o bien, que éste ordene las acciones positivas necesarias para que cese, en caso de constituir una omisión; asimismo, se prevé la posibilidad de que las decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria relacionadas con la petición sean impugnadas a través de los recursos correspondientes. En esa virtud, el citado mecanismo de control previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal constituye un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz por medio del cual la persona privada de su libertad, puede reclamar omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, por lo que antes de acudir al juicio de amparo indirecto, debe agotar dicho mecanismo y los medios de impugnación previstos en su contra por la ley referida. Por lo que, si el interno promueve la acción constitucional contra las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, sin que previamente hubiera agotado el citado mecanismo de control, actualizará la causa de improcedencia del juicio prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en atención al principio de definitividad." De la referida jurisprudencia se desprende que de conformidad con lo establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal existe un mecanismo de control denominado "peticiones administrativas" por medio del cual, aquellas personas que se encuentren privadas de su libertad estén en aptitud de reclamar ante la autoridad penitenciaria, o en su caso, ante el juez correspondiente, las omisiones que estén relacionadas a su condición de internamiento y que lleguen a quebrantar sus derechos. Dicho mecanismo se comprende en diversas etapas: a) Presentación de petición, formulada por los internos ante las autoridades penitenciarias. b) Se pueden ofrecer pruebas o que la autoridad la recabe de manera oficiosa. c) En caso de que el acto sea urgente, podrá ser suspendido de oficio y de inmediato por un juez, o bien, que éste ordene las acciones necesarias para que cese. d) Se prevé la posibilidad de que aquellas decisiones que adopte la autoridad respectiva, conforme a las peticiones de los internos, éstas podrán ser impugnadas a través de los recursos correspondientes. No obstante lo anterior, en el caso específico es oportuno destacar lo dispuesto en los numerales 114, penúltimo párrafo y 115 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que establecen lo siguiente: "Artículo 114. Resolución de peticiones administrativas (.) Si la petición no fuere resuelta dentro del término legal, el promovente podrá acudir ante el Juez de Ejecución competente y demandar esta omisión. Hecho lo anterior, el juez resolverá en un plazo no mayor a setenta y dos horas. En caso de ser procedente la acción, el juez requerirá a la Autoridad Penitenciaria que responda la petición formulada de fondo y en el plazo previsto en esta Ley y dará cuenta al inmediato superior jerárquico de la Autoridad Penitenciaria." Asimismo, el 115 del mismo ordenamiento dice: "Artículo 115. Casos urgentes. Cuando las peticiones recaigan sobre hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento que, de no atenderse de inmediato, quedaría sin materia la petición, constituyendo un caso urgente, la persona legitimada podrá acudir directamente ante el Juez de Ejecución para plantear su petición. En este caso, el Juez de Ejecución, de oficio, suspenderá de inmediato el hecho o acto que motivó la petición, así como los efectos que tuviere, hasta en tanto se resuelva en definitiva. Tratándose de omisiones, el Juez de Ejecución determinará las acciones a realizar por la Autoridad Penitenciaria. Cuando los jueces de ejecución reciban promociones que por su naturaleza no sean casos urgentes, las turnarán al centro para su tramitación, recabando registro de su entrega." De dichas porciones normativas establecen que en el supuesto de que las peticiones no fueren resueltas en el plazo legal, podrán acudir ante el juez de ejecución competente y demandar dicha omisión. Así, el juez resolverá en un plazo no mayor a setenta y dos horas, y en caso de que fuere procedente tal acción, se requerirá a la autoridad penitenciaria que responda a la petición formulada. Por su parte el precepto 115 antes referido, se advierte que cuando se trate de casos urgentes - al no atenderse de inmediato las peticiones - la persona legitimada podrá acudir ante el juez de ejecución y formular su solicitud. Con base en las consideraciones anteriores, es que este órgano de control constitucional no pasa inadvertidas las manifestaciones del promovente, relativas a que no ha recibido los medicamentos que le recetaron; no obstante lo anterior, ante la actualización de dicha omisión, está en aptitud de hacerlo valer ante el juez de ejecución competente, el que debe pronunciarse en un plazo no mayor a setenta y dos horas. Máxime que si consideran que su petición es urgente, podrán acudir directamente ante dicho juzgador. Por tanto, ese control constituye un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz para que las personas privadas de su libertad puedan reclamar omisiones inherentes a su condición de su internamiento, por lo que, antes de acudir al juicio de amparo indirecto deberán agotar ese mecanismo y medios de impugnación. De modo que, se actualiza de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia prevista por el arábigo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, ya que se reitera, el promovente no observó el principio de definitividad que rige a este juicio constitucional, al no haber agotado de manera previa al ejercicio de la acción de amparo el mecanismo de control establecido por los ordinales 107, 108, fracción I, 109, 110, 111, 112, 114, 115, 116, fracciones I, II y IV, 117, fracciones I y II, 131 y 132, fracción VIII, de la Ley Nacional de Ejecución Penal. En consecuencia, lo procedente es desechar la demanda de amparo en relación con los actos reclamados por el quejoso, mismos que atribuye a las autoridades del Centro Federal de Readaptación Social Trece "CPS-OAXACA", con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, lugar en el que el justiciable se encuentra recluido; al advertirse una causa manifiesta e indudable de improcedencia. Cobra vigencia al caso, la jurisprudencia PC.III.P. J/18 P (10a.), sustentada por el Pleno en materia Penal del Tercer Circuito, visible en la página 1701 del Libro 58, Septiembre de 2018, Tomo II, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con registro electrónico 2017822, de rubro y texto: "PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD. CUANDO RECLAMAN ACTOS RELACIONADOS CON LAS CONDICIONES DE SU INTERNAMIENTO, COMO LO ES LA FALTA O NEGATIVA DE ATENCIÓN MÉDICA ADECUADA, YA SEA URGENTE O NO, DEBEN AGOTAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE PETICIONES Y LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN PREVISTOS EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO. Conforme a los artículos 1, 2, 9, 30, 34, 74, 76 a 78, 107 a 115 y 130 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, las personas privadas de su libertad, ya sea en prisión preventiva o en ejecución de penas, tienen a su alcance un procedimiento administrativo de peticiones, mediante el cual pueden hacer valer sus derechos atinentes a las condiciones de internamiento, entre las que se encuentran la falta o negativa de atención médica adecuada, ya sea urgente o no urgente. Adicionalmente, cuentan con un sistema de recursos de índole jurisdiccional, para el caso de que la respuesta que recaiga a su petición no satisfaga sus necesidades, incluso, contra la omisión de dar respuesta oportuna. Ante ese marco normativo ágil y eficaz, previo a promover el juicio de amparo indirecto deben agotarse el procedimiento administrativo de peticiones, así como los medios de impugnación previstos en la ley citada, en atención al principio de definitividad". Cabe destacar que de las manifestaciones vertidas por el propio promovente, se evidencia que no se encuentra en una situación en la que su dignidad e integridad personal se encuentre gravemente comprometida, por lo cual una cierta dilación no lo somete a un dolor físico o estado patológico que pudiera tener consecuencias irreversibles, equiparándose a un tormento. Apoya dicho aserto, por las razones que la informan la tesis 1a./J.55/2019 sostenida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, en el libro 69, agosto 2019, tomo II, en la página 1270, de texto y rubro siguientes: SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO EN EL JUICIO DE AMPARO. DEBE CONCEDERSE CUANDO UN INTERNO RECLAMA DE LAS AUTORIDADES PENITENCIARIAS LA OMISIÓN DE BRINDARLE ATENCIÓN MÉDICA, SI SE ADVIERTE QUE ESA SITUACIÓN COMPROMETE GRAVEMENTE SU DIGNIDAD E INTEGRIDAD PERSONAL, AL GRADO DE EQUIPARARSE A UN TORMENTO. Es criterio reiterado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que la suspensión de oficio y de plano obedece a la necesidad de tutelar derechos fundamentales de especial relevancia de ataques que consumarían irreparablemente la violación en perjuicio del quejoso, haciendo imposible su restitución a través del juicio de amparo, como son los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional, entre los que se encuentra el tormento de cualquier tipo, el cual se refiere a aquellos actos y omisiones que afectan gravemente a la dignidad e integridad personales (como pueden ser los actos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes). Ahora bien, la omisión de proporcionar atención médica es un acto que recorre una amplia gama no reducible a un solo supuesto, pues puede abarcar desde los casos en que se pide en relación con actividades preventivas, que no colocan al quejoso en una situación en la que su dignidad e integridad personal se encuentren gravemente comprometidas, hasta aquellos que obedecen a actividades curativas, de rehabilitación, o bien, de urgencia médica, cuya falta de atención oportuna somete al quejoso a cierto dolor físico y/o estado patológico que, incluso, pudiera tener consecuencias irreversibles en su salud o la pérdida de su vida, por lo que sí es factible que lo ubiquen en la situación apuntada. Por lo tanto, el juez de amparo deberá conceder la suspensión de oficio y de plano, en los casos en que un interno reclame dicha omisión, si a partir de un juicio valorativo en el que pondere las manifestaciones vertidas en la demanda de amparo, advierte que la falta de atención médica que se reclama, compromete gravemente su dignidad e integridad personal, al grado de equipararse tal situación a un tormento. Notificación al quejoso. Tomando en consideración que el quejoso se encuentra interno en el Centro Federal de Readaptación Social número trece en Miahuatlán, Oaxaca, con sede en Mengolí, Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, se comisiona al Actuario(a) Judicial adscrito(a) a este órgano jurisdiccional para que se constituya el próximo siete de octubre de dos mil veintidós, en las instalaciones del Centro Federal de Readaptación Social número 13 "CPS-Oaxaca", ubicado en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, a fin de que notifique de manera personal al quejoso, el contenido del presente acuerdo. Expediente electrónico. Se hace del conocimiento de las partes que están en posibilidad de así estimarlo de consultar por vía electrónica las promociones, los acuerdos, las resoluciones y las demás constancias que integran su expediente de amparo, para lo cual deberán sujetarse a las reglas previstas por el Acuerdo General Adjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los órganos del Consejo de la Judicatura Federal. Protección de datos. Hágase saber a las partes que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y la confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este Juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en lo establecido por el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar se testarán las palabras, las frases o los párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este Juzgado alguna obligación d transparencia prevista en la referida ley. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

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