Jesus Manuel Martinez de la Cruz

Expediente 12/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco. 2 actuaciones registradas, la última del 18 de enero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
12/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
18/01/2018

Partes del expediente

  • Jesus Manuel Martinez de la Cruz

Actuaciones

  1. Principal

    VISTO LO DE CUENTA, TENGASE POR RECIBIDO EL OFICIO SIGNADO POR***** MEDIANTE EL CUAL HACE DEL CONOCIMIENTO QUE ORDENÓ TURNAR LOS AUTOS A **** PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA EJECUTORIA DE AMPARO, CONSECUENTEMENTE SE TIENE A LA OFICIANTE INFORMANDO LAS GESTIONES CONDUCENTES PARA DAR CUMPLIMIENTO AL FALLO PROTECTOR*****

  2. Principal

    "...Villahermosa, Tabasco, ocho de enero de dos mil dieciocho. Tramitación de la demanda. Visto lo de cuenta, se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por el quejoso ..... contra actos del Subinspector de la Policía Federal, dependiente del Consejo Nacional de Seguridad en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez y otras autoridades. Regístrese en el libro de gobierno la demanda de amparo que nos ocupa bajo el juicio 12/2018-IV-I; fórmese expediente y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Conforme al artículo 3°de la Ley de Amparo en vigor, en relación con el Acuerdo General 1/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por el que regula la integración de los expedientes impreso y electrónico, así como con el diverso numeral 5 de ese mismo acuerdo, dese inicio al seguimiento por la vía electrónica del presente juicio, en los términos que precisa el referido acuerdo, a efecto de que las partes, las que en su caso cumplan con los requisitos previamente establecidos, puedan consultar el aludido expediente y notificarse a través del medio citado, previa solicitud de ello. Análisis de improcedencia Ahora, de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano. En efecto, el artículo anteriormente citado impone la obligación al Juez de Distrito de examinar, con todo detenimiento la demanda de amparo y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano; para lo cual, en principio, debe tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y los anexos que se acompañen; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improceder efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por la promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Ahora, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para una mejor precisión del acto reclamado se tiene que éste consiste en: "ACTO RECLAMADO: del SUB INSPECTOR DE LA POLICIA FEDERAL C..... dependiente del Consejo Nacional de Seguridad, le reclamo la multa impuesta al suscrito quejoso de fecha 14 de diciembre del año 2017. Tal y como consta en la boleta de infracción 5010577. Tuve conocimiento del acto reclamado el día 3 de enero del año 2018, por lo que esta fecha debe tomarse en cuenta para el cómputo del término para ejercitar la presente acción constitucional." En la especie, respecto del acto reclamado precisado se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo; lo anterior se considera así en atención a las siguientes razones de orden legal. En efecto, dentro de las reglas fundamentales que estructuran al juicio de amparo, se encuentra el principio de definitividad, que establece que dicho juicio es únicamente procedente en contra de actos definitivos, es decir, aquéllos respecto de los cuales no exista algún recurso ordinario o medio de impugnación por el cual puedan ser modificados o revocados; en consecuencia, la definitividad del acto, como presupuesto de procedencia del juicio de amparo, implica que antes de acudir a dicho juicio, se deberán agotar los recursos que prevea la ley ordinaria y que sean idóneos para modificar o anular el acto de que se trate. En tal virtud, al margen del reconocimiento de la existencia de ciertos actos cuya ejecución tienen efectos irreparables, se exige que previo a instar la acción constitucional se agote el recurso ordinario previsto en la ley que rige el acto y que tenga como efecto la modificación, revocación o nulidad del mismo. Esta directriz de procedencia del juicio de amparo biinstancial se advierte del contenido de los artículos 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 61, fracción XX y 62 de la Ley de Amparo, que establecen respectivamente: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [...] IV. En materia administrativa el amparo procede, además, contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal. Será necesario agotar estos medios de defensa siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, con los mismos alcances que los que prevé la ley reglamentaria y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa si el acto reclamado carece de fundamentación o cuando sólo se aleguen violaciones directas a esta Constitución; [.]" Ley de amparo. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; [.]" "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Del contenido de las anteriores disposiciones legales se desprende que para la procedencia del juicio de amparo indirecto respecto de actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo que impliquen una ejecución que genere efectos irreparables, por regla general, previo a instar la acción constitucional, el quejoso tiene el imperativo de agotar el medio de defensa que, en su caso, prevea la ley que rige el acto reclamado, a fin de generar su modificación, revocación o nulidad. La observancia del citado presupuesto de procedencia del juicio de amparo indirecto es entonces un mandato constitucional de estricta observancia que exige la exclusión de interpretaciones contrarias a la excepcionalidad del medio extraordinario de defensa. Por tanto, por regla general, el hecho de que el acto reclamado en el amparo indirecto sea de imposible reparación, no determina per se, una excepción a las exigencias de procedencia del juicio de amparo. En consecuencia, el órgano constitucional está obligado a verificar que la parte promovente haya cumplido con la observancia del principio de definitividad, mediante la promoción previa del recurso ordinario de defensa, en caso de que lo prevea la ley que regula el acto reclamado, que tenga como finalidad modificarlo, revocarlo o anularlo. En efecto, el principio de definitividad que rige al juicio de amparo encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el quejoso debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente. La fracción en examen resguarda el principio de definitividad, respecto a autoridades no judiciales, como lo son las administrativas o fiscales, cuando en virtud de esos recursos, juicios o medios de defensa legales pueden ser modificados, revocados o nulificados tales actos de autoridad; la hipótesis en examen tiene tres excepciones: a) Que no tendrán que agotarse esos recursos, juicios o medios de defensa legales, antes de promover el amparo, si en virtud de la interposición de ellos no se obtiene la suspensión de los efectos de los actos de las citadas autoridades; b) Tampoco tendrán que agotarse esos recursos, juicios o medios de defensa legales, antes de promover el amparo, si se obtiene la suspensión de los efectos de los actos de autoridad administrativa o fiscal, pero, con mayores requisitos que los que la Ley de Amparo señala para conceder la suspensión definitiva; y, c) Menos aún deben agotarse recursos, juicios o medios de defensa legales de naturaleza ordinaria, en los casos en que el acto carezca de fundamentación, lo que se justifica, pues es inútil impugnar previamente lo carente de respaldo jurídico, que de suyo es inconstitucional en sí mismo, por violar el artículo 16 de la Carta Magna, dada la omisión de fundamentación. Sustenta lo anterior, la tesis de la Segunda Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha detallado en el criterio por contradicción de tesis 2a. LVI/2000 , que a continuación se transcribe: "DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De la interpretación literal y teleológica del artículo 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Federal, así como de los artículos 37, 73, fracciones XII, XIII y XV y 114 de la Ley de Amparo y de los criterios jurisprudenciales emitidos al respecto por los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, se deduce que no existe la obligación de acatar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo indirecto, cuando se reclaman los siguientes actos: 1. Los que afectan a personas extrañas al juicio o al procedimiento del cual emanan; II. Los que dentro de un juicio su ejecución sea de imposible reparación; III. Los administrativos respecto de los cuales, la ley que los rige, exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución IV. Los que importen una violación a las garantías consagradas en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal; V. Leyes, cuando se impugnan con motivo del primer acto de aplicación; VI. Los que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; VII. Actos o resoluciones respecto de los cuales, la ley que los rige no prevé la suspensión de su ejecución con la interposición de los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden en su contra; VIII. Los que carezcan de fundamentación; IX. Aquellos en los que únicamente se reclamen violaciones directas a la Constitución Federal, como lo es la garantía de audiencia; y X. Aquellos respecto de los cuales los recursos ordinarios o medios de defensa legales, por virtud de los cuales se puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, se encuentran previstos en un reglamento, y en la ley que éste regula no se contempla su existencia." Así las cosas, como ya se dijo, de la lectura integral realizada al escrito de demanda se advierte que la parte quejosa esencialmente se duele de la boleta de infracción 5010577, que lo sanciona a una multa de cuatrocientos cincuenta días de salarios mínimos vigente en la Ciudad de México, que asciende a la cantidad de $33,970.50 (treinta y tres mil novecientos setenta pesos 50/100 moneda nacional) impuesta el catorce de diciembre de dos mil diecisiete, por el concepto de "exceso de peso" que llevaba el vehículo marca KENWORTH, modelo 1995, con número de serie 3XKDDB0X3SF481594, con placa de circulación 314EX1, emitido por el Subinspector de la Policía Federal... Sin embargo, se trata de un acto en contra del cual procede medio de defensa ordinario, a través del cual es posible suspender su ejecución (con independencia de que el acto sea o no ejecutable) sin exigir mayores requisitos que los que establece la Ley de Amparo. Cierto, el numeral 3, fracción IV, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, establece: "Artículo 3. El Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación: [.] IV. Las que impongan multas por infracción a las normas administrativas federales; [.]" Del numeral transcrito, se advierte de manera armónica, que los actos administrativos de las autoridades que impongan una infracción a las normas administrativas federales, podrán ser impugnadas en la vía administrativa ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, a efecto de que se declare su nulidad. De ahí que resulte evidente que el acto que en esta vía se reclama, debió combatirse a través del juicio contencioso administrativo correspondiente. En efecto, para corroborar la anterior afirmación es que se examina la ley que regula el acto que se reclama, cuya precisión legislativa correspondiente, no exige más requisitos que los que la Ley de Amparo consigna. En ese sentido, debe decirse que en el procedimiento contencioso administrativo existe la posibilidad de que el acto administrativo sea susceptible de suspenderse, pues rige lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que a continuación se transcribe: "Artículo 28. La solicitud de suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado, presentado por el actor o su representante legal, se tramitará y resolverá, de conformidad con las reglas siguientes: I. Se concederá siempre que: a) No se afecte el interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público, y b) Sean de difícil reparación los daños o perjuicios que se causen al solicitante con la ejecución del acto impugnado. II. Para el otorgamiento de la suspensión deberán satisfacerse los siguientes requisitos: a) Tratándose de la suspensión de actos de determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones, aprovechamientos y otros créditos fiscales, se concederá la suspensión, la que surtirá sus efectos si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad ejecutora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables. Al otorgar la suspensión, se podrá reducir el monto de la garantía, en los siguientes casos: 1. Si el monto de los créditos excediere la capacidad económica del solicitante, y 2. Si se tratara de tercero distinto al sujeto obligado de manera directa o solidaria al pago del crédito. b) En los casos en que la suspensión pudiera causar daños o perjuicios a terceros, se concederá si el solicitante otorga garantía bastante para reparar el daño o indemnizar el perjuicio que con ella se cause, si éste no obtiene sentencia favorable. En caso de afectaciones no estimables en dinero, de proceder la suspensión, se fijará discrecionalmente el importe de la garantía. c) En los demás casos, se concederá determinando la situación en que habrán de quedar las cosas, así como las medidas pertinentes para preservar la materia del juicio principal, hasta que se pronuncie sentencia firme. d) El monto de la garantía y contragarantía será fijado por el Magistrado Instructor o quien lo supla. III. El procedimiento será: a) La solicitud podrá ser formulada en la demanda o en escrito diverso presentado ante la Sala en que se encuentre radicado el juicio, en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia definitiva. b) Se tramitará por cuerda separada, bajo la responsabilidad del Magistrado Instructor. c) El Magistrado Instructor deberá proveer sobre la suspensión provisional de la ejecución, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la presentación de la solicitud. d) El Magistrado Instructor requerirá a la autoridad demandada un informe relativo a la suspensión definitiva, el que se deberá rendir en el término de cuarenta y ocho horas siguientes a aquél en que surta efectos la notificación del acuerdo respectivo. Vencido el término, con el informe o sin él, el Magistrado resolverá lo que corresponda, dentro de los cinco días siguientes. IV. Mientras no se dicte sentencia definitiva en el juicio, el Magistrado Instructor podrá modificar o revocar la resolución que haya concedido o negado la suspensión definitiva, cuando ocurra un hecho superveniente que lo justifique. V. Cuando el solicitante de la suspensión obtenga sentencia favorable firme, el Magistrado Instructor ordenará la cancelación o liberación de la garantía otorgada. En caso de que la sentencia firme le sea desfavorable, a petición de la contraparte o en su caso, del tercero, y previo acreditamiento de que se causaron perjuicios o se sufrieron daños, la Sala ordenará hacer efectiva la garantía otorgada ante la autoridad." De lo anterior se sigue que dicho numeral prevé la posibilidad de suspender el acto administrativo, el cual deberá tramitarse de conformidad con las reglas que el mismo precepto legal establece. Así, el artículo 28, fracción III, inciso a) de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, dispone que la solicitud de la suspensión puede ser formulada en cualquier momento mientras no se dicte sentencia definitiva, ya sea en la demanda o en diverso escrito; por otra parte, el numeral 130 de la Ley de Amparo, establece que la parte quejosa podrá solicitar la medida suspensiva en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia ejecutoria. Lo hasta aquí expuesto permite concluir que ambas disposiciones permiten al interesado solicitar la medida cautelar sin límite temporal procesal, más que el dictado de una sentencia firme; en consecuencia, se concluye que dicha medida no exige mayores requisitos en el juicio contencioso administrativo que los establecidos en la Ley de Amparo. Ahora, respecto de la autoridad que resuelve la suspensión, se advierte que el artículo 28, fracción III, inciso b) de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, prevé que se tramitará por cuerda separada y su conocimiento corresponde al Magistrado Instructor de la Sala Fiscal, quien deberá pronunciarse dentro de las veinticuatro horas siguientes a la presentación de la solicitud de la referida medida cautelar; requiriendo un informe relativo a la suspensión definitiva en el término de cuarenta y ocho horas y posteriormente, resolverá lo correspondiente dentro de los cinco días siguientes. Por su parte, en el juicio de protección de derechos humanos el órgano jurisdiccional competente para resolverla es aquél que conoce del expediente principal, conforme con lo señalado en los artículos 125 y 138 de la Ley de Amparo, en el sentido de que la suspensión del acto reclamado se decretará de oficio o a petición de parte en los casos de la competencia de los Jueces de Distrito y éste resolverá dentro de los cinco días siguientes en la audiencia incidental sobre la concesión o la negativa de la suspensión, o bien, lo que fuere conducente. Consecuentemente, el requisito previsto en el juicio de nulidad para decretar la suspensión del acto administrativo, no es mayor al señalado en la Ley de Amparo, puesto que la autoridad que conoce del juicio es la que resuelve la suspensión. Ahora, la medida suspensiva, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, puede ser solicitada por el actor o su representante legal; en cambio, el artículo 128, fracción I, de la Ley de Amparo, dispone expresamente que la suspensión se decretara siempre que se solicite por la parte quejosa (agraviado); de ahí que ambos ordenamientos prevén que para que se otorgue la suspensión basta que el interesado la solicite, de manera que el requisito es idéntico. Asimismo, tanto el artículo 28, fracción I, inciso a) de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, como el diverso 128, fracción II de la Ley de Amparo, exigen como requisito de procedencia para el otorgamiento de suspensión, que su concesión no cause perjuicio al interés social ni contravenga disposiciones de orden público; por consiguiente, el requisito en este rubro es idéntico en ambas figuras cautelares. El artículo 28, fracción I, inciso b), de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, exige que los daños o perjuicios que se causen al solicitante con la ejecución del acto impugnado sean de difícil reparación, lo que implica que el actor en el juicio de nulidad debe acreditar la existencia de un derecho susceptible de ser tutelado con el otorgamiento de la medida suspensiva. Mientras que el artículo 139 de la Ley de Amparo, expresamente dispone que la suspensión será concedida siempre que la ejecución del acto reclamado produzca daños y perjuicios de difícil reparación, lo que se traduce en la demostración del derecho legalmente tutelado a favor de la parte quejosa. En ambos ordenamientos se prevé que la autoridad competente puede modificar o revocar el auto en que haya concedido o negado la suspensión, siempre que ocurra un hecho superveniente; de igual modo, medularmente señalan que si el otorgamiento de la medida cautelar causa daños a terceros, se concederá condicionada a una garantía ofrecida por el demandante para reparar el daño e indemnizar el perjuicio que con ella se cause, en caso que no se obtenga resolución favorable. Referente al plazo en este supuesto, el citado artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, no prevé la vigencia de la suspensión en los casos en que haya tercero, lo que significa que sus efectos surten desde su emisión; en cambio, la Ley de Amparo establece un lapso de cinco días para ese efecto, conforme al artículo 136 de esa ley, el cual una vez que se ha vencido, sin que se exhiba la garantía, retira la eficacia de los efectos de la medida suspensiva. De lo antes considerado, se concluye que para decretar la suspensión del acto administrativo en el juicio de nulidad seguido ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la ley relativa no exige mayores requisitos de los que prevé la Ley de Amparo para el mismo efecto al promover el juicio de amparo biinstancial. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 19/2015 (10a.) emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 783, Libro 17, Abril 2015, Tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. EL PLAZO PARA OTORGAR LA SUSPENSIÓN CONFORME AL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN III, INCISO C), DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, ES EQUIVALENTE AL PREVISTO EN LA LEY DE AMPARO, PARA EFECTOS DE LA OBSERVANCIA DEL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). La fracción IV del artículo 107 de la Constitución Federal señala que en materia administrativa no será necesario agotar los medios de defensa ordinarios, siempre que conforme a las leyes que los prevean, se puedan suspender los efectos de los actos reclamados con los mismos alcances de la ley reglamentaria, "... y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional". En consonancia con lo anterior, la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando proceda algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual los actos reclamados puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las leyes respectivas se suspendan los efectos de dichos actos con los mismos alcances y requisitos que los que la misma ley consigna para conceder la suspensión definitiva, "... ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional ...". Ahora bien, de las normas anteriores se deduce que los conceptos jurídicos que utiliza tanto la Constitución como la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión, consistentes en: 1) los alcances; 2) los requisitos; y, 3) los plazos; son tres aspectos diferenciados que deben tomarse en cuenta para determinar si se debe o no relevar al quejoso de agotar el principio de definitividad, sin que deba confundirse la forma de apreciar la exigibilidad de cada uno de ellos, pues mientras que los requisitos para otorgar dicha medida cautelar constituyen una carga procesal que debe satisfacer el demandante, los otros dos factores, es decir, los alcances y los plazos, no tienen tal característica, toda vez que se trata de condiciones que deben observar las autoridades encargadas de concederla o negarla, y por tanto, son ajenos a la voluntad de los particulares. Por su parte, el artículo 28, fracción III, inciso c), de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo dispone que "El Magistrado Instructor deberá conceder o negar la suspensión provisional de la ejecución, a más tardar dentro del día hábil siguiente a la presentación de la solicitud."; lo cual significa que el tiempo que tome al Magistrado Instructor para proveer sobre la suspensión, no es un requisito para otorgar esta medida cautelar, en tanto que ni siquiera es una fatiga procesal que deba cumplir el demandante, sino más bien, una obligación impuesta al tribunal para brindar eficaz y oportunamente sus servicios. Consecuentemente, si a partir de la presentación de la demanda de nulidad, hay la posibilidad de que de inmediato se ordene la paralización de los actos enjuiciados, no hay motivo para afirmar que la legislación rectora de la jurisdicción contenciosa administrativa federal prevea mayores plazos que los de la Ley de Amparo para dictar el mandato suspensivo, toda vez que si bien de acuerdo con el artículo 112 de este ordenamiento, el Juez de Distrito debe proveer sobre la admisión de la demanda dentro del plazo de veinticuatro horas, la única diferencia entre uno y otro ordenamiento es que, para el amparo, el plazo para proveer sobre la suspensión se expresó en horas (24) y en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se determinó en días (al día hábil siguiente); pero en ambos casos con un sentido temporal prácticamente equivalente, porque conforme los dos ordenamientos lo que se procuró fue que entre la presentación de la demanda y el acuerdo que la admita, y en su caso provea sobre la suspensión, solamente transcurra un día como límite, y si bien conforme a este examen comparativo, en algunos casos, el Magistrado Instructor podría demorar su dictado con unas horas más de diferencia, debe tenerse en cuenta que el propósito del mandato constitucional es que se actúe con una celeridad semejante a la que exige la Ley de Amparo, mas no que el texto de ésta se repita en todos los demás ordenamientos, pues aun dentro del juicio constitucional se producen situaciones que demoran excepcionalmente la respuesta de la petición de suspender el acto reclamado." Tampoco se está en el caso de excepción relativo a la falta de fundamentación, ya que el quejoso anexó a su demanda de amparo la copia certificada de la boleta de infracción de catorce de diciembre de dos mil diecisiete, emitido por el Subinspector de la Policía Federal ...... de la que se advierte el motivo y fundamento legal por el que se emitió ese acto reclamado, de cuya legalidad se duele la parte quejosa en la demanda de amparo. Por ende, es nítido que la determinación reclamada es un acto que admite medio ordinario de defensa a través del cual se puede lograr que sea modificada, revocada o nulificada esa determinación, por lo que el quejoso.... antes de instar la protección de la Justicia de la Unión a través del juicio de amparo, debió agotar el juicio de nulidad que prevé la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, entre otros, en términos de los numerales transcritos con antelación, en virtud de que el acto que dice le causa agravio deriva de una autoridad administrativa, cuya función o actos deben ser impugnados, en principio, en sede administrativa ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, por lo que al no haberlo hecho es evidente que no agotó el principio de definitividad que rige al juicio de amparo. Apoya a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 22/2015 (10a.) sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1545, del Libro 18, Mayo de 2015, Tomo II, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son los siguientes: "MULTA POR INFRACCIONES A DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS FEDERALES. EN SU CONTRA PROCEDE EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA, INCLUSO SI SE CONTIENE EN ORDENAMIENTOS LABORALES Y LA IMPONE UNA AUTORIDAD LOCAL. De los artículos 123, apartado A, fracción XXXI y 116, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, deriva que la aplicación de normas laborales corresponde a las autoridades de las entidades federativas, así como que la competencia de los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo para dirimir controversias se acota a las suscitadas entre los gobernados y la administración pública estatal, con motivo de la aplicación de las leyes que rijan la actuación de sus dependencias; hipótesis que no se surte respecto de multas materialmente administrativas impuestas por autoridades locales con motivo de infracciones a normas federales, en tanto que, respecto de ellas, existe disposición expresa en los artículos 14, fracción III, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y 58-2 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que reservan a ese órgano la competencia para conocer de estos asuntos. De esta manera, si la multa no se origina con motivo de una controversia entre la administración pública local y el gobernado, sino por infracción a disposiciones administrativas federales, procede el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, aun cuando se contenga en ordenamientos laborales y la imponga una autoridad local." Lo que se trae a colación sin prejuzgar de la idoneidad o aplicabilidad, simplemente para dejar muestra de que no existe falta de fundamentación del acto cuestionado; sin que sea el caso hacer manifestación expresa por parte de este resolutor federal, sobre la aplicación correcta de los artículos ahí invocados por la responsable al caso que ocupa la atención, pues la indebida fundamentación no constituye una excepción al principio de definitividad que rige la procedencia del juicio de amparo, antes bien, la única salvedad es la ausencia total de fundamentación. Finalmente, la circunstancia de que el acto en estudio pudiera considerarse como de ejecución irreparable, ya que aún contra ese tipo de actos, es menester que se agoten los recursos ordinarios procedentes, a efecto de que ante la potestad común puedan tener remedio, salvo que esos actos, por su propia naturaleza, encuadren, por sí mismos, dentro de los supuestos de excepción al principio de definitividad. Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia clave I.3o.C. J/39; registro 171803; emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito , de rubro y contenido: "DEFINITIVIDAD. ESTE PRINCIPIO DEL JUICIO DE AMPARO DEBE CUMPLIRSE AUN ANTE LA RECLAMACIÓN DE ACTOS QUE REVISTAN UNA EJECUCIÓN IRREPARABLE. De la interpretación relacionada de los artículos 107, fracción IV, de la Constitución General de la República y 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, se desprende que el principio de definitividad del juicio de amparo consiste en la obligación del quejoso de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que puedan conducir a la revocación, modificación o anulación del acto reclamado. Este principio encuentra justificación en el hecho de que el juicio de garantías es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia de amparo, salvo los casos de excepción previstos en los artículos 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Federal; 37, 73, fracciones XII, XIII y XV, y 114 de la Ley de Amparo, así como los expresamente señalados en la jurisprudencia de los órganos del Poder Judicial de la Federación. Las anteriores precisiones y el examen integral de la normatividad jurídica mexicana ponen de manifiesto que no existe ninguna razón jurídica para sostener que contra los actos de ejecución irreparable no es obligatorio agotar los recursos ordinarios, antes bien, informan en cuanto a que la regla general es que en el juicio de amparo sólo pueden reclamarse actos definitivos; por consiguiente, no debe hermanarse el concepto de actos de ejecución irreparable con el principio de definitividad, pues de acuerdo con las anteriores precisiones, debe estimarse que aun contra actos dentro de juicio que revistan una ejecución irreparable, es menester que se agoten los recursos ordinarios procedentes a efecto de que ante la potestad común puedan tener remedio, salvo que esos actos, por su propia naturaleza, encuadren, por sí mismos, dentro de algunos de los mencionados supuestos de excepción al principio de definitividad." Por tanto, al acreditarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo; lo procedente es desechar la demanda de amparo con fundamento en el artículo 113 de la propia ley, en contra del acto consistente en la boleta de infracción 5010577, que lo sanciona a una multa de cuatrocientos cincuenta días de salarios mínimos vigente en la Ciudad de México, que asciende a la cantidad de $33,970.50 (treinta y tres mil novecientos setenta pesos 50/100 moneda nacional) impuesta el catorce de diciembre de dos mil diecisiete, por el concepto de "exceso de peso" que llevaba el vehículo marca KENWORTH, modelo 1995, con número de serie 3XKDDB0X3SF481594, con placa de circulación 314EX1, emitido por el Subinspector de la Policía Federal ... Domicilio de la parte quejosa y autorizados. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para recibir notificaciones el que indica y por autorizado en términos amplios del articulo 12 de la Ley de Amparo, a ..., no así a .... por no contar con su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Autorización de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo vigente, se faculta al actuario judicial para que las notificaciones que se practiquen a las partes y que sean de carácter personal, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles; en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo. Resguardo de documento Toda vez que el quejoso anexó a su escrito de demanda la copia certificada de la boleta de infracción 5010577, de catorce de diciembre de dos mil diecisiete, guárdese en el lugar designado para su resguardo en este juzgado, a fin de evitar alterarlo. Protección de datos personales y transparencia. Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 fracción V, de la última ley en cita, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la última ley en cita. Notifíquese en términos de ley.

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