Jesus Manuel Mier Bejarano

Expediente 854/2020 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 2 actuaciones registradas, la última del 17 de diciembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
854/2020
Año
2020
Actuaciones
2
Última actuación
17/12/2020

Partes del expediente

  • Jesus Manuel Mier Bejarano

Actuaciones

  1. Principal

    Mexicali, Baja California, a diecisiete de diciembre de dos mil veinte. Oficio. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el oficio signado electrónicamente por la Juez Segundo de Distrito en el Estado de Baja California Sur, con sede en La Paz, mediante el cual acusa recibo de oficio 28278/2020 de once de noviembre de dos mil veinte, del índice de este Juzgado, mediante el cual se declaró la incompetencia legal para conocer del asunto que nos ocupa, señalando que quedó registrado con el número de Amparo Indirecto 947/2020 de su estadística. Notifíquese. Así lo acordó y firma Juan José Chávez Montes, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, asistido de Nazareth Cristina Linares Reyna, Secretaria con quien actúa y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Mexicali, Baja California, a dieciocho de noviembre de dos mil veinte. Radicación. , fórmese el expediente respectivo y regístrese en el libro de gobierno con el número 854/2020, que es el que le corresponde. Competencia. De la lectura de la demanda de cuenta, se advierte que este Juzgado de Distrito carece de competencia legal por razón de territorio, para conocer y resolver el juicio de amparo en estudio; conforme a lo dispuesto en los artículos 107, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 37 y 48 ambos de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como del Acuerdo General 3/2013, en relación con el Acuerdo General 28/2016, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Para corroborar dicho aserto, debe tenerse presente que la competencia objetiva de un órgano jurisdiccional es un presupuesto procesal de orden público que, por imperativo constitucional contenido en el artículo 16 de nuestra Carta Magna, debe de analizarse de oficio a fin de no transgredir las reglas fundamentales que norman el juicio de amparo. Es aplicable al respecto, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 36 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo 56, agosto de 1992, Octava Época, cuyo contenido y rubro es el siguiente: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA. Dado que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el cual se encuentra regulado en el amparo indirecto por el artículo 36 de la Ley de Amparo, si las autoridades responsables residentes en el Distrito Federal al rendir su informe justificado niegan expresamente el acto de ellas reclamado, sin que la parte quejosa aporte prueba que acredite lo contrario, se debe considerar que esas autoridades no pretenden ejecutar aquél acto; motivo por el cual el a quo, previamente a analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, debe resolver si ante dicho cuadro procesal tiene o no competencia para conocer del asunto. De no hacerlo así, es inconcuso que se violan las reglas fundamentales que norman al juicio de garantías; por lo que, con apoyo en lo dispuesto por la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo, procede la reposición del procedimiento en el juicio de amparo, para el efecto de que el juez de Distrito señale nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional y, antes o en el acto de dictar la sentencia que corresponda, finque su competencia para conocer del mismo". Por otra parte, la jurisdicción es la función de los órganos del Estado que tienen encomendada la administración de la justicia, para conocer, resolver y en su caso ejecutar lo juzgado en las controversias que se les presenten, mediante la aplicación del derecho, desde luego, en el ámbito de su respectiva competencia. La función de conocer y juzgar los litigios, así como de ejecutar lo juzgado, es esencialmente la misma, cualquiera que sea la rama del derecho sustantivo que se aplique a dicha función; sin embargo, cada uno de los tribunales en que se reparte la jurisdicción tiene limitantes en sus atribuciones, pues aun cuando en lo individual representan una ramificación de un órgano único, y potencialmente poseen jurisdicción en toda causa, su ejercicio está limitado y esa limitación de sus atribuciones, esa medida de su jurisdicción, es lo que se denomina competencia; por tanto, si bien el juzgador, por el solo hecho de serlo, es titular de la función jurisdiccional, no la puede ejercer en cualquier tipo de negocios, sino sólo en aquellos para los que está facultado por la ley, es decir, en aquellos en que es competente. Entonces, para que un tribunal tenga competencia respecto del conocimiento de un determinado asunto, es necesario que, hallándose éste dentro de la órbita de su jurisdicción, la ley le reserve su conocimiento, con preferencia a los demás jueces y tribunales del mismo grado. Las leyes procesales señalan ciertos criterios para determinar la competencia, y normalmente se habla de competencia por razón de la materia, la cuantía, el grado y el territorio. Es importante mencionar que al respecto, en la República Mexicana la competencia de los órganos jurisdiccionales por razón del territorio se distribuye entre diversos Circuitos, de conformidad con el Acuerdo General 03/2013, en relación con el Acuerdo General 28/2016, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a los que se les asigna una especialización o materia mixta, lo que da origen a la existencia de tribunales agrarios, civiles, fiscales, penales, del trabajo, mixtos, entre otros, y que a cada uno de ellos les corresponde conocer de los asuntos relacionados con su especialidad o en su caso en todas las materias. Esta distribución de competencias no resulta ajena a las disposiciones que reglamentan la función jurisdiccional de los órganos del Poder Judicial de la Federación, en tanto que su ley orgánica delimita este tema de acuerdo con la doble función que tiene encomendada, a saber: la judicial, propiamente dicha, y la de control constitucional. Por su parte, la Ley de Amparo prevé diversos tipos de competencia, la que resulta de: a) Competencia por territorio; b) Competencia por materia; c) Competencia por grado; d) Competencia auxiliar; y, e) Competencia concurrente. De la clasificación anterior que alude a la competencia de los Tribunales de la Federación, interesa destacar la primera, es decir, la definida por razón de territorio. La competencia por territorio es el criterio que determina la circunscripción territorial en la que ha de tener su sede el órgano jurisdiccional que deberá dirimir la controversia; es decir, el lugar físico donde se encuentran los sujetos u objeto de la controversia o donde se produjo el hecho que motiva el juicio, por tanto es la aptitud legal que se atribuye a un órgano jurisdiccional para conocer de las controversias referentes dentro de una determinada zona geográfica. En el caso concreto se dice que este Juzgado carece de competencia legal, dado que se actualiza lo previsto en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo. El primero de los numerales en cita es del tenor literal siguiente: "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo a las bases siguientes: (.) VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia" (Énfasis añadido). Dicho precepto constitucional es claro al establecer que el juicio de amparo se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse. Por su parte, el precepto 37 de la Ley de Amparo indica: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". Del numeral que antecede, se obtienen tres reglas básicas que se excluyen entre sí, para determinar la competencia de los Jueces de Distrito en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, reglas que se puntualizan en el orden siguiente: 1) La primera regla se encuentra contenida en el primer párrafo del señalado numeral, la que se caracteriza porque con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se considera para determinar la competencia del Juez de Distrito consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual obviamente presupone que dicho acto es de aquellos que después de su emisión, por su índole, requieren de ejecución material por parte de una autoridad diversa a la ordenadora. 2) La segunda previsión normativa que se contiene en el citado dispositivo, más que una regla diversa constituye un matiz de la hipótesis precedente, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia del correspondiente Juez de Distrito a que se hizo alusión en el inciso que antecede, se establece que en caso de que el acto reclamado pueda tener ejecución en más de un distrito o haya comenzado a ejecutarse en uno de ellos y siga ejecutándose en otro, es competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda. 3) En el último párrafo del precepto en comento se establece la regla consistente en que cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Establecido lo anterior, se tiene que la ejecución es el criterio único para asignar competencia por territorio a los Jueces de Distrito que conozcan de juicios de amparo; por ende, la citada expresión debe entenderse en el sentido de que con la emisión del acto reclamado se tengan que realizar acciones que producen un cambio material, ya sea por sí mismo o sus efectos conlleven a esa situación; es decir, la ejecución no atiende sólo al contenido del acto reclamado, en el sentido de que establezca una orden, un mandato, el cumplimiento o prohibición para efectuar o llevar a cabo algo, sino que también comprende los alcances materiales que tuviera o llegara a producir en el mundo fáctico o real. En principio, de las dos primeras reglas competenciales, se aprecia que requiere que el acto reclamado tenga ejecución material, a diferencia de la tercera, que no la requiere. Resulta ilustrativa al respecto, la tesis , de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que puede ser consultada en la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XII, septiembre de 1993, página 13, que a la letra dice: "COMPETENCIA EN UN JUICIO DE AMPARO EN QUE LOS ACTOS RECLAMADOS DEBEN EJECUTARSE EN DIVERSOS DISTRITOS. CORRESPONDE AL JUEZ ANTE EL QUE SE PRESENTA LA DEMANDA. El artículo 36 de la Ley de Amparo establece tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito en los asuntos cuyo conocimiento les corresponda: 1) será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; 2) cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, 3) cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Lo que distingue las dos primeras reglas de competencia de la tercera, es que en ésta, el acto o resolución reclamada no requiere ejecución material, mientras que la operancia de las otras exige esta ejecución, y lo que distingue a las reglas competenciales que requieren que el acto reclamado tenga ejecución material no lo es el que el acto ya se haya ejecutado, tratado de ejecutar, se esté ejecutando o deba ejecutarse, sino el que ello ocurra en la jurisdicción de uno o varios Jueces de Distrito, pues la primera regla competencial se refiere a todos los supuestos en que pueda encontrarse la ejecución pero sólo hace mención a que éste se efectúe en una jurisdicción, mientras que la segunda regla se refiere a la ejecución en dos distritos diferentes. Por tanto del juicio de amparo en que los actos reclamados deben ejecutarse en diversos distritos, corresponde conocer al Juez ante el que se presenta la demanda, pues la expresión 'a prevención' que utiliza la segunda regla competencial se entiende en función del conocimiento anticipado del asunto." En el caso concreto, la autoridad responsable y actos reclamados, consisten en: "[.] III. Autoridad (es) responsable (s): Señaló como autoridad (es) ejecutora (s): Director de Catastro Municipal del H. Ayuntamiento de los Cabos, Baja California Sur. Con domicilio en Calle Boulevard Antonio Mijares 1924, Centro, 23400 San José del Cabo, B.C.S. IV. Acto(s) reclamado(s): De la autoridad ejecutora reclamo: La falta de notificación con relación al procedimiento de deslinde de los lotes rústicos con clave catastral:********** De lo anterior podemos obtener claramente, que los actos de los que ahora se duele la parte gestora del amparo tienen ejecución material, y que esta se va a llevar en Los Cabos, Baja California Sur, pues se duele de los trabajos de deslinde y subdivisión que se llevaron a cabo en un predio rústico ubicado en el municipio de Los Cabos, Baja California Sur, propiedad de la sucesión testamentaria de la que es albacea la parte quejosa, así como de la ilegal asignación de claves catastrales al citado bien inmueble, sin que hubiere sido llamado al procedimiento respectivo; por lo tanto, si la autoridad responsable que ejerce jurisdicción sobre el predio materia de los actos reclamados, a quien además se reclaman actos de ejecución material, se encuentra en aquélla localidad de Baja California Sur, sin duda, se considera estamos en el supuesto previsto en el primer párrafo, del artículo 37, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesisque sustentó el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, la cual se publica en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta , Libro XIV, Noviembre de 2012, Tomo 3, Materia Común, Administrativa, Página 1844, Décima Época, Registro 2002125, que dice: "COMPETENCIA POR TERRITORIO. SE SURTE A FAVOR DEL JUZGADO DE DISTRITO DEL LUGAR EN QUE SE UBICA EL TRIBUNAL AGRARIO QUE EJERCE JURISDICCIÓN EN EL PREDIO MATERIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS, SIN QUE OBSTE QUE LA MULTA SE IMPUTE A UNA AUTORIDAD EJECUTORA CON DOMICILIO DIVERSO, SI NO SE RECLAMA POR VICIOS PROPIOS. Conforme al artículo 36 de la Ley de Amparo, una de las reglas para determinar la competencia por territorio del Juzgado de Distrito consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. En tales condiciones, si lo que se reclama es que un Tribunal Agrario hizo efectivo el apercibimiento por la violación a las medidas cautelares que decretó en relación con la enajenación de un terreno, la competencia por territorio para conocer del juicio de amparo se surte a favor del Juez de Distrito del lugar donde aquél ejerce su jurisdicción, no obstante que la autoridad que ejecute la multa respectiva tenga su domicilio en lugar diverso, si dicha sanción no se impugna por vicios propios, sino que su ilegalidad se hace depender de lo determinado acerca del desacato a la medida cautelar." En tales condiciones, este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, Baja California, carece de competencia legal para conocer del presente sumario constitucional, por razón de territorio, y por ende, la declina al Juzgado de Distrito en el Estado de Baja California Sur en turno, con sede en La Paz, puesto que es dentro de la jurisdicción del citado Juzgado Federal, donde tendrá lugar la ejecución de los actos que ahora se reclama; por ello, con fundamento en los artículos 37 y 48, ambos de la Ley de Amparo, y Acuerdo General 3/2013, en relación con el Acuerdo General 28/2016, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena remitir la demanda presentada en línea y sus anexos, a ese órgano de control constitucional para que, si lo considera pertinente, se avoque al conocimiento del asunto. Además, como ya se dijo, en el caso particular se señaló como autoridad responsable al Director de Catastro Municipal del Ayuntamiento de los Cabos, Baja California Sur; lo que es otro factor determinante para declinar la competencia a aquél Juzgado Federal, toda vez que conforme a las reglas antes precisadas, la competencia se debe de fincar atendiendo al lugar donde tendrán ejecución los actos reclamados, sin importar que el domicilio de una de las autoridades responsables se encuentre dentro de la jurisdicción territorial de este Juzgado de Distrito. Es de aplicarse a lo antes determinado, la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro, texto y datos de identificación siguientes: "COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE EJECUCION DEL ACTO RECLAMADO, AUN CUANDO EL DOMICILIO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE SE ENCUENTRE EN LA JURISDICCION DE OTRO JUEZ. Se debe fincar la competencia para conocer del negocio en el juzgado dentro de cuya jurisdicción se pretende ejecutar el acto que se reclama, sin que sea óbice para resolver así el hecho de que la autoridad responsable resida en territorio de otro Juez de Distrito, que pudiera inducir a estimar competente a éste, porque dicha responsable ejerce sus funciones en el lugar de ejecución del acto reclamado." (Época: Séptima Época, Registro: 237105, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Volumen 217-228, Tercera Parte, Materia(s): Común, Tesis: Página: 73) : "COMPETENCIA ENTRE JUECES DE DISTRITO. PARA DETERMINARLA DEBEN TOMARSE EN CUENTA LOS ACTOS DE EJECUCIÓN ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO A LOS PARTICULARES." Consecuentemente, envíense los autos originales del presente expediente a la Oficina de Correspondencia de los Juzgados de Distrito, con residencia en La Paz, Baja California Sur, previo cuaderno de antecedentes que se deje en este juzgado federal y solicítese el acuse de recibo correspondiente. Domicilio. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito inicial de demanda, conforme a lo establecido en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria. Autorizados. Se tiene como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, *********, al encontrarse registradas sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Se autoriza consultar y recibir notificaciones electrónicamente. Con fundamento en el artículo 3º de la Ley de Amparo, así como en los diversos 75, 77, 78, 79 y demás relativos y aplicables del "Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que Regula los Servicios Tecnológicos Relativos a la Tramitación Electrónica del Juicio de Amparo, las Comunicaciones Oficiales y Los Procesos de Oralidad Penal en los Centros de Justicia Penal Federal." y lo dispuesto en el "Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo", se autoriza: a) el acceso al expediente electrónico, y b) recibir notificaciones vía electrónica en el presente juicio de amparo, a las siguientes personas: ********" Encargada del SISE. Lo anterior, hágase del conocimiento de la persona encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE", para los efectos legales a que haya lugar; en el entendido de que es responsabilidad de la parte promovente que el nombre de usuario con el que se registró tal autorizado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, esté plasmado en forma clara y precisa, esto es, tal y como debe escribirse, pues de lo contrario, la encargada del aludido sistema no podrá autorizar el acceso respectivo. Notificaciones por vía electrónica. Como lo solicita la parte promovente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción IV de la Ley de Amparo, proceda el Actuario de la adscripción a este Juzgado a realizar las notificaciones a la parte quejosa, vía electrónica mediante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, con el nombre del usuario indicado en el párrafo que antecede. Exhortación a todas las partes a continuar juicio en línea. Con fundamento en el artículo 22, y 28, segundo párrafo, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, dado que el presente juicio fue promovido inicialmente de manera física, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea", y propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente; ello, con la finalidad de mejorar la comunicación con las partes. Habilitación de días y horas. Con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para llevar a cabo las notificaciones personales que se ordenen en el presente juicio de amparo. Digitalización. De conformidad con el artículo 3°, párrafo octavo, de la ley de la materia, procédase a la digitalización de las promociones, resoluciones y documentos judiciales, para los efectos legales conducentes. Medios electrónicos. En términos de la circular 12/09 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos para que se impongan de los autos de este juicio, desde luego, bajo el cuidado y vigilancia del personal judicial respectivo, haciéndose saber al interesado que la posibilidad de fotografiar o utilizar cualquier medio electrónico, no puede trastocar el buen funcionamiento del tribunal al grado que el uso de esa prerrogativa se convierta en instrumento de abuso, por lo que debe ajustarse a la disponibilidad de un tiempo prudente para no obstaculizar las cargas de trabajo o distraer innecesariamente a un funcionario público en las labores que esencialmente debe prestar en su servicio. Asimismo, para mayor eficacia en la notificación de las comunicaciones oficiales, se autoriza para efectos de enviarlas y recibirlas, el uso de los medios electrónicos, sin perjuicio de hacerlo por la vía ordinaria. Transparencia y acceso a la información. De conformidad con los artículos 3°, 6°, 8°, 68, 98, 110, 112, 113 y 117, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 23, 70, fracción XXXVI, 73, fracción II, 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las partes no sólo que deben hacerse públicas las resoluciones que causen estado, sino también que pueden solicitar la supresión de sus nombres en las listas publicadas en medios electrónicos, y que para permitirse el acceso a información confidencial que contenga datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, se requiere el consentimiento del titular de la información relativa, salvo las hipótesis legales reguladas por la ley de la materia. Finalmente, hágaseles ver que con independencia de que las partes manifiesten o no su oposición a la publicación de sus datos, la versión pública de la sentencia que se emita en el presente asunto, se suprimirán los datos confidenciales que puedan contener de conformidad con el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y con lo dispuesto en el acuerdo general del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal de veintisiete de noviembre de dos mil trece, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Notifíquese y personalmente. Así lo acordó y firma Juan José Chávez Montes, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, asistido de Ida Vargas Arias, Secretaria con quien actúa y da fe. Doy fe.

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