Jesús Manuel Martínez Castro
Expediente 571/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 2 actuaciones registradas, la última del 10 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 571/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 10/04/2023
Partes del expediente
- Jesús Manuel Martínez Castro
Actuaciones
- Principal
Ensenada, Baja California, diez de abril de dos mil veintitrés. Notifíquese personalmente.
- Principal
Patricia Aracely Alucano Barajas, Actuaria Judicial del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, hago efectivo el apercibimiento del citatorio de doce de abril de dos mil veintitrés, dejado en el domicilio procesal de la parte quejosa, en virtud de no haber acudido a este recinto jurisdiccional a notificarse de manera personal, por lo que se ordena la notificación del auto de diez de abril de dos mil veintitrés, por lista y por lista en una página electrónica a la PARTE QUEJOSA **********, publicada el diecisiete de abril de dos mil veintitrés, en el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado, con fundamento en el artículo 26, 27 y 29 de la Ley de Amparo, que dice: "Ensenada, Baja California, diez de abril de dos mil veintitrés. Se tiene por recibida la demanda de amparo que promueve ***********, en representación de ***********, en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo; contra actos de la siguiente autoridad: Dirección del Hospital General de Zona con Medicina Familiar Número Ocho del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en esta ciudad. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 571/2023-III-E. CONSIDERACIONES PREVIAS Cabe resaltar que la parte promovente hace consistir el acto reclamado en lo siguiente: [.] IV.- ACTO RECLAMADO: Constituye el acto reclamado en el presente Juicio de Amparo, la omisión de las autoridades responsables de declarar estado de invalidez por medio de Dictamen Médico ST-4, para así dar inicio al trámite de pensión por invalidez. [.] [.] se reclama la omisión de las autoridades responsables de dar continuidad al procedimiento de declaración de invalidez por medio de dictamen médico ST-4, toda vez que el médico tratante en su nota médica de fecha 5 de septiembre del año 2022, solicita de manera insistente que el paciente sea valorado por el departamento de Salud en el Trabajo, con la finalidad de que se realice dictamen médico denominado ST-4 y así declarar el estado de Invalidez del quejoso dada la cardiopatía que padece, es dable manifestar que dicho documento es fundamental, ya que sin la declaración del estado de invalidez por medio del multicitado dictamen, el quejoso no puede iniciar el trámite de pensión por invalidez, tal y como se establece en el artículo 122 de la Ley del Seguro Social [.] Resulta oportuno transcribir el texto del artículo 15, de la Ley de Amparo en vigor, que establece: "Artículo 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad. En estos casos, el órgano jurisdiccional de amparo decretará la suspensión de los actos reclamados, y dictará todas las medidas necesarias para lograr la comparecencia del agraviado. Una vez lograda la comparecencia, se requerirá al agraviado para que dentro del término de tres días ratifique la demanda de amparo. Si éste la ratifica por sí o por medio de su representante se tramitará el juicio; de lo contrario se tendrá por no presentada la demanda y quedarán sin efecto las providencias dictadas. Si a pesar de las medidas tomadas por el órgano jurisdiccional de amparo no se logra la comparecencia del agraviado, resolverá la suspensión definitiva, ordenará suspender el procedimiento en lo principal y se harán los hechos del conocimiento del Ministerio Público de la Federación. En caso de que éste sea autoridad responsable, se hará del conocimiento al Procurador General de la República. Cuando haya solicitud expresa de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se remitirá copia certificada de lo actuado en estos casos. Transcurrido un año sin que nadie se apersone en el juicio, se tendrá por no interpuesta la demanda. Cuando, por las circunstancias del caso o lo manifieste la persona que presenta la demanda en lugar del quejoso, se trate de una posible comisión del delito de desaparición forzada de personas, el juez tendrá un término no mayor de veinticuatro horas para darle trámite al amparo, dictar la suspensión de los actos reclamados, y requerir a las autoridades correspondientes toda la información que pueda resultar conducente para la localización y liberación de la probable víctima. Bajo este supuesto, ninguna autoridad podrá determinar que transcurra un plazo determinado para que comparezca el agraviado, ni podrán las autoridades negarse a practicar las diligencias que de ellas se soliciten o sean ordenadas bajo el argumento de que existen plazos legales para considerar la desaparición de una persona." Entonces, como puede apreciarse del contenido de dicha norma de la Ley que rige el juicio de amparo, para efectos de actualizar la posibilidad de que la instancia constitucional pueda ser promovida por un tercero a favor de quien resiente un daño o afectación, debe tratarse de los siguientes actos: 1.- Importen peligro de privación de la vida; 2.- ataques a la libertad personal fuera de procedimiento; 3.- incomunicación; 4.- deportación o expulsión; 5.- proscripción o destierro; 6.- extradición; 7.- desaparición forzada de personas; 8.- alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (mutilación, infamia, marca, azotes, palos, tormentos, la multa excesiva o confiscación de bienes); y 9.- la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Así, atendiendo al contenido de la demanda de amparo presentada por Daniel Esquer León, en representación de Jesús Manuel Martínez Castro, en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo, se advierte claramente que su argumento esencial para promover la acción constitucional, es el hecho de que la omisión de las responsables pone en riesgo grave su salud, al no dar continuidad al procedimiento de declaración de invalidez por medio de dictamen médico ST-4, para poder obtener una pensión por invalidez; por lo que a la fecha de la presentación de la demanda, el quejoso se sigue presentando a realizar sus actividades laborales cotidianas; dicho acto de reclamo, no se encuentra comprendido en alguno de los supuestos a que alude el artículo 15 de la Ley de Amparo En efecto, los argumentos vertidos por el promovente del amparo, resultan insuficientes para acreditar que en el caso se actualiza alguna de las hipótesis que establece el artículo 15 de la ley de la materia, pues en esencia el acto reclamado consiste en un derecho de petición, por lo que no se está en posibilidad de que Daniel Esquer León, inste el juicio de derechos fundamentales, en representación de Jesús Manuel Martínez Castro, en términos del aludido numeral 15 de la Ley de Amparo. DESECHAMIENTO Por lo anteriormente expuesto, debe tenerse que la demanda de amparo es aparentemente promovida por Jesús Manuel Martínez Castro. Ahora, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, a través del cual se establece la necesidad por parte del Juzgador de examinar ante todo el escrito de demanda, y si existe causa manifiesta e indudable de improcedencia, ésta se desechará de plano, sin suspender el acto reclamado, motivos que en principio se encuentran vinculados con los supuestos de improcedencia previstos en la ley de la materia, en especial, con los citados en su artículo 61, consecuentemente, se procede a analizar tales aspectos. Al respecto, este Juzgado Federal considera que en cuanto a la demanda de amparo que nos ocupa, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 6º de la Ley de Amparo y 107, fracción I, de la Constitución Federal. Ello es así, en razón de que en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6° de la Ley de Amparo, se encuentra previsto el principio de instancia de parte agraviada que consiste en que el juicio de amparo únicamente podrá promoverse por la persona física o jurídico colectiva a quien afecte la norma general o el acto reclamado; es decir, quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el mismo trasgrede los derechos reconocidos por la constitución y con ello se le afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Lo anteriormente referido es premisa indispensable para instar el juicio de amparo, ya que sin la promoción del gobernado no es dable que se dé inicio el juicio de amparo, ni que se restablezca el orden constitucional, que deje inválido el acto de autoridad trasgresor de los derechos fundamentales de la parte quejosa. En ese contexto, de conformidad con los artículos 6° y 108, párrafo primero de la Ley de Amparo, la demanda de amparo indirecto debe formularse por escrito o por medios electrónicos por la parte a quien afecte la norma general o el acto reclamado, misma que podrá hacerlo por sí o por su representante legal o apoderado, en la inteligencia de que en todo caso la demanda de amparo deberá contener la firma electrónica del promovente. Así, es menester indicar que la firma tiene como función esencial identificar a su autor, así como de imputarle la autoría del texto que le precede; en razón de que es a través de la firma, que la parte quejosa manifiesta su voluntad para promover un juicio de amparo y continuar con su substanciación. En ese orden de ideas, recibida la demanda de amparo en el órgano jurisdiccional, el juzgador tiene la obligación de pronunciarse en el sentido que en derecho proceda; sin embargo, no cualquier escrito o documento puede considerarse como una manifestación de la voluntad, sino sólo aquel en la que revele la misma para promover o intervenir de cualquier modo en un juicio o procedimiento; voluntad externada generalmente mediante signos distintivos como es la firma autógrafa del interesado o, en ciertos casos, la impresión de la huella digital. En ese sentido, tratándose de la tramitación electrónica del juicio de amparo, el artículo 3° dispone que la firma electrónica es el medio que permite al quejoso el ingreso al Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación y produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales, en los que quien promueve sea parte. Asimismo, dicho artículo establece que los escritos en forma electrónica se presentarán mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la firma electrónica conforme a la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal. Sobre esto en particular, el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de junio de dos mil veinte, prevé que al presentar demanda de amparo indirecto de forma electrónica, el sistema generará un acuse de recepción electrónica en la que se señalarán los datos de identificación del asunto y de quien promueve, el archivo electrónico enviado, así como la hora y fecha de envío y recepción y que cada documento electrónico que se reciba contendrá en la parte final una evidencia criptográfica que corresponderá a la firma electrónica, en la que se mostrará el nombre del titular de la firma electrónica, siempre que el certificado sea reconocido por la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas y esté vigente; a excepción de cuando el amparo se promueva en los términos del artículo 15 de la Ley de Amparo. Asimismo, en el citado artículo se señala que tales datos deberán tomarse en consideración por los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito para acordar lo correspondiente. Por tanto, la demanda de amparo presentada vía electrónica presuntamente por Jesús Manuel Martínez Castro, carece de firma electrónica de quien reclama la protección de la justicia federal, pues no contiene la evidencia de seguridad criptográfica a que se refiere el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de junio de dos mil veinte, por estar firmada electrónicamente por Daniel Esquer León. Circunstancia que se corrobora con la certificación asentada por la secretaria adscrita a este juzgado de distrito, así como de la impresión digital fidedigna obtenida del Sistema Integral de Seguimiento a Expedientes (SISE 2.0), que obra en el expediente que se actúa. Así, no se advierte la manifestación de voluntad del promovente de acudir a la presente instancia constitucional, siendo que, tratándose del juicio el amparo en línea que se pretende promover, con la firma electrónica (evidencia criptográfica) las partes expresan la voluntad de realizar el acto procesal correspondiente, en razón de que con ésta se acredita la autenticidad del documento que se suscribe y se logra la eficacia prevista en la ley. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia, cuyo rubro y texto son los siguientes: "DEMANDA, FIRMA DE LA, COMO REQUISITO. Si el juicio de amparo debe seguirse siempre a instancia de parte agraviada, como lo dispone expresamente la fracción I, del artículo 107 constitucional, no existiendo la firma en el escrito respectivo, no se aprecia la voluntad del que aparece como promovente; es decir, no hay instancia de parte, consecuentemente los actos que se contienen en él no afectan los intereses jurídicos del que aparece como promovente, lo que genera el sobreseimiento del juicio." En ese contexto, en atención a la certificación secretarial de cuenta, y a los diversos razonamientos esgrimidos en la presente determinación, es inconcuso que no se le puede dar valor alguno a la demanda de cuenta, por haber sido presentada con firma electrónica (evidencia criptográfica), correspondiente a una persona diversa al aquí quejoso. Se precisa que las promociones que carecen de firma electrónica, como en el caso que nos ocupa, no son una manifestación de la voluntad del suscriptor, es decir, son equiparables a una copia simple, las cuales no tienen ningún valor probatorio, puesto que no se encuentra avalado mediante el nombre y firma de quien promueve, y a nadie puede responsabilizarse de su contenido, por lo que esta juzgadora se encuentra impedida para acordar lo que en derecho corresponda respecto de su contenido. En ese orden de ideas, es dable concluir que ante la falta de firma electrónica no puede decirse que exista voluntad de ejercitar la acción de amparo. Al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia invocada, SE DESECHA DE PLANO POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE LA DEMANDA DE AMPARO presuntamente promovida por Jesús Manuel Martínez Castro, con fundamento en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 6° y 108, párrafo primero y 113 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia, cuyo rubro y texto son los siguientes: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO. El artículo 3o. de la Ley de Amparo establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando una firma electrónica, cuya regulación se encomendó al Consejo de la Judicatura Federal, órgano que actuando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expidió los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 y 1/2015, de los que se advierte, en suma, que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa; de suerte que la posibilidad de presentar una demanda de amparo por vía electrónica no implicó soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvo como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales usando la FIREL. En consecuencia, debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica cuando carezca de la FIREL del quejoso, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Cabe señalar que este criterio resulta inaplicable tratándose del supuesto expreso del artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual será innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la ley referida." Máxime que, como ya se precisó en párrafos que anteceden, en el caso en estudio, no se está en el supuesto de excepción que prevé el último párrafo del artículo 3° de la Ley de Amparo, para que sea procedente la demanda de amparo sin el requisito de la firma electrónica (evidencia criptográfica), pues aun y cuando la parte quejosa en su demanda pretende situar el acto reclamado en alguno de los supuestos del artículo 15 de la Ley de Amparo, al decir que con el actuar de la autoridad responsable se pone en riesgo grave su salud, al no continuar con el procedimiento de declaración de invalidez; sin embargo, no manifestó bajo protesta de decir verdad la imposibilidad que tiene para presentar su demanda con firma autógrafa, o electrónica, y de la misma no se advierte la necesidad imperiosa de que otra persona lo haga en su nombre. Por otra parte, dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet http://consultaexpedienteelectrónico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica (FIREL) del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, cuya liga es http://www.firel.pjf.gob.mx, respectivamente. Sin que sea el caso tener como autorizados para oír y recibir notificaciones a las personas que indica, ni proporcionar acceso al expediente electrónico, ante la falta de firma electrónica, por los motivos expuestos en el presente acuerdo. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este Juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente.
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