Jesús Manuel Gamiz Sánchez

Expediente 261/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Durango. 14 actuaciones registradas, la última del 25 de mayo de 2017.

Datos del expediente

Expediente
261/2017
Año
2017
Actuaciones
14
Última actuación
25/05/2017

Partes del expediente

  • Jesús Manuel Gamiz Sánchez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    A la parte quejosa le transcurrió el término que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para promover recurso de revisión contra la sentencia pronunciada en este juicio de garantías, sin que lo hubiere hecho; por tanto, con apoyo en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en vista de lo prevenido en el artículo 2 de la ley de la materia, se declara ejecutoriada en sus términos; en su oportunidad, archívense los autos.

  2. Principal

    PRIMERO. SE SOBRESEE. SEGUNDO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE.

  3. Principal

    Con vista a las partes y con apoyo en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese el informe justificado y anexo con que se da cuenta.

  4. Incidental

    El artículo 136 de la Ley de Amparo dispone: "La suspensión, cualquiera que sea su naturaleza, surtirá sus efectos desde el momento en que se pronuncie el acuerdo relativo, aun cuando sea recurrido. Los efectos de la suspensión dejarán de surtirse, en su caso, si dentro del plazo de cinco días siguientes al en que surta efectos la notificación del acuerdo de suspensión, el quejoso no otorga la garantía fijada y así lo determina el órgano jurisdiccional. Al vencimiento del plazo, dicho órgano, de oficio o a instancia de parte, lo notificará a las autoridades responsables, las que podrán ejecutar el acto reclamado. No obstante lo anterior, mientras no se ejecute, el quejoso podrá exhibir la garantía, con lo cual, de inmediato, vuelve a surtir efectos la medida suspensional". Ahora bien, el quejoso ********************no cumplió la condición que se le impuso para que no deje de surtir efectos la suspensión definitiva concedida, ya que no exhibió la garantía de $2,000.00 (DOS MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) que se le fijó, por lo que de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo del numeral 136 de la Ley de Amparo, se hace efectivo el apercibimiento decretado en la interlocutoria del ocho de marzo en curso; por tanto, deja de surtir efectos la suspensión definitiva decretada. Comuníquese lo anterior a las autoridades responsables, para los efectos legales a que haya lugar. Sirve de apoyo la tesis I.3o.C.47 K (10a.), publicada en la página 3040, del Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo IV, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "SUSPENSIÓN. EL JUZGADOR DE AMPARO TIENE EL DEBER EX OFFICIO DE INFORMAR A LA AUTORIDAD RESPONSABLE QUE LA MEDIDA CAUTELAR DEJÓ DE SURTIR EFECTOS Y, POR TANTO, QUE ESTÁ EN APTITUD DE EJECUTAR EL ACTO RECLAMADO. La autoridad de amparo (trátese de Juzgado de Distrito o Tribunal Unitario de Circuito), como perito en derecho y rector del procedimiento, tiene el deber ex officio de estar al pendiente del debido cumplimiento de los requisitos de efectividad establecidos en la Ley de Amparo, en relación con la suspensión para, en caso de que el quejoso incumpla el requisito de efectividad consistente en exhibir la garantía fijada, informar a la autoridad responsable, inmediatamente fenecido el plazo de gracia que estableció el legislador (cinco días), que está en aptitud de ejecutar el acto reclamado. Deber que se justifica, por lo que atañe al amparo judicial civil, en el respeto a la cosa juzgada; el derecho a ejecutar la sentencia, previsto en el artículo 17 de la Constitución Federal, integrante de la tutela judicial efectiva que tiene la parte vencedora y la protección a su efecto útil, para evitar que la justicia se torne ilusoria, pues sin interés del condenado para suspender la ejecución, ni garantía de los posibles daños y perjuicios que llegaren a producirse si no obtiene un fallo favorable, no existe una razón válida para el mantenimiento de esa situación de hecho. Una interpretación contraria desnaturalizaría el noble propósito que tuvo el legislador al establecer la medida cautelar en mención, puesto que por simple inacción de la autoridad responsable, que como parte del juicio también debe estar al pendiente del procedimiento, la suspensión surtiría sus efectos de facto, esto es, sin ningún requisito legal de por medio, lo que es jurídicamente insostenible".

Quedan 10 actuaciones en este expediente

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