Jesús Manuel Hermosillo Hernández
Expediente 1600/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chihuahua. 2 actuaciones registradas, la última del 27 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1600/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 27/09/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Jesús Manuel Hermosillo Hernández
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación de cuenta que antecede, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98, párrafo primero, en relación con el 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, sin que se hubiere recurrido el auto dictado el tres de noviembre de dos mil veinte, que desechó la demanda de amparo promovida por *****; por ende, con fundamento en los artículos 354, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el mismo causó estado. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, captúrese esta información en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y archívese el expediente como asunto totalmente concluido. Ahora bien, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en su artículo 21, inciso b), que a la letra dice: "Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: a) Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados; b) Expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido; c) El original del cuaderno relativo al incidente de suspensión en amparo siempre que la medida cautelar se haya negado respecto de todos los actos reclamados; d) Aquellos que desechen, declaren improcedentes, o declaren sin materia o infundado; e) Medidas precautorias, siempre que no sean en materia penal. f) Impedimentos; g) Recusaciones; h) Excusas; i) Returnos; j) Incompetencias; k) Conflictos competenciales. En el acuerdo de archivo de los expedientes judiciales deberá constar la orden de notificación personal a las partes para acudir al órgano jurisdiccional, dentro de un plazo de noventa días hábiles, a recuperar los documentos originales que hubieren exhibido en el expediente, apercibiéndoles de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Cuando no se pueda efectuar la notificación personal a las partes, aquélla se realizará a través de listas que se publicarán en los estrados del órgano jurisdiccional. Una vez cumplido el término a que se refiere el primer párrafo de este artículo, el órgano jurisdiccional, dentro de los treinta días siguientes, deberá destruir estos expedientes y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. No serán valorados como destruibles aquellos expedientes que encuadren en alguno de los supuestos de relevancia documental previstos en este Acuerdo General". Por ende, a efecto de acatar el referido acuerdo, envíese el mismo al archivo de trámite y tomando en consideración que el presente asunto no es de relevancia documental, procede determinar que el presente asunto es destruible en un plazo de tres años, contados a partir del presente auto que ordena el archivo, por lo que deberá procederse a su destrucción en los términos ordenados en el penúltimo párrafo del numeral trascrito. Luego, cabe precisar que el acto reclamado en el presente asunto deriva de un procedimiento administrativo, por ende, no se ubica en ninguno de los supuestos contenidos en el artículo 15 del invocado Acuerdo General , motivo por el que no se considera de información reservada y dado que se actúa en el presente cuadernillo, no obran documentos originales por devolver.
- Principal
Chihuahua, Chihuahua, tres de noviembre de dos mil veinte. Visto lo de cuenta; agréguese a los autos la demanda de amparo promovida por Jesús Manuel Hermosillo Hernández, contra actos atribuidos al Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en esta ciudad. A efecto de proveer lo que en derecho corresponda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". Ahora, el artículo 113 de la Ley de Amparo, prevé que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano sin suspender el acto reclamado. De la lectura del artículo citado, se desprende que el Juez de Distrito tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de garantías para que en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia la deseche de plano. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la jurisprudencia 748, del entonces Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, visible en la página 504, Tomo VI, Octava Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación compilación 1995, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS." Esencialmente, la tesis en cuestión interpreta que para el desechamiento de plano de una demanda de garantías, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional, además, que este motivo sea: a) Manifiesto; e b) Indudable. Lo manifiesto es aquello que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; y lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En el caso, se considera que en el presente juicio de amparo se actualiza la causal de improcedencia que resulta de relacionar los artículos 1º, fracción I, 5, fracción II, y 61, fracción XXIII, todos de la Ley de Amparo, considerando para ello la naturaleza del acto reclamado a la autoridad responsable, consistente en la omisión y negativa de no dar cumplimiento a los decretos presidenciales, ya que el quejoso asegura que encuadra dentro del grupo de personas vulnerables. A fin de evidenciar lo anterior, los preceptos citados en el párrafo precedente, en lo conducente establecen: "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.] Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas.Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. [.] Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". De la interpretación literal, armonizada y sistemática de los numerales transcritos, se colige que para los efectos del juicio de derechos humanos, el concepto de autoridad responsable converge en establecer, que es aquella que con independencia de su naturaleza formal, es la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. En la especie, se estima que se reclaman actos que no proviene de autoridad para efectos del juicio de amparo, puesto que, según se verá a continuación, la actuación atribuida a la autoridad responsable Instituto Mexicano del Seguro Social, residente en esta ciudad, no constituye un acto de autoridad para efectos del amparo, pues la relación que existe entre el quejoso y el Instituto en comento en dicho supuesto es de coordinación, entablada entre particulares, en las que actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad. En primer término, se considera conveniente transcribir los artículos 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 1o. de la Ley de Amparo, relativos a lo que se entiende como autoridad responsable para efectos del juicio de amparo. Los artículos de referencia son del siguiente tenor: "Artículo 103. Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; II. Por normas generales o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los estados o la esfera de competencia del Distrito Federal, y III. Por normas generales o actos de las autoridades de los Estados o del Distrito Federal que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal." Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; II. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la esfera de competencias del Distrito Federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y III. Por normas generales, actos u omisiones de las autoridades de los Estados o del Distrito Federal, que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente Ley." De los anteriores preceptos, así como del diverso 5º, fracción II, de la Ley de Amparo, transcrito con anterioridad, es dable inferir que la procedencia del juicio de derechos fundamentales se encuentra supeditada a que los actos que se reclamen provengan de una autoridad, entendiéndose por tal, aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. En esas consideraciones, a través del juicio de derechos fundamentales, únicamente es dable impugnar un acto que provenga de autoridad, o de un particular que actúa con el carácter de autoridad (con imperio), a fin de estar en aptitud de analizar los conceptos de violación de legalidad que se hayan aducido en su contra. De lo expuesto se concluye que la procedencia del juicio de amparo se encuentra supeditada, como se dijo, a que los actos que se reclamen provengan de una autoridad, entendiéndose por tal aquella que, con fundamento en una norma legal, dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Asimismo, para los efectos del juicio de amparo los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esa fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. En ese sentido, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 394/2016, explicó las connotaciones de autoridad para efectos del juicio de amparo, para lo cual esbozó los motivos que condujeron al legislador ordinario para modificar el concepto de autoridad en la Ley de Amparo. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación explicó que el concepto de acto de autoridad para efecto del juicio de amparo se modificó esencialmente ya que la vulneración de los derechos humanos no sólo proviene del Estado, sino también proviene de la actuación de los particulares en determinadas circunstancias, esto es, cuando sus actos u omisiones sean equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos del acto de autoridad que define el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, cuya potestad o función deriva de una norma general y abstracta. Agregó que el criterio actual del Máximo Tribunal para determinar si se tiene o no el carácter de autoridad para los efectos del juicio de amparo, se basa no sólo en el atributo de la fuerza pública o del imperio, pues con fundamento en una norma legal se pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales se creen, modifiquen o extingan por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consentimiento del afectado, así como el tipo de relación jurídica que existe entre los sujetos en conflicto. Indicó que para que pueda otorgársele a alguien el carácter de autoridad responsable tiene que darse necesariamente la relación de supra a subordinación, pues tratándose de los otros tipos de relaciones (de coordinación o de supraordinación) los sujetos se ubican en un plano de igualdad, por lo que no se da la característica de un sujeto que tenga superioridad respecto del otro, que es la nota distintiva para determinar que, en esos casos, se está en presencia de un acto de autoridad. Las consideraciones reseñadas dieron origen a la jurisprudencia 1ª/J. 41/2019 con rubro: "NOTARIOS PÚBLICO. NO TIENEN EL CARÁCTER DE AUTORIDADES RESPONSABLES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO SE LES RECLAMEN ACTOS DERIVADOS DE LA TRAMITACIÓN DE SUCESIONES EXTRAJUDICIALES", publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, décima época, libro 69, Agosto de 2019, tomo II, página 1144. En ese sentido, debe señalarse que el Estado tiene una doble personalidad; la primera, como ente de derecho público cuando actúa investido de imperio en sus relaciones frente a los gobernados; y, la segunda como persona moral sujeto de derecho privado, cuando actúa como particular frente a otros sujetos particulares. En efecto, la teoría general del derecho hace una clasificación de las relaciones jurídicas en: de coordinación, supra-subordinación y supraordinación. La primera corresponde a la entablada entre particulares, y para dirimir sus controversias se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o reguladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Las relaciones de supra-subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, y se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos, destaca el contencioso administrativo, el propio juicio de amparo, así como los mecanismos de defensa de los derechos humanos. Este tipo de relaciones de caracteriza por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de garantías como limitaciones al actuar del gobernante. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre órganos del propio Estado. En este contexto, si el Estado contrata a una persona para que desempeñe cualquier labor dentro de una entidad pública, la actuación del titular del órgano de que se trate, frente a la persona contratada, no será una actuación investida de imperio, sino una verdadera relación laboral surgida en un plano de igualdad (coordinación) entre el Estado como contratante y la persona que va a desempeñar un servicio material, intelectual o de ambos géneros, en virtud del nombramiento que le fuera expedido o por el hecho de figurar en la lista de raya de los trabajadores. De los antecedentes del acto reclamado que bajo protesta de decir verdad narró el quejoso, se advierte: a) Mantiene una relación laboral con el Instituto Mexicano del Seguro Social, residente en esta ciudad ya que desempeña su labor como médico especialista en cirugía general. b) Refiere que padece presión arterial alta y cefalea, perteneciendo al grupo vulnerable de personas que puede contraer el virus denominado COVID-19. c) Menciona que a la fecha el Director de dicha institución hospitalaria, no ha aplicado el Decreto presidencial de veinticuatro de marzo de dos mil veinte, por el cual todos los trabajadores que se ubican en el grupo vulnerable, deben ausentarse del lugar de trabajo, en resguardo domiciliario. Bajo ese contexto, es dable sostener que el acto reclamado consistente en la negativa y/o omisión a concederle el permiso para no presentarse a desempeñar sus labores como personal empleado de salud para tener resguardo domiciliario, no tiene la naturaleza de acto de autoridad para efectos del amparo, se explica: La autoridad responsable a quien se atribuye en específico la omisión de aplicar el Decreto presidencial reclamado y, por ende, conceder el permiso para ausentarse a las labores y permanecer en resguardo domiciliario, se localiza en un plano de igualdad con los derechos del quejoso, derivado del punto de coordinación existente como patrón (autoridad señalada como responsable) y de empleado (parte quejosa). Ello debido a que esas circunstancias provienen del derecho de trabajador del solicitante de amparo que se encuentra incorporado a su esfera jurídica como consecuencia de la relación laboral que existe con el Instituto Mexicano del Seguro Social, para quien presta sus servicios de manera personal y subordinada; esto es, se trata de un derecho reconocido en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se amplía a través de las leyes federales de trabajo respectivas. En efecto, el arábigo 8 de la Ley Federal del Trabajo indica que es trabajador la persona física que presta a otra, física o moral, un trabajo personal subordinado. Por su parte, el precepto 3 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, establece que es trabajador toda persona que preste un servicio físico, intelectual o de ambos géneros, en virtud de nombramiento expedido o por figurar en las listas de raya de los trabajadores temporales. A su vez, los numerales 698 y 699 de la Ley Federal del Trabajo prevén que es competencia de las Juntas de Conciliación y Arbitraje los conflictos de trabajo que se susciten en términos de esa legislación y que cuando se ejerciten acciones relacionadas con la obligación en materia de capacitación y adiestramiento o de seguridad e higiene, serán de la competencia de la Junta Especial de la Federal de Conciliación y Arbitraje, de acuerdo a su jurisdicción. De igual manera, el ordinal 124 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado señala que el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje será competente, entre otras cosas, para conocer y resolver de los conflictos individuales que se susciten entre titulares de una dependencia o entidad y sus trabajadores. Por tanto, los actos que reclama el quejoso no constituyen -de acuerdo con su naturaleza- actos de personas de derecho público o de autoridad, sino actos entre particulares, pues la institución de salud pública señalada como responsable no obró con el imperio de su soberanía, característica de los actos de autoridad, sino con base en una relación laboral, por lo cual los actos imputados como responsable pertenecen a la esfera del derecho privado y no al ejercicio de la función pública. De esta manera se colige que las instituciones públicas, por el solo hecho de la naturaleza formal no adquieren por esa sola razón el carácter de autoridades cuando realizan actos positivos, negativos y omisivos que tienen su origen en una relación jurídica con el trabajador y, por tanto, el acto reclamado, con independencia de que estén o no acreditados, no constituye actos de autoridad para efectos del amparo. Por ende, como en el caso ocurre, cuando los funcionarios pertenecientes a una institución del Estado realizan actos positivos, negativos u omisivos que tengan su origen en una relación jurídica con el trabajador, están desprovistos de su carácter de autoridades, ya que se conducen bajo una relación de coordinación entablada entre particulares, en la que actúan en un mismo plano cuyas controversias deben dilucidarse ante una autoridad laboral. Además, se le da el carácter de particulares a los mencionados funcionarios, ya que pueden ser demandados como tal ante la autoridad del trabajo competente y, por ello, no podría sujetársele al juicio de amparo, al reclamarles actos que podrían ser enjuiciados ante otra instancia. En ese sentido, si lo que se pretende reclamar en esta instancia constitucional se trata de circunstancias inherentes a la relación de trabajo que existe entre el institución médica en la que se encuentra adscrito y sus trabajadores, regulada por el artículo 123 Constitucional, cuyo propósito es que se le conceda licenciada con goce de sueldo con motivo de la pandemia generada por el virus COVID-19; ello conlleva a determinar que lo reclamado no es susceptible de analizarse en esta instancia constitucional. Ello, tomando en cuenta que los ordinales 43 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y 132 de la Ley Federal del Trabajo estatuyen la obligación por parte de los patrones de otorgar licencias a sus trabajadores sin menoscabo de sus derechos y antigüedad. En ese sentido, es pertinente reiterar que lo reclamado por la parte quejosa frente a la autoridad señalada como responsable deriva de la relación laboral que existe, es decir, a través de la vía constitucional impugna acciones u omisiones que atribuye a su empleador y que desde su perspectiva ponen en riesgo su salud. Es cierto que el quejoso alega en sus conceptos de violación que la omisión de aplicar el Decreto presidencial impugnado, impacta en la denegación a conceder el permiso y/o licencia para ausentarse a sus labores para resguardarse en su domicilio tiene como finalidad garantizar su salud física. Sin embargo, el derecho que le asiste al quejoso para obtener la licencia o permiso no deriva de su carácter como particular ante un ente del Estado con el imperio de su soberanía, característica de los actos de autoridad, sino con base en una relación laboral que mantiene en un plano de coordinación. En ese tenor, debe destacarse que la Organización Internacional del Trabajo precisó que su publicación relativa a las "Disposiciones fundamentales de las normas internacionales del trabajo pertinentes en el contexto del brote de COVID-19", principalmente en el capítulo denominado "Seguridad y salud en el trabajo", los derechos y responsabilidad que tienen los trabajadores, así como las obligaciones de los empleadores, ante el brote del virus denominado Sars-Cov2 (Covid-19). Incluso, la posibilidad de una orientación normativa sobre la protección de los trabajadores contra riesgos biológicos en el centro laboral. En las disposiciones citadas, la Organización Internacional del Trabajo señala aspectos a considerar por parte del empleador en favor de sus trabajadores, por ejemplo, el derecho a una licencia con goce de sueldo, las consecuencias laborales de estar en cuarentena, cambio o exigencia de optar por vacaciones con motivo del virus, entre otras; mismas que pueden ser consultadas, en el capítulo denominado "Derecho a la licencia y modalidades de trabajo especial". Lo anterior revela que las políticas o indicaciones para mantener la salud de las personas ante el brote del virus COVID-19, no tiene únicamente un enfoque de salud de los Estados frente a sus gobernados, sino que también se observa que se encuentra obligado como empleador a cumplir las disposiciones en materia de seguridad e higiene, entre las que se encuentran el otorgar permisos y licencias a sus trabajadores, lo cual se observa a través del nivel de coordinación que deriva de la relación laboral. Respetuosamente debe precisar que, sobre el particular no es aplicable la jurisprudencia 2ª./J. 54/2012 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que fue publicada con el rubro "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO", en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, Libro X, Julio de 2012, Tomo 2, página 929, debido a que por virtud de la solicitud de sustitución de jurisprudencia 9/2015, se autorizó la adecuación del título de la tesis mencionada para quedar de la siguiente manera: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO SE IMPUGNA EL ACUERDO DE FIJACIÓN DE TARIFAS PARA SUMINISTRO Y VENTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA". En el primero de los rubros de la jurisprudencia citada se establece de manera genérica que el auto de inicio en el juicio de amparo no era la etapa procesal oportuna para determinar si un acto proviene o no de una autoridad para efectos del juicio de amparo; sin embargo, por virtud de la sustitución autorizada, en el segundo de ello se aclaró que la falta de idoneidad para calificar la improcedencia del juicio de amparo en el auto de inicio se referiría al supuesto que menciona el cuerpo de la misma. La sustitución de rubro en la jurisprudencia mencionada cobra relevancia en el presente asunto, pues revela que no existe prohibición absoluta para determinar o calificar la improcedencia del juicio de amparo en el auto de inicio cuando se reclaman actos que no son de autoridad para efectos del juicio de amparo. De ahí que este Juzgado Federal estime que al actualizarse la causa de improcedencia invocada, deba desecharse la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Resulta aplicable a lo anterior, por analogía y en lo conducente, la jurisprudencia 2ª./J. 2/2017 (10ª) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, décima época, libro treinta y ocho, enero de dos mil diecisiete, tomo I, página seiscientos ocho, de rubro y texto: "MÉDICO RESIDENTE DE UNA ESPECIALIDAD. SU BAJA ORDENADA POR LOS FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD MÉDICA A LA QUE ESTÁ ADSCRITO, NO ES UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. La actividad de los médicos residentes encuentra su fundamento en el Título Sexto, denominado "Trabajos especiales", Capítulo XVI, intitulado "Trabajos de Médicos Residentes en Periodo de Adiestramiento en una Especialidad", de la Ley Federal del Trabajo. Ahora bien, del texto de la ley y de su exposición de motivos se advierte que la intención del legislador, en todo momento, fue que la relación del "residente" con la unidad médica en la que participe tenga naturaleza laboral, con ciertas características especiales, y aunque tenga como fin su adiestramiento para lograr una especialidad, lo que en cierta forma le da el carácter de "alumno", ello no puede disolver el vínculo que tiene como trabajador, pues la residencia es consecuencia de su contratación con ese fin específico. Además, entre las partes existe el elemento esencial que identifica las relaciones de trabajo, esto es, la subordinación en la prestación del servicio, pues los médicos residentes tienen una jornada, un salario, así como la obligación de acatar órdenes y cumplir con los deberes que les son impuestos, tanto laborales como académicos. De ahí que la baja de un médico residente no es un acto que se circunscriba al ámbito académico, sino al laboral, es decir, su relación con la unidad médica en que está adscrito es de naturaleza exclusivamente laboral, ya que los actos de la unidad médica en la que realiza la residencia quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier patrón ejecuta, pues en esas relaciones el Estado queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular." En tales condiciones, y al ser esta una causa de improcedencia notoria, manifiesta e indudable, la cual quedó plenamente demostrada en los párrafos que anteceden, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, lo procedente es desechar de plano la demanda promovida por Jesús Manuel Hermosillo Hernández. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y del Trabajo del Segundo Circuito, publicado en la página 618, del Tomo V, Mayo de 1997, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO POR CAUSA NOTORIA Y MANIFIESTA DE IMPROCEDENCIA. ÉSTA DEBE ESTAR PLENAMENTE PROBADA. Para desechar una demanda de amparo por causa notoria y manifiesta de improcedencia se requiere que la causal sea indudable, esto es, que esté plenamente demostrada, pues en caso contrario, es indispensable admitir la demanda a trámite, para que en el curso del procedimiento se dilucide si efectivamente se actualiza o no la causal, pues no debe olvidarse que las causales de improcedencia deben estar debidamente acreditadas por ser denegatorias de justicia, y si al acordar sobre la admisión de la demanda tal causal no está fehacientemente probada, y pese a ello se desecha aquélla, se estaría privando al afectado de su derecho a instar el juicio constitucional sin posibilidad de prueba al respecto." Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma la licenciada María Guadalupe Contreras Jurado, Juez Primero de Distrito en el Estado de Chihuahua, asistida de Sandra Guadalupe Pardo Muñiz, Secretaria de Juzgado, con quien actúa; autorizado mediante firmas electrónicas (FIREL). Doy fe.
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