Jesús Manuel Ortiz Fernandez y Otros.
Expediente 268/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chihuahua. 4 actuaciones registradas, la última del 8 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 268/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 08/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Jesús Manuel Ortiz Fernandez y Otros.
- Jesús Manuel Ortiz Fernandez
- Aldo Humberto Ramos González y Otros.
Actuaciones
- Principal
Visto lo de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieran recurrido la resolución dictada el veinticuatro de marzo del año en curso; por lo tanto, con fundamento en el numeral 2 de la ley invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que el auto que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio, ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y captúrese esta información en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Archívese el expediente como asunto totalmente concluido. Luego, con fundamento en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena enviar el presente asunto al archivo de trámite y tomando en consideración que se sobreseyó por todos los actos reclamados, aunado al hecho que no es de relevancia documental, procede determinar que este expediente es destruible en un plazo de tres años, contado a partir de la notificación de este proveído. Por tanto, una vez transcurrido el plazo establecido en el párrafo que antecede, procédase a la destrucción de este expediente y remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Cabe precisar que el acto reclamado no se ubica en alguno de los supuestos contenidos en el numeral 15 del Acuerdo General en consulta, motivo por el que no se considera de información reservada, además, no obran en autos documentos originales que devolver.
- Principal
Visto lo de cuenta, agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el oficio que remite la autoridad responsable ****** mediante el cual informa que se llevó a cabo el emplazamiento de la parte demandada Industrializadora de ******* y envía las constancias que lo acreditan. Ahora, la improcedencia del juicio de amparo es una cuestión de orden público, que se debe analizar, incluso, de oficio, según lo preceptuado por el artículo 62 de la ley de la materia. Luego, del examen integral de las constancias que integran el presente contradictorio constitucional, entre las cuales se encuentran las documentales allegadas por la responsable en el oficio señalado líneas arriba, el suscrito estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que se transcribe a continuación: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. En relación con lo anterior, es de citarse la jurisprudencia 2a./J. 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, tomo VII, Febrero de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son: SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. Del precepto y criterio transcrito, se colige que para la actualización de esta hipótesis de improcedencia del juicio de amparo, es menester que la revocación del acto reclamado o la cesación de sus efectos, sean incondicionales o inmediatos, de tal manera que las cosas vuelvan al estado en que se encontraban antes de la violación alegada, como si se hubiera otorgado al quejoso la protección constitucional en los términos ordenados por el numeral 77 de la Ley de Amparo. En efecto, en la porción normativa trascrita se prevé la imposibilidad de analizar en el juicio de amparo, un acto que ha cesado en sus efectos, cuestión que acontece una vez que el acto reclamado por parte del quejoso, sea destruido de manera total e indubitable, mediante diversa actuación, efectuada con posterioridad por la autoridad responsable, es decir, la ulterior actuación ha de tener como consecuencia que la primera no surta efecto legal alguno en la esfera jurídica de la parte disconforme, como si el acto primigenio no hubiese existido. En la especie, los actos reclamados consisten en la omisión del Tribunal de trabajo responsable de ordenar al actuario judicial que lleve a cabo el emplazamiento de la demandada en el juicio de origen; y del Actuario adscrito al mismo, la omisión de emplazar a la demandada. Ahora, como quedó asentado en párrafos precedentes, el tribunal de Trabajo responsable, allegó al presente juicio de amparo, copia certificada de las constancias que acreditan que el veinticinco de febrero de este año, ordenó llevar a cabo el emplazamiento de la parte demandada ******** en el juicio laboral *****de su índice, el cual se efectuó el cuatro de marzo de dos mil veintiuno por el Actuario responsable. En estas condiciones, si el quejoso reclamó, precisamente, la omisión de las responsables de ordenar emplazar a juicio a la parte demandada, así como la omisión de emplazarla; y éstas, en sus respectivos ámbitos, ordenaron y llevaron a cabo el emplazamiento a juicio de la demandada, es dable concluir que han cesado los efectos de los actos reclamados, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si los actos no hubieren invadido la esfera jurídica de los disconformes, o habiéndola irrumpido, la cesación no ha dejado ninguna huella. Sirve de apoyo la tesis jurisprudencial 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizada en la página 38, tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro digital 193758, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Por consiguiente, al haber cesado los efectos de los actos reclamados, se actualiza la causal invocada, por lo que procede sobreseer fuera de audiencia en este juicio, con fundamento en lo previsto en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 61, fracción XXI, del mismo ordenamiento. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis jurisprudencial 2ª./J. 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 386, tomo XVII, Marzo de 2003, Novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En consecuencia, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las NUEVE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL VEINTIDÓS DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO. Notifíquese personalmente.
- Principal
Visto el estado que guardan los autos, se advierte que no obra en autos el informe justificado de la autoridad señalada como responsable **** y otra autoridad, residentes en esta ciudad, ni el acuse de recibo por medio del cual se le solicitó. Por lo anterior, a efecto de dar celeridad al presente asunto reenvíese el oficio de admisión, adjuntando copia de la demanda de amparo, para que la responsable esté en posibilidad de rendir su informe justificado. Por lo tanto, para dar margen a lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para esta fecha y en su lugar se fijan las NUEVE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL VEINTIDÓS DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO, para que tenga verificativo. Notifíquese.
- Principal
Para dar margen a que las citadas autoridades estén en posibilidad de rendir el informe requerido, se difiere la celebración de la audiencia incidental señalada para esta fecha, y en su lugar, se fijan las nueve horas con cinco minutos del ocho de marzo de dos mil veintiuno.
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