Jesús Manuel López Marquez
Expediente 1113/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1113/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 27/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Jesús Manuel López Marquez
Actuaciones
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Causa estado Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera interpuesto recurso de queja, en contra del auto dictado el ocho de noviembre de esta anualidad, por el que se desechó de plano la demanda de amparo que dio origen a este asunto. En consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del artículo 2 de la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO dicha determinación. Datos personales Aunque la parte quejosa en este juicio de amparo no se opuso a la publicación de sus datos personales, conforme a los artículos 6, segundo párrafo, fracción II, y 16 de la Constitución Federal; dese cumplimiento a lo dispuesto por los numerales 113, 117 y 118, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Archivo Ahora, toda vez que no existe asunto pendiente de diligenciar, de conformidad con los artículos 8, 14 y 20, fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, vigente a partir del ocho de junio de dos mil veintitrés, se ordena el archivo de este expediente como definitivamente concluido. Relevancia documental Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General citado. Destino Transcurridos más de tres años, a partir de la fecha en que se dicta este acuerdo, procédase a su DESTRUCCIÓN, conforme el artículo 20, fracción IV, del referido acuerdo; y, en su oportunidad, remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Háganse las anotaciones relativas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y verifíquese el correcto contenido generado en el libro electrónico. Notifíquese por lista electrónica.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ocho de noviembre de dos mil veintitrés. Registro de demanda Con la demanda de amparo presentada vía electrónica en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y turnada a este órgano jurisdiccional, el día de hoy, por ********************, defensor particular de ********************, contra actos del Director del Centro Federal de Readaptación Social número Trece "CPS-Oaxaca", con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca; fórmese expediente físico y electrónico y anótese su ingreso en el libro correspondiente, con el número 1113/2023. Expediente electrónico Por tanto, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo y en cumplimiento al Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y al artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se instruye al personal de este órgano jurisdiccional, para que integre este expediente de manera electrónica, conforme a los lineamientos establecidos en los acuerdos antes mencionados. Por lo cual, todas las constancias y documentos remitidos físicamente por las partes, deberán digitalizarse e incorporarse al expediente electrónico, al igual que los acuerdos, diligencias, notificaciones, resoluciones o sentencias y los correspondientes registros administrativos que integran el contenido de la totalidad de las actuaciones judiciales. En el entendido que, no formarán parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 22 del acuerdo mencionado en primer término. En el entendido que el expediente físico servirá únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente por las partes, y se formará con los documentos remitidos por esa vía y las constancias de notificación que se generen de la misma manera, por lo que, las constancias y documentos electrónicos no se incorporarán a dicho expediente físico; por tanto, serán los expedientes electrónicos los que tengan validez para consulta de las partes. Firma electrónica. No pasa inadvertido que la demanda de cuenta carece de firma electrónica del promovente; sin embargo, de conformidad con el último párrafo del artículo3 de la Ley de Amparo, cuando se trata de casos urgentes o de excepción que marca el artículo 15 de la citada ley - como en la demanda que se provee-, no se requerirá de Firma Electrónica; lo que se corrobora con el contenido del numeral 10, párrafo segundo, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. De ahí que, lo procedente es acordar lo que en derecho corresponda en cuanto a la demanda de amparo. Se cita en apoyo la jurisprudencia I.7o.P. J/10 K (10a.), con número de registro 2023202, emitida por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en la Undécima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 2, Junio de 2021, Tomo V, página 4877, de rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA VÍA ELECTRÓNICA. LA FALTA DE FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA (FIREL) DEL QUEJOSO, NO ACTUALIZA DE MANERA MANIFIESTA E INDUDABLE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO POR INCUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE INSTANCIA DE PARTE AGRAVIADA, QUE DÉ LUGAR A SU DESECHAMIENTO DE PLANO, ATENTO A LAS CIRCUNSTANCIAS EXTRAORDINARIAS DE PANDEMIA QUE PREVALECEN EN EL PAÍS GENERADAS POR EL VIRUS SARS-CoV2 (COVID- 19) [INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 8/2019 (10a.)]. Hechos: El Juez de Distrito recurrido desechó de plano la demanda de amparo indirecto presentada vía electrónica, al estimar que en el escrito respectivo no obra la firma electrónica (FIREL) del quejoso, lo que constata que no expresó su voluntad para dar trámite a la demanda -principio de instancia de parte agraviada-, sin que sea el caso de prevenirlo en términos del artículo 114 de la Ley de Amparo, en tanto que no se trata de una irregularidad susceptible de subsanarse. Criterio jurídico: Atento a las circunstancias extraordinarias de pandemia que prevalecen en el país, generadas por el virus SARSCoV2 (COVID-19), la falta de Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) del quejoso en la demanda de amparo indirecto presentada vía electrónica, no actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia del juicio por incumplimiento del principio de instancia de parte agraviada, que dé lugar a su desechamiento de plano. Justificación: Lo anterior es así, porque un presupuesto del principio de instancia de parte agraviada, consiste en que la demanda de amparo presentada vía electrónica cuente con la firma electrónica (FIREL) de quien dice ser el afectado por el acto de autoridad, ya que ésta es el signo inequívoco de la voluntad y que la ausencia de algún signo que conduzca al juzgador a considerar que efectivamente es el afectado quien solicita la protección constitucional, es indicativo de incumplimiento del principio citado, ya que la falta de firma conduce, indefectiblemente, a que no pueda considerarse como agraviado a alguien que no suscribió la demanda. Sin embargo, dada la situación de salud que prevalece en el país, cuya circunstancia es incuestionable, que impide material y tecnológicamente que el común de las personas puedan colmar los requisitos que se exigen para la tramitación y obtención de la mencionada firma, para la promoción de la demanda de amparo indirecto debe prescindirse de la firma electrónica (FIREL) del quejoso. Así, estimar que la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 5o., fracción I y 6o., de la Ley de Amparo, así como 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se refiere a la falta de firma electrónica (FIREL), como mecanismo de manifestación de la voluntad y reflejo del principio constitucional de instancia de parte agraviada, es manifiesta e indudable, impediría a la parte quejosa el acceso a la tutela jurisdiccional. Por tanto, en los juicios de amparo promovidos durante la situación extraordinaria de contingencia epidemiológica actual, los operadores judiciales deben actuar con la mayor flexibilidad y amplitud en la protección de los derechos humanos, es decir, "favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia", como ordena el párrafo segundo del artículo 1o. constitucional, a efecto de proteger los derechos humanos del quejoso. No se soslaya la tesis de jurisprudencia P./J. 8/2019 (10a.), de título y subtítulo: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDEDESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO."; sin embargo, este criterio jurisprudencial del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se debe analizar en consideración de las circunstancias particulares del caso." Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo establece la obligación de examinar, previo a la admisión de la demanda, si se actualiza una causa de improcedencia, en virtud de que tal figura es una institución procesal que impide analizar la constitucionalidad del acto reclamado; por ende, su estudio es de oficio, preferente y de orden público en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. De los citados artículos se advierte que la demanda de amparo debe desecharse cuando se advierta un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por algún medio de prueba durante el juicio. Del análisis de la demanda de amparo, se advierte que, en el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción X, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: Fracción X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas.". En relación con esta causal de improcedencia, existe la jurisprudencia siguiente, que se aplica porque no contraviene las disposiciones de la Ley de Amparo: "LITISPENDENCIA Y COSA JUZGADA, IMPROCEDENCIAS DEL JUICIO DE AMPARO POR. EN SU CONFIGURACION NO INFLUYEN LAS VIOLACIONES CONSTITUCIONALES ALEGADAS EN LAS DOS DEMANDAS DE GARANTIAS. Debe sobreseerse en los autos del juicio constitucional de acuerdo con lo que se ordena en el texto de los artículos 73, fracciones III o IV (según corresponda), y 74, fracción III, de la Ley de Amparo, cuando los actos reclamados sean materia de un diverso juicio de garantías promovido por la misma quejosa y en contra de las mismas autoridades, independientemente de las violaciones constitucionales alegadas, cuestión que no influye en la configuración de estas causales de improcedencia". El artículo y jurisprudencia transcritos clarifican que se están en presencia de la figura procesal de la "litispendencia" cuando los actos reclamados sean materia de un juicio de amparo diverso, que esté pendiente de resolución, promovido por el mismo quejoso y contra las mismas autoridades, independientemente de las violaciones constitucionales alegadas sean diversas, de forma tal que el nuevo juicio es improcedente si están presentes las identidades siguientes: Los quejosos. Las autoridades responsables. El acto reclamado. Cabe precisar que la finalidad de esta causal de improcedencia es evitar que se emitan sentencias contradictorias, pues no es posible que en varios juicios se examinen el mismo acto, ya que su constitucionalidad sólo puede juzgarse una sola vez. Ahora, tal como se hizo constar de la certificación de cuenta, se advierte la existencia del diverso juicio 1111/2023 de la propia estadística, mismo que se hace notar lo siguiente: A las quince horas con treinta y dos minutos del día de hoy, fue presentada vía electrónica en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación la demanda promovida por ********************, defensor particular de ********************, contra actos del Director del Centro Federal de Readaptación Social número Trece "CPS-Oaxaca", con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca y otra autoridad, consistentes en: ".IV.- ACTO RECLAMADO.- Reclamo los actos de incomunicación hacia mi representado habida cuenta que en diversas ocasiones me han impedido entrevistarme con mi defenso y condicionando las visitas en múltiples ocasiones. Ocasionando torpeza en el procedimiento penal y desde luego un detrimento en el patrimonio económico de mi representado en virtud que la defensa proviene del Estado de Quintana Roo". Demanda a la cual se le otorgó el trámite correspondiente, se concedió la suspensión de plano por los actos reclamados y, se requirió al quejoso para que aclarara los actos reclamados. Por otro lado, de la demanda de amparo en que se actúa (1113/2023), presentada vía electrónica a las diecisiete horas con cuarenta y siete minutos del día de hoy, en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, por ********************, defensor particular de ********************, contra actos del Director del Centro Federal de Readaptación Social número Trece "CPS-Oaxaca", con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca y otra autoridad, consistentes en: "IV.- ACTO RECLAMADO. - Reclamo los actos de incomunicación hacia mi representado habida cuenta que en diversas ocasiones me han impedido entrevistarme con mi defenso y condicionando las visitas en múltiples ocasiones. Ocasionando torpeza en el procedimiento penal y desde luego un detrimento en el patrimonio económico de mi representado en virtud que la defensa proviene del Estado de Quintana Roo". De lo antes narrado se advierte que, en el caso, se acreditan los supuestos que configuran la causa de improcedencia en estudio (litispendencia), pues: El quejoso en ambos juicios es ********************. Las autoridades responsables son las mismas: Director y Encargado del Área de Trabajo Social del Centro Federal de Readaptación Social número Trece "CPS-Oaxaca", con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca. Los actos reclamados son exactamente los mismos. Por lo anterior, este juicio de amparo es improcedente de conformidad con el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo; y, en consecuencia, SE DESECHA DE PLANO POR IMPROCEDENTE LA DEMANDA DE AMPARO, promovida por ********************, defensor particular de ********************, contra actos del Director del Centro Federal de Readaptación Social número Trece "CPS-Oaxaca", con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca y otra autoridad. Debe decirse que la actualización de la causal de improcedencia en estudio, no implica negar acceso a la justicia, ya que en este asunto se interpretó de manera estricta, sin que esto implique vulnerar derechos humanos de acceso a la justicia reconocidos en ordenamientos internacionales; pues no debe perderse de vista que el juicio constitucional es un medio extraordinario de defensa, por lo que la parte quejosa debe cumplir con los requisitos de su procedencia, lo cual de ninguna manera implica que se le esté negando al promovente el derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que si se permite acudir al juicio de amparo en todo momento, se podría generar una saturación de los tribunales federales, en perjuicio del propio gobernado, así como un retardo generalizado en la administración de justicia con motivo de la interposición de interminables juicios de amparo. Por ende, el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que no configura una denegación de justicia; ello, conforme a la tesis aislada 2a. CLVII/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, Enero de 2010, página 324, Materia(s): Común, con registro digital 165538, de rubro siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSALES QUE LA PREVÉN DEBEN INTERPRETARSE DE MANERA ESTRICTA, A FIN DE EVITAR OBSTACULIZAR INJUSTIFICADAMENTE EL ACCESO DE LOS INDIVIDUOS A DICHO MEDIO DE DEFENSA". Domicilio y consulta de expediente. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el lugar donde se encuentra recluido el promovente. Hágase del conocimiento de la parte quejosa, que como señaló como domicilio para recibir notificaciones el lugar donde se encuentra privado de su libertad, por lo que en términos del numeral 27 de la Ley de Amparo, se le anexa copia autorizada de la determinación a notificar. Hágase del conocimiento de las partes que conforme al artículo 41 Bis del Acuerdo General 12/2020, que regula la integración y trámite de expedientes electrónicos y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, todas las personas autorizadas para acceder a los expedientes judiciales, incluidas quienes actúen bajo el esquema físico, deberán consultarlo en su versión electrónica. Quienes carezcan de acceso al Portal o quienes no hayan solicitado el acceso para consultar el expediente electrónico, podrán hacerlo al acudir presencialmente a este órgano jurisdiccional, donde se pondrá un equipo a su disposición y asesoría para que puedan llevar a cabo la consulta respectiva, desde una clave de usuario habilitado para ello. En términos del artículo 57, párrafo cuarto del Acuerdo General 12/2020, que regula la integración y trámite de expedientes electrónicos y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza a la parte quejosa la consulta de expediente electrónico del presente juicio a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, a través del usuario "********************", a fin de que pueda realizar la consulta correspondiente. En consecuencia, se instruye al Oficial Judicial "A", para que proceda a realizar los trámites respectivos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, a fin de dar cumplimiento a lo señalado en párrafos precedentes. Asimismo, se toma nota del número telefónico proporcionado, de los que se hace saber a la parte quejosa, que sólo será necesario para entablar comunicación no procesal; no así para practicar notificaciones, toda vez que no se contempla en la Ley de Amparo. Habilitación de días y horas inhábiles En otro aspecto, a fin que puedan practicarse todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, se faculta a los actuarios judiciales para que una vez agotadas sin éxito las visitas correspondientes a un domicilio señalado por las partes para oír y recibir notificaciones en días y horas hábiles, realicen las diligencias conducentes en días y horas inhábiles en términos del numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su artículo 2º; lo cual encuentra sustento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias en este juicio. Publicación de datos personales En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 6, segundo párrafo, fracción II, y 16 de la Constitución Federal, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de las partes que se considera información confidencial sus datos personales, los cuales los hacen identificados o identificables, por lo que si desean que sean divulgados, se requiere su consentimiento. Autorización de medios electrónicos Se autoriza a la parte quejosa el uso de medios electrónicos para obtener fotografía de las actuaciones en este asunto; lo anterior de acuerdo con la circular 12/2009, de fecha dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, debiendo dejar constancia respectiva. Sin que ello comprometa a este Juzgado respecto de la posterior reproducción o edición que hagan las partes, quienes estarán obligadas a utilizar esos medios con la debida lealtad procesal, en virtud del contenido de datos personales. Ilustra a lo anterior, la tesis I.3º.C.725 C, con registro digital 167640, con el rubro siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA". Notifíquese personalmente al quejoso en su centro de reclusión.
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