Jesús Manuel Jiménez Ososiro
Expediente 1630/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tabasco. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1630/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 17/10/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Jesús Manuel Jiménez Ososiro
Actuaciones
- Principal
Causa estado el auto de diecisiete de octubre de dos mil diecinueve, por el que se desechó la demanda de amparo... se ordena el archivo definitivo y es susceptible de destrucción...
- Principal
Con fundamento en el artículo 27 fracción I inciso C de la Ley de Amparo notifico por medio de lista a la parte quejosa el proveído de dos de octubre de dos mil diecinueve, que a la letra dice: Villahermosa, Tabasco, dos de octubre de dos mil diecinueve. RADICACIÓN DE LA DEMANDA Visto lo de cuenta; se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por ***, contra actos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad y otra autoridad; regístrese en el libro de gobierno bajo el índice ****; fórmese expediente y captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente. ANÁLISIS DE LA DEMANDA Ahora, de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; lo que es así, porque, en atención al principio de impartición de Justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Proceder que tiene como base constitucional lo preceptuado en el artículo 17 Constitucional, que consagra el derecho fundamental a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO Al analizar la demanda de amparo presentada por el quejoso, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de la Materia, se aprecia que destacan como actos reclamados los siguientes: A. La omisión de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, de notificar y emplazar a juicio a la parte demandada, en el expediente laboral ****, de su índice. B. La fecha lejana señalada para la audiencia bifásica de ley, que se traduce en dilación procesal. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA RESPECTO AL ACTO RECLAMADO SEÑALADO EN EL INCISO A. Quien esto resuelve, de oficio, advierte que, en relación con el acto reclamado identificado con el inciso A , se actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, que disponen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; En efecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis , sostuvo que si bien a través de la jurisprudencia de rubro AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. , estableció que el juicio de amparo indirecto resulta improcedente contra dilaciones intraprocesales que no afectan derechos sustantivos, a excepción que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o paralización total del mismo, pues en tal caso el juicio será procedente. Sin embargo, dicha Sala también expuso que dada la complejidad para fijar un lapso genérico de duración de la demora reclamada a la autoridad responsable, para determinar si ha incurrido en una dilación abierta del procedimiento o la paralización total del mismo y, con el fin de establecer un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes; determinó que para la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntivamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de derechos fundamentales procederá cuando hayan transcurrido más de cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la conclusión del plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, por ser ese el período máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo, tolera para que el controvertido laboral permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador. Contradicción de tesis citada en párrafos que anteceden, que dio origen a la Jurisprudencia , sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la publicación semanal del viernes 01 de marzo de 10:04 h, del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro , cuyo rubro y texto rezan AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia sostuvo que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso deberá darse cauce legal a la demanda, aunque en principio se trate de violaciones de naturaleza adjetiva. Ahora bien, si se toma en cuenta que resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, debe complementarse ese criterio por lo que hace a la materia laboral- a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio y, por ello, se determina que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador. En esa tesitura, este Juzgado Federal estima que los actos omisivos en esta vía reclamados, no constituyen una abierta dilación del procedimiento laboral de origen o paralización del mismo, que haga procedente el juicio de derechos humanos por la afectación material a derechos sustantivos, pues atento a la narrativa de la parte quejosa en su demanda, se colige asevera que en la audiencia de conciliación, demanda y excepciones de treinta de septiembre de dos mil diecinueve, la responsable nulificó los emplazamientos practicados a la parte demandada y ordenó de nueva cuenta fueran llevado a cabo, sin que a esta data los hubiera realizados al actuario de su adscripción. Así es, el artículo 750 de la Ley Federal del Trabajo, en su parte conducente establece que las notificaciones, citaciones o emplazamientos deberán realizarse dentro de los cinco días siguientes a su fecha, salvo cuando expresamente en la resolución o en la Ley exista disposición en contrario; en el presente asunto, la parte quejosa, bajo protesta de decir verdad, manifestó que el treinta de septiembre del presente año, no fue posible el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, toda vez que, a pesar de estar debidamente notificada la parte demandada, dicha actuación fue declarada nula, ordenando que fueran realizados de nueva cuenta y fijando una nueva fecha para su verificativo. Motivo por el cual, el plazo de cuarenta y cinco días naturales que establece la jurisprudencia transcrita en retro líneas, transcurre del ocho de octubre, al veintiuno de noviembre del año en curso; por tanto, si la parte quejosa acude al amparo el uno de octubre de dos mil diecinueve según la constancia de registro que emite la Oficina de Correspondencia Común, es válido jurídicamente establecer que la autoridad responsable no ha incurrido en una dilación abierta del procedimiento o paralización total del mismo. Datos fácticos se sintetizan en el siguiente cuadro En consecuencia, LO PROCEDENTE ES DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, al haberse actualizado de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el 107 fracción V, aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA RESPECTO AL ACTO RECLAMADO SEÑALADO EN EL INCISO B. Por otro lado, respecto al diverso acto combatido identificado con el inciso B , relativo a la fecha lejana señalada en la determinación de treinta de septiembre de dos mil diecinueve, para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, en el expediente laboral ****, del índice de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, el suscrito también advierte de forma manifiesta e indudable que sobreviene la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 77, ambos de la Ley de Amparo, que disponen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulta de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. En el último considerando de la sentencia que conceda el amparo, el juzgador deberá determinar con precisión los efectos del mismo, especificando las medidas que las autoridades o particulares deban adoptar para asegurar su estricto cumplimiento y la restitución del quejoso en el goce del derecho. En asuntos del orden penal en que se reclame una orden de aprehensión o auto de vinculación a proceso en delitos que la ley no considere como graves, la sentencia que conceda el amparo surtirá efectos inmediatos, sin perjuicio de que pueda ser revocada mediante el recurso de revisión; salvo que se reclame el auto de vinculación a proceso y el amparo se conceda por vicios formales. En caso de que el efecto de la sentencia sea la libertad del quejoso, ésta se decretará bajo las medidas de aseguramiento que el órgano jurisdiccional estime necesarias, a fin de que el quejoso no evada la acción de la justicia. En todo caso, la sentencia surtirá sus efectos, cuando se declare ejecutoriada o cause estado por ministerio de ley. De conformidad con el último precepto legal transcrito, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo supuesto a que alude la fracción I, los efectos de la sentencia de amparo serán restitutorios, es decir, devolver al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación. En cambio, cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, los efectos de la concesión de amparo serán obligar a la autoridad responsable a reparar el derecho de que se trata y a cumplir lo que el mismo exija. Así, del numeral apuntado, se desprende que el efecto de la sentencia amparadora será devolver las cosas al estado que tenían antes de la violación de derechos fundamentales, nulificando el acto reclamado cuando al acto sea positivo o constriñendo a la autoridad responsable a reparar el derecho de que se trata y cumplir lo que el mismo exija -cuando el acto sea negativo o de omisión-. Ello es así, porque aun cuando la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su tesis 1a.***., ha sostenido que los efectos de las sentencias de amparo, están determinados por la violación al derecho fundamental de cada caso concreto , es decir, dependerá de las pretensiones del reclamante, la naturaleza y objeto del proceso; sin embargo, también es verdad que continúa firme el criterio de que de tratándose de actos positivos, la restitución a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado, será restituirla plenamente volviendo las cosas al estado que originalmente tenía, esto es, retrotrayendo las cosas al momento en que se originó la afectación a la esfera jurídica del gobernado como si tal afectación nunca hubiera ocurrido. Toma vigencia al caso, la jurisprudencia *****de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , del tenor literal siguiente SENTENCIAS DE AMPARO. SUS EFECTOS RESTITUTORIOS SÓLO PUEDEN MATERIALIZARSE RESPECTO DE LOS DERECHOS DEL GOBERNADO LEGÍTIMAMENTE TUTELADOS. El artículo 80 de la Ley de Amparo establece que la sentencia que conceda la protección constitucional tendrá por objeto restablecer las cosas al estado en el cual se encontraban antes de la violación, pero este principio no es irrestricto ni absoluto, pues está subordinado al fundamento de orden público que rige los procedimientos de ejecución de las sentencias de amparo, conforme al cual el conjunto de instituciones jurídicas propias de una comunidad necesarias para la convivencia pacífica entre sus miembros no puede alterarse. Ahora bien, de acuerdo con este principio, los alcances restitutorios de una ejecutoria deben materializarse sobre derechos legítimos, esto es, respecto de aquellas prerrogativas de los gobernados legalmente tuteladas, pues de no ser así, la sentencia de amparo podría utilizarse como un instrumento para efectuar actos contrarios a las leyes y al orden público, en agravio de derechos legítimos de otros gobernados, lo cual no debe permitirse, ya que por su naturaleza, ésta es el instrumento para restituir al gobernado en el pleno goce de sus garantías individuales violadas y no un medio para efectuar actos contrarios a la ley o legitimar situaciones de hecho que se encuentren al margen de ella. Lo hasta aquí relacionado, pone de manifiesto que el juicio de amparo, en términos del artículo 1 de la Ley de Amparo, constituye un medio de control constitucional extraordinario para el gobernado que tiene por objeto tutelar sus derechos fundamentales particulares o colectivos frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la Ley de Amparo. Ahora, para hacer efectiva la tutela constitucional de los derechos fundamentales de la parte quejosa, es imperioso tener en cuenta que el juicio de amparo siempre debe tener una finalidad práctica y no ser un medio para realizar una actividad meramente especulativa, es decir, hipotética o imaginativa que no permita que la sentencia que se dicte en el juicio de amparo, en el supuesto de que sea favorable a la parte quejosa, pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de tal violación. Lo anterior, ha sido reconocido incluso por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia , de rubro y texto siguiente IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA CUANDO EXISTE LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA DE QUE SE PRODUZCAN LOS EFECTOS RESTITUTORIOS DE LA SENTENCIA CONCESORIA QUE, EN SU CASO, SE DICTE. De acuerdo con lo establecido en el artículo 80 de la Ley de Amparo y en la tesis de jurisprudencia número 174, publicada en la página 297 de la Octava Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1975, con el texto siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. El efecto jurídico de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio constitucional, concediendo el amparo, es volver las cosas al estado que tenían antes de la violación de garantías, nulificando el acto reclamado y los subsecuentes que de él se deriven.; y en virtud de que el juicio de garantías debe tener siempre una finalidad práctica y no ser medio para realizar una actividad meramente especulativa, para la procedencia del mismo es menester que la sentencia que en él se dicte, en el supuesto de que sea favorable a la parte quejosa, pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, de manera que se restablezcan las cosas al estado que guardaban antes de la violación cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, o cuando sea de carácter negativo o constituya una abstención, se obligue a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija. Además, atendiendo a la última parte del referido numeral 77 de la Ley de Amparo, la sentencia concesoria de amparo surtirá sus efectos, cuando se declare ejecutoriada, o cause estado por ministerio de ley. Así las cosas, el quejoso Jesús Manuel Jiménez Osorio, promovió juicio de amparo indirecto en el que señaló como uno de sus actos reclamados la hora y fecha señalada para la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, en la determinación de treinta de septiembre de dos mil diecinueve, dentro del expediente laboral ***, del índice de la Junta responsable diez horas del cinco de febrero de dos mil veinte; por tanto, es inconcuso para este Juzgador Federal, que en esta data, dos de octubre del año actual, a ningún caso práctico llevaría emprender el estudio de fondo que se propone sobre la dilación procesal que se reclama por parte de la responsable al señalar fecha lejana para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones en el juicio de origen, porque aun en el supuesto de que la sentencia fuera favorable a la parte impetrante de amparo y se resolviera la ilegalidad de tal proceder de la responsable, no sería material ni jurídicamente posible restituirla en el goce de su derecho fundamental violado, es decir, en el retardo por el tiempo injustificado que le provocó la actuación de la Junta responsable, pues la fecha que a decir del quejoso fue indebidamente señalada como lejana, ya se encuentra próxima a celebrarse, con independencia de que tal audiencia de ley en el procedimiento obrero, tenga o no verificativo. Máxime que dicha autoridad laboral gozará de su periodo vacacional durante la segunda quincena del mes de diciembre del año en curso, durante el cual no transcurrirá términos procesales; circunstancia que se invoca como un hecho notorio para este Juzgador, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria. Además, como se dejó apuntado, en términos del artículo 77, último párrafo de la Ley de Amparo, en el caso de que el inconforme obtuviera sentencia favorable a sus intereses a la presente fecha, tal fallo protector no podría surtir sus efectos inmediatamente, sino hasta que se declarara ejecutoriado o causara estado por ministerio de ley, es decir, hasta después de trascurrido el plazo de diez días hábiles a que alude el artículo 86 de la ley de la materia, como plazo para interponer el recurso de revisión contra dicho fallo; lo cual hace más notorio que existe la imposibilidad jurídica de que se produjeran los efectos restitutorios de una posible sentencia concesoria; incluso de recurrirse en revisión la posible sentencia amparadora, pues en ese caso habría que esperar a que resolviera tal recurso, en franco perjuicio de los intereses de la parte quejosa. A mayor abundamiento, es pertinente señalar, que el expediente laboral ***, en que el quejoso es parte actora; no es el único asunto sometido a la competencia de la autoridad responsable, esto en razón que como es el conocimiento público, en esa Junta existe una carga excesiva de trabajo y, que no cuenta con recursos materiales ni humanos para realizar las diligencias dentro de los plazos establecidos en la Ley Federal del Trabajo; por esas razones resulta humanamente imposible programar un excesivo número de audiencias, al no contar con el personal suficiente para solventar el trámite de los juicios; siendo necesario que en efecto, se debe examinar cada caso y considerar que el legislador al fijar los plazos procesales en las leyes respectivas no pudo atender a la variada gama de casos que se someten a los tribunales, tanto por la índole de las cuestiones jurídicas que se controvierten como por la complejidad de los hechos a los que se refieren, así como al volumen del expediente y la extensión de los escritos aportados y pruebas desahogadas. Por la naturaleza del problema resulta lógico inferir que el legislador, al hacer la determinación a que se alude tomó en cuenta, por una parte, el tiempo que previsiblemente, considerando la capacidad y diligencia medias de un juzgador y de su personal profesional y administrativo de apoyo, se requiere para acordar o resolver la generalidad de los asuntos que ingresan a los órganos jurisdiccionales y, por otra, a que este ingreso sea en número proporcionado a la potencialidad de trabajo del juzgado o tribunal que corresponda. Por todo ello, cuando se trate de un asunto excepcional, por alguna o todas las características mencionadas o bien cuando el ingreso de asuntos al órgano jurisdiccional respectivo supere notoriamente al que podría considerarse normal, ello debe ser considerado para calificar la actuación de la autoridad en relación a la pronta impartición de justicia. Sirve de apoyo la tesis , de la Octava Época, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 18 del Tomo 57, septiembre de 1992, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto, son los siguientes: TERMINOS PROCESALES. PARA DETERMINAR SI UN FUNCIONARIO JUDICIAL ACTUO INDEBIDAMENTE POR NO RESPETARLOS SE DEBE ATENDER AL PRESUPUESTO QUE CONSIDERO EL LEGISLADOR AL FIJARLOS Y LAS CARACTERISTICAS DEL CASO. El artículo 17 de la Constitución consagra la garantía denominada derecho a la jurisdicción que consiste, conforme al texto literal del precepto, en que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijan las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial lo que significa, por regla general, que un funcionario judicial actúa indebidamente cuando incurre en dilaciones que lo llevan a vulnerar esos dispositivos al no acordar las promociones de las partes o emitir las resoluciones dentro de los términos específicos que para cada situación señalan las normas procesales aplicables. De ello se sigue que si se formula una queja administrativa con motivo de esas irregularidades y el funcionario admite que incurrió en ellas o las mismas se encuentran probadas, en principio, debe considerarse fundada la queja e imponer las correcciones disciplinarias que correspondan o adoptar medidas que se juzguen convenientes. Sin embargo, al examinar cada caso se debe considerar que el legislador al fijar términos procesales en las leyes respectivas no pudo atender a la variada gama de casos que se someten a los tribunales, tanto por la índole de las cuestiones jurídicas que se controvierten como por la complejidad de los hechos a los que se refieren, así como al volumen del expediente y la extensión de los escritos aportados y pruebas desahogadas. Por la naturaleza del problema resulta lógico inferir que el legislador, al hacer la determinación a que se alude tomó en cuenta, por una parte, el tiempo que previsiblemente, considerando la capacidad y diligencia medias de un juzgador y de su personal profesional y administrativo de apoyo, se requiere para acordar o resolver la generalidad de los asuntos que ingresan a los órganos jurisdiccionales y, por otra, a que este ingreso sea en número proporcionado a la potencialidad de trabajo del juzgado o tribunal que corresponda. Por todo ello cuando se trate de un asunto excepcional, por alguna o todas las características mencionadas o bien cuando el ingreso de asuntos al órgano jurisdiccional respectivo supere notoriamente al que podría considerarse normal, debe concluirse que o bien se presentaron atenuantes o bien, excluyentes de responsabilidad en relación con la actuación del funcionario contra el que se formuló la queja administrativa y resolverla en consecuencia. En consecuencia, LO PROCEDENTE ES DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, al haberse actualizado de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el 77, ambos de la Ley de Amparo...
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Vistas la constancia del Actuario Judicial de la adscripción de treinta de septiembre del año en curso, mediante la cual manifiesta que no le fue posible emplazar a Guadalupe Hernández González, parte tercera interesada, por los motivos que expone. Ahora bien, toda vez que no fue posible emplazar a la tercera interesada Guadalupe Hernández González; y, al atender que de los informes solicitados a las autoridades auxiliares, se advierte diverso domicilio de la citada parte tercera interesada, a saber el ubicado en Calle Ignacio Ramírez Sin Número, Nacajuca, Tabasco. gírese despacho al juez civil de nacajuca, tabasco en turno para que emplace al tercero interesado...
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