Jesús Madueña Molina

Expediente 764/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 10 actuaciones registradas, la última del 15 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
764/2023
Año
2023
Actuaciones
10
Última actuación
15/08/2023

Partes del expediente

  • Directora de Investigación de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa. Ciudad
  • Jesús Madueña Molina

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    En Culiacán, Sinaloa, quince de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio remitido por la Actuaria Judicial del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Segundo Circuito, el que informa la admisión del recurso de queja interpuesto por la Directora de Investigación de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad en contra del auto de cuatro de julio del año en curso dictada en el presente juicio de amparo y se estará a la espera de lo que resuelva la superioridad. Notifíquese.

  2. Principal

    Culiacán, Sinaloa, cuatro de agosto de dos mil veintitrés. Del estado que guardan los autos se advierte que está programada en este juicio la audiencia constitucional para este día. No obstante, se desprende que en auto de veinticinco de julio del año en curso se agregó el informe justificado rendido por la Directora de Investigación de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad y, el tres de los actuales se glosaron las copias de las constancias requeridas a la aludida autoridad responsable, por lo que trascurre el plazo de ocho días para que las partes se impongan del informe y estén en aptitud de preparar la defensa de sus intereses. Asimismo, con fundamento en el artículo 102 de la ley de la materia, se suspende el procedimiento de este juicio de amparo, hasta en tanto se resuelva el recurso interpuesto, por lo que este Juzgado de Distrito se reserva proveer hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. Notifíquese.

  3. Principal

    En Culiacán, Sinaloa, tres de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que surta los efectos que legalmente corresponda la comunicación signada por la Directora de Investigación de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, por medio de la cual, en cumplimiento a requerimiento efectuado por este Juzgado de Distrito, remite las copias certificadas de las constancias solicitadas; con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba la documental que remite la autoridad oficiante; sin perjuicio de hacer relación de dichas documentales en la audiencia constitucional. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Ramón Gustavo Grajeda Tello, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa, encargado del despacho en términos de los artículos 44 y 141, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorización comunicada mediante oficio CCJ/ST/2330/2023, de quince de mayo de dos mil veintitrés, signado por Karina Chimal Barrera como Secretaria Técnica de Comisión Permanente del Consejo de la Judicatura Federal, ante del licenciado José Leónides Miguel Santos Cortés, Secretario que da fe.

  4. Principal

    En Culiacán, Sinaloa, veinticinco de julio de dos mil veintitrés. Con vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés convenga, agréguese el informe justificado rendido por la Directora de Investigación de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, en el que señala son ciertos los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba documental la que se remite con el referido informe así como la presuncional legal y humana e instrumental de actuaciones. Con sustento en el numeral 117 de la citada legislación, con el informe y pruebas de referencia dese cuenta y hágase relación en la audiencia constitucional. Por lo anterior, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo en relación al 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, requiérase a la autoridad responsable Directora de Investigación de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, para que dentro del término de tres días, contados a partir de que tenga conocimiento del presente proveído, remita copias certificadas completas, legibles, debidamente foliadas, rubricadas, entreselladas y con certificación clara y precisa, de la totalidad de las constancias que sustentan el acto reclamado como son el oficio --, emitido en el --, de dos de junio de dos mil veintitrés, las notas periodísticas publicadas por los periódicos el veintiséis, veintisiete y veintiocho de abril del presente año, respectivamente, de las que se advierte los siguientes encabezados "Compró UAS $123 millones a red de empresas vinculadas con funcionaria de la Facultad de informática en 2022" (********************) "Compró UAS $123 millones a red empresas vinculadas con funcionaria de Informática en 2022" (********************) y "Apertura la ASE expediente para investigar compras millonarias a familiares de funcionaria de Informática de la UAS" (********************). Toda vez que se estiman necesarias para resolver el presente juicio de amparo, o bien manifieste su imposibilidad jurídica o material para hacerlo. Se le apercibe que de no hacerlo, se le aplicará multa equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización, en términos del decreto por el que reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 237, en relación con el diverso 259, ambos de la Ley de Amparo. Se hace del conocimiento de la autoridad requerida que no es excusa ni impedimento el hecho que si en las indagatorias de origen existe información de personas distintas a las quejosas que a su consideración al ser remitida se rompería el sigilo de la misma al tratarse de información "confidencial" y "reservada", con lo que pudiera decirse que se encuentra imposibilitado para ello, en atención a las consideraciones siguientes: En materia de acceso a la información pública gubernamental se debe tener presente lo dispuesto por el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, particularmente, el inciso A), fracción I, que dice: 6.- La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado. Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión. El Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet. Para tales efectos, el Estado establecerá condiciones de competencia efectiva en la prestación de dichos servicios. Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo se observará lo siguiente: A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases: I. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, la ley determinará los supuestos específicos bajo los cuales procederá la declaración de inexistencia de la información. La norma trascrita dispone en cuanto la protección de la información que se encuentre en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, ésta debe ser pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes; es decir, el precepto constitucional citado, en cuanto a este tópico, remite a la ley secundaria correspondiente. Al respecto, los ordinales 110 y 164, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, son del tenor siguiente: 110. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: I. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un propósito genuino y un efecto demostrable; II. Pueda menoscabar la conducción de las negociaciones y relaciones internacionales; III. Se entregue al Estado mexicano expresamente con ese carácter o el de confidencial por otro u otros sujetos de derecho internacional, excepto cuando se trate de violaciones graves de derechos humanos o delitos de lesa humanidad de conformidad con el derecho internacional; IV. Pueda afectar la efectividad de las medidas adoptadas en relación con las políticas en materia monetaria, cambiaria o del sistema financiero del país; pueda poner en riesgo la estabilidad de las instituciones financieras susceptibles de ser consideradas de riesgo sistémico o del sistema financiero del país, pueda comprometer la seguridad en la provisión de moneda nacional al país, o pueda incrementar el costo de operaciones financieras que realicen los sujetos obligados del sector público federal; V. Pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física; VI. Obstruya las actividades de verificación, inspección y auditoría relativas al cumplimiento de las leyes o afecte la recaudación de contribuciones; VII. Obstruya la prevención o persecución de los delitos; VIII. La que contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso deliberativo de los Servidores Públicos, hasta en tanto no sea adoptada la decisión definitiva, la cual deberá estar documentada; IX. Obstruya los procedimientos para fincar responsabilidad a los Servidores Públicos, en tanto no se haya dictado la resolución administrativa; X. Afecte los derechos del debido proceso; XI. Vulnere la conducción de los Expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado; XII. Se encuentre contenida dentro de las investigaciones de hechos que la ley señale como delitos y se tramiten ante el Ministerio Público, y XIII. Las que por disposición expresa de una ley tengan tal carácter, siempre que sean acordes con las bases, principios y disposiciones establecidos en la Ley General y esta Ley y no las contravengan; así como las previstas en tratados internacionales. 164. Los tribunales tendrán acceso a la información clasificada cuando resulte indispensable para resolver el asunto y hubiera sido ofrecida en juicio. Dicha información deberá ser mantenida con ese carácter y no estará disponible en el expediente judicial. El acceso se dará de conformidad con los protocolos previamente establecidos para la protección y resguardo de la información por parte de los sujetos obligados. De lo trascrito se obtiene que, en ningún caso se podrá hacer referencia a información confidencial relativa a los datos personales del inculpado, víctima u ofendido, así como testigos, servidores públicos o cualquier persona relacionada o mencionada en una indagatoria, además que, se cataloga como información reservada, entre otra, aquella cuya difusión pueda causar perjuicio a las actividades relacionadas con la persecución de los delitos; asimismo, del último de los preceptos en cita se desprende que los tribunales deberán tener acceso a la información reservada cuando resulte indispensable para resolver el asunto y hubiera sido ofrecida en juicio, información que no estará disponible en el expediente judicial. De igual forma, de conformidad con los artículos 80 y 87 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del numeral 2 de la Ley de Amparo, por la naturaleza de las copias o documentos expedidos por los funcionarios o autoridades, queda a cargo del juzgador de garantías la discrecionalidad en la guarda, custodia y difusión de las pruebas aportadas al juicio. En efecto, los artículos 80 y 87 del Código Federal de Procedimientos Civiles prevén lo siguiente: 80. Los tribunales podrán decretar, en todo tiempo, sea cual fuere la naturaleza del negocio, la práctica, repetición o ampliación de cualquier diligencia probatoria, siempre que se estime necesaria y sea conducente para el conocimiento de la verdad sobre los puntos controvertidos. En la práctica de esas diligencias, obrarán como lo estimen procedente, para obtener el mejor resultado de ellas, sin lesionar los derechos de las partes, y procurando en todo su igualdad. 87. El tribunal debe recibir las pruebas que le presenten las partes, siempre que estén reconocidas por la ley. Los autos en que se admita alguna prueba no son recurribles; los que la desechen son apelables en ambos efectos. Cuando la recepción de una prueba pueda ofender la moral o el decoro social, las diligencias respectivas podrán ser reservadas, según el prudente arbitrio del tribunal. En este sentido, en la parte que por ahora interesa, los preceptos transcritos señalan que, en la práctica de las diligencias, los tribunales actuarán como lo estimen procedente para obtener el mejor resultado de ellas, sin lesionar los derechos de las partes y procurando la igualdad; asimismo, que cuando la recepción de una prueba pueda ofender la moral o el decoro social, las diligencias respectivas podrán ser reservadas, según el prudente arbitrio del tribunal. Las anteriores disposiciones facultan la discrecionalidad en el manejo de las pruebas, por lo que las copias o documentos deben ser entregados por los funcionarios o autoridades directamente al juzgador, para que en ejercicio de dicha facultad las analice y valore, a fin de resolver la litis constitucional planteada. En esas condiciones, dada la naturaleza de la información requerida por el juez de amparo que pudiere resultar reservada, quedará a su cargo la discrecionalidad en la guarda, custodia y difusión de las pruebas aportadas al juicio, pues en términos de los artículos 80 y 87 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los tribunales están obligados a actuar como lo estimen procedente para obtener el mejor resultado de ellas, sin lesionar los derechos de las partes, y procurando en todo momento su igualdad; asimismo, cuando la recepción de prueba pueda ofender la moral o el decoro social, las diligencias respectivas podrán ser reservadas, según el prudente arbitrio de la autoridad responsable. Lo anterior, debido a que los preceptos aludidos facultan la discrecionalidad en el manejo de las constancias o pruebas, por lo que las copias o documentos deben ser entregados por los funcionarios o autoridades directamente al juzgador, para que en ejercicio de dicha facultad, las analice y valore, resolviendo la litis constitucional planteada. En este sentido, si bien es cierto que las actuaciones contenidas en las investigaciones por autoridades hacendarias de acuerdo a la ley son consideradas como información reservada; sin embargo, también lo es que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, es imperativo que los tribunales deben tener acceso a la información clasificada cuando resulte indispensable para resolver el asunto y hubiera sido ofrecida en juicio. Así, aun cuando la indagatoria de la que emanan los actos que se reclaman en el presente contradictorio federal contenga información reservada, en términos de los artículos 80 y 87 del Código Federal de Procedimientos Civiles los juzgadores deben ordenar lo conducente a fin de mantener la confidencialidad de esa información, mediante el resguardo de las copias que la autoridad le envíe. Además, la reserva de mérito debe ser ponderada frente al derecho fundamental que tiene la parte quejosa de la tutela judicial efectiva consagrado en los artículos 8 y 17 de la Constitución General de la República, los cuáles deben regir en todo procedimiento judicial, mayormente en los constitucionales, como el presente asunto. Con base en expuesto, a efecto de permitirle a las quejosas el acceso a la justicia en el juicio de amparo en que se actúa; la autoridad responsable deber (no es potestativo) remitir a este órgano de control constitucional las constancias e información indicadas. Lo anterior, al margen que, de considerarlo pertinente, este órgano de control constitucional podrá disponer mantener en la seguridad del Juzgado las constancias de mérito; empero, al alcance de la peticionaria del amparo para que haga valer lo que a su derecho e interés convenga en este juicio, con las salvedades correspondientes que este Juzgador imponga para efecto de no hacer nugatorio lo dispuesto por los artículos invocados en párrafos superiores, relacionados con la reserva existente en ley respecto a las averiguaciones previas. Al respecto ilustra a lo anterior la tesis I.1o.A.E.1 K (10a.), del Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, publicada en la página 1525, Libro 5, abril de dos mil catorce, tomo II, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, donde sostiene: INFORMACIÓN RESERVADA. CUANDO DE LAS CONSTANCIAS QUE SE ACOMPAÑEN AL INFORME JUSTIFICADO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO SE OBSERVE QUE LA REMITIDA CON ESA CLASIFICACIÓN COMPRENDE LOS ACTOS RECLAMADOS QUE DESCONOCE EL QUEJOSO, DEBE PERMITÍRSELE EL ACCESO A LA QUE SEA NECESARIA, A FIN DE QUE PUEDA HACER VALER LO QUE A SU DERECHO E INTERÉS CONVENGAN. El juicio de amparo indirecto se rige por sus propias reglas, en la medida en que se discuten violaciones a derechos fundamentales y debe primar un debido proceso que permita la tutela judicial efectiva, de modo que, cuando de las constancias que se acompañen al informe justificado se observe que la información remitida clasificada como reservada comprende los actos reclamados que desconoce el quejoso, debe permitírsele el acceso a la que sea necesaria, a fin de que pueda hacer valer lo que a su derecho e interés convengan, lo cual implica una reconsideración o revisión de los criterios de clasificación de la información, a efecto de conseguir este fin garantista. Además, la autoridad requerida de no cumplir con lo solicitado, podría incurrir en una conducta establecida como delito, como lo es el que se resista a cualquier modo de dar cumplimiento a los mandatos u órdenes dictadas en materia de amparo, conforme lo dispuesto por el artículo 262, fracción V, de la Ley de Amparo, ordinal que establece: 262. Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: [.] V. Fuera de los casos señalados en las fracciones anteriores, se resista de cualquier modo a dar cumplimiento a los mandatos u órdenes dictadas en materia de amparo. Además, la autoridad responsable podrá en la copia que remita, suprimir los datos sensibles y aquéllos que considere resguardarlos (testarlos para que no sean visibles) para el éxito de su investigación. A efecto de notificar este acuerdo, se autoriza el uso de la mensajería acelerada así como de cualquier medio electrónico para hacerle llegar el oficio correspondiente a la autoridad responsable, ello sin perjuicio de hacerlo por la vía ordinaria. Por último, se instruye al secretario encargado del trámite a fin que transcurrido el plazo concedido a la referida autoridad dé cuenta para proveer lo conducente. Notifíquese. Así lo acordó el licenciado Pedro Jara Venegas, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa, asistido del licenciado José Leónides Miguel Santos Cortés, Secretario que da fe.

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