Jesús Manuel Carrillo Ochoa

Expediente 866/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 8 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
866/2023
Año
2023
Actuaciones
8
Última actuación
28/11/2023

Partes del expediente

  • Jesús Manuel Carrillo Ochoa

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Incidental

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés. Informe previo. Agréguese el oficio de cuenta del Director General del Centro Federal de Readaptación Social, número Trece "CPS-Oaxaca", en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, mediante el cual rinde informe previo; por lo tanto, con su contenido dese vista a las partes, para que se encuentren en aptitud de promover conforme a sus intereses convenga, en términos del artículo 140 de la Ley de Amparo. Ahora bien, advirtiéndose del oficio de cuenta, que las autoridades que el quejoso denomina como: Titular de la Subdirección Técnica del Centro Federal de Readaptación Social, número Trece "CPS-Oaxaca". Titular del Área de Farmacia del Centro Federal de Readaptación Social, número Trece "CPS-Oaxaca". Son inexistentes en la estructura orgánica con que cuenta ese Centro Federal. Vista parte quejosa. En consecuencia, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa para que dentro del término de tres días, siguientes a su legal notificación, manifieste lo que a su interés convenga, bajo apercibimiento que de no hacerlo, se dejarán de tener como autoridades responsables. NOTIFÍQUESE; Y PERSONALMENTE AL QUEJOSO, EN EL CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL NÚMERO 13 "CPS-OAXACA", CON SEDE EN MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, OAXACA, Y A LEODEGARIO VELÁSQUEZ MATÍAS, DEFENSOR PÚBLICO FEDERAL EN LENGUAS INDÍGENAS, ADSCRITO A LA DELEGACIÓN OAXACA DEL INSTITUTO FEDERAL DE DEFENSORÍA PÚBLICA, POR CONDUCTO DE LA ACTUARIA PATRICIA ELENA RAMÍREZ.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguense a los autos el oficio de cuenta, signado por la Secretaria del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, con sede en esta población, mediante el cual, remite testimonio de la ejecutoria emitida el ocho de noviembre de dos mil veintitrés, en el recurso de queja 309/2023, del índice de ese Tribunal, interpuesto por el quejoso... , contra los autos de cuatro de septiembre de dos mil veintitrés, por el que se desechó su demanda de amparo. Acúsese recibo. Toda vez que del testimonio que acompaña, se advierte que el tribunal revisor declaró fundado el recurso de queja interpuesto por el aludido quejoso, contra el auto de cuatro de septiembre de dos mil veintitrés. En consecuencia se provee: Admisión. Con fundamento en los artículos 103, fracción I de la Constitución Federal del País, 35, 37, 107, 108, 115, 117, 124 y relativos de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo promovida por ..., contra actos del Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social en la Ciudad de México, y otras autoridades. Por separado tramítese el incidente de suspensión solicitado. Requerimiento de informes En consecuencia, pídase a las responsables su informe justificado, que deberán rendir dentro del plazo de quince días siguientes al en que reciban el oficio que lo solicita, y acompañen copia certificada de las constancias que sean necesarias para apoyar dicho informe, exponiendo las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad de los actos reclamados o la improcedencia de este juicio de amparo las cuales deberán remitirse digitalizadas y físicamente, aunado a que se exhorta a que sean remitidas mediante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en términos de la fracción II del artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo. Apercibidas que de no rendir el informe, o de no acompañar las constancias relativas, se le impondrá a la omisa multa de cien Unidades de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento en que se haga efectivo el medio de apremio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Se precisa a las autoridades responsables que si optan por rendir su informe justificado mediante el correo oficial de este órgano jurisdiccional 3jdo13cto@correo.cjf.gob.mx, solo será recepcionado el que envíen las autoridades foráneas con residencia oficial fuera de la Ciudad de Oaxaca, las que además deberán rendirlo con las providencias necesarias para que sean considerados como oportunos, puesto que no únicamente es que sea enviado por dicho medio, ya que conlleva su recepción, acuse, impresión y remisión a cada secretaría. Ello, dado que el único medio oficial de recepción para estimar oportuno un documento, es a través de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, o directamente ante la Oficialía de Partes de este juzgado federal. Asimismo, cualquiera de las partes, deberán informar a este Juzgado Federal, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado o bien si ocurre alguna causa notoria de sobreseimiento, en términos del artículo 64 de la Ley de Amparo que dice: ". Cuando las partes tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, la comunicarán de inmediato al órgano jurisdiccional de amparo y, de ser posible acompañarán las constancias que la acrediten."; en el entendido que de no hacerlo así, se les impondrá multa de treinta Unidades de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento en que se haga efectivo el medio de apremio, en términos del artículo 251 de la Ley de Amparo. De igual forma, requiérase a las autoridades responsables para que al momento de rendir su informe justificado, de ser cierto el acto reclamado, manifiesten si se ha promovido diverso juicio de amparo en el expediente, del cual emanan los actos reclamados, y en caso de ser así, señalen ante qué autoridad federal se radicó y remitan las constancias relativas que acrediten dicha circunstancia, apercibiéndolas que de no hacerlo, se les impondrá multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento en que se haga efectivo el medio de apremio, con fundamento en lo señalado por el artículo 237, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con el precepto 259 del mismo ordenamiento. Audiencia constitucional. Se señalan las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL DOCE DE ENERO DE DOS MIL VEINTICUATRO, para la celebración de la audiencia constitucional. Intervención. Dése la intervención que legalmente le corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. Notificaciones al quejoso. En atención a lo anterior, hágase saber al quejoso ..., que al contar con la asesoría de un Defensor Público (********************, DEFENSOR PÚBLICO FEDERAL EN LENGUAS INDÍGENAS, ADSCRITO A LA DELEGACIÓN OAXACA DEL INSTITUTO FEDERAL DE DEFENSORÍA PÚBLICA), las subsecuentes notificaciones le serán hechas por su conducto, salvo aquellas que revistan carácter trascendental para su defensa, y las que este órgano jurisdiccional estime pertinentes, conforme al artículo 26, fracción I, inciso k), de la Ley de Amparo, las que se practicaran en el lugar de su reclusión. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia 1ª./J. 104/2022 (11ª.), con registro digital 2025391, de rubro siguiente: "NOTIFICACIONES EN EL JUICIO DE AMPARO EN MATERIA PENAL. TRATÁNDOSE DEL QUEJOSO QUE SE ENCUENTRA PRIVADO DE SU LIBERTAD, DEBEN REALIZARSE PERSONALMENTE EN EL LOCAL DEL JUZGADO O CENTRO DE RECLUSIÓN, O BIEN, ENTENDERSE LA DILIGENCIA CON SU DEFENSOR, REPRESENTANTE LEGAL O AUTORIZADO [INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 26, FRACCIÓN I, INCISO A), DE LA LEY DE AMPARO]." NOTIFÍQUESE; Y PERSONALMENTE AL QUEJOSO, EN EL CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL NÚMERO 13 "CPS-OAXACA", CON SEDE EN MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, OAXACA, Y A ********************, DEFENSOR PÚBLICO FEDERAL EN LENGUAS INDÍGENAS, ADSCRITO A LA DELEGACIÓN OAXACA DEL INSTITUTO FEDERAL DE DEFENSORÍA PÚBLICA, POR CONDUCTO DE LA ACTUARIA PATRICIA ELENA RAMÍREZ.

  3. Incidental

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. Apertura del incidente. Como está ordenado con esta fecha en el cuaderno principal, con una copia simple de la demanda de amparo, tramítese el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 866/2023, promovido por ********************, contra actos del Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social en la Ciudad de México, y otras autoridades. Sin que resulte necesario formar el duplicado del incidente, toda vez que las constancias integrantes del mismo pueden ser consultadas en el expediente electrónico respectivo; lo anterior, además, con apoyo en el artículo 264 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo sistema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo. Apercibimientos y requerimientos. Por tanto, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 138 y 140 de la Ley de Amparo, pídase a las responsables su informe previo que deberán rendir dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, enviándoles al efecto copia simple de la demanda; bajo apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, se les impondrá multa de cien Unidades de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento en que se haga efectivo el medio de apremio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 260, fracción I, de la Ley de Amparo. Se precisa a las autoridades responsables que si optan por rendir su informe previo mediante el correo oficial de este órgano jurisdiccional ********************, solo será recepcionado el que envíen las autoridades foráneas con residencia oficial fuera de la Ciudad de Oaxaca, las que además deberán rendirlo con las providencias necesarias para que sean considerados como oportunos, puesto que no únicamente es que sea enviado por dicho medio, ya que conlleva su recepción, acuse, impresión y remisión a cada secretaría. Ello, dado que el único medio oficial de recepción para estimar oportuno un documento, es a través de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, o directamente ante la Oficialía de Partes de este juzgado federal. Asimismo, requiérase a las autoridades responsables para que al momento de rendir su informe previo, de ser cierto el acto reclamado, manifiesten si se ha promovido diverso juicio de amparo en el expediente del que deriva el acto aquí reclamado, y en caso de ser así, señalen ante qué autoridad federal se radicó y remitan las constancias relativas que acrediten dicha circunstancia, apercibiéndolas que de no hacerlo, se les impondrá multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento en que se haga efectivo el medio de apremio, con fundamento en lo señalado por el artículo 237, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con los preceptos 238 y 259 del mismo ordenamiento legal. Audiencia incidental. Se señalan las NUEVE HORAS CON VEINTICINCO MINUTOS DEL TREINTA DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo la audiencia en este incidente. Suspensión provisional. Previo a examinar si se cumplen o no los requisitos para decretar la medida cautelar solicitada, es menester atender a la naturaleza de los actos reclamados, así como a los efectos y consecuencias que producen estos, a efecto de determinar si se pueden suspender y que dicha medida no coincida exactamente, agote o deje sin materia una eventual sentencia estimatoria de amparo. Así, es pertinente destacar que para determinar la procedencia de la medida suspensiva, se debe tener en cuenta que el artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que para conceder la suspensión deben cumplirse los siguientes requisitos: a) Que el acto reclamado, de acuerdo con su naturaleza, sea susceptible de suspenderse. b) Que exista la solicitud del agraviado (interés jurídico y afectación, o interés legítimo con una afectación real, actual e inminente a la esfera jurídica de la parte quejosa). c) Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Al respecto, adquiere relevancia el contenido de la jurisprudencia 1a./J. 70/2019 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 2021263, visible en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 73, Diciembre de 2019, Tomo I, página 286, cuyo contenido es el que sigue: "SUSPENSIÓN. LA NATURALEZA OMISIVA DEL ACTO RECLAMADO NO IMPIDE SU PROCEDENCIA. Los artículos 107, fracción X, primer párrafo, de la Constitución y 147 de la Ley de Amparo vigente, dotan a la suspensión de un genuino carácter de medida cautelar, cuya finalidad consiste en conservar la materia de la controversia y evitar que las personas sufran una afectación a su esfera jurídica mientras se resuelve el fondo del asunto, ya sea con medidas conservativas o de tutela anticipada (efectos restitutorios), para lo cual es necesario analizar: (i) la apariencia del buen derecho; (ii) las posibles afectaciones al interés social; y (iii) la posibilidad jurídica y material de otorgar la medida. En ese sentido, la naturaleza de los actos, ya sea positiva, declarativa o negativa, no representa un factor que determine en automático la concesión o negativa de la medida cautelar, pues la locución "atendiendo a la naturaleza del acto reclamado", que refiere el precepto de la Ley de Amparo, debe analizarse en función de las consecuencias que caso a caso pueden producir los actos reclamados, lo que a su vez es determinante para decidir si el efecto de la suspensión debe consistir en el mantenimiento de las cosas en el estado que se encuentran o debe restituirse provisionalmente a la persona en el goce del derecho violado. En estos términos, la naturaleza omisiva de los actos reclamados es relevante para determinar el contenido que adoptará la suspensión, pero no para determinar si la medida cautelar procede o no. En efecto, dado que el amparo provisional que se pretende con la suspensión definitiva permite que la persona alcance transitoriamente un beneficio que, al final del día, puede confirmarse o revocarse a través de la sentencia principal, sin prejuzgar sobre lo ocurrido antes del juicio de amparo ni lo que ocurrirá después, pues lo importante para que dicha medida cautelar sea material y jurídicamente posible radica en que los efectos suspensorios puedan actualizarse momento a momento, de modo que la suspensión no coincida exactamente, agote o deje sin materia una eventual sentencia estimatoria de amparo, y todo esto va más allá del tipo de medidas que deben dictarse en caso de que proceda conforme a lo anterior." Lo cual es oportuno relacionar con lo estipulado por el artículo 128 de la Ley de Amparo, que prevé que la suspensión se decretará siempre que concurran los requisitos siguientes: 1. Que la solicite el quejoso. 2. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Al caso, es oportuno citar la tesis de jurisprudencia I.3°A. J/16, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Primer Circuito, consultable en la página trescientos ochenta y tres, tomo V, del Semanario Judicial de la Federación, enero de mil novecientos noventa y siete, novena época, con número de registro 199549, cuyo rubro dice: "SUSPENSIÓN, NOCIONES DE ORDEN PÚBLICO Y DE INTERÉS SOCIAL PARA LOS EFECTOS DE LA.". En ese contexto, el estudio de las referidas condiciones para suspender el acto reclamado debe ser concomitante, al no ser posible considerar aisladamente que un acto pudiera tener un vicio de inconstitucionalidad, sin compararlo de manera inmediata con el orden público que pueda verse afectado con su paralización, y sin haberse satisfecho previamente los demás requisitos que establece el artículo 128 de la Ley de Amparo para decretar la medida. Resulta aplicable la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro digital 165659, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Diciembre de 2009, página 315, de epígrafe y sinopsis siguientes: "SUSPENSIÓN. PARA DECIDIR SOBRE SU OTORGAMIENTO EL JUZGADOR DEBE PONDERAR SIMULTÁNEAMENTE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO CON EL PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL O AL ORDEN PÚBLICO. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 15/96, de rubro: 'SUSPENSIÓN. PARA RESOLVER SOBRE ELLA ES FACTIBLE, SIN DEJAR DE OBSERVAR LOS REQUISITOS CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, HACER UNA APRECIACIÓN DE CARÁCTER PROVISIONAL DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO.", sostuvo que para el otorgamiento de la suspensión, sin dejar de observar los requisitos exigidos por el artículo 124 de la Ley de Amparo, basta la comprobación de la apariencia del buen derecho invocado por el quejoso, de modo que sea posible anticipar que en la sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado, lo que deberá sopesarse con el perjuicio que pueda ocasionarse al interés social o al orden público con la concesión de la medida, esto es, si el perjuicio al interés social o al orden público es mayor a los daños y perjuicios de difícil reparación que pueda sufrir el quejoso. Conforme a lo anterior, el juzgador debe realizar un estudio simultáneo de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora con la posible afectación que pueda ocasionarse al orden público o al interés social con la suspensión del acto reclamado, supuesto contemplado en la fracción II del referido artículo 124, estudio que debe ser concomitante al no ser posible considerar aisladamente que un acto pudiera tener un vicio de inconstitucionalidad sin compararlo de manera inmediata con el orden público que pueda verse afectado con su paralización, y sin haberse satisfecho previamente los demás requisitos legales para el otorgamiento de la medida". Ahora, en este incidente el quejoso ********************, reclama del: Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, con sede en la ciudad de México. Coordinador de Centros Federales. Titular del Despacho de la Dirección General del Centro Federal de Readaptación Social número Trece "CPS-Oaxaca", con sede en Miahuatlán, Oaxaca. Titular de la Dirección Técnica del Centro Federal de Readaptación Social número Trece "CPS-Oaxaca", con sede en Miahuatlán, Oaxaca. Titular de la Subdirección Técnica del Centro Federal de Readaptación Social número Trece "CPS-Oaxaca", con sede en Miahuatlán, Oaxaca. Titular del Área Médica del Centro Federal de Readaptación Social número Trece "CPS-Oaxaca", con sede en Miahuatlán, Oaxaca. Titular de Área de Farmacia del Centro Federal de Readaptación Social número Trece "CPS-Oaxaca", con sede en Miahuatlán, Oaxaca. Los siguientes actos reclamados: La omisión de brindarle la atención médica. La omisión de suministrarle medicamentos. En el caso, se precisa que los actos reclamados implica una abstención por parte de las responsables para proporcionar al quejoso la atención médica que requiere, circunstancia que no es determinante para conceder o negar la medida cautelar solicitada, sino que deberán atenderse los efectos con los cuales se otorgue. De igual forma, si bien la medida cautelar puede tener efectos restitutorios, también lo es que éstos deben ser de carácter provisional, es decir, que la parte quejosa alcance transitoriamente un beneficio que, al final del día, pueda confirmarse o revocarse a través de la sentencia principal, con la condición de que tales efectos no dejen sin materia el juicio de amparo en lo principal. Al respecto, adquiere relevancia el contenido de la jurisprudencia 1a./J. 70/2019 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 2021263, visible en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 73, Diciembre de 2019, Tomo I, página 286, cuyo contenido es el que sigue: "SUSPENSIÓN. LA NATURALEZA OMISIVA DEL ACTO RECLAMADO NO IMPIDE SU PROCEDENCIA. Los artículos 107, fracción X, primer párrafo, de la Constitución y 147 de la Ley de Amparo vigente, dotan a la suspensión de un genuino carácter de medida cautelar, cuya finalidad consiste en conservar la materia de la controversia y evitar que las personas sufran una afectación a su esfera jurídica mientras se resuelve el fondo del asunto, ya sea con medidas conservativas o de tutela anticipada (efectos restitutorios), para lo cual es necesario analizar: (i) la apariencia del buen derecho; (ii) las posibles afectaciones al interés social; y (iii) la posibilidad jurídica y material de otorgar la medida. En ese sentido, la naturaleza de los actos, ya sea positiva, declarativa o negativa, no representa un factor que determine en automático la concesión o negativa de la medida cautelar, pues la locución "atendiendo a la naturaleza del acto reclamado", que refiere el precepto de la Ley de Amparo, debe analizarse en función de las consecuencias que caso a caso pueden producir los actos reclamados, lo que a su vez es determinante para decidir si el efecto de la suspensión debe consistir en el mantenimiento de las cosas en el estado que se encuentran o debe restituirse provisionalmente a la persona en el goce del derecho violado. En estos términos, la naturaleza omisiva de los actos reclamados es relevante para determinar el contenido que adoptará la suspensión, pero no para determinar si la medida cautelar procede o no. En efecto, dado que el amparo provisional que se pretende con la suspensión definitiva permite que la persona alcance transitoriamente un beneficio que, al final del día, puede confirmarse o revocarse a través de la sentencia principal, sin prejuzgar sobre lo ocurrido antes del juicio de amparo ni lo que ocurrirá después, pues lo importante para que dicha medida cautelar sea material y jurídicamente posible radica en que los efectos suspensorios puedan actualizarse momento a momento, de modo que la suspensión no coincida exactamente, agote o deje sin materia una eventual sentencia estimatoria de amparo, y todo esto va más allá del tipo de medidas que deben dictarse en caso de que proceda conforme a lo anterior" En ese orden de ideas, toda vez que en el caso, está relacionado medularmente con el derecho a la salud, este juzgado federal se pronuncia sobre la medida cautelar solicitada, de conformidad con el artículo 107, fracción X, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 138, párrafo primero de la Ley de Amparo, ya que en este caso se pondera la apariencia del buen derecho, la no afectación al interés social y la no contravención de disposiciones de orden público. Así es, en relación con el derecho fundamental a la salud, el artículo 4° de la Constitución Federal, en su cuarto párrafo, establece que toda persona tiene derecho a su protección y que la ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud, así como la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 Constitucional. Ahora, el numeral 49 del Reglamento de los Centros Federales de Readaptación Social y el artículo 29 del Manual de Tratamiento de Internos en Centros Federales de Readaptación Social, señalan: "Artículo 49.- Los servicios médicos del Centro Federal tendrán por objeto velar por la salud física y mental de los internos. El Titular del Área de Servicios Médicos realizará campañas permanentes para la prevención y erradicación de enfermedades y la planificación familiar, y proporcionará a los internos la atención necesaria". "Artículo 29.- El Área de Servicios Médicos es la responsable de velar por la salud física y mental de los internos así como de integrar su diagnóstico médico desde el ingreso al Centro Federal, con el fin de establecer el tratamiento médico a seguir y aplicarlo". Por tanto, atendiendo al mayor beneficio del citado quejoso, de conformidad con los artículos 4, párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 49 del Reglamento de los Centros Federales de Readaptación Social, 29 del Manual de Tratamiento de Internos en Centros Federales de Readaptación Social y 128 de la Ley de Amparo, SE CONCEDE DICHA MEDIDA CAUTELAR, para el efecto de que las autoridades responsables le proporcionen de manera inmediata la atención médica que requiera acorde al o los padecimientos que presente el quejoso y le suministre el tratamiento farmacológico que al efecto le sea prescrito. Lo anterior, atendiendo, a que con los actos reclamados se viola el derecho a la salud del quejoso y es necesaria la atención médica y tratamiento a fin de atender sus padecimientos clínicos y asegurar su salud física. Esta medida cautelar, en cuanto a su duración, producirá efectos hasta que se notifique a las responsables la resolución interlocutoria que se dicte sobre la suspensión definitiva que se emita en la audiencia incidental. Designación de defensor público. Se tiene presente que en proveído de diez de octubre de dos mil veintitrés, dictado en el cuaderno principal del cual deriva este incidente, se tuvo a ********************, Defensor Público Federal en Lenguas Indígenas, adscrito a la Delegación Oaxaca del Instituto Federal de Defensoría Pública, aceptado la designación para asistir al quejoso ********************, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Notificaciones al quejoso. En atención a lo anterior, hágase saber al quejoso ********************, que al contar con la asesoría de un Defensor Público, las subsecuentes notificaciones le serán hechas por su conducto, salvo aquellas que revistan carácter trascendental para su defensa, y las que este órgano jurisdiccional estime pertinentes, conforme al artículo 26, fracción I, inciso k), de la Ley de Amparo, las que se practicaran en el lugar de su reclusión. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia 1a./J. 104/2022 (11a.), con registro digital 2025391, de rubro siguiente: "NOTIFICACIONES EN EL JUICIO DE AMPARO EN MATERIA PENAL. TRATÁNDOSE DEL QUEJOSO QUE SE ENCUENTRA PRIVADO DE SU LIBERTAD, DEBEN REALIZARSE PERSONALMENTE EN EL LOCAL DEL JUZGADO O CENTRO DE RECLUSIÓN, O BIEN, ENTENDERSE LA DILIGENCIA CON SU DEFENSOR, REPRESENTANTE LEGAL O AUTORIZADO [INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 26, FRACCIÓN I, INCISO A), DE LA LEY DE AMPARO]." Habilitación de horas. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para que en su caso, el actuario judicial adscrito realice las notificaciones personales que se ordenen en el presente juicio de amparo, y entregue los oficios que del mismo deriven. Intervención. Dese a la agente del Ministerio Público Federal adscrita, la intervención que legalmente le corresponde. Uso de medios electrónicos. Toda vez que no existe impedimento legal para que las partes, por sí o por conducto de sus autorizados o delegados, según sea el caso, puedan hacer uso del escáner, cámaras fotográficas, o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el titular de este juzgado, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por la secretaría del juzgado, así como de la persona que reciba la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009, suscrita por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Sin embargo, se les hace saber que las normas actuales en materia de información pública, obligan a salvaguardar los datos personales y la información reservada que exista en los juicios de amparo. De modo que, si las actuaciones a fotografiar contuvieran datos personales o información reservada y fuera imposible la protección de estos durante el uso de cámaras fotográficas o teléfonos celulares, tendrán que sujetarse al proceso de fotocopiado; es decir, serán fotocopiadas las actuaciones a costa de aquellas y las copias que se obtengan serán marcadas con líneas negras para salvaguardar la información que deba protegerse. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. En apoyo de lo anterior se invoca la jurisprudencia 1a./J. 33/2016 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 34, septiembre de 2016, Tomo I, Materia(s): Común, página 470 de rubro: "COPIAS CERTIFICADAS DE CONSTANCIAS EN QUE APAREZCAN LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y/O LA ORDEN DE APREHENSIÓN DEL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO PUEDE AUTORIZARLAS CUANDO SE INTEGRAN AL JUICIO DE AMPARO POR VIRTUD DEL INFORME JUSTIFICADO, SIEMPRE QUE LA INFORMACIÓN RESERVADA O CONFIDENCIAL QUE PUDIEREN CONTENER NO PERTENEZCA A UNA PERSONA DISTINTA." Protección de datos. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. Solicitud de copias. Hágase del conocimiento de las partes que podrán comparecer y solicitar copias de las constancias que obren en el presente asunto -sujetándose al proceso de fotocopiado- en la Secretaría de este Juzgado, y sin ulterior acuerdo, serán expedidas a su costa, previa identificación, así como razón que de su entrega y recepción que se deje en autos. Integración del expediente físico y electrónico. Con motivo de la publicación del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, artículos 252, 253 y 263; así como con fundamento en el precepto 3º, párrafos quinto y séptimo de la Ley de Amparo, y 3º del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; hágase del conocimiento de las partes que se implementan las siguientes medidas: 1. Se adopta como eje rector la actuación a través de medios tecnológicos y soluciones digitales; por lo cual se autorizarán las actuaciones mediante la firma electrónica FIREL. 2. Únicamente formaran el expediente físico las promociones físicas exhibidas por las partes y las actuaciones relevantes, como son, el auto inicial, la resolución final, y las demás que este órgano jurisdiccional así lo considere. 3. Las demás actuaciones y promociones electrónicas sólo deberán integrarse al expediente electrónico, a efecto de que puedan ser consultadas por las partes. 4. Los actuarios judiciales deberán integrar las constancias de notificación dentro de las veinticuatro horas siguientes al en que se hayan efectuado. Por lo tanto, se instruye a la secretaría de este juzgado, al actuario judicial, al oficial judicial y demás encargados de la digitalización de constancias, supervisar y realizar la captura electrónica de los acuerdos y las resoluciones emitidas en este asunto, así como la digitalización de los documentos y constancias en los términos de los artículos indicados. Consulta del expediente electrónico. Las partes autorizadas podrán consultar el expediente desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; y para el caso de acudir físicamente a consultar el mismo, podrán hacerlo mediante el uso del equipo de cómputo que se encuentra instalado a la entrada de acceso a este juzgado, en términos del artículo 261 del Acuerdo General del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo. Para lo cual, se instruye al Coordinador Técnico adscrito a este juzgado, preste el auxilio necesario a las partes para ese efecto. Asimismo, se hace saber a las partes que en el área de atención al público de este juzgado, se colocará un teléfono con la señalización de las extensiones de los secretarios adscritos, a efecto de que pueden entablar contacto y solicitar la atención correspondiente. NOTIFÍQUESE; Y PERSONALMENTE AL QUEJOSO, EN EL CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL NÚMERO 13 "CPS-OAXACA", CON SEDE EN MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, OAXACA, Y A ********************, DEFENSOR PÚBLICO FEDERAL EN LENGUAS INDÍGENAS, ADSCRITO A LA DELEGACIÓN OAXACA DEL INSTITUTO FEDERAL DE DEFENSORÍA PÚBLICA, POR CONDUCTO DE LA ACTUARIA PATRICIA ELENA RAMÍREZ.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diez de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito firmado electrónicamente por ..., Defensor Público Federal en Lenguas Indígenas, adscrito a la Delegación Oaxaca del Instituto Federal de Defensoría Pública; visto su contenido, toda vez que su escrito está firmado electrónicamente, lo cual proporciona certeza suficiente de que fue suscrito por dicho asesor, en términos del artículo 3o. de la Ley de Amparo, pues la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa; por tanto, se le tiene aceptando y protestando el cargo que le fue conferido, para que asista al quejoso Jesús Manuel Carrillo Ochoa, en el presente juicio de amparo; lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Se toma nota que dicha defensa tiene agendados los días diecinueve y treinta de octubre del año en curso, para realizar visita carcelaria al quejoso e informarle el estado que guarda el presente asunto. De igual forma, téngasele exhibiendo copia de su cédula profesional, para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE.

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