JESÚS MANUEL FEMAT ROBLEDO y Otros.

Expediente 1237/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en La Laguna. 23 actuaciones registradas, la última del 11 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1237/2021
Año
2021
Actuaciones
23
Última actuación
11/04/2022

Partes del expediente

  • JESÚS MANUEL FEMAT ROBLEDO y Otros.
  • Jesús Manuel Femat Robledo
  • RENATA FEMAT RUVALCABA y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 23.

  1. Principal

    De la certificación que antecede, se desprende que a la fecha transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto el recurso de revisión contra el auto en que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que el referido auto, ha causado ejecutoria; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado. Sin que resulte obstáculo declarar ejecutoriada la sentencia, el hecho de que no exista constancia en autos de que las autoridades responsables foráneas hayan quedado debidamente notificadas de la sentencia dictada en este juicio; pues de conformidad con lo dispuesto por el artículo 87 de la Ley de Amparo, las autoridades responsables sólo podrán interponer recurso de revisión contra las sentencias que afecten directamente el acto que de ellas se haya reclamado, lo que en el caso evidentemente no acontece, al haberse sobreseído el presente juicio de amparo. Luego, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 214, de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, al encontrarse totalmente concluido el presente asunto, se ordena su archivo definitivo. Debido a que el presente juicio se encuentra concluido, es necesario analizar lo relativo al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Luego, en atención al artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General de referencia; se hace constar que el presente juicio de amparo es susceptible de depuración al haberse concedido la medida cautelar de plano; y no encuadra en los supuestos de relevancia documental a que se refiere el numeral 15 del invocado Acuerdo.

  2. Principal

    Agréguense los telegramas que remite la Jefa de la Oficina de Telecomm Telégrafos, con residencia en esta ciudad, mediante el cual hace del conocimiento que no fue gestionada la entrega del oficio 2535/2022 derivado del auto de catorce de enero del presente año, dirigido a la autoridad responsable Titular de la Secretaría de Salud de los Estados Unidos Mexicanos, con sede en Ciudad de México, por los motivos que ahí se exponen; sin emitir mayor proveído, virtud que en auto de veintiocho de febrero del año en curso, se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia y la finalidad del citado oficio era informar el diferimiento de la audiencia constitucional. Notifíquese por medio de lista...,

  3. Principal

    Agréguense los telegramas que remite la Jefa de la Oficina de Telégrafos de México, con residencia en esta ciudad, mediante el cual hace del conocimiento que no fue gestionada la entrega de los oficios derivados del auto de catorce de enero del presente año, dirigidos a las autoridades responsables, por los motivos que ahí se exponen; sin emitir mayor proveído, virtud que en auto de veintiocho de febrero del año en curso, se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia y la finalidad de los citados oficios era informar el diferimiento de la audiencia constitucional...,

  4. Principal

    Del análisis de las constancias que integran el presente contradictorio federal, se concluye que los actos reclamados consisten en: 1.- La omisión de dictar las medidas necesarias para aplicar a la menor quejosa la vacuna Pfizer-BioNtech. 2.- La Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-Cov-2, al no incluir a los menores de 12 a 18 años de edad. En ese sentido, el suscrito juzgador considera que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)." El segmento normativo inserto prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando los efectos del acto reclamado hayan cesado. Sobre el particular, es necesario señalar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado en diversos criterios jurisprudenciales respecto de esa causa de improcedencia, la cual se preveía por el ordinal 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo abrogada, cuyo texto es similar al que se contiene por el arábigo 61, fracción XXI, de la ley de la materia en vigor, por lo que esos criterios son aplicables en el caso, en tanto que no se oponen a lo señalado por esta última legislación, conforme a lo estatuido por su artículo sexto transitorio que dispone: "SEXTO. La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley." Uno de los criterios a que se ha hecho alusión se contiene en la jurisprudencia 2a./J. 59/99 publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época, página 38, de rubro y contenido siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Del criterio jurisprudencial transcrito se obtiene que los efectos de un acto controvertido cesan cuando la autoridad responsable lo deroga o lo revoca y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca, o también cuando la autoridad constituye una situación jurídica que destruye de manera definitiva la que dio motivo al juicio de amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental violado, sin revocar o dejar insubsistente el acto. En ese contexto, la cesación de los efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del inconforme al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva del acto de autoridad, sino la desaparición total de sus efectos que puede verse acompañada o no de la insubsistencia del acto, ya que es patente que la razón que justifica la aludida improcedencia no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del quejoso, que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la citada improcedencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia y la importancia del juicio biinstancial, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al quejoso en el pleno goce del derecho conculcado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la transgresión cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y, cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir lo que ese derecho exija. Por lo tanto, acorde con la teleología que se desprende del arábigo 61, fracción XXI, de la Ley de la Materia, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, esto es, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Y, en ese sentido, es patente que de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los numerales 61, fracción XXI, y 77 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que la hipótesis de inejercitabilidad invocada se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular o, habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ahí huella alguna. Como ya fue precisado, la promovente del amparo reclama la omisión de dictar las medidas necesarias para aplicar a la menor quejosa la vacuna Pfizer-BioNtech y la política pública de vacunación de no incluir a los menores de 12 a 18 años de edad. Por su parte, de las constancias allegadas por la Coordinadora Regional de Programas para el Desarrollo en la Región Laguna, con sede en esta ciudad, se desprende que el cinco de octubre de dos mil veintiuno, la menor quejosa recibió la primera dosis de dicha vacuna. Y con posterioridad, se recibió diverso oficio de la citada responsable, al que acompañó copia certificada de diversas constancias, de las cuales se advierte que el uno de noviembre del año próximo pasado, la menor quejosa recibió la segunda dosis del biológico marca Pfizer, completando así el esquema de vacunación contra el virus SARS CoV2, bajo supervisión y valoración médica. Documentales que producen valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de esta última en su artículo 2°, por tratarse de documentos públicos expedidos por una autoridad en ejercicio de sus funciones. De igual manera, se advierte que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) emitió el comunicado 23/2021 en el que consideró procedente la modificación a las condiciones de autorización para uso de emergencia de la vacuna Pfizer-BioNTech, ampliando la indicación terapéutica para su aplicación a partir de los doce años; y dado el interés público de garantizar la salud a la población en general, se estableció como prioridad a los y a las adolescentes con comorbilidades de riesgo y adolescentes embarazadas a partir de la novena semana. Bajo ese contexto fáctico y legal, si la agraviada directa recibió la vacuna cuya omisión de suministrársele se impugnó en el presente juicio; entonces, es evidente que los efectos de los actos reclamados han desaparecido. Lo que cobra relevancia si se toma en cuenta que el presente juicio tenía por objeto, precisamente, que las autoridades responsables dictaran las medidas necesarias para ese fin y sobre la política pública de vacunación adoptada. Desde esa perspectiva, si en el caso se destruyeron los efectos de manera inmediata, absoluta e incondicional, es decir, que se eliminó de manera total, completa, definitiva y permanente el resultado que producían los actos combatidos, lo que propició que se restablecieran las cosas al estado en el que se encontraban antes de la promoción del juicio de amparo y en esa medida se repuso a la justiciable en el derecho fundamental vulnerado. En consecuencia, es evidente que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia establecida por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, lo que conduce a sobreseer fuera de audiencia el presente juicio, en términos de lo dispuesto por el numeral 63, fracción V, ibídem. Cobra aplicación la tesis de jurisprudencia 415, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice 2000, Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, Novena Época, página 356, que dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatos, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia por contradicción sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos ochenta y seis, del Tomo XVII, Marzo de dos mil tres, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece: "SOBRESEIMIENTO PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Dado el sobreseimiento decretado, el infrascrito se encuentra impedido para analizar la constitucionalidad de los actos reclamados. Ilustra lo anterior la tesis de jurisprudencia V.2o. J/15, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito y que es visible en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo IX, enero de 1992, página 115, que dice: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. La resolución en que se decreta el sobreseimiento en el juicio, constituye un acto procesal que termina la instancia por cuestiones ajenas al aspecto de fondo planteado. Así, no causa agravio la sentencia que no se ocupa de examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, ya que tal cuestión constituye el problema de fondo planteado." En consecuencia, se deja sin efecto la celebración de la audiencia constitucional programada para las trece horas con cincuenta minutos del siete de marzo de dos mil veintidós. No inadvierte la manifestación que expresaron los señores padres de la menor, en el sentido de que no solo se reclamo la falta de aplicación de la vacuna sino también la política pública de vacunación que emitió la autoridad respectiva, al no incluirse a los menores de doce a dieciocho años de edad; empero, como se sostuvo en líneas precedentes sí existe el comunicado 23/2021 donde se incluye a los menores a partir de los doce años; y si bien, se da prioridad aquéllos que encuadran en vulnerabilidad, también lo es que la menor aquí impetrante ya recibió el esquema de vacunación y de ninguna manera podría obtener mayor beneficio con la concesión del amparo. Máxime el principio de relatividad que rige las sentencias en los juicios de amparo, esto es, la población no podría obtener beneficio con el trámite de este juicio; de ahí, que sea procedente decretar el sobreseimiento del juicio fuera de audiencia. Notifíquese por medio de lista acorde a lo dispuesto por los artículos 29 de la Ley de Amparo y 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; y personalmente a las partes.

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