Jesús Manuel García Martinez

Expediente 1038/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 25 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1038/2020
Año
2020
Actuaciones
25
Última actuación
29/11/2021

Partes del expediente

  • Jesús Manuel García Martinez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 25.

  1. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos se observa que mediante proveído de cuatro de noviembre de este año, se ordenó el archivo del presente juicio por encontrarse totalmente concluido. Ahora, resulta pertinente precisar que en auto de veinticinco de noviembre de dos mil veinte, se tuvo a la Magistrada Presidenta de la Quinta Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, remitiendo diversas constancias, respecto de las cuales, se ordenó formar un tomo de pruebas por cuerda separada. En ese sentido, por resultar innecesaria su retención, se procede a devolver tales constancias a la autoridad remitente; comisiónese a uno de los Actuarios adscritos a este Juzgado para que se proceda a la entrega del oficio correspondiente y de las constancias de referencia. Sin que sea necesario solicitar el acuse de recibo, toda vez que como tal, se tendrá el sello de recibido que obre en la constancia de notificación relativa.

  2. Principal

    Queda firme el citado auto de treinta de septiembre de dos mil veintiuno.

  3. Principal

    NOTIFICACIÓN POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA. Se notifica por lista a la parte quejosa el auto de fecha 30/septiembre/2021, esto por no comparecer en las instalaciones de este Juzgado, no obstante el citatorio y/o aviso que se dejó en su domicilio. Sentencia cuyo contenido es: Ciudad de México; treinta de septiembre de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término otorgado a la parte quejosa en auto de diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno, a efecto de que manifestará lo que a su derecho conviniera respecto de las constancias con las que la responsable adujo el acatamiento a la ejecutoria de amparo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo vigente, se procede a analizar si el fallo protector se encuentra cumplido con base en las constancias procesales. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 2a./J.26/2000, visible en la página doscientos cuarenta y tres, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Marzo de dos mil, Novena Época, del tenor siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." En ese sentido, conviene precisar que a la parte quejosa se le concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal para los efectos siguientes: "Por tanto, procede conceder a la quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados, para el efecto de que los Magistrados de la Quinta Sala Ordinaria de Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México; lleven a cabo todas y cada una de las diligencias o actuaciones respectivas a fin de asegurar el pleno cumplimiento de la sentencia de nulidad. En el entendido que la sala deberá analizar, las constancias obrantes en el juicio contencioso relacionadas con el cumplimiento de la sentencia ejecutoria, inclusive, el dictamen que le fue exhibido el uno de diciembre de dos mil veinte, por el que el Gerente General de la Caja de Previsión de la Policía Preventiva del Distrito Federal hoy Ciudad de México, adujo colmar dicha sentencia de nulidad, a fin de determinar si se encuentra o no cumplida y en su caso, deberá requerir a dicha autoridad en su carácter de demandada y a aquellas que se encuentren vinculadas al cabal acatamiento de la referida sentencia, conforme a los medios legales que tiene a su alcance. Por su parte, el Gerente General de la Caja de Previsión de la Policía Preventiva del Distrito Federal hoy Ciudad de México, de ser el caso, deberá colmar en sus términos la sentencia de nulidad, conforme quedó obligado. Determinación que adopta este órgano jurisdiccional, atento al principio pro persona previsto en el artículo 1º, de la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece la obligación de todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad." Del análisis a lo transcrito, se desprende que para que este órgano jurisdiccional se encuentre en aptitud legal de declarar cumplida la sentencia, las autoridades responsables deberán acreditar con constancias idóneas, lo siguiente: ? Magistrados de la Quinta Sala Ordinaria de Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, lleven a cabo todas y cada una de las diligencias o actuaciones respectivas a fin de asegurar el pleno cumplimiento de la sentencia de nulidad, en el entendido que deberá analizar las constancias obrantes en el juicio contencioso relacionadas con el cumplimiento de la sentencia ejecutoria, inclusive, el dictamen que le fue exhibido el uno de diciembre de dos mil veinte, por el que el Gerente General de la Caja de Previsión de la Policía Preventiva del Distrito Federal hoy Ciudad de México, adujo colmar dicha sentencia de nulidad, a fin de determinar si se encuentra o no cumplida y en su caso, requerir a el cabal acatamiento de la referida sentencia. ? Gerente General de la Caja de Previsión de la Policía Preventiva de la Ciudad de México, de ser el caso, colmar en sus términos la sentencia de nulidad, conforme quedó obligado. En cumplimiento a lo anterior, mediante oficio presentado el trece de septiembre de dos mil veintiuno, la Secretaria de Acuerdos de la Quinta Sala Ordinaria Ponencia Catorce del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, remitió el siguiente documento: 1.- Resolución de seis de septiembre de dos mil veintiuno, dictada en el juicio número TJA-V35614/2017. Documental que por ser pública, merece eficacia probatoria plena en términos de los artículos 129, 197 y 202, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 226 publicada en la página 153 del Tomo VI, materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, de rubro y texto siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Ahora, de un análisis comparativo entre los efectos para los cuales fue concedida la protección de la justicia federal y las constancias remitidas en cumplimiento a los mismos, se advierte que la autoridad responsable, acató los extremos de la concesión de la protección constitucional, ya que dio cumplimiento a la sentencia definitiva dictada por la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México el veintidós de agosto de dos mil dieciocho; esto es: Pagó la pensión con número de folio 32876 de nueve de diciembre de dos mil veinte, a favor de Jesús Manuel García Martínez por la cantidad de $79,765.38 (setenta y nueve mil setecientos sesenta y cinco pesos 38/100 m.n.), el día veintiuno de diciembre de dos mil veinte, por concepto de diferencias generadas por el nuevo cálculo, partir del uno de mayo de dos mil diecisiete al treinta y no de diciembre e dos mil veinte. Así, con dichas constancias se dio vista a la parte quejosa en proveído de diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno, para que en el término ahí precisado, manifestara lo que a su derecho conviniera; notificación que fue realizada por lista de veintitrés de septiembre del año en curso, cuestión que NO realizó. Atento a lo anterior y, tomando en consideración el estado procesal que guardan los presentes autos, con fundamento en lo previsto en el artículo 196 párrafos segundo, tercero y cuarto, de la vigente Ley de Amparo, SE DECLARA CUMPLIDA LA SENTENCIA EJECUTORIA dictada en el presente juicio de garantías, precisamente porque la autoridad responsable la acató en sus términos. En tales condiciones, hágase del conocimiento de la parte quejosa la presente determinación, para los efectos de los artículos 201, fracción primera y 202 de la Ley de Amparo vigente; en consecuencia, hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, de conformidad con los artículos 196 párrafo cuarto y 214, del ordenamiento legal invocado, una vez concluido el término otorgado en el artículo 202 de la citada ley, y que no existan diligencias pendientes por desahogar en el presente juicio de amparo, archívese el expediente como asunto concluido. Para el caso de que las autoridades destinatarias de los oficios por los que se dé a conocer el presente proveído, no estén laborando con motivo de la contingencia decretada en nuestro país, comisiónese a un actuario adscrito a este órgano jurisdiccional para que al día en que reanude sus labores, entregue los oficios notificatorios del presente proveído, sin necesidad de ulterior acuerdo; los cuales deberán quedar resguardados bajo su estricta responsabilidad, hasta en tanto sea entregada a sus receptores.

  4. Principal

    PERSONLA. SE DECLARA CUMPLIDA LA SENTENCIA EJECUTORIA dictada en el presente juicio de garantías, precisamente porque la autoridad responsable la acató en sus términos.

Quedan 21 actuaciones en este expediente

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