Jesús Manuel Calleros Miranda

Expediente 12/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 13 actuaciones registradas, la última del 29 de abril de 2015.

Datos del expediente

Expediente
12/2015
Año
2015
Actuaciones
13
Última actuación
29/04/2015

Partes del expediente

  • Jesús Manuel Calleros Miranda

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Zacatecas, Zacatecas, a veintinueve de abril de dos mil quince. Visto el estado que guardan los presentes autos y certificación de cuenta asentada por el Secretario adscrito a este Juzgado, en el sentido de que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que interpusiera recurso de revisión contra la sentencia dictada el treinta de marzo de dos mil quince, en la que se sobreseyó en el juicio de garantías; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los numerales 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley Reglamentaria en consulta, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA. En mérito de lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia en consulta, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, y archívese el presente expediente como asunto concluido. Devuélvase al Juez Primero Familiar de esta ciudad, las constancias que remitió en su informe justificado. NOTIFÍQUESE POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES.

  2. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA ROCÍO ZAMORA ROCHA,LA SENTENCIA DE TREINTA DE MARZO DE DOS MIL QUINCE, LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO c) DE LA LEY DE AMPARO: "ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo número 12/2015-2, promovido por ******************** Calleros Miranda, contra los actos que reclamó de las autoridades señaladas como responsables.".

  3. Principal

    Resolución Constitucional Visto para resolver el juicio de amparo indirecto número 12/2015-2, promovido por ******************** Calleros Miranda, contra actos del Juez Primero del Ramo Familiar del Distrito Judicial de esta capital, y de otra autoridad, que considera violatorios de los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y Resultando: I. Presentación de la Demanda. Mediante escrito presentado el cinco de enero de dos mil quince, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, ******************** Calleros Miranda demandó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades y por los actos que enseguida se precisan: "III. AUTORIDADES RESPONSABLES PRIMERA).- El C. JUEZ PRIMERO DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE ESTA CAPITAL, con domicilio ampliamente conocido en esta Ciudad. SEGUNDA).- El C. JUEZ CUARTO DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDUCUAL DE LA CIUDAD DE DURANGO, DGO., con domicilio conocido en esta Ciudad (sic). IV.- ACTOS RECLAMADOS.- a).- A la Primera autoridad señalada como responsable le reclamo el ilegal e inconstitucional Auto de fecha once de diciembre del año próximo pasado dictado dentro del expediente marcado con el número ********************. b).- A las restantes autoridades Responsables les reclamo el haber ordenado o intentar ordenar la ejecución del acto reclamado". II. Substanciación del Juicio. Por razón de turno correspondió el conocimiento de la demanda a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en la ciudad capital, que en auto de siete de enero de dos mil quince la registró y admitió a trámite bajo el número 12/2015-2; se solicitó a las autoridades señaladas como responsables su informe justificado, se otorgó intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación, se ordenó el emplazamiento de la tercera interesada y, se señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional, iniciada el diecisiete de marzo de dos mil quince. Considerando: I. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, Zacatecas, es competente para resolver el presente juicio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 Constitucionales; 1°, fracción I, 33, fracción IV, 107, fracción II, de la Ley de Amparo en vigor, así como en los diversos 48 y 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, la competencia para conocer de este asunto, se sustenta en el Acuerdo General 53/2014 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que adiciona el similar 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación veintiuno de noviembre de dos mli catorce. II. Precisión y certeza de actos reclamados. II.1. Precisión. Previo a analizar la certeza de los actos reclamados, debe precisarse cuáles son éstos, en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo. Para tal efecto, se atenderá a los lineamientos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido en el sentido de analizar íntegramente la demanda y actos reclamados con criterio amplio, no restrictivo para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance y contenido, prescindiendo de los calificativos sobre inconstitucionalidad que realice, en términos de las Jurisprudencias P./J.40/2000 y P.VI/2004. El análisis integral de la demanda de amparo, en armonía con la totalidad de la información allegada a este expediente, revela que el quejoso ******************** Calleros Miranda, comparece a esta instancia federal, en su carácter de parte demandada en los autos del juicio ordinario civil sobre divorcio necesario número ********************, promovido por ********************, a reclamar particularmente del Juez Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de esta ciudad capital de Zacatecas: El auto de once de diciembre de dos mil catorce, que ordenó dejar sin efecto el reconocimiento "implícito" decretado al quejoso, en el proveído de catorce de mayo de dos mil catorce, respecto del otorgamiento y/o concesión de la guarda y custodia de sus menores hijos ******************** y ********************, de apellidos ********************, hecha por el diverso Juzgado Primero de lo Familiar del Primer Distrito Judicial del Estado de Durango, en los autos del expediente judicial número ********************, relativo a la controversia familiar sobre custodia provisional y definitiva, pérdida de la patria potestad y cumplimiento de medidas provisionales promovido en contra de ********************; asimismo, reclama la orden de girar exhorto al Juzgado Cuarto de lo Familiar del Primer Distrito Judicial de Durango, para que realizara los trámites necesarios a fin de reintegrarle a su contraria, la guarda y custodia de los menores de referencia. Mientras que al Juez Cuarto de lo Familiar del Primer Distrito Judicial en el Estado de Durango, le atribuye: La ejecución del exhorto y las consecuencias que se puedan derivar con motivo del proveído de once de diciembre de dos mil catorce. II.2. Certeza de actos reclamados. Son ciertos los actos atribuidos a las autoridades responsables pues así lo manifestaron al rendir su informe justificado (fojas 23 y 59 de autos). Sobre el particular resulta aplicable la Jurisprudencia siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Lo que además se corrobora con las constancias certificadas de los expedientes judiciales números ******************** sobre divorcio necesario, y exhorto judicial ********************, a las que se asigna valor probatorio pleno conforme con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2 de la Ley de Amparo, lo que basta para demostrar la certeza de tales reclamos. III. Análisis sobre la procedencia o improcedencia del juicio de amparo. La procedencia del juicio de amparo es una cuestión de orden público y de estudio preferente previo a la materia del fondo del asunto, ya sea de oficio o por planteamiento de alguna de las partes, de conformidad con lo establecido en el artículo 62, de la Ley de Amparo y con la jurisprudencia de rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA.- Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." En el caso, se estima actualizada la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del numeral 61, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas; Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; .". Esta porción normativa está inspirada en el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, que supone su procedencia únicamente contra actos definitivos, es decir, que no sean susceptibles de revocación, modificación o invalidación ante las instancias ordinarias, con independencia de que quien ejerce la acción constitucional hubiere hecho valer o no el medio de defensa respectivo con la debida oportunidad. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número I.6º.C. J/37, consultable bajo el registro IUS 187016, o bien en la página 902, del Tomo XV, Mayo de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuya aplicabilidad subsiste porque no contraviene los postulados de la Ley de Amparo vigente, y su rubro y texto son del tenor siguiente: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías". En el caso, se reclama de la autoridad responsable el auto de once de diciembre de dos mil catorce, que ordenó dejar sin efecto el reconocimiento "implícito" decretado al quejoso, en proveído de catorce de mayo de dos mil catorce, de la guarda y custodia de sus menores hijos ******************** y ********************, de apellidos ********************, emitida por el Juzgado Primero de lo Familiar del Primer Distrito Judicial del Estado de Durango, en los autos del expediente judicial número ********************, así como la orden de girar exhorto al Juzgado Cuarto de lo Familiar del Primer Distrito Judicial de Durango, para que realizara los trámites necesarios a fin de reintegrarle a su contraria, la guarda y custodia de los menores de referencia. Ahora bien, es conveniente tener en cuenta que en términos del numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo, para efectos de la procedencia del juicio constitucional los actos de ejecución irreparable son aquéllos cuyas consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos fundamentales tutelados en la Constitución, y se caracterizan porque la afectación a esos derechos no se destruye sólo con el hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio; además, la afectación de derechos sustantivos también puede ocurrir tratándose de una violación en grado predominante a derechos procesales o adjetivos. Esta afectación exhorbitante debe determinarse objetivamente, tomando en cuenta la institución procesal que está en juego, la extrema gravedad de los efectos de la violación y su trascendencia específica, así como los alcances vinculatorios de la sentencia que llegara a conceder el amparo. Sin embargo, los actos de ejecución irreparable dentro de juicio, deben recurrirse previo a la instauración del juicio de amparo a través de los medios de defensa ordinarios establecidos en la ley, en virtud de que con ellos el afectado puede obtener la modificación, revocación o la nulidad de aquéllos, tal como lo consideró la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia número 44/2012 (10a.), con número de registro 2001155, visible en la página 729, Tomo 1, Libro X, Julio de 2012, Décima Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL. De la interpretación literal del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 73, fracción XIII, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. Por tanto, es obligación de la parte quejosa agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto modificarlo, revocarlo o anularlo." En ese tenor, los dispositivos 158 y 367 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Zacatecas, establecen lo siguiente: "Articulo 158.- Los autos podrán ser revocados por el juez que los dicta, salvo cuando la ley disponga que procede otro recurso o que no son recurribles. Deben contener una motivación sucinta y los preceptos legales en que se apoyen". "Artículo 367.- Las sentencias no pueden ser revocadas por el juez que las dicta. Los autos y proveídos pueden ser revocados por el juez que los dicte o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio, cuando la ley no establezca expresamente la procedencia de otro recurso, o disponga que no son recurribles". Del contenido de los artículos transcritos se aprecia que el legislador introdujo en el Código de Procedimientos Civiles la figura de la revocación, cuya finalidad es la de que el juez pueda revocar los autos emitidos en juicio, siempre y cuando la ley no disponga que procede otro recurso, o en el caso de que no sean recurribles. Así, se concluye que todos los autos dictados en un juicio del orden civil, son impugnables mediante el recurso de revocación, salvo las excepciones previstas en la Ley. Pues bien, el proveído que impugna el hoy quejoso es combatible mediante el recurso de revocación, y si bien alega que le causa un perjuicio de imposible reparación por el tiempo en que los menores quedarían separados de él, no por ese solo hecho se le exime de interponer los recursos que se consideren procedentes, pues la característica de irreparabilidad del acto no está comprendida entre las excepciones al principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, por tanto, debió agotar el recurso de revocación previsto en el Código de Procedimientos Civiles en el Estado, antes de acudir a la presente instancia constitucional. Sirve de sustento a lo anterior, la Jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo". De manera que se actualiza la causa de improcedencia en estudio, pues como se anticipó, el juicio de amparo es un medio extraordinario al que solamente puede acudirse cuando previamente se hayan agotado los recursos previstos por las leyes ordinarias, idóneos para modificar revocar o anular el acto que causa afectación, lo que conlleva a sobreseer en el presente juicio de derechos fundamentales, de conformidad con lo previsto por el artículo 61, fracción XVIII, en relación con el diverso 63, fracción V, de la Ley de la materia. Asimismo, resulta aplicable al caso, la Jurisprudencia que se lee: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO. LA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO SÓLO PROCEDE RESPECTO DE VIOLACIONES A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO IMPUGNABLES EN LA VÍA DIRECTA, TRATÁNDOSE DE CONTROVERSIAS QUE AFECTEN AL ESTADO CIVIL, AL ORDEN Y ESTABILIDAD DE LA FAMILIA O A MENORES O INCAPACES. La interpretación literal, sistemática y teleológica de lo dispuesto en los artículos 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 161 de la Ley de Amparo, permite concluir que la excepción al principio de definitividad que dichas normas establecen, procede exclusivamente cuando en amparo directo en materia civil, se impugnen sentencias definitivas o resoluciones que pongan fin al juicio, por violaciones a las leyes del procedimiento que afecten las defensas del quejoso, siempre que dichas sentencias se hayan dictado en controversias relativas al estado civil o que afecten al orden y estabilidad de la familia o a menores o incapaces. Ahora bien, si se toma en consideración que sólo en este caso específico y respecto de la referida vía de amparo, el interesado queda eximido de preparar el juicio de amparo, resulta inconcuso que no puede hacerse extensiva la citada excepción a los casos en los que por la diversa vía del amparo indirecto se impugnen actos de tribunales civiles ejecutados fuera de juicio o después de concluido, no obstante que se trate de controversias del estado civil o de actos que pudieran afectar al orden y estabilidad de la familia o a menores o incapaces, pues del contenido textual y de la interpretación de los mencionados preceptos legales se infiere que fue voluntad del Constituyente Reformador y del legislador ordinario, que la excepción en cita procediera exclusivamente en vía de amparo directo. Lo anterior se confirma con la interpretación de lo establecido respecto al juicio de amparo indirecto, en el inciso b) de la fracción III del señalado precepto constitucional y en el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, así como por el hecho de que por la propia naturaleza procedimental de esta vía, no se requiere de actos procesales tendientes a su preparación". De igual forma, resulta aplicable, por analogía y en lo conducente, la tesis que dice: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE OBSERVARSE AUN TRATÁNDOSE DE ACTOS QUE TENGAN UNA EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, COMO EN EL CASO DE LA RESOLUCIÓN QUE DECIDE SOBRE LA CONVIVENCIA DEL MENOR CON UNO DE SUS PROGENITORES. El hecho de que la resolución que decreta un régimen provisional de convivencia del menor con uno de sus progenitores sea de ejecución irreparable, no exime al otro de interponer el recurso procedente en su contra, puesto que la característica de irreparabilidad del acto no está comprendida entre las excepciones al principio de definitividad que impera en el juicio de amparo, previstas por los artículos 107, fracciones III, IV y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 73, fracciones XII, XIII y XV, de la Ley de Amparo. Esta situación, en alguna medida, se refuerza, incluso, con el criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 41/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, agosto de 2001, página 101, de rubro: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO. LA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO SÓLO PROCEDE RESPECTO DE VIOLACIONES A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO IMPUGNABLES EN LA VÍA DIRECTA, TRATÁNDOSE DE CONTROVERSIAS QUE AFECTEN AL ESTADO CIVIL, AL ORDEN Y ESTABILIDAD DE LA FAMILIA O A MENORES O INCAPACES.", puesto que apreciada dicha tesis en sentido contrario, implica la obligación de cumplir con el citado principio cuando el acto de índole familiar sea de ejecución irreparable". Sobreseimiento que se hace extensivo al acto de ejecución reclamado al Juez Cuarto de lo Familiar del Distrito Judicial del Estado de Durango, pues no se cuestionó su constitucionalidad por vicios propios. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se Resuelve: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo número 12/2015-2, promovido por ******************** Calleros Miranda, contra los actos que reclamó de las autoridades señaladas como responsables. Notifíquese vía oficio a las autoridades responsables y personalmente a las demás partes. Así lo resolvió y firma Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, asistido de Jesús Alberto Rodríguez Flores, Secretario con quien actúa y da fe hasta hoy treinta de marzo de dos mil quince, fecha en que lo permitieron las labores de este órgano jurisdiccional. Doy fe.-

  4. Principal

    VISTO EL ESTADO DE LOS PRESENTES AUTOS DE LOS QUE SE ADVIERTE QUE LA PARTE QUEJOSA NO HIZO MANIFESTACIÓN ALGUNA EN RELACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO DADO A LA EJECUTORIA PRONUNCIADA EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO; Y TODA VEZ QUE SEGÚN SE ADVIERTE DE LA CERTIFICACIÓN ASENTADA POR LA SECRETARIA DE ESTE JUZGADO, HA TRANSCURRIDO EL TÉRMINO QUE SE LE CONCEDIÓ PARA TAL EFECTO. FINALMENTE, EL DIEZ DE OCTUBRE DE ESE MISMO AÑO, SE RECIBIÓ OFICIO SIGNADO POR LA DIRECTORA DEL CENTRO REGIONAL DE READAPTACIÓN SOCIAL FEMENIL, EN CIENEGUILLAS, ZACATECAS, MEDIANTE EL CUAL DIO CABAL CUMPLIMIENTO AL REQUERIMIENTO ANTES CITADO, Y PARA ACREDITAR DICHO EXTREMO REMITIÓ EL DIVERSO OFICIO S.S.P./DGPRS/VISIT/6962/2014, CON LO CUAL SE ORDENÓ DAR VISTA A LA QUEJOSA POR EL TÉRMINO DE TRES DÍAS A EFECTO DE QUE MANIFESTARA LO QUE A SU INTERÉS CONVINIERA; POR TANTO, TOMANDO EN CONSIDERACIÓN QUE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES ACATARON LOS EXTREMOS DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO EN LOS TÉRMINOS PRECISADOS EN PÁRRAFOS QUE ANTECEDEN; POR TANTO, ESTE JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE ZACATECAS, DECLARA CUMPLIDA LA SENTENCIA QUE OTORGÓ EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA DE LA UNIÓN; EN ESA VIRTUD, CON APOYO EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 196, PENÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO, ARCHÍVESE EL PRESENTE EXPEDIENTE COMO ASUNTO TOTALMENTE CONCLUIDO.

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