Jesús Manuel González Rocha
Expediente 105/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango. 4 actuaciones registradas, la última del 25 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 105/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 25/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango · Durango
Partes del expediente
- Jesús Manuel González Rocha
Actuaciones
- Principal
VISTOS; por cuanto de la razón de cuenta que antecede, aparece que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiera recurrido el auto que decretó el sobreseimiento fuera de audiencia dictado en este juicio, con fundamento en el artículo 2o., de la Ley invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho auto ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones en el libro respectivo; y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en su oportunidad archívense las actuaciones como asunto concluido. Notifíquese.
- Principal
Agréguese el informe justificado que rinde la Presidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje Número Veintisiete en el Estado, únicamente para que obre en autos, toda vez que con fecha veintiséis de febrero del año en curso, se decretó el sobreseimiento en el presente juicio. Notifíquese.
- Principal
agréguese el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial Número Veintisiete de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, mediante el cual remite la resolución pronunciada el dieciocho del mes y año en curso en los autos del juicio laboral 186/2013. Bien, de las constancias anteriormente referidas, se advierte la actualización de una causal de improcedencia, misma que constituye un obstáculo para realizar pronunciamiento respecto al fondo del asunto, siendo procedente decretar el sobreseimiento en el presente juicio, sin necesidad de esperar la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, toda vez que ni aun celebrándose ésta, podría desvirtuarse dicha causal, y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido, de tal modo que invariablemente la conclusión sería igual, además, este proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal, contenido en el artículo 17 Constitucional. En el caso, la parte quejosa ****, reclamó de la Junta Especial Número Veintisiete de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, lo siguiente: "IV.- ACTO RECLAMADO.- De la autoridad responsable, se reclama en ésta instancia Constitucional, la omisión de DICTAR RESOLUCIÓN EN EL INCIDENTE DE LIQUIDADCIÓN DE LAUDO PRESENTADO POR MI apoderado el licenciado Juan Manuel Pérez Moreno, dentro del expediente 186/2013, ya que desde el día 24 e3 octubre del 2019, se pasó el expediente para dictar resolución interlocutoria dentro de dicho incidente laboral, el cual a la fecha actual la H. JUNTA ESPECIAL NÚMERO 27 DE LA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE DURANGO, no ha dictado dentro del término de ley la resolución interlocutoria, violentando con ello el artículo 17 constitucional" En efecto, la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, por imperativo del artículo 62 de la ley de la materia dispone: Tal numeral y fracción establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado" La cesación de efectos, ha sido definida como aquella situación o circunstancia que acontece respecto del acto materia de reclamo constitucional, que trae como consecuencia, que cese la violación alegada, ya sea porque la propia autoridad la repara o bien porque, en virtud a una causa accesoria, el acto reclamado deja de tener vida jurídica; de tal manera que la esfera jurídica del quejoso queda en la misma situación en la que se encontraba antes de la emisión del acto considerado violatorio de garantías. Entonces, si el acto que se considera violatorio de garantías desapareció; o bien, por un acto posterior desaparecen las consecuencias jurídicas que genera en la esfera del quejoso, a nada práctico conduce analizar si un acto que ya no incide en la vida jurídica del quejoso es constitucional o no. La causal de improcedencia referida está determinada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho violado o en su caso tratándose de acto negativo que éste sea respetado. Sobre el particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la tesis de jurisprudencia 2a./J. 9/98, visible en la página doscientos diez, Tomo VII, Febrero de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo" En el caso, el quejoso ***, reclamó de la Junta Especial Número Veintisiete de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, el no haber dictado resolución en el incidente de liquidación promovido en los autos del juicio laboral 186/2013, a pesar de haber transcurrido en exceso los términos establecidos en la Ley Federal del Trabajo. Pues bien, en la especie se materializa el motivo de improcedencia en comento, toda vez que en el oficio de cuenta, la autoridad responsable anexó las constancias relativas a la resolución del dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, pronunciada en el incidente de liquidación del citado juicio laboral; tal documental tiene valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado de manera supletoria en términos del artículo 2°, de la Ley de Amparo. De lo anterior se advierte, que si bien a la fecha de presentación de la demanda de amparo, que fue el veintinueve de enero del año en curso, existía la omisión reclamada por parte de la autoridad responsable, también lo es que el día dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, la Junta Especial Número Veintisiete de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, emitió resolución en el incidente de liquidación del juicio laboral 186/2013, por lo que resulta inconcuso que cesó en sus efectos el acto reclamado indicado, tal como si se hubiera concedido la protección constitucional; en tal virtud se actualiza la causal de improcedencia en estudio y con apoyo en lo dispuesto en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo, procede el sobreseimiento en el presente juicio constitucional. Aplica al caso concreto por las razones que informa, la tesis 2ª./J. 59/99 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la nación consultable en la página treinta y ocho, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal" En tales consideraciones, debe sobreseerse fuera de audiencia el presente juicio de amparo acorde a lo establecido en la fracción XXI del artículo 61, en relación con la fracción V del artículo 63 ambos de la Ley de Amparo. En atención a lo asentado y en razón de que la audiencia constitucional en este juicio de amparo, se encuentra señalada para las diez horas del día dos de marzo de dos mil veintiuno, se deja sin efecto dicho señalamiento. Notifíquese personalmente.
- Principal
agréguese el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial Número Veintisiete de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, mediante el cual remite la resolución pronunciada el dieciocho del mes y año en curso en los autos del juicio laboral 186/2013. Bien, de las constancias anteriormente referidas, se advierte la actualización de una causal de improcedencia, misma que constituye un obstáculo para realizar pronunciamiento respecto al fondo del asunto, siendo procedente decretar el sobreseimiento en el presente juicio, sin necesidad de esperar la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, toda vez que ni aun celebrándose ésta, podría desvirtuarse dicha causal, y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido, de tal modo que invariablemente la conclusión sería igual, además, este proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal, contenido en el artículo 17 Constitucional. En el caso, la parte quejosa ****, reclamó de la Junta Especial Número Veintisiete de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, lo siguiente: "IV.- ACTO RECLAMADO.- De la autoridad responsable, se reclama en ésta instancia Constitucional, la omisión de DICTAR RESOLUCIÓN EN EL INCIDENTE DE LIQUIDADCIÓN DE LAUDO PRESENTADO POR MI apoderado el licenciado Juan Manuel Pérez Moreno, dentro del expediente 186/2013, ya que desde el día 24 e3 octubre del 2019, se pasó el expediente para dictar resolución interlocutoria dentro de dicho incidente laboral, el cual a la fecha actual la H. JUNTA ESPECIAL NÚMERO 27 DE LA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE DURANGO, no ha dictado dentro del término de ley la resolución interlocutoria, violentando con ello el artículo 17 constitucional" En efecto, la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, por imperativo del artículo 62 de la ley de la materia dispone: Tal numeral y fracción establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado" La cesación de efectos, ha sido definida como aquella situación o circunstancia que acontece respecto del acto materia de reclamo constitucional, que trae como consecuencia, que cese la violación alegada, ya sea porque la propia autoridad la repara o bien porque, en virtud a una causa accesoria, el acto reclamado deja de tener vida jurídica; de tal manera que la esfera jurídica del quejoso queda en la misma situación en la que se encontraba antes de la emisión del acto considerado violatorio de garantías. Entonces, si el acto que se considera violatorio de garantías desapareció; o bien, por un acto posterior desaparecen las consecuencias jurídicas que genera en la esfera del quejoso, a nada práctico conduce analizar si un acto que ya no incide en la vida jurídica del quejoso es constitucional o no. La causal de improcedencia referida está determinada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho violado o en su caso tratándose de acto negativo que éste sea respetado. Sobre el particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la tesis de jurisprudencia 2a./J. 9/98, visible en la página doscientos diez, Tomo VII, Febrero de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo" En el caso, el quejoso ***, reclamó de la Junta Especial Número Veintisiete de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, el no haber dictado resolución en el incidente de liquidación promovido en los autos del juicio laboral 186/2013, a pesar de haber transcurrido en exceso los términos establecidos en la Ley Federal del Trabajo. Pues bien, en la especie se materializa el motivo de improcedencia en comento, toda vez que en el oficio de cuenta, la autoridad responsable anexó las constancias relativas a la resolución del dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, pronunciada en el incidente de liquidación del citado juicio laboral; tal documental tiene valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado de manera supletoria en términos del artículo 2°, de la Ley de Amparo. De lo anterior se advierte, que si bien a la fecha de presentación de la demanda de amparo, que fue el veintinueve de enero del año en curso, existía la omisión reclamada por parte de la autoridad responsable, también lo es que el día dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, la Junta Especial Número Veintisiete de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, emitió resolución en el incidente de liquidación del juicio laboral 186/2013, por lo que resulta inconcuso que cesó en sus efectos el acto reclamado indicado, tal como si se hubiera concedido la protección constitucional; en tal virtud se actualiza la causal de improcedencia en estudio y con apoyo en lo dispuesto en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo, procede el sobreseimiento en el presente juicio constitucional. Aplica al caso concreto por las razones que informa, la tesis 2ª./J. 59/99 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la nación consultable en la página treinta y ocho, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal" En tales consideraciones, debe sobreseerse fuera de audiencia el presente juicio de amparo acorde a lo establecido en la fracción XXI del artículo 61, en relación con la fracción V del artículo 63 ambos de la Ley de Amparo. En atención a lo asentado y en razón de que la audiencia constitucional en este juicio de amparo, se encuentra señalada para las diez horas del día dos de marzo de dos mil veintiuno, se deja sin efecto dicho señalamiento. Notifíquese personalmente.
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