Jesús Manuel Cubillas Sada
Expediente 104/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 31 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 104/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 31/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Jesús Manuel Cubillas Sada
Actuaciones
- Principal
JUICIO DE AMPARO 104/2022-IV. Puebla, Puebla, treinta y uno de marzo de dos mil veintidós. Recepción de ejecutoria. Se agrega al expediente el oficio signado por el secretario del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, mediante el cual remite testimonio de la ejecutoria pronunciada el diecisiete de marzo de dos mil veintidós, en el recurso de queja Q-33/2022, cuyo punto resolutorio establece: "...ÚNICO. Se declara infundado el recurso de queja.". Además, el secretario de marras devuelve el legajo de copias de este juicio de amparo, que se envió para la resolución del citado medio de impugnación. En consecuencia, glósese al presente juicio el testimonio recibido con el oficio de cuenta; y este juzgado queda enterado de que resultó infundado el recurso de queja interpuesto por un autorizado del quejoso, contra el proveído inicial donde fue desechada su solicitud de tutela constitucional. También, se ordena acusar recibo al tribunal colegiado por el testimonio y legajo mencionados. Asimismo, se instruye destruir el legajo de copias recibido, en la trituradora de este juzgado, porque sólo tiene reproducciones del presente juicio, motivo por el cual es innecesario conservarlas y menos ante el hecho de que en párrafos posteriores habrá de decretarse el archivo definitivo. Anotaciones internas. Se instruye a la oficial administrativa encargada de los libros de gobierno, y a la oficial judicial "A" del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), realicen las anotaciones correspondientes a la decisión del tribunal colegiado sobre el recurso de queja. Por lo que habrá de ordenarse en párrafos posteriores, el archivo del presente juicio como asunto concluido. Valoración documental. En términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, el presente expediente constituye un asunto concluido. Por lo que en uso de la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, previo análisis de las constancias, se estima que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Además, con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 de ese Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el sumario constitucional es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años. Ello, porque se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso d), del referido acuerdo, porque fue desechada la solicitud de amparo en el proveído inicial. Resguardo del expediente (ARCHIVO). Con fundamento en el artículo 9, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se determina que este juicio deberá resguardarse en el archivo físico de este juzgado, durante el lapso de tres años. Lo anterior implica que en este acuerdo, se ordena el archivo del presente juicio como asunto concluido. Una vez termine el referido lapso, deberá procederse a la destrucción. Inexistencia de documentos originales y de incidente de suspensión. La revisión efectuada a las actuaciones de este juicio, permitió visualizar que no se tienen documentos originales (anexos) para devolver al quejoso. Tampoco existe incidente de suspensión, porque este juicio fue desechado en el proveído inicial. Inexistencia de anexos. En este juicio no se recibieron constancias originales de procesos, expedientes, averiguaciones, carpetas, entre otras, que deban devolverse a alguna responsable o autoridad diversa, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Notificación de este proveído. Se descarta la notificación personal de este acuerdo al quejoso, porque ningún derecho procesal puede ejercer dado que resultó infundado el recurso interpuesto contra el proveído que desechó la solicitud de amparo. Aunado a que si deseara conocer el estado del presente juicio, se considera que tiene las condiciones para ingresar a la página de internet donde será publicado este acuerdo. De ahí que este proveído se habrá de notificar al quejoso por medio de lista, sobre todo porque se trata de un asunto concluido. Como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capitulo Quinto, del acuerdo en comento, se ordena hacer las anotaciones en la carátula del expediente. Indicación a la actuaria de este órgano. Se ordena a la actuaria encargada del presente asunto, que el oficio dirigido al tribunal colegiado, lo entregue en forma física. Pero deberá observar de manera estricta el "Lineamiento de Higiene derivado de la Atención a emergencia Sanitaria por Coronavirus (COVID 19) para Notificadores y Defensores Públicos del CJF", y hacer uso del Kit de seguridad proporcionado para tal efecto. Revisión del expediente. Por último, se instruye al secretario que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico. Ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
JUICIO DE AMPARO 104/2022-IV. Puebla, Puebla, dieciocho de febrero de dos mil veintidós. Tribunal colegiado informa admisión de queja. Se agrega al expediente un oficio signado por la actuaria del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito -con firma electrónica de la referida actuaria-. En ese oficio informa que el magistrado presidente del citado tribunal, admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por el autorizado del quejoso, contra el proveído en el que fue desechada su solicitud de tutela constitucional; y en forma implícita acusa recibo de los anexos remitidos. También comunica que el mencionado recurso, quedó radicado con el número de expediente Q-33/2022, de su índice. De todo lo anterior se toma conocimiento, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese.
- Principal
JUICIO DE AMPARO 104/2022-IV. Puebla, Puebla, quince de febrero de dos mil veintidós. Recurso de queja. Se agrega al expediente el escrito de *, como autorizado en términos amplios del quejoso, mediante el cual interpone recurso de queja y en el mismo ocurso expresa agravios contra el proveído de tres de febrero de dos mil veintidós, en el que fue desechada la solicitud de tutela constitucional. Por tanto, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 100 de la Ley de Amparo, se tiene interpuesto dicho recurso -con el señalamiento de todas las actuaciones que integran el presente juicio de amparo para la resolución de la queja-. Informe de este juzgado. En este proveído se rinde el informe sobre el recurso de queja en los términos siguientes1: ES CIERTO EL ACTO MATERIA DE LA QUEJA, porque el tres de febrero de dos mil veintidós se emitió un proveído, en el que fue desechada de plano la demanda de amparo por las razones desarrolladas en ese acuerdo. Sin embargo, se descarta suspender el procedimiento en este asunto, porque la demanda de amparo fue desechada en el proveído inicial. Para justificar lo anterior, se instruye adjuntar copias de todo este juicio, una impresión del recurso de queja y el original del mismo porque tiene los agravios, al oficio que se dirija al tribunal colegiado. Se ordena envío del recurso. Conforme a lo determinado en párrafos anteriores, se ordena el envío de una impresión del recurso de queja y el original del mismo porque tiene los agravios, con las copias necesarias de este juicio para su resolución, al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito en turno. Ello implicará que el envío se haga por medio de la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Penal del Sexto Circuito, con residencia en San Andrés Cholula, Estado de Puebla. Se hace notar que este acuerdo sólo tendrá las respectivas firmas electrónicas, vigentes y reconocidas por el Poder Judicial de la Federación, porque se ha trabajado a distancia por la contingencia de salud pública derivada de la enfermedad COVID-19. Indicación a la actuaria. Se ordena a la actuaria encargada del presente asunto, que el oficio de remisión, copia del recurso de queja, el original del mismo que tiene los agravios y las copias de este juicio, las entregue de manera física en la citada oficina de correspondencia. Ello, con las medidas de protección por la situación actual de contingencia sanitaria, derivada de la enfermedad COVID-19. Notificación por lista. Por último, se deja establecido que es inviable ordenar una notificación personal para el quejoso, con el contenido de este acuerdo, porque ya se dio trámite al recurso interpuesto por el autorizado de marras, y todavía falta la decisión que emita el tribunal colegiado. De ahí que este acuerdo sólo se notificará por medio de lista. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
JUICIO DE AMPARO 104/2022-IV. Puebla, Puebla, tres de febrero de dos mil veintidós. Radicación del expediente. Se recibe la demanda de protección de derechos fundamentales signada por el quejoso ***, por derecho propio, contra un acto del ".Agente del Ministerio Público Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el juez de distrito examinará la demanda, y si encontrare alguna causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. En el presente caso, se observa que la demanda presentada por el quejoso debe subsumirse en la hipótesis normativa del artículo 113 de la Ley de Amparo, esto es, el desechamiento de plano por una causa de improcedencia. Para demostrarlo, se hace notar que el único acto combatido en la demanda de protección, fue delimitado de la forma siguiente:".Lo es el proveído de fecha 17 de enero de 2022, .". Sin embargo, esa negativa encuentra una causal indudable y manifiesta de improcedencia, en particular la que resulta de la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo -con la tesis jurisprudencial que se invoca enseguida-, que a la letra dice:"Artículo 61. El juicio de Amparo esimprocedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." Esa causal de improcedencia se actualiza al relacionarla con la tesis jurisprudencial "DEFENSA ADECUADA EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN INICIAL DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO. EL INDICIADO Y SU DEFENSOR TIENEN DERECHO A OBTENER COPIAS O REPRODUCCIONES FOTOGRÁFICAS DE LOS DATOS DE PRUEBA QUE OBRAN EN LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN, CUANDO EL IMPUTADO SE UBICA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 218, PÁRRAFO TERCERO, DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. ". De la tesis jurisprudencial transcrita y el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, se obtiene una causal de improcedencia específica para el supuesto en que un gobernado reclama la negativa de un agente del Ministerio Público de otorgarle acceso a una carpeta de investigación, cuando aquél no tiene reconocido el carácter de imputado en la carpeta de investigación. Lo anterior obedece a la interpretación de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la invocada tesis jurisprudencial 1a./J. 72/2019 (10a.), dado que esta determina que la persona imputada en una carpeta de investigación, tiene derecho a obtener copias o reproducciones de los datos de prueba que obren en esa carpeta, cuando aquella se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 218, párrafo tercero, del Código Nacional de Procedimientos Penales.5 Esos supuestos comprenden que la persona imputada se encuentre detenida, sea citada a la investigación para comparecer con ese carácter (imputada), o bien sea sujeta de un acto de molestia en términos del artículo 266, del Código Nacional de Procedimientos Penales, a fin de recabar su entrevista (como imputada). Por ende, en caso de que la autoridad ministerial no decidiera citar al promovente durante la investigación inicial, a fin de que pudiera comparecer y acceder a los registros de la carpeta respectiva, aquél aún tendría la oportunidad de conocer ante el juez de control, los datos de prueba recabados por el Ministerio Público en la fase de investigación, al grado de tener la posibilidad de controvertirlos y desvirtuarlos. Esto es así, porque si bien es verdad que los derechos aludidos deben ser efectivos desde que se señala a una persona como posible autor o partícipe de un hecho punible, así como desde que se ha ordenado una investigación, también lo es que en la dinámica en la que se desenvuelve el proceso penal acusatorio, la etapa de investigación se divide en dos: inicial y complementaria, en la que esta última, que comienza con la celebración de la audiencia inicial (en la que se formula imputación), además de que se judicializa la carpeta de investigación, también tiene como característica principal que a partir de ese momento, las partes que integran el proceso, como lo son el imputado y su defensor, tienen derecho de acceder a todos los antecedentes que integran la investigación practicada por el Ministerio Público, a fin de que puedan imponerse debidamente de sus contenidos y hacer valer sus defensas como lo estimen conveniente. Luego, el supuesto indispensable para que un agente del Ministerio Público, recabe entrevista a una persona y le permita acceder a los datos de prueba, estriba en que esta se ubique en la hipótesis de imputada dentro de la carpeta de investigación. De modo que si una persona reclama la negativa de acceso a la carpeta de investigación, en una carpeta de investigación donde no ha sido llamada con el carácter de imputada, se actualizará la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, relacionada con la interpretación de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis jurisprudencial 1a./J. 72/2019 (10a.). Ello, por la inexistencia del supuesto que justificaría la promoción del juicio de amparo indirecto: el quejoso tenga reconocido el carácter de imputado, en la carpeta de investigación donde el agente del Ministerio Público señalado como responsable, se negó a otorgarle acceso. Lo cual se comprende frente a las condiciones delimitadas en la invocada tesis jurisprudencial: la persona imputada se encuentre detenida, haya sido citada a la investigación con ese carácter (imputada), o bien sea sujeta de un acto de molestia en términos del artículo 266, del Código Nacional de Procedimientos Penales, a fin de recabar su entrevista (como imputada). De soslayar lo anterior, se llegaría al extremo de admitir demandas de amparo por la mera existencia de una carpeta de investigación, es decir, tramitar un juicio de tutela constitucional a pesar de que el quejoso no tenga el carácter de imputado en esa carpeta o todavía no se le haya reconocido y, por ende, sea ajeno al supuesto que justificaría tener acceso a la carpeta, incluso para recabarle entrevista y permitirle ofrecer datos de prueba. En el presente caso, tenemos una demanda signada por el quejoso, en la cual pretende reclamar como único acto, el siguiente: ".Lo es el proveído de fecha 17 de enero de 2022, .". Pero los antecedentes relatados en la demanda bajo protesta de decir verdad, revelan un escenario relevante para la negativa de otorgar al quejoso el acceso a la referida carpeta: no tiene reconocido el carácter de imputado en la mencionada carpeta, porque sólo tuvo conocimiento a través de medios de comunicación que se instruye en su contra. Más aún, los antecedentes de la demanda tampoco revelan actos de molestia que se pretendan realizar o se hayan realizado a la fecha contra el quejoso, derivados de la referida carpeta. Entonces, si el quejoso no tiene reconocido el carácter de imputado en la carpeta mencionada y sólo existe la supuesta información de que se ubica en esa posición (de imputado), como se desprende de los antecedentes relatados en la demanda de amparo, debe estimarse la ausencia del supuesto jurisprudencial que permitiría la instauración del juicio de amparo. Dicho de otro modo, la ausencia de datos para visualizar que el quejoso tenga reconocido el carácter de imputado en la referida carpeta, y la inexistencia de actos de molestia dirigidos contra este, determinan la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con la interpretación de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis jurisprudencial 1a./J. 72/2019 (10a.). Ello, porque no se ha generado el supuesto que permitiría al quejoso instaurar el juicio de amparo indirecto: tener reconocido el carácter de imputado en la referida carpeta. De modo que si el quejoso no tiene reconocido el carácter de imputado en la carpeta de investigación, es válido afirmar que tampoco encuadra en el supuesto de procedencia del juicio de amparo indirecto, para reclamar la negativa de acceso a la referida carpeta. Máxime que a la fecha sólo existe una supuesta información de que el quejoso es imputado en la referida carpeta de investigación; y el hecho de que la autoridad ministerial tramite esa carpeta, es insuficiente para el ejercicio de la acción de tutela constitucional porque esta depende de que la negativa de acceso, sea reclamada por un gobernado que tenga reconocido el carácter de imputado. Supuesto en el cual no se encuentra el quejoso, conforme a los antecedentes relatados en la demanda. Es más, los antecedentes de la demanda también reflejan que el quejoso no ha sido requerido para ser entrevistado en la referida carpeta de investigación, tampoco ha sido detenido en algún momento por el trámite realizado en esa carpeta, y ni siquiera ha sido objeto del acto de molestia previsto en el artículo 266, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Incluso se advierte que ningún documento exhibió el quejoso, para demostrar actos de molestia dirigidos contra este o alguno que haya sido realizado con anterioridad a la presentación de la demanda, relacionados con la mencionada carpeta. Bajo este contexto, se arriba a la convicción de que a la fecha no se ha generado el supuesto ni las condiciones que permitirían al quejoso, reclamar actos relacionados con la carpeta de investigación que tramita la autoridad ministerial señalada como responsable, motivo por el cual debe estimarse actualizada la causal invocada en párrafos anteriores, porque resulta manifiesta e indudable frente al acto delimitado en la demanda. Todo lo cual se apoya en "ACCESO A LOS REGISTROS DE LA INVESTIGACIÓN EN LA ETAPA INICIAL DEL PROCESO PENAL ACUSATORIO. EL HECHO DE QUE UNA PERSONA ESTÉ SIENDO INVESTIGADA DENTRO DE UNA CARPETA DE INVESTIGACIÓN, ES INSUFICIENTE PARA CONSIDERAR QUE ADQUIRIÓ LA CALIDAD DE IMPUTADA Y, POR TANTO, QUE DEBE OTORGÁRSELE. ..."DEBIDO PROCESO Y DEFENSA ADECUADA. LA RESERVA DE INFORMACIÓN EN LOS REGISTROS DE LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN DURANTE LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN INICIAL ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 218 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, NO VIOLA DICHOS DERECHOS RECONOCIDOS A FAVOR DEL IMPUTADO. ." Sólo resta decir que si fuera admitida la demanda de amparo, pese a que el quejoso no tiene reconocido el carácter de imputado en la referida carpeta, se llegaría al extremo de tramitar un juicio de amparo que puede entorpecer el deber de investigación que tiene el agente del Ministerio Público señalado como responsable, en términos del artículo 21 de la constitución federal, porque el requerimiento de informe justificado lo obligaría a que aportara constancias de la referida carpeta, y estas fueran expuestas a personas como el quejoso sin tener reconocida la calidad de imputado, en detrimento de la reserva que debe mantenerse en las investigaciones criminales para quienes son ajenos a las mismas. Aunado a que se crearían falsas expectativas para el quejoso, aun cuando el escenario actual orienta a visualizar que habría de resolverse el sobreseimiento en la sentencia de la audiencia constitucional, por falta del supuesto y condiciones establecidas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis jurisprudencial invocada. Por tanto, se declara que el acto combatido en la demanda, encuentra la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con la interpretación de la tesis jurisprudencial 1a./J. 72/2019 (10a.), motivo por el cual procede aplicar la hipótesis normativa del desechamiento de plano. Causal que de ninguna forma contraviene los derechos contemplados en el artículo 25.1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Asimismo, es conveniente indicar que si en el futuro se llegara a reconocer al quejoso el carácter de imputado, o bien se presentara alguno de los supuestos delimitados en la primera tesis jurisprudencial invocada, estará en condiciones de solicitar el acceso a la misma. Pero de momento no tiene reconocido el carácter de imputado en la referida carpeta, tampoco está detenido ante el Ministerio Público que la tramita, no ha sido citado para recabarle entrevista ni se le ha dirigido un acto de molestia. Entonces, debe imponerse la causal de improcedencia examinada con antelación, respecto del único combatido en la demanda, por las razones expuestas. ...Al margen de lo anterior, debe agregarse que el reclamo del quejoso sería improcedente, aun cuando se soslayara la causal relacionada con la tesis jurisprudencial 1a./J. 72/2019 (10a.), porque los magistrados del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, han establecido que la negativa de acceso a una carpeta de investigación, encuentra la causal relativa a la falta de interés jurídico, cuando el solicitante del amparo no tiene reconocido el carácter de imputado en la carpeta. Ello se desprende de la ejecutoria dictada en el recurso de queja Q-106/2021, que confirmó el desechamiento de la demanda en el juicio de amparo 634/2021, también de este juzgado y que se invoca como hecho notorio, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria. De modo que el reclamo del quejoso también podría declararse improcedente con la causal de falta de interés jurídico, acorde a las consideraciones desarrolladas en la mencionada ejecutoria. Domicilio procesal y autorizados del quejoso. Se tiene como domicilio del quejoso para oír y recibir notificaciones, el inmueble que designó para ese propósito al inicio de su demanda (ubicado en la ciudad de Puebla). Además, solicitó en forma expresa el acceso al expediente electrónico, con el usuario *** Ese nombre se encontró registrado desde el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Luego, se instruye al secretario encargado del presente asunto, habilite al quejoso el acceso al expediente electrónico, con el usuario de marras. Por otro lado, quedan autorizados en términos amplios del numeral 12 de la Ley de Amparo, los profesionistas de nombres Herminio Cano Benítez y Jesús Manuel Calonge Romero, porque el quejoso les otorgó facultades amplias y éstos tienen registrada su cédula profesional, en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación. En tanto las demás personas nombradas por aquél, sólo quedan autorizados en términos restringidos del artículo 24 de la Ley de Amparo, porque unas no tienen cédula profesional registrada y las otras fueron designadas para esos efectos. Comunicación con el quejoso. Notifíquese; en forma personal al quejoso (en su domicilio procesal, con las medidas de protección sanitarias); y cúmplase.
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