Jesus Manuel Mendoza Loya
Expediente 1182/2019 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 5 actuaciones registradas, la última del 18 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1182/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 18/12/2019
Partes del expediente
- Jesus Manuel Mendoza Loya
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Visto el contenido de la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte que mediante oficio SEADS/1472/2019 de veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, emitido por la Secretaría Ejecutiva de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, se informó que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, determinó la designación de la licenciada Magali María Díaz Villarreal, como Titular del Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, con efectos a partir del dieciséis de diciembre del mismo año; en consecuencia, hágase lo anterior del conocimiento de las partes a efecto de que estén en posibilidad de hacer valer, en su caso, alguno de los impedimentos previstos en el artículo 51 de la Ley de Amparo, conforme a lo establecido en la jurisprudencia 2ª./J. 104/2010 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página trescientos doce, del Tomo XXXII, julio de dos mil diez, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro siguiente: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO." Notificación innecesaria a autoridades. En atención a lo ordenado en el auto de admisión, así como a la jurisprudencia 2ª/J. 176/2012 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "NOTIFICACIONES DE LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS", se considera innecesario girar oficio a las autoridades responsables a efecto de notificarles la presente determinación, bastando únicamente su notificación por medio de lista.
- Principal
Tijuana, Baja California, catorce de noviembre de dos mil diecinueve. Apersonamiento. Visto el escrito signado por Rita Larios Rios; atento a su contenido, se le tiene compareciendo en su calidad de tercera interesada al presente juicio de amparo. Autorizado. Asimismo, se tienen por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los profesionistas que menciona, dado que sí cuentan con el registro en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los tribunales del Circuito y Juzgados de Distrito, como se advierte de las constancias que se glosan. Domicilio. De conformidad con lo previsto en los artículos 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo y 27 de la ley de la materia, téngasele como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica. Alegatos. Con fundamento en el artículo 124 de la ley de la materia, se tienen por hechos los alegatos que formula en el ocurso de cuenta, los cuales podrán ser tomados en consideración en el momento procesal oportuno. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Tijuana, Baja California, once de noviembre de dos mil diecinueve. Diferimiento de audiencia. Visto el contenido de la certificación secretarial de cuenta y el estado de autos, se advierte que a la fecha se encuentra transcurriendo el término de dos días para que la tercera interesada Rita Larios Ríos, comparezca a este órgano jurisdiccional a fin de ser emplazada a juicio. Por tanto, a fin de dar margen a lo anterior se procede a diferir la celebración de la audiencia constitucional fijada para el día de hoy y se programan las diez horas con cuarenta minutos del trece de diciembre de dos mil diecinueve, para que tenga verificativo la misma. Notificación innecesaria a autoridades. En atención a lo ordenado en el auto de admisión, así como a la jurisprudencia 2ª/J. 176/2012 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "NOTIFICACIONES DE LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS", se considera innecesario girar oficio a las autoridades responsables a efecto de notificarles la presente determinación, bastando únicamente su notificación por medio de lista. Notifíquese en términos de ley.
- Incidental
Tijuana, Baja California, quince de octubre de dos mil Lectura de constancias: El secretario procede a hacer relación de las constancias que obran agregadas en autos, entre las que se encuentran: copia del escrito inicial de la demanda de amparo e informe previo rendido por la autoridad responsable. Acuerdo: Téngase por hecha la anterior relación de constancias, lo que se tomará en consideración al resolver este incidente. Pruebas. Seguidamente, se abre el periodo probatorio, haciendo constar que ninguna de las partes ofreció medios de prueba en la presente incidencia, por lo que se cierra el periodo probatorio. Alegatos. El secretario, hace constar que las partes no hicieron alegación alguna en este asunto, ni la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, formuló pedimento. Acuerdo. Con fundamento en el numeral 144 de la ley de la materia, toda vez que las partes no formularon alegatos ni la representación social presentó pedimento, la Jueza tiene por precluido ese derecho, y da por concluida la presente etapa. Cierre de audiencia. Al encontrarse integrado el expediente, se procede a dictar resolución en los términos siguientes: Resolución. Vistos para resolver los presentes autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1182/2019-IV, promovido por Jesús Manuel Mendoza Loya, por derecho propio, contra actos del Juez Tercero de lo Civil de Tijuana, Baja California, en esta ciudad; y, R E S U L T A N D O Presentación demanda. Por escrito presentado el siete de octubre de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, recibido en este Juzgado en esa misma data, Jesús Manuel Mendoza Loya, por derecho propio, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto del Juez Tercero de lo Civil de Tijuana, Baja California, en esta ciudad. Trámite. El ocho de octubre de dos mil diecinueve, se admitió la demanda, ordenando formar por duplicado y separado el incidente de suspensión, en el que se solicitó informe previo a la autoridad responsable, se citó a las partes para la celebración de la audiencia incidental, la que se desarrolló al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Este Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, es competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión, con fundamento en los artículos 125, 128 y 140 de la Ley de Amparo; así como el Acuerdo General 31/2018 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la creación de este Juzgado. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. En términos del artículo 146, fracción I de la Ley de Amparo, el quejoso señala esencialmente como acto reclamado la resolución interlocutoria de diez de septiembre de dos mil diecinueve, emitida en los autos del expediente 1149/2019 del índice de la responsable, que declaró improcedente el recurso de revocación que promovió contra el auto que no le tuvo por contestada la demanda en dicho juicio. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. La autoridad responsable que a continuación se precisa en su denominación correcta, rindió su informe previo de la siguiente manera: Autoridad responsable Sentido del Informe Foja Juez Tercero de lo Civil de Tijuana, Baja California, en esta ciudad. Cierto 26 En esa tesitura, dado que la autoridad citada, manifestó que es cierto el acto que de ella se le reclama, así deberá tenerse para los efectos de la suspensión. Efectos para los que se pide la suspensión. En el caso, la parte quejosa precisó que solicita la suspensión definitiva del acto reclamado para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado en que actualmente se encuentran. En esa tesitura, ya establecido lo anterior, quien resuelve procede al análisis de la medida solicitada, con base además en la jurisprudencia P./J. 4/2019 (10a), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro electrónico 2019200, de rubro y de contenido siguiente: "SUSPENSIÓN. EL JUZGADOR PUEDE CONCEDERLA PARA EFECTOS Y CONSECUENCIAS DISTINTAS DE LAS PROPUESTAS POR EL QUEJOSO, PERO NO POR ACTOS NO RECLAMADOS EN LA DEMANDA. De los artículos 124, último párrafo, de la Ley de Amparo abrogada y 147, primer párrafo, de la vigente, se advierte que en los casos en que la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional deberá fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, lo cual significa que el juzgador está legalmente facultado para precisar, conforme a su prudente arbitrio, las consecuencias y/o estatus legal en que deban quedar las cosas a partir de que conceda la medida cautelar, sin importar que para ello se aparte de los efectos propuestos por el quejoso en su escrito inicial, ya sea para maximizarlos o ajustarlos a las necesidades del caso concreto, pues se trata de conservar la materia del juicio de amparo y no de limitarse mecánicamente a proveer la suspensión en los términos estrictos planteados por el quejoso, sobre todo en los casos en que sea evidente que si se atendiera en forma puntual a su solicitud, no se lograría el objetivo integral de la suspensión. Ahora bien, la atribución depositada en el órgano de amparo para modular fundada y motivadamente las implicaciones futuras del otorgamiento de la suspensión no llega al extremo de poder ordenar la paralización de actos no reclamados en la demanda, porque si no se cuestionó su constitucionalidad, es obvio que no constituyen la materia del juicio, la cual debe mantenerse intacta, a fin de preservar los bienes o derechos cuya tutela se demande en el juicio de amparo." Procedencia de la suspensión. Resulta pertinente indicar que los artículos 107, fracción X de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 125 y 128 de la Ley de Amparo, precisan los aspectos que el juzgador debe tomar en cuenta para otorgar la medida cautelar solicitada, así como los requisitos que la parte peticionaria debe reunir, los cuales son: a) La naturaleza de la violación alegada; b) La dificultad de la reparación de los daños y perjuicios que pueda sufrir la parte quejosa con su ejecución; c) Los que la suspensión origine daños a los terceros interesados; d) Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; e) Que hubiere peligro inminente de que se ejecute el acto reclamado con notorios perjuicios para la inconforme y la apariencia del buen derecho. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 138 y 139 de la Ley de Amparo, este órgano de control de la constitucionalidad debe realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho, la no afectación del interés social y tomar las medidas que estime convenientes para que no se defrauden derechos de terceros y se eviten perjuicios a los interesados, ni quede sin materia el juicio. CUARTO. Negativa de la suspensión. Ahora bien, una vez analizadas las constancias que forman el expediente, si se concede la suspensión definitiva para el efecto de que se mantengan las cosas en el estado en que se encuentran, ello implica que se paralice el procedimiento de origen, ante lo cual, debe negase la medida cautelar solicitada, toda vez que en el caso concreto no se cumple con uno de los requisitos establecidos en el numeral 128 de la ley en cita, en razón de que de concederse para tal efecto se contravendrían disposiciones de orden público, pues la tramitación del juicio de origen lo es. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 345, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 292, Tomo VI, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, que al rubro dice: "PROCEDIMIENTO JUDICIAL, SUSPENSIÓN DEL. El procedimiento judicial es de orden público, por lo que es inconducente conceder la suspensión que tienda a detenerlo." QUINTO. Concesión de la medida cautelar. Con fundamento en el artículo 150 de la legislación en consulta, sin suspender el procedimiento de origen, se ordena al Juez Tercero de lo Civil, en esta localidad, se abstenga de emitir sentencia definitiva dentro del expediente 1149/2019 de su índice; es decir, deberá seguir con el trámite del expediente hasta que guarde estado para dictar sentencia a fin de que el juicio de donde deriva este incidente no quede sin materia, y en su caso la resolución dictada, de ser favorable al quejoso no sea nugatoria. Lo anterior, hasta en tanto se resuelva el juicio de amparo en lo principal y se comunique a la responsable el sentido del mismo. Sirve de apoyo a lo expuesto la tesis VII.2o.C.19 K (10a.) del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, publicada en Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, página 3038 del Libro 12, Tomo IV de Noviembre de 2014, registro electrónico 2007906, de rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO. PROCEDE CUANDO SE TRATE DE LA INTERRUPCIÓN DE ALGUNA ETAPA DEL PROCEDIMIENTO JUDICIAL PARA NO PERDER LA MATERIA DEL JUICIO DE AMPARO Y EVITAR EL DICTADO DE LA SENTENCIA. Del artículo 129 de la Ley de Amparo se advierte que el legislador estableció los casos en que debe considerarse que se sigue perjuicio al interés social o que se contravienen disposiciones de orden público, sin contemplar al procedimiento en esos supuestos. De esta manera, si no fue establecido en el citado numeral 129, que debía considerarse al procedimiento como un acto en donde pueda seguirse perjuicio al interés social o que se contravengan disposiciones de orden público, no resulta jurídico indicar lo contrario sin fundamentación y motivación alguna. Lo anterior es así, porque, si por un lado, el diverso 128, fracción II, establece como requisito para conceder la suspensión de los actos reclamados que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público y, por otro, en el referido artículo 129, en ninguna de las hipótesis previstas enunciativamente, se contempló la suspensión de un procedimiento judicial, ello implica que el legislador no dispuso expresamente que la suspensión fuera improcedente y, en consecuencia, si el juzgador de amparo determina en un caso concreto la actualización de una hipótesis no precisada por el legislador, que pudiere seguir perjuicio al interés social o se considere la contravención de disposiciones de orden público, deberá emitir los razonamientos con los que justifique dicha situación. Esto debe entenderse así, porque si el legislador contempló en el mencionado precepto 129 lo denominado como "entre otros casos", ello permite interpretar que ese listado es enunciativo y no limitativo, pero debe tomarse en cuenta que si esas hipótesis señalan cuándo debe considerarse que se sigue perjuicio al interés social y se contravienen disposiciones de orden público, entonces, ésos son casos en los que el legislador estableció una presunción legal sobre ello; de esa manera, para determinar esos "otros casos", se deberá fundar y motivar por qué en un caso concreto tendría que considerarse en dichos supuestos, pues estos "otros casos" no gozan de la presunción legal de referencia. Consecuentemente, la concesión de la suspensión del acto reclamado no tiene que paralizar el procedimiento del juicio, pues como se advierte del criterio emitido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 1a./J. 67/2012 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIII, Tomo 2, octubre de 2012, página 1189, de rubro: "SUSPENSIÓN. ES PROCEDENTE CUANDO EL ACTO RECLAMADO LO CONSTITUYE LA RESOLUCIÓN QUE RECAE A LA EXCEPCIÓN DE INCOMPETENCIA.", los juzgadores pueden ordenar la interrupción de alguna etapa del procedimiento para evitar perder la materia del juicio constitucional y evitar resoluciones contradictorias, lo cual no supone necesariamente paralizar el procedimiento; en ese entendido, resulta suficiente conceder la medida suspensional y evitar el dictado de la sentencia." Por lo expuesto y fundado, se; R E S U E L V E: PRIMERO. Se niega a Jesús Manuel Mendoza Loya, la suspensión definitiva en términos del considerando cuarto de esta resolución. SEGUNDO. Se concede a Jesús Manuel Mendoza Loya, la suspensión definitiva en términos del considerando quinto de esta resolución. Notifíquese en términos de ley.Así lo acuerda y firma Judith Viviana Juárez Vázquez, Jueza Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, quien actúa con el Secretario Carlos Gustavo Núñez Alonso que firma y da fe. Doy fe. CGNA/Rafa* Secretario Oficial SISE Actuaria Expediente electrónico En Tijuana, Baja California, siendo las nueve horas del día ________________, el(la) Actuario(a) del Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, publicó en la lista que se fija en los estrados de este Juzgado Federal, así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, la resolución o acuerdo que antecede, con lo cual quedan notificadas de ello las partes en este juicio constitucional, hecha excepción de las que deban notificarse personalmente o por oficio, se asienta la razón, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 24 y 29 de la Ley de Amparo. Doy Fe. Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California Avenida Paseo de los Héroes, número 10540, sexto piso, Zona Río, Tijuana, Baja California, C.P. 22320 Correo electrónico institucional: 5jdoajf15cto@correo.cjf.gob.mx Teléfonos: (664) 6 34 34 08 y 6 34 34 84 (fax) "2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata." Tijuana, Baja California, 15 de octubre de 2019. AUTORIDAD RESPONSABLE. OF. 28789. JUEZ TERCERO DE LO CIVIL DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA CIUDAD. ANEXO. ESCRITRO DE DEMANDA. EN LOS AUTOS INCIDENTALES DEL JUICIO DE AMPARO 1182/2019-IV PROMOVIDO POR JESÚS MANUEL MENDOZA LOYA, SE DICTÓ EL SIGUIENTE ACUERDO QUE A LA LETRA DICE: "Audiencia Incidental Audiencia. En Tijuana, Baja California, siendo las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del quince de octubre de dos mil diecinueve, , día y hora señalados para que tenga verificativo la celebración de la audiencia incidental a que refiere el artículo 144 de la Ley de Amparo, estando en audiencia pública la licenciada Judith Viviana Juárez Vázquez, Jueza Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, asistida del licenciado Carlos Gustavo Núñez Alonso, Secretario con quien actúa y da fe, declara abierta la audiencia en la presente incidencia, sin la comparecencia de las partes. Conste. Tijuana, Baja California, quince de octubre de dos mil Lectura de constancias: El secretario procede a hacer relación de las constancias que obran agregadas en autos, entre las que se encuentran: copia del escrito inicial de la demanda de amparo e informe previo rendido por la autoridad responsable. Acuerdo: Téngase por hecha la anterior relación de constancias, lo que se tomará en consideración al resolver este incidente. Pruebas. Seguidamente, se abre el periodo probatorio, haciendo constar que ninguna de las partes ofreció medios de prueba en la presente incidencia, por lo que se cierra el periodo probatorio. Alegatos. El secretario, hace constar que las partes no hicieron alegación alguna en este asunto, ni la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, formuló pedimento. Acuerdo. Con fundamento en el numeral 144 de la ley de la materia, toda vez que las partes no formularon alegatos ni la representación social presentó pedimento, la Jueza tiene por precluido ese derecho, y da por concluida la presente etapa. Cierre de audiencia. Al encontrarse integrado el expediente, se procede a dictar resolución en los términos siguientes: Resolución. Vistos para resolver los presentes autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1182/2019-IV, promovido por Jesús Manuel Mendoza Loya, por derecho propio, contra actos del Juez Tercero de lo Civil de Tijuana, Baja California, en esta ciudad; y, R E S U L T A N D O Presentación demanda. Por escrito presentado el siete de octubre de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, recibido en este Juzgado en esa misma data, Jesús Manuel Mendoza Loya, por derecho propio, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto del Juez Tercero de lo Civil de Tijuana, Baja California, en esta ciudad. Trámite. El ocho de octubre de dos mil diecinueve, se admitió la demanda, ordenando formar por duplicado y separado el incidente de suspensión, en el que se solicitó informe previo a la autoridad responsable, se citó a las partes para la celebración de la audiencia incidental, la que se desarrolló al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Este Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, es competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión, con fundamento en los artículos 125, 128 y 140 de la Ley de Amparo; así como el Acuerdo General 31/2018 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la creación de este Juzgado. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. En términos del artículo 146, fracción I de la Ley de Amparo, el quejoso señala esencialmente como acto reclamado la resolución interlocutoria de diez de septiembre de dos mil diecinueve, emitida en los autos del expediente 1149/2019 del índice de la responsable, que declaró improcedente el recurso de revocación que promovió contra el auto que no le tuvo por contestada la demanda en dicho juicio. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. La autoridad responsable que a continuación se precisa en su denominación correcta, rindió su informe previo de la siguiente manera: Autoridad responsable Sentido del Informe Foja Juez Tercero de lo Civil de Tijuana, Baja California, en esta ciudad. Cierto 26 En esa tesitura, dado que la autoridad citada, manifestó que es cierto el acto que de ella se le reclama, así deberá tenerse para los efectos de la suspensión. Efectos para los que se pide la suspensión. En el caso, la parte quejosa precisó que solicita la suspensión definitiva del acto reclamado para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado en que actualmente se encuentran. En esa tesitura, ya establecido lo anterior, quien resuelve procede al análisis de la medida solicitada, además en la jurisprudencia P./J. 4/2019 (10a), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro electrónico 2019200, de rubro y de contenido siguiente: "SUSPENSIÓN. EL JUZGADOR PUEDE CONCEDERLA PARA EFECTOS Y CONSECUENCIAS DISTINTAS DE LAS PROPUESTAS POR EL QUEJOSO, PERO NO POR ACTOS NO RECLAMADOS EN LA DEMANDA. De los artículos 124, último párrafo, de la Ley de Amparo abrogada y 147, primer párrafo, de la vigente, se advierte que en los casos en que la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional deberá fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, lo cual significa que el juzgador está legalmente facultado para precisar, conforme a su prudente arbitrio, las consecuencias y/o estatus legal en que deban quedar las cosas a partir de que conceda la medida cautelar, sin importar que para ello se aparte de los efectos propuestos por el quejoso en su escrito inicial, ya sea para maximizarlos o ajustarlos a las necesidades del caso concreto, pues se trata de conservar la materia del juicio de amparo y no de limitarse mecánicamente a proveer la suspensión en los términos estrictos planteados por el quejoso, sobre todo en los casos en que sea evidente que si se atendiera en forma puntual a su solicitud, no se lograría el objetivo integral de la suspensión. Ahora bien, la atribución depositada en el órgano de amparo para modular fundada y motivadamente las implicaciones futuras del otorgamiento de la suspensión no llega al extremo de poder ordenar la paralización de actos no reclamados en la demanda, porque si no se cuestionó su constitucionalidad, es obvio que no constituyen la materia del juicio, la cual debe mantenerse intacta, a fin de preservar los bienes o derechos cuya tutela se demande en el juicio de amparo." Procedencia de la suspensión. Resulta pertinente indicar que los artículos 107, fracción X de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 125 y 128 de la Ley de Amparo, precisan los aspectos que el juzgador debe tomar en cuenta para otorgar la medida cautelar solicitada, así como los requisitos que la parte peticionaria debe reunir, los cuales son: a) La naturaleza de la violación alegada; b) La dificultad de la reparación de los daños y perjuicios que pueda sufrir la parte quejosa con su ejecución; c) Los que la suspensión origine daños a los terceros interesados; d) Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; e) Que hubiere peligro inminente de que se ejecute el acto reclamado con notorios perjuicios para la inconforme y la apariencia del buen derecho. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 138 y 139 de la Ley de Amparo, este órgano de control de la constitucionalidad debe realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho, la no afectación del interés social y tomar las medidas que estime convenientes para que no se defrauden derechos de terceros y se eviten perjuicios a los interesados, ni quede sin materia el juicio. CUARTO. Negativa de la suspensión. Ahora bien, una vez analizadas las constancias que forman el expediente, si se concede la suspensión definitiva para el efecto de que se mantengan las cosas en el estado en que se encuentran, ello implica que se paralice el procedimiento de origen, ante lo cual, debe negase la medida cautelar solicitada, toda vez que en el caso concreto no se cumple con uno de los requisitos establecidos en el numeral 128 de la ley en cita, en razón de que de concederse para tal efecto se contravendrían disposiciones de orden público, pues la tramitación del juicio de origen lo es. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 345, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 292, Tomo VI, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, que al rubro dice: "PROCEDIMIENTO JUDICIAL, SUSPENSIÓN DEL. El procedimiento judicial es de orden público, por lo que es inconducente conceder la suspensión que tienda a detenerlo." QUINTO. Concesión de la medida cautelar. Con fundamento en el artículo 150 de la legislación en consulta, sin suspender el procedimiento de origen, se ordena al Juez Tercero de lo Civil, en esta localidad, se abstenga de emitir sentencia definitiva dentro del expediente 1149/2019 de su índice; es decir, deberá seguir con el trámite del expediente hasta que guarde estado para dictar sentencia a fin de que el juicio de donde deriva este incidente no quede sin materia, y en su caso la resolución dictada, de ser favorable al quejoso no sea nugatoria. Lo anterior, hasta en tanto se resuelva el juicio de amparo en lo principal y se comunique a la responsable el sentido del mismo. Sirve de apoyo a lo expuesto la tesis VII.2o.C.19 K (10a.) del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, publicada en Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, página 3038 del Libro 12, Tomo IV de Noviembre de 2014, registro electrónico 2007906, de rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO. PROCEDE CUANDO SE TRATE DE LA INTERRUPCIÓN DE ALGUNA ETAPA DEL PROCEDIMIENTO JUDICIAL PARA NO PERDER LA MATERIA DEL JUICIO DE AMPARO Y EVITAR EL DICTADO DE LA SENTENCIA. Del artículo 129 de la Ley de Amparo se advierte que el legislador estableció los casos en que debe considerarse que se sigue perjuicio al interés social o que se contravienen disposiciones de orden público, sin contemplar al procedimiento en esos supuestos. De esta manera, si no fue establecido en el citado numeral 129, que debía considerarse al procedimiento como un acto en donde pueda seguirse perjuicio al interés social o que se contravengan disposiciones de orden público, no resulta jurídico indicar lo contrario sin fundamentación y motivación alguna. Lo anterior es así, porque, si por un lado, el diverso 128, fracción II, establece como requisito para conceder la suspensión de los actos reclamados que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público y, por otro, en el referido artículo 129, en ninguna de las hipótesis previstas enunciativamente, se contempló la suspensión de un procedimiento judicial, ello implica que el legislador no dispuso expresamente que la suspensión fuera improcedente y, en consecuencia, si el juzgador de amparo determina en un caso concreto la actualización de una hipótesis no precisada por el legislador, que pudiere seguir perjuicio al interés social o se considere la contravención de disposiciones de orden público, deberá emitir los razonamientos con los que justifique dicha situación. Esto debe entenderse así, porque si el legislador contempló en el mencionado precepto 129 lo denominado como "entre otros casos", ello permite interpretar que ese listado es enunciativo y no limitativo, pero debe tomarse en cuenta que si esas hipótesis señalan cuándo debe considerarse que se sigue perjuicio al interés social y se contravienen disposiciones de orden público, entonces, ésos son casos en los que el legislador estableció una presunción legal sobre ello; de esa manera, para determinar esos "otros casos", se deberá fundar y motivar por qué en un caso concreto tendría que considerarse en dichos supuestos, pues estos "otros casos" no gozan de la presunción legal de referencia. Consecuentemente, la concesión de la suspensión del acto reclamado no tiene que paralizar el procedimiento del juicio, pues como se advierte del criterio emitido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 1a./J. 67/2012 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIII, Tomo 2, octubre de 2012, página 1189, de rubro: "SUSPENSIÓN. ES PROCEDENTE CUANDO EL ACTO RECLAMADO LO CONSTITUYE LA RESOLUCIÓN QUE RECAE A LA EXCEPCIÓN DE INCOMPETENCIA.", los juzgadores pueden ordenar la interrupción de alguna etapa del procedimiento para evitar perder la materia del juicio constitucional y evitar resoluciones contradictorias, lo cual no supone necesariamente paralizar el procedimiento; en ese entendido, resulta suficiente conceder la medida suspensional y evitar el dictado de la sentencia." Por lo expuesto y fundado, se; R E S U E L V E: PRIMERO. Se niega a Jesús Manuel Mendoza Loya, la suspensión definitiva en términos del considerando cuarto de esta resolución. SEGUNDO. Se concede a Jesús Manuel Mendoza Loya, la suspensión definitiva en términos del considerando quinto de esta resolución. Notifíquese en términos de ley. Así lo acuerda y firma Judith Viviana Juárez Vázquez, Jueza Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, quien actúa con el Secretario Carlos Gustavo Núñez Alonso que firma y da fe. Doy fe." Lo que se hace constar para su conocimiento y efectos legales procedentes. Carlos Gustavo Núñez Alonso. Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado. Audiencia. En Tijuana, Baja California, siendo las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del quince de octubre de dos mil diecinueve, , día y hora señalados para que tenga verificativo la celebración de la audiencia incidental a que refiere el artículo 144 de la Ley de Amparo, estando en audiencia pública la licenciada Judith Viviana Juárez Vázquez, Jueza Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, asistida del licenciado Carlos Gustavo Núñez Alonso, Secretario con quien actúa y da fe, declara abierta la audiencia en la presente incidencia, sin la comparecencia de las partes. Conste.
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