Jesús Manuel González Jarquín
Expediente 57/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 27 actuaciones registradas, la última del 8 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 57/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 27
- Última actuación
- 08/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Jesús Manuel González Jarquín
Actuaciones
Las 4 más recientes de 27.
- Incidental
Salina Cruz, Oaxaca, ocho de septiembre de dos mil veintitrés. Como está ordenado en esta fecha en el juicio de amparo del que deriva este incidente de suspensión y debido a que de la certificación que antecede se advierte que no existe asunto pendiente por diligenciar, en consecuencia, en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. RELEVANCIA DOCUMENTAL Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General en comento. Asimismo, se destaca que en este incidente no existen documentos ofrecidos por las partes a devolver, considerados como originales por el artículo 3, fracción XX, del Acuerdo General, esto es, que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro (con excepción de la demanda), ni billete de depósito o garantía que devolver o remitirse a la Tesorería de la Federación. DESTINO Al tratarse de un asunto en el que se negó la medida cautelar provisional y la definitiva a la parte quejosa, de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14 del referido acuerdo, se ordena la destrucción del original del presente incidente de suspensión, ya que encuadra en la hipótesis prevista en el artículo 20, inciso III del citado Acuerdo General. Transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la destrucción del presente cuaderno. DESTRUCCIÓN DEL DUPLICADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. El duplicado del cuaderno incidental es susceptible de destrucción, en términos de los dispuesto en la fracción II, inciso a), del artículo 19 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, hecho que deberá realizarse una vez transcurridos seis meses siguientes a partir de que se dicta el presente acuerdo, procédase a su destrucción siguiendo los lineamientos establecidos en el precepto citado. ANOTACIONES Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, ocho de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial y el estado procesal que guardan los autos, se advierte que la parte quejosa no se inconformaron dentro del plazo de quince días, contra el acuerdo de quince de agosto del año en curso, en el que se tuvo por cumplida la sentencia ejecutoria dictada en este juicio. En consecuencia, con fundamento en los artículos 196, 201, fracción I, y 202 de la Ley de Amparo, se tiene por consentido el citado proveído. Anotaciones Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Archivo del expediente No existiendo asunto pendiente de diligenciar y en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Relevancia documental Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del citado acuerdo; esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Asimismo, se destaca que en este expediente no se concedió la suspensión de oficio y de plano de los actos reclamados, ni existen documentos ofrecidos por las partes, considerados como originales por el artículo 3, fracción XX, del Acuerdo General, esto es, que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro (con excepción de la demanda). Destino Al tratarse de un asunto en el que por una parte se sobreseyó el juicio y por otra se concedió la protección de la justicia federal a la parte disidente, quien esto provee considera que el presente expediente judicial de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, encuadra en la hipótesis prevista en el fracción III, inciso a) del numeral 17 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena la conservación integral de este expediente. Por tanto, con fundamento en el citado artículo 17 de dicho Acuerdo General, una vez transcurridos tres años, a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la conservación integral de este expediente, siguiendo los lineamientos establecidos. Archivo del incidente de suspensión. Respecto al archivo del incidente de suspensión que deriva de este juicio de amparo, acuérdese lo conducente en dicho incidente. Requerimiento a la parte quejosa Ahora, tomando en consideración que existen documentos considerados como originales por el artículo 3, fracción XX, del Acuerdo General, esto es, que contiene un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro; en tales condiciones, toda vez que no existe justificación para que este juzgado conserve bajo su resguardo los documentos consistentes en el oficio signado por el Director de Seguridad Pública Municipal, y recibo de nómina que acompañó a su escrito de demanda el quejoso. Con fundamento en el segundo párrafo del artículo 20 del citado Acuerdo General, requiérase a la parte quejosa para que en el plazo de noventa días naturales, siguientes al en que surta efectos la notificación del presente proveído, comparezca en los términos ordenados a recibir dicho documento; apercibida que de no hacerlo, en su oportunidad, será destruido con las actuaciones de éste cuando se trate de la desincorporación de las respectivas constancias. Ley de Transparencia Hágase saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública de las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese; y personalmente al quejoso.
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, catorce de agosto de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial que antecede, así como el estado procesal que guardan los autos, se advierte que las partes, no desahogaron la vista otorgada en auto de tres de agosto del año en curso, dentro del término concedido, respecto al cumplimiento dado a la sentencia de amparo por parte de las autoridades responsables, no obstante de encontrarse debidamente notificadas. Por consiguiente, se hace efectivo el apercibimiento contenido en dicho proveído y este órgano jurisdiccional procede a resolver, de oficio, si de acuerdo con las constancias que obran en autos, la sentencia protectora se encuentra o no cumplida acorde a lo dispuesto en el invocado artículo 196 de la Ley de la Ley de Amparo. Es aplicable al caso, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos cuarenta y tres, del tomo XI, correspondiente al mes de marzo de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 192174, cuyo rubro y texto son: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98. DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión e expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Por sentencia dictada el diecinueve de agosto de dos mil veintidós, emitida por este órgano jurisdiccional, se determinó por una parte sobreseer en el juicio y por otra parte conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a Jesús Manuel González Jarquín, para los efectos siguientes: "(. ) a) Reincorporen al justiciable al puesto que venía desempañando; esto es, de policía municipal Ayuntamiento de Salina Cruz Oaxaca. b) Hecho lo anterior, se le cubra las retribuciones que gozaba y se le reintegre el salario que venía devengando. c) En ese mismo sentido dicha responsable deberá pagarle a la justiciable de manera retroactiva la diferencia del salario y demás prestaciones que dejó de percibir como policía municipal con motivo del cambio de categoría a policía de apoyo, desde la primera quincena de enero de dos mil veintidós, hasta que se regularice su salario con la categoría de referencia, ello en virtud de que desde esa fecha, percibe un salario diferente al que venía recibiendo, como así lo manifestó el peticionario bajo protesta de decir verdad. (. )" Inconformes con lo anterior, las autoridades responsables 1. Presidente Municipal y 11. Presidente del Consejo de Honor y Justicia del Servicio Profesional de Carrera Policial, y 5. Directora de Recursos Humanos, del Municipio de Salina Cruz, Oaxaca, interpusieron recurso de revisión, el cual fue desechado por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, con residencia en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, en sesión de treinta de junio de dos mil veintitrés, en el toca 454/2022. En razón a lo anterior, por auto de once de julio del presente año causó ejecutoria la sentencia de trato y se requirió a las responsables su cumplimiento. Así, por acuerdos de veinte de julio y tres de agosto del año en curso, se tuvo a las autoridades responsables 1. Presidente Municipal y 11. Presidente del Consejo de Honor y Justicia del Servicio Profesional de Carrera Policial, y 5. Directora de Recursos Humanos, del Municipio de Salina Cruz, remitiendo copias certificadas del auto de diecisiete de julio de dos mil veintitrés, la tabla del cálculo de pago de las diferencias salariales y el recibo de pago de treinta y uno de julio de este año, signado por el aquí quejoso; documentales que tienen valor probatorio pleno, de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2, de las cuales se advierte que las autoridades responsables llevaron a cabo lo siguiente: a) Reconocieron al quejoso Jesús Manuel González Jarquín, con la categoría de Policía Municipal de Salina Cruz, Oaxaca. b) Realizaron el cálculo del salario neto del cargo del quejoso a partir de la primera quincena de enero de dos mil veintidós, hasta la segunda quincena de julio de dos mil veintitrés, que asciende a la cantidad de $******************** (********************). c) Hicieron entrega al quejoso del citado numerario, tal como se advierte del recibo original de treinta y uno de julio del presente año. En consecuencia, se estima que el fallo protector ha quedado cumplido, toda vez que de la confrontación de los lineamientos bajo los cuales se otorgó el amparo y la protección de la Justicia Federal y la forma en que se dio cumplimiento, se advierte que se cumple la finalidad que se perseguía con la emisión de la sentencia dictada, sin que incurriera en exceso o defecto en su acatamiento, como lo prevé el artículo 196 de la Ley de Amparo. Sirve de orientación la jurisprudencia 2a./J. 201/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro digital 165807, de texto que sigue: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Notifíquese; personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, tres de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, remitido conjuntamente por el 1. Presidente Municipal y Presidente del Consejo de Honor y Justicia del Servicio Profesional de Carrera Policial y la 5. Directora de Recursos Humanos, del Municipio de Salina Cruz, Oaxaca, por el que, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en este asunto, remite recibo original de treinta y uno de julio de dos mil de dos mil veintitrés relativo a la entrega del pago de diferencias salariales y demás prestaciones al aquí quejoso. En ese contexto, toda vez que obra en autos que las citadas autoridades han remitido copia certificada del: a) acuerdo de diecisiete de julio de dos mil veintitrés, el cual reconoció la categoría de Policía Municipal al quejoso; b) Cálculo de las diferencias de salario del quejoso a partir de la primera quincena de enero de dos mil veintidós hasta la segunda quince de julio de este año que asciende a la cantidad de ********************; y c) recibo original de treinta y uno de julio de dos mil de dos mil veintitrés relativo a la entrega del pago de diferencias salariales y demás prestaciones al aquí quejoso por la cantidad de ********************. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se da vista a la parte quejosa para que, dentro del plazo de tres días, manifieste lo que a su interés legal convenga en relación al cumplimiento dado por las responsables; apercibida que de no hacerlo, considerando los elementos que obren en el expediente, así como los datos aportados por las autoridades responsables, se resolverá respecto de dicho cumplimiento. Es aplicable al respecto, el criterio sostenido en la Jurisprudencia 26/2000, sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243, Tomo XI, Marzo de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 192174, cuyo rubro dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." Notifíquese personalmente.
Quedan 23 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca · 5,328 expedientes
- Jesús Javier García Novales401/2016
- Jesús Javier Santos Santos44/2018
- Jesús Juárez Sánchez571/2023
- Jesús López Esteva y Otros.280/2017
- Jesús López Vicente638/2015
- Jesús Luján López306/2016
- Jesús Manuel González Jarquín423/2019
- Jesús Manuel Ruiz Cuéllar481/2017
- Jesús Moiséis Laguna Hernández3/2016
- Jesús Neftali Domínguez Valenzuela y Otros.474/2017
- Jesús Peñaloza Robles444/2020
- Jesús Peñaloza Robles527/2018