Jesús Luis Caldelas Pérez
Expediente 154/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 22 actuaciones registradas, la última del 1 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 154/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 22
- Última actuación
- 01/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Jesús Luis Caldelas Pérez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 22.
- Incidental
Boca del Río, Veracruz, primero de octubre de dos mil veintiuno. Es un hecho notorio para el suscrito que en el juicio de amparo 154/2021, a que este incidente se contrae, se emitió un acuerdo que a la letra dice: Boca del Río, Veracruz, primero de octubre de dos mil veintiuno. Atento a la certificación que antecede y al estado procesal de autos, se advierte que concluyó el plazo de tres días otorgado a la parte quejosa y tercero interesada mediante proveído de diez de septiembre de dos mil veintiuno, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, sin que realizaran manifestación alguna. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, y de conformidad con lo ordenado en el aludido proveído, el suscrito emite la presente resolución, en la que después de analizar las constancias que obran en autos, declarará si la sentencia está cumplida o no, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. En primer término, cabe decir que en sentencia dictada el veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno, por una parte, se SOBRESEYÓ en el presente asunto y, por otra, se CONCEDIÓ el amparo y protección de la Justicia de la Unión a JOSÉ LUIS CALDELAS PÉREZ, para el efecto que: "[.] Por tanto, atendiendo al nuevo marco normativo de los derechos humanos, el derecho de acceso a la impartición de justicia y tomando en cuenta el interés superior del menor, se concede la protección constitucional solicitada, para el efecto de que la juez responsable: (Deje insubsistente únicamente la parte de la resolución reclamada, relativa a declarar sin materia de estudio la reclamación que hizo valer el demandado, debiendo dejar subsistente todo lo actuado en consecuencia, a partir de que se puso en conocimiento la medida de protección dictada en favor de la menor de iniciales S.C.G. así como las medidas de protección y las convivencias fijadas para la menor involucrada con cada uno de sus progenitores no custodios. ( En su lugar, emita otra, en la que revoque dicha parte considerativa de la resolución impugnada y, con el material probatorio y a luz de las constancias que obren en esos autos, con plenitud de jurisdicción, se pronuncie de nueva cuenta respecto a la reclamación hecha valer por el demandado, de la cual se advierta el estudio de idoneidad de la persona (madre o padre) o, a quien considere que deba detentar la guarda y custodia de la menor de iniciales S.C.G. conforme a los lineamientos marcados en esta sentencia. Ello, con independencia de que obre en autos un escrito de diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, por el cual las partes (actor y demandado) quejoso y tercero interesada en el presente asunto, por el cual propusieron de común acuerdo a una diversa persona para el depósito judicial de la menor de iniciales S.C.G. de lo cual ya no se advierte si a la fecha se llevó a cabo el mismo, de ser el caso, al momento de pronunciarse de nueva cuenta, y sólo si del nuevo estudio realizado por la juez responsable, considera que ninguno de los progenitores es apto para tener la guarda y custodia de la referida menor, deberá dejar subsistente dicho depósito haciendo la justificación respectiva, de lo contrario, debiendo observar y dictar todas las medidas y providencias que el caso amerita según los protocolos de actuación relativos, dicha menor deberá ser reintegrada a su madre o su padre. [.]" En esas condiciones, mediante proveído de veinticinco de agosto de dos mil veintiuno, causó ejecutoria la referida sentencia y se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Así, mediante proveído de diez de septiembre de dos mil veintiuno, se ordenó dar vista a la parte quejosa y tercero interesada, con las constancias remitidas por la responsable, con base en las cuales se pronuncia la presente resolución. De las referidas constancias, se advierte que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos. Lo anterior es así, toda vez que con oficio 2328/2021, la autoridad responsable Juez Segundo de Primera Instancia, con residencia en San Andrés Tuxtla, Veracruz, remitió copia certificada del auto de seis de septiembre de dos mil veintiuno, del que se advierte que dejó insubsistente la resolución pronunciada en tres de marzo de dos mil veintiuno, dictada en el expediente 180/2020-IV del índice del extinto Juzgado Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, actualmente 1435/2021-VII, promovido por Azucena García Pérez, en representación de su menor hija de identidad reservada, de iniciales S.C.G., procediendo a dictar una nueva resolución, en base a las siguientes consideraciones. En primer término, procedió a tomar en consideración las manifestaciones hechas valer por el demando y por la actora, analizando el depósito judicial decretado, en apego a lo dispuesto por los artículos 1 y 4 de la Constitución Federal, supliendo la queja a favor de la menor de referencia. Asimismo, llevó a cabo un análisis de las constancias procesales que integran el juicio de origen, que son: La carpeta de investigación UIPJ/DJ-XIX/F1/ESP/661/2020 del índice de la Fiscalía Primera Especializada en la Investigación de Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas, Niños y de Trata de Personas de la Unidad Integral de Procuración de Justicia de XIX Distrito Judicial en San Andrés Tuxtla, Veracruz, dentro de la que se ordenó al Procurador Municipal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Municipio de Catemaco, Veracruz, que resguardara a la menor identificada con las siglas S.C.G., en un albergue y la mantuviera a su disposición, así como informara el lugar donde permanecería dicha menor durante el tiempo de la medida decretada. La audiencia de escucha de diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, en la que estuvieron presentes la actora, el demando, el Procurador Municipal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de Catemaco, Veracruz, la menor identificada con iniciales S.C.G., en compañía de la ciudadana Loreni Aylin Taxilaga Santos y la Fiscal de la adscripción del psicólogo responsable del Centro de Convivencia Familiar, en la cual a fin de proteger el bienestar y sobre todo, la integridad de la menor de que se trata, se ordenó librar oficio a la Fiscalía Primera Especializada en la Investigación de Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas, Niños y Trata de Personas en la Unidad Integral de Procuración de Justicia de ese distrito, para que informara respecto del estado que guardan las carpetas de investigación UIPJ/DJ-XIX/F-1-ESP/431/2020 y UIPJ/DJ-XIX/F-1-ESP/661/2020 si el procurador ha informado sobre los cuidados, situación física y emocional de la misma, por qué motivo la menor de identidad resguardada se encuentra en un inmueble ajeno a las instancias correspondientes (CONECALLI), quien solventa los gatos inherentes al cuidado y resguardo de la menor, en virtud de que la medida dictada por la fiscalía había fenecido el quince de marzo de la presente anualidad. La diligencia de inspección judicial de dieciocho de marzo de dos mil veintiuno, en el domicilio de resguardo de la menor, en donde se detalló que el lugar estaba en condiciones idóneas para albergarla, que al cuestionar a las personas que atendieron la diligencia, señora Carmen Leal Luna y Marivel Carrasco Hernández, propietaria y nana encargada de cuidarla, según informe requerido dentro de la carpeta de investigación UIPJ/DJ-XIX/F-1-ESP/661/2020, quienes desconocían quien era Loreni Aylin Taxilaga Santos, que a solicitud de la autoridad responsable, se estableció que fue la persona designada a cargo de la infante cuando fuera requerido las veinticuatro horas del día, al tener escasos dos años que necesita cuidados rigurosos, con experiencia necesaria al haber trabajado en instancias infantiles en la ciudad de Puebla. El informe de la Procuradora Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, en el que declaró la procedencia de que la infante pueda ser ingresada al Albergue Casa Asistencial Conecalli. La carpeta de investigación UIPJ/DJ-XIX/F-1-ESP/431/2020, de donde observó el dictamen médico del perito médico forense, en el asentó que tiene un año seis meses de edad, es impúber, sus esferas neurológicas normales de acuerdo a su edad, no presenta lesiones, por lo que no se clasifican respecto al rubro de integridad física, sin presencia de huellas de sometimiento, con datos clínicos del síndrome del niño maltratado, presenta desalineo, poco control y cuidado de la menor por parte de su madre, quien le permite meterse todos los objetos a la boca sin la precaución de limpiarlos y no limita las áreas de riesgo para la menor. La comparecencia del denunciado José Luis Caldelas Pérez dentro de la carpeta de investigación UIPJ/DJ-XIX/F-1-ESP/661/2020, en las que puso del conocimiento la posible comisión de hechos con apariencia del delito de carácter sexual en agravio de la menor identificada como niña 949-V, decretándose la medida de protección contenida en la fracción IX, del numeral 137, del Código Nacional de Procedimientos Penales, relativo al traslado de la víctima u ofendido a refugios o albergues temporales, así como de sus descendientes, en tanto se llevaran a cabo las diligencias necesarias y se conozca la verdad de los hechos, con una temporalidad de sesenta días prorrogables a treinta días más, de conformidad con el numeral 139 del ordenamiento legal citado, girando oficio al Procurador Municipal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del DIF Municipal de Catemaco, Veracruz. Dictamen pericial de integridad física, ginecológica y proctológica de la menor víctima, concluyendo el perito médico legista que la edad clínica concuerda con la cronológica de un año nueve meses de edad, no púber, por la edad que presenta la menor no se pueden valorar sus esferas neurológicas, respecto a la integridad física no se clasifican por no presentar lesiones, sin desfloración reciente, respecto al examen ginecológico con desfloración reciente y por cuanto al proctológico, sin lesiones recientes ni cicatrices antiguas, sin dato clínico de coito reciente; el auto de veinticinco de enero de dos mil veintiuno, dentro de dicha carpeta de investigación, en que determinó no ha lugar la reintegración de la menor de identidad reservada, al seno materno, ante la duda jurídica de si la menor ha sido violentada por alguno de sus progenitores en su esfera jurídica y personal, al haber sido víctima de un delito de carácter sexual cuando se encontraba bajo los cuidados de sus progenitores, manteniendo a la infante bajo el resguardado decretado, mismo que prorrogo por treinta días más, el catorce de marzo de este año. La denuncia formulada por el licenciado Jesús Julián Leal Luna, Procurador Municipal de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes del Municipio de Catemaco, Veracruz, como responsable del resguardo de la menor de edad a que este asunto se refiere, dentro de la carpeta de investigación UIPJ/D-XIX/F1-ESP/661/2020. El escrito signado por los contendientes, de diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, en el que proponen el resguardo provisional de su menor hija a favor de Ana Gabriela Hernández Caldelas, familiar paterno de la infante, ratificado en esa misma fecha, ordenandose la diligencia de cercioramiento de la casa propuesta a fin de decidir lo mas benéfico por haber fenecido la prórroga decretada por la fiscalía investigadora respectiva, misma que fue llevada a cabo el doce de abril de ese año, ordenando su notificación para la aceptación del cargo conferido. Despacho diligenciado del Juzgado Municipal de Catemaco, Veracruz, en el que se constató que el señor José Luis Caldelas Pérez, si acudía a sus citas para convivir con su menor hija, en tanto que la progenitora no fue regular en las visitas programadas para convivir con su pequeña hija. Resolución de catorce de mayo de dos mil veintiuno, en la que se decretó el depósito judicial solicitado por los pleitistas, respecto de su menor hija a favor de Ana Gabriela Hernández Caldelas, al considerarla adecuada ante el posible riesgo que podría representar el entorno familiar paterno y/o materno, al no encontrarse plenamente acreditados los delitos que se les imputan, aceptando dicho cargo en fecha de dieciocho de mayo siguiente, decretándose convivencia provisional con cada uno de sus progenitores, limitando la convivencia en el domicilio del depósito, con la prohibición de que la menor abandone el domicilio donde se decretó su depósito, sin previa autorización de la depositaria judicial y esta informara a la autoridad judicial. Comparecencia de dieciocho de mayo pasado, en el que manifestó que Azucena García Pérez, se llevó a la niña sin su consentimiento, sin que supiera en donde está y en que condiciones, por lo que la autoridad responsable ordenó girar oficio denuncia de hechos relativos a la sustracción y/o retención de menores, cometida por la señora Azucena García Pérez, en agravio de su menor hija, girando las ordenes pertinentes para la investigación de los hechos, sin que activara la alerta ámbar que impuso. Seguidamente, tras el análisis de las constancias citadas, el Juez responsable consideró que existe causa para dejar insubsistente la medida de depósito judicial determinada en favor de la señora Azucena García Pérez (no obstante que por diversa resolución se hubiera fijado el depósito a favor de Ana Gabriela Hernández Caldelas) pues tanto de las carpetas de investigación iniciadas en contra de ambos padres, así como de la conducta errática desplegada por la citada progenitora, se desvirtúa que ésta resulte ser la persona idónea para salvaguardar la integridad física, psicológica y emocional de su menor hija, pues la menor ha sufrido indiciariamente del síndrome del niño maltratado y falta de cuidado por parte de la madre, aunado a la posible agresión sexual que la infante sufrió ya bajo el cuidado de su progenitora o progenitor, lo que además llevó a no considerar a ese último, como persona idónea para el cuidado y protección de su menor hija, no al menos por el momento, pues aún no existe evidencia del resultado de las carpetas de investigación, no obstante que la observación psicológica pudiera colocar a José Caldelas Pérez, como el más idóneo para procurar el sano desarrollo tanto físico, como psicológico y emocional de su menor hija aquí involucrada. Asimismo, hizo referencia al informe rendido por la Procuradora Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de Veracruz, Maestra Lutgarda Madrigal Valdés, de la casa asistencial Conecalli, considerando que dicho lugar resulta adecuado para albergar a la menor de edad para efecto de que se le brinde Educación Básica, atención psicológica, médica, con el propósito de salvaguardar su integridad física, psicológica y emocional. Así, dejó sin efectos la designación que como depositaria judicial se hiciera en la persona de Azucena García Pérez y la realizada a favor de Ana Gabriela Hernández Caldelas, al no justificar la primera de las mencionadas la necesidad urgente de la medida y, la segunda, al no tomar las debidas medidas de seguridad y protección respecto de la infante a su cargo, decretando la guarda y custodia de la infante, bajo la responsabilidad de la Maestra Lutgarda Madrigal Valdés, Procuradora Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de Veracruz, en la casa asistencial CONECALLI, limitando la convivencia materno-filial, dada la observación realizada por el psicólogo responsable de la CECOFAM de esa ciudad judicial, en la diligencia de quince de enero pasado, respecto del comportamiento y reacción de la menor al tener contacto con sus progenitores, aunado a la conducta desplegada por la madre, al sustraer a la menor de edad involucrada, ignorando por su parte su paradero y sobre todo respecto de las condiciones en las que se encuentre la menor de que se trata, que una vez que se logre recuperar a la citada infante, se ordenaran de inmediato los estudios psicológicos y socioeconómicos tanto de la actora en lo principal, demandada en reconvención, como del demandado principal, actor reconvencional, así como a los padres de estos últimos y sus hermanos, por ser las personas con las que existe proximidad o cercanía con la infante. Por lo que determinó que al momento de tenerse conocimiento sobre la recuperación de la menor, fijaría la convivencia familiar que se impone, procurando el bienestar de la menor involucrada, por lo que en su oportunidad y de ser procedente, se realizara el estudio psicológico ateniente. Asimismo, debido a que el Enlace Regional de Servicios Parciales en esa ciudad, no atendió lo solicitado mediante oficio 414/2020 de dieciocho de enero de dos mil veinte, dentro de la carpeta de investigación UIPJ/D-XIX/F1-ESP/431/2020 y el diverso 640/2021 de dos de febrero del presente año, dirigido al Director del Instituto de la Mujer, de esa ciudad, dentro de la diversa carpeta UIPJ/D-XIX/F1-ESP/661/2020, ordenando girar oficio a la fiscal a cargo para que informe el sentido de los comunicados que se le hayan rendido al respecto, respecto del examen toxicológico practicado al señor José Luis Caldelas Pérez, el seguimiento de las denuncias hechas por el licenciado Jesús Julián Leal Luna, Procurador Municipal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, de Catemaco, Veracruz, y Ana Gabriela Hernández Caldelas, respecto del posible abuso sexual y sustracción o retención de menores o incapaces, las pesquisas realizadas para dar con su paradero y si en su oportunidad activó la alerta Ámber para la búsqueda y localización de la citada infante; así como los avances de las carpetas de investigación iniciadas en contra de los contendientes, y por último, si ha iniciado acción alguna en contra de la ciudadana Ana Gabriela Hernández Caldelas, por la posible omisión de un deber de cuidado en agravio de la menor de referencia. En tales condiciones, de lo anteriormente expuesto se advierte que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo, esto es, dejó insubsistente la resolución reclamada, relativa a declarar sin materia de estudio la reclamación que hizo valer el demandado, emitiendo otra, en la que con el material probatorio y a luz de las constancias que obran en los autos del juicio de origen, con plenitud de jurisdicción, se pronunció de nueva cuenta respecto a la reclamación hecha valer por el demandado, de la cual se advierte el estudio de idoneidad de la persona que consideró debe detentar la guarda y custodia de la menor de iniciales S.C.G. conforme a los lineamientos marcados en la sentencia. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo y tercer párrafos de la Ley de Amparo, se declara QUE LA EJECUTORIA DE AMPARO ESTÁ CUMPLIDA EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS. Por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido, e insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión relativo, en el entendido que la presente resolución causará estado por ministerio de ley transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la ley de la materia, el cual tienen las partes para interponer el recurso de inconformidad, establecido en el diverso artículo 201 de la propia ley, sin necesidad de ulterior acuerdo. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General. Transcurridos tres años a partir de la fecha del presente proveído, previa acta que se elabore, transfiérase el juicio de amparo, al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una vez que transcurra el plazo antes referido, Centro de Documentación y Análisis proceda a la depuración. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, toda vez que, por una parte, se concedió la suspensión del acto reclamado, con fundamento en artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Finalmente, se estima innecesario conservar las constancias remitidas por la autoridad responsable 1. Juez Cuarto de Primera Instancia, Especializado en Materia Familiar del Distrito Judicial de San Andrés Tuxtla, Veracruz, en consecuencia, devuélvase a su lugar de origen el tomo que se formó, para los efectos legales conducentes. Notifíquese en términos de ley. Así lo proveyó y firma de manera electrónica el Juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la secretaria Genoveva Lecona Zamora, con quien actúa y da fe. En virtud de lo anterior, y toda vez que el cuaderno incidental es de carácter accesorio, se ordena su ARCHIVO junto con el cuaderno principal del que deriva. Notifíquese en términos de ley.Boca del Río, Veracruz, primero de octubre de dos mil veintiuno. Atento a la certificación que antecede y al estado procesal de autos, se advierte que concluyó el plazo de tres días otorgado a la parte quejosa y tercero interesada mediante proveído de diez de septiembre de dos mil veintiuno, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, sin que realizaran manifestación alguna. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, y de conformidad con lo ordenado en el aludido proveído, el suscrito emite la presente resolución, en la que después de analizar las constancias que obran en autos, declarará si la sentencia está cumplida o no, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. En primer término, cabe decir que en sentencia dictada el veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno, por una parte, se SOBRESEYÓ en el presente asunto y, por otra, se CONCEDIÓ el amparo y protección de la Justicia de la Unión a JOSÉ LUIS CALDELAS PÉREZ, para el efecto que: "[.] Por tanto, atendiendo al nuevo marco normativo de los derechos humanos, el derecho de acceso a la impartición de justicia y tomando en cuenta el interés superior del menor, se concede la protección constitucional solicitada, para el efecto de que la juez responsable: (Deje insubsistente únicamente la parte de la resolución reclamada, relativa a declarar sin materia de estudio la reclamación que hizo valer el demandado, debiendo dejar subsistente todo lo actuado en consecuencia, a partir de que se puso en conocimiento la medida de protección dictada en favor de la menor de iniciales S.C.G. así como las medidas de protección y las convivencias fijadas para la menor involucrada con cada uno de sus progenitores no custodios. ( En su lugar, emita otra, en la que revoque dicha parte considerativa de la resolución impugnada y, con el material probatorio y a luz de las constancias que obren en esos autos, con plenitud de jurisdicción, se pronuncie de nueva cuenta respecto a la reclamación hecha valer por el demandado, de la cual se advierta el estudio de idoneidad de la persona (madre o padre) o, a quien considere que deba detentar la guarda y custodia de la menor de iniciales S.C.G. conforme a los lineamientos marcados en esta sentencia. Ello, con independencia de que obre en autos un escrito de diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, por el cual las partes (actor y demandado) quejoso y tercero interesada en el presente asunto, por el cual propusieron de común acuerdo a una diversa persona para el depósito judicial de la menor de iniciales S.C.G. de lo cual ya no se advierte si a la fecha se llevó a cabo el mismo, de ser el caso, al momento de pronunciarse de nueva cuenta, y sólo si del nuevo estudio realizado por la juez responsable, considera que ninguno de los progenitores es apto para tener la guarda y custodia de la referida menor, deberá dejar subsistente dicho depósito haciendo la justificación respectiva, de lo contrario, debiendo observar y dictar todas las medidas y providencias que el caso amerita según los protocolos de actuación relativos, dicha menor deberá ser reintegrada a su madre o su padre. [.]" En esas condiciones, mediante proveído de veinticinco de agosto de dos mil veintiuno, causó ejecutoria la referida sentencia y se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Así, mediante proveído de diez de septiembre de dos mil veintiuno, se ordenó dar vista a la parte quejosa y tercero interesada, con las constancias remitidas por la responsable, con base en las cuales se pronuncia la presente resolución. De las referidas constancias, se advierte que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos. Lo anterior es así, toda vez que con oficio 2328/2021, la autoridad responsable Juez Segundo de Primera Instancia, con residencia en San Andrés Tuxtla, Veracruz, remitió copia certificada del auto de seis de septiembre de dos mil veintiuno, del que se advierte que dejó insubsistente la resolución pronunciada en tres de marzo de dos mil veintiuno, dictada en el expediente 180/2020-IV del índice del extinto Juzgado Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, actualmente 1435/2021-VII, promovido por Azucena García Pérez, en representación de su menor hija de identidad reservada, de iniciales S.C.G., procediendo a dictar una nueva resolución, en base a las siguientes consideraciones. En primer término, procedió a tomar en consideración las manifestaciones hechas valer por el demando y por la actora, analizando el depósito judicial decretado, en apego a lo dispuesto por los artículos 1 y 4 de la Constitución Federal, supliendo la queja a favor de la menor de referencia. Asimismo, llevó a cabo un análisis de las constancias procesales que integran el juicio de origen, que son: La carpeta de investigación UIPJ/DJ-XIX/F1/ESP/661/2020 del índice de la Fiscalía Primera Especializada en la Investigación de Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas, Niños y de Trata de Personas de la Unidad Integral de Procuración de Justicia de XIX Distrito Judicial en San Andrés Tuxtla, Veracruz, dentro de la que se ordenó al Procurador Municipal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Municipio de Catemaco, Veracruz, que resguardara a la menor identificada con las siglas S.C.G., en un albergue y la mantuviera a su disposición, así como informara el lugar donde permanecería dicha menor durante el tiempo de la medida decretada. La audiencia de escucha de diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, en la que estuvieron presentes la actora, el demando, el Procurador Municipal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de Catemaco, Veracruz, la menor identificada con iniciales S.C.G., en compañía de la ciudadana Loreni Aylin Taxilaga Santos y la Fiscal de la adscripción del psicólogo responsable del Centro de Convivencia Familiar, en la cual a fin de proteger el bienestar y sobre todo, la integridad de la menor de que se trata, se ordenó librar oficio a la Fiscalía Primera Especializada en la Investigación de Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas, Niños y Trata de Personas en la Unidad Integral de Procuración de Justicia de ese distrito, para que informara respecto del estado que guardan las carpetas de investigación UIPJ/DJ-XIX/F-1-ESP/431/2020 y UIPJ/DJ-XIX/F-1-ESP/661/2020 si el procurador ha informado sobre los cuidados, situación física y emocional de la misma, por qué motivo la menor de identidad resguardada se encuentra en un inmueble ajeno a las instancias correspondientes (CONECALLI), quien solventa los gatos inherentes al cuidado y resguardo de la menor, en virtud de que la medida dictada por la fiscalía había fenecido el quince de marzo de la presente anualidad. La diligencia de inspección judicial de dieciocho de marzo de dos mil veintiuno, en el domicilio de resguardo de la menor, en donde se detalló que el lugar estaba en condiciones idóneas para albergarla, que al cuestionar a las personas que atendieron la diligencia, señora Carmen Leal Luna y Marivel Carrasco Hernández, propietaria y nana encargada de cuidarla, según informe requerido dentro de la carpeta de investigación UIPJ/DJ-XIX/F-1-ESP/661/2020, quienes desconocían quien era Loreni Aylin Taxilaga Santos, que a solicitud de la autoridad responsable, se estableció que fue la persona designada a cargo de la infante cuando fuera requerido las veinticuatro horas del día, al tener escasos dos años que necesita cuidados rigurosos, con experiencia necesaria al haber trabajado en instancias infantiles en la ciudad de Puebla. El informe de la Procuradora Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, en el que declaró la procedencia de que la infante pueda ser ingresada al Albergue Casa Asistencial Conecalli. La carpeta de investigación UIPJ/DJ-XIX/F-1-ESP/431/2020, de donde observó el dictamen médico del perito médico forense, en el asentó que tiene un año seis meses de edad, es impúber, sus esferas neurológicas normales de acuerdo a su edad, no presenta lesiones, por lo que no se clasifican respecto al rubro de integridad física, sin presencia de huellas de sometimiento, con datos clínicos del síndrome del niño maltratado, presenta desalineo, poco control y cuidado de la menor por parte de su madre, quien le permite meterse todos los objetos a la boca sin la precaución de limpiarlos y no limita las áreas de riesgo para la menor. La comparecencia del denunciado José Luis Caldelas Pérez dentro de la carpeta de investigación UIPJ/DJ-XIX/F-1-ESP/661/2020, en las que puso del conocimiento la posible comisión de hechos con apariencia del delito de carácter sexual en agravio de la menor identificada como niña 949-V, decretándose la medida de protección contenida en la fracción IX, del numeral 137, del Código Nacional de Procedimientos Penales, relativo al traslado de la víctima u ofendido a refugios o albergues temporales, así como de sus descendientes, en tanto se llevaran a cabo las diligencias necesarias y se conozca la verdad de los hechos, con una temporalidad de sesenta días prorrogables a treinta días más, de conformidad con el numeral 139 del ordenamiento legal citado, girando oficio al Procurador Municipal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del DIF Municipal de Catemaco, Veracruz. Dictamen pericial de integridad física, ginecológica y proctológica de la menor víctima, concluyendo el perito médico legista que la edad clínica concuerda con la cronológica de un año nueve meses de edad, no púber, por la edad que presenta la menor no se pueden valorar sus esferas neurológicas, respecto a la integridad física no se clasifican por no presentar lesiones, sin desfloración reciente, respecto al examen ginecológico con desfloración reciente y por cuanto al proctológico, sin lesiones recientes ni cicatrices antiguas, sin dato clínico de coito reciente; el auto de veinticinco de enero de dos mil veintiuno, dentro de dicha carpeta de investigación, en que determinó no ha lugar la reintegración de la menor de identidad reservada, al seno materno, ante la duda jurídica de si la menor ha sido violentada por alguno de sus progenitores en su esfera jurídica y personal, al haber sido víctima de un delito de carácter sexual cuando se encontraba bajo los cuidados de sus progenitores, manteniendo a la infante bajo el resguardado decretado, mismo que prorrogo por treinta días más, el catorce de marzo de este año. La denuncia formulada por el licenciado Jesús Julián Leal Luna, Procurador Municipal de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes del Municipio de Catemaco, Veracruz, como responsable del resguardo de la menor de edad a que este asunto se refiere, dentro de la carpeta de investigación UIPJ/D-XIX/F1-ESP/661/2020. El escrito signado por los contendientes, de diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, en el que proponen el resguardo provisional de su menor hija a favor de Ana Gabriela Hernández Caldelas, familiar paterno de la infante, ratificado en esa misma fecha, ordenandose la diligencia de cercioramiento de la casa propuesta a fin de decidir lo mas benéfico por haber fenecido la prórroga decretada por la fiscalía investigadora respectiva, misma que fue llevada a cabo el doce de abril de ese año, ordenando su notificación para la aceptación del cargo conferido. Despacho diligenciado del Juzgado Municipal de Catemaco, Veracruz, en el que se constató que el señor José Luis Caldelas Pérez, si acudía a sus citas para convivir con su menor hija, en tanto que la progenitora no fue regular en las visitas programadas para convivir con su pequeña hija. Resolución de catorce de mayo de dos mil veintiuno, en la que se decretó el depósito judicial solicitado por los pleitistas, respecto de su menor hija a favor de Ana Gabriela Hernández Caldelas, al considerarla adecuada ante el posible riesgo que podría representar el entorno familiar paterno y/o materno, al no encontrarse plenamente acreditados los delitos que se les imputan, aceptando dicho cargo en fecha de dieciocho de mayo siguiente, decretándose convivencia provisional con cada uno de sus progenitores, limitando la convivencia en el domicilio del depósito, con la prohibición de que la menor abandone el domicilio donde se decretó su depósito, sin previa autorización de la depositaria judicial y esta informara a la autoridad judicial. Comparecencia de dieciocho de mayo pasado, en el que manifestó que Azucena García Pérez, se llevó a la niña sin su consentimiento, sin que supiera en donde está y en que condiciones, por lo que la autoridad responsable ordenó girar oficio denuncia de hechos relativos a la sustracción y/o retención de menores, cometida por la señora Azucena García Pérez, en agravio de su menor hija, girando las ordenes pertinentes para la investigación de los hechos, sin que activara la alerta ámbar que impuso. Seguidamente, tras el análisis de las constancias citadas, el Juez responsable consideró que existe causa para dejar insubsistente la medida de depósito judicial determinada en favor de la señora Azucena García Pérez (no obstante que por diversa resolución se hubiera fijado el depósito a favor de Ana Gabriela Hernández Caldelas) pues tanto de las carpetas de investigación iniciadas en contra de ambos padres, así como de la conducta errática desplegada por la citada progenitora, se desvirtúa que ésta resulte ser la persona idónea para salvaguardar la integridad física, psicológica y emocional de su menor hija, pues la menor ha sufrido indiciariamente del síndrome del niño maltratado y falta de cuidado por parte de la madre, aunado a la posible agresión sexual que la infante sufrió ya bajo el cuidado de su progenitora o progenitor, lo que además llevó a no considerar a ese último, como persona idónea para el cuidado y protección de su menor hija, no al menos por el momento, pues aún no existe evidencia del resultado de las carpetas de investigación, no obstante que la observación psicológica pudiera colocar a José Caldelas Pérez, como el más idóneo para procurar el sano desarrollo tanto físico, como psicológico y emocional de su menor hija aquí involucrada. Asimismo, hizo referencia al informe rendido por la Procuradora Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de Veracruz, Maestra Lutgarda Madrigal Valdés, de la casa asistencial Conecalli, considerando que dicho lugar resulta adecuado para albergar a la menor de edad para efecto de que se le brinde Educación Básica, atención psicológica, médica, con el propósito de salvaguardar su integridad física, psicológica y emocional. Así, dejó sin efectos la designación que como depositaria judicial se hiciera en la persona de Azucena García Pérez y la realizada a favor de Ana Gabriela Hernández Caldelas, al no justificar la primera de las mencionadas la necesidad urgente de la medida y, la segunda, al no tomar las debidas medidas de seguridad y protección respecto de la infante a su cargo, decretando la guarda y custodia de la infante, bajo la responsabilidad de la Maestra Lutgarda Madrigal Valdés, Procuradora Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de Veracruz, en la casa asistencial CONECALLI, limitando la convivencia materno-filial, dada la observación realizada por el psicólogo responsable de la CECOFAM de esa ciudad judicial, en la diligencia de quince de enero pasado, respecto del comportamiento y reacción de la menor al tener contacto con sus progenitores, aunado a la conducta desplegada por la madre, al sustraer a la menor de edad involucrada, ignorando por su parte su paradero y sobre todo respecto de las condiciones en las que se encuentre la menor de que se trata, que una vez que se logre recuperar a la citada infante, se ordenaran de inmediato los estudios psicológicos y socioeconómicos tanto de la actora en lo principal, demandada en reconvención, como del demandado principal, actor reconvencional, así como a los padres de estos últimos y sus hermanos, por ser las personas con las que existe proximidad o cercanía con la infante. Por lo que determinó que al momento de tenerse conocimiento sobre la recuperación de la menor, fijaría la convivencia familiar que se impone, procurando el bienestar de la menor involucrada, por lo que en su oportunidad y de ser procedente, se realizara el estudio psicológico ateniente. Asimismo, debido a que el Enlace Regional de Servicios Parciales en esa ciudad, no atendió lo solicitado mediante oficio 414/2020 de dieciocho de enero de dos mil veinte, dentro de la carpeta de investigación UIPJ/D-XIX/F1-ESP/431/2020 y el diverso 640/2021 de dos de febrero del presente año, dirigido al Director del Instituto de la Mujer, de esa ciudad, dentro de la diversa carpeta UIPJ/D-XIX/F1-ESP/661/2020, ordenando girar oficio a la fiscal a cargo para que informe el sentido de los comunicados que se le hayan rendido al respecto, respecto del examen toxicológico practicado al señor José Luis Caldelas Pérez, el seguimiento de las denuncias hechas por el licenciado Jesús Julián Leal Luna, Procurador Municipal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, de Catemaco, Veracruz, y Ana Gabriela Hernández Caldelas, respecto del posible abuso sexual y sustracción o retención de menores o incapaces, las pesquisas realizadas para dar con su paradero y si en su oportunidad activó la alerta Ámber para la búsqueda y localización de la citada infante; así como los avances de las carpetas de investigación iniciadas en contra de los contendientes, y por último, si ha iniciado acción alguna en contra de la ciudadana Ana Gabriela Hernández Caldelas, por la posible omisión de un deber de cuidado en agravio de la menor de referencia. En tales condiciones, de lo anteriormente expuesto se advierte que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo, esto es, dejó insubsistente la resolución reclamada, relativa a declarar sin materia de estudio la reclamación que hizo valer el demandado, emitiendo otra, en la que con el material probatorio y a luz de las constancias que obran en los autos del juicio de origen, con plenitud de jurisdicción, se pronunció de nueva cuenta respecto a la reclamación hecha valer por el demandado, de la cual se advierte el estudio de idoneidad de la persona que consideró debe detentar la guarda y custodia de la menor de iniciales S.C.G. conforme a los lineamientos marcados en la sentencia. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo y tercer párrafos de la Ley de Amparo, se declara QUE LA EJECUTORIA DE AMPARO ESTÁ CUMPLIDA EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS. Por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido, e insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión relativo, en el entendido que la presente resolución causará estado por ministerio de ley transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la ley de la materia, el cual tienen las partes para interponer el recurso de inconformidad, establecido en el diverso artículo 201 de la propia ley, sin necesidad de ulterior acuerdo. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General. Transcurridos tres años a partir de la fecha del presente proveído, previa acta que se elabore, transfiérase el juicio de amparo, al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una vez que transcurra el plazo antes referido, Centro de Documentación y Análisis proceda a la depuración. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, toda vez que, por una parte, se concedió la suspensión del acto reclamado, con fundamento en artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Finalmente, se estima innecesario conservar las constancias remitidas por la autoridad responsable 1. Juez Cuarto de Primera Instancia, Especializado en Materia Familiar del Distrito Judicial de San Andrés Tuxtla, Veracruz, en consecuencia, devuélvase a su lugar de origen el tomo que se formó, para los efectos legales conducentes. Notifíquese en términos de ley.Así lo proveyó y firma de manera electrónica el Juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la secretaria Genoveva Lecona Zamora, con quien actúa y da fe.
- Principal
IV. Con esta fecha se notifica por este conducto a la parte quejosa el proveído de uno de octubre de dos mil veintiuno, mismo que a la letra dice: Atento a la certificación que antecede y al estado procesal de autos, se advierte que concluyó el plazo de tres días otorgado a la parte quejosa y tercero interesada mediante proveído de diez de septiembre de dos mil veintiuno, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, sin que realizaran manifestación alguna. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, y de conformidad con lo ordenado en el aludido proveído, el suscrito emite la presente resolución, en la que después de analizar las constancias que obran en autos, declarará si la sentencia está cumplida o no, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. En primer término, cabe decir que en sentencia dictada el veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno, por una parte, se SOBRESEYÓ en el presente asunto y, por otra, se CONCEDIÓ el amparo y protección de la Justicia de la Unión a JOSÉ LUIS CALDELAS PÉREZ, para el efecto que: "[.] Por tanto, atendiendo al nuevo marco normativo de los derechos humanos, el derecho de acceso a la impartición de justicia y tomando en cuenta el interés superior del menor, se concede la protección constitucional solicitada, para el efecto de que la juez responsable: ?Deje insubsistente únicamente la parte de la resolución reclamada, relativa a declarar sin materia de estudio la reclamación que hizo valer el demandado, debiendo dejar subsistente todo lo actuado en consecuencia, a partir de que se puso en conocimiento la medida de protección dictada en favor de la menor de iniciales S.C.G. así como las medidas de protección y las convivencias fijadas para la menor involucrada con cada uno de sus progenitores no custodios. ? En su lugar, emita otra, en la que revoque dicha parte considerativa de la resolución impugnada y, con el material probatorio y a luz de las constancias que obren en esos autos, con plenitud de jurisdicción, se pronuncie de nueva cuenta respecto a la reclamación hecha valer por el demandado, de la cual se advierta el estudio de idoneidad de la persona (madre o padre) o, a quien considere que deba detentar la guarda y custodia de la menor de iniciales S.C.G. conforme a los lineamientos marcados en esta sentencia. Ello, con independencia de que obre en autos un escrito de diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, por el cual las partes (actor y demandado) quejoso y tercero interesada en el presente asunto, por el cual propusieron de común acuerdo a una diversa persona para el depósito judicial de la menor de iniciales S.C.G. de lo cual ya no se advierte si a la fecha se llevó a cabo el mismo, de ser el caso, al momento de pronunciarse de nueva cuenta, y sólo si del nuevo estudio realizado por la juez responsable, considera que ninguno de los progenitores es apto para tener la guarda y custodia de la referida menor, deberá dejar subsistente dicho depósito haciendo la justificación respectiva, de lo contrario, debiendo observar y dictar todas las medidas y providencias que el caso amerita según los protocolos de actuación relativos, dicha menor deberá ser reintegrada a su madre o su padre. [.]" En esas condiciones, mediante proveído de veinticinco de agosto de dos mil veintiuno, causó ejecutoria la referida sentencia y se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Así, mediante proveído de diez de septiembre de dos mil veintiuno, se ordenó dar vista a la parte quejosa y tercero interesada, con las constancias remitidas por la responsable, con base en las cuales se pronuncia la presente resolución. De las referidas constancias, se advierte que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos. Lo anterior es así, toda vez que con oficio 2328/2021, la autoridad responsable Juez Segundo de Primera Instancia, con residencia en San Andrés Tuxtla, Veracruz, remitió copia certificada del auto de seis de septiembre de dos mil veintiuno, del que se advierte que dejó insubsistente la resolución pronunciada en tres de marzo de dos mil veintiuno, dictada en el expediente 180/2020-IV del índice del extinto Juzgado Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, actualmente 1435/2021-VII, promovido por Azucena García Pérez, en representación de su menor hija de identidad reservada, de iniciales S.C.G., procediendo a dictar una nueva resolución, en base a las siguientes consideraciones. En primer término, procedió a tomar en consideración las manifestaciones hechas valer por el demando y por la actora, analizando el depósito judicial decretado, en apego a lo dispuesto por los artículos 1 y 4 de la Constitución Federal, supliendo la queja a favor de la menor de referencia. Asimismo, llevó a cabo un análisis de las constancias procesales que integran el juicio de origen, que son: La carpeta de investigación UIPJ/DJ-XIX/F1/ESP/661/2020 del índice de la Fiscalía Primera Especializada en la Investigación de Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas, Niños y de Trata de Personas de la Unidad Integral de Procuración de Justicia de XIX Distrito Judicial en San Andrés Tuxtla, Veracruz, dentro de la que se ordenó al Procurador Municipal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Municipio de Catemaco, Veracruz, que resguardara a la menor identificada con las siglas S.C.G., en un albergue y la mantuviera a su disposición, así como informara el lugar donde permanecería dicha menor durante el tiempo de la medida decretada. La audiencia de escucha de diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, en la que estuvieron presentes la actora, el demando, el Procurador Municipal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de Catemaco, Veracruz, la menor identificada con iniciales S.C.G., en compañía de la ciudadana Loreni Aylin Taxilaga Santos y la Fiscal de la adscripción del psicólogo responsable del Centro de Convivencia Familiar, en la cual a fin de proteger el bienestar y sobre todo, la integridad de la menor de que se trata, se ordenó librar oficio a la Fiscalía Primera Especializada en la Investigación de Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas, Niños y Trata de Personas en la Unidad Integral de Procuración de Justicia de ese distrito, para que informara respecto del estado que guardan las carpetas de investigación UIPJ/DJ-XIX/F-1-ESP/431/2020 y UIPJ/DJ-XIX/F-1-ESP/661/2020 si el procurador ha informado sobre los cuidados, situación física y emocional de la misma, por qué motivo la menor de identidad resguardada se encuentra en un inmueble ajeno a las instancias correspondientes (CONECALLI), quien solventa los gatos inherentes al cuidado y resguardo de la menor, en virtud de que la medida dictada por la fiscalía había fenecido el quince de marzo de la presente anualidad. La diligencia de inspección judicial de dieciocho de marzo de dos mil veintiuno, en el domicilio de resguardo de la menor, en donde se detalló que el lugar estaba en condiciones idóneas para albergarla, que al cuestionar a las personas que atendieron la diligencia, señora Carmen Leal Luna y Marivel Carrasco Hernández, propietaria y nana encargada de cuidarla, según informe requerido dentro de la carpeta de investigación UIPJ/DJ-XIX/F-1-ESP/661/2020, quienes desconocían quien era Loreni Aylin Taxilaga Santos, que a solicitud de la autoridad responsable, se estableció que fue la persona designada a cargo de la infante cuando fuera requerido las veinticuatro horas del día, al tener escasos dos años que necesita cuidados rigurosos, con experiencia necesaria al haber trabajado en instancias infantiles en la ciudad de Puebla. El informe de la Procuradora Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, en el que declaró la procedencia de que la infante pueda ser ingresada al Albergue Casa Asistencial Conecalli. La carpeta de investigación UIPJ/DJ-XIX/F-1-ESP/431/2020, de donde observó el dictamen médico del perito médico forense, en el asentó que tiene un año seis meses de edad, es impúber, sus esferas neurológicas normales de acuerdo a su edad, no presenta lesiones, por lo que no se clasifican respecto al rubro de integridad física, sin presencia de huellas de sometimiento, con datos clínicos del síndrome del niño maltratado, presenta desalineo, poco control y cuidado de la menor por parte de su madre, quien le permite meterse todos los objetos a la boca sin la precaución de limpiarlos y no limita las áreas de riesgo para la menor. La comparecencia del denunciado José Luis Caldelas Pérez dentro de la carpeta de investigación UIPJ/DJ-XIX/F-1-ESP/661/2020, en las que puso del conocimiento la posible comisión de hechos con apariencia del delito de carácter sexual en agravio de la menor identificada como niña 949-V, decretándose la medida de protección contenida en la fracción IX, del numeral 137, del Código Nacional de Procedimientos Penales, relativo al traslado de la víctima u ofendido a refugios o albergues temporales, así como de sus descendientes, en tanto se llevaran a cabo las diligencias necesarias y se conozca la verdad de los hechos, con una temporalidad de sesenta días prorrogables a treinta días más, de conformidad con el numeral 139 del ordenamiento legal citado, girando oficio al Procurador Municipal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del DIF Municipal de Catemaco, Veracruz. Dictamen pericial de integridad física, ginecológica y proctológica de la menor víctima, concluyendo el perito médico legista que la edad clínica concuerda con la cronológica de un año nueve meses de edad, no púber, por la edad que presenta la menor no se pueden valorar sus esferas neurológicas, respecto a la integridad física no se clasifican por no presentar lesiones, sin desfloración reciente, respecto al examen ginecológico con desfloración reciente y por cuanto al proctológico, sin lesiones recientes ni cicatrices antiguas, sin dato clínico de coito reciente; el auto de veinticinco de enero de dos mil veintiuno, dentro de dicha carpeta de investigación, en que determinó no ha lugar la reintegración de la menor de identidad reservada, al seno materno, ante la duda jurídica de si la menor ha sido violentada por alguno de sus progenitores en su esfera jurídica y personal, al haber sido víctima de un delito de carácter sexual cuando se encontraba bajo los cuidados de sus progenitores, manteniendo a la infante bajo el resguardado decretado, mismo que prorrogo por treinta días más, el catorce de marzo de este año. La denuncia formulada por el licenciado Jesús Julián Leal Luna, Procurador Municipal de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes del Municipio de Catemaco, Veracruz, como responsable del resguardo de la menor de edad a que este asunto se refiere, dentro de la carpeta de investigación UIPJ/D-XIX/F1-ESP/661/2020. El escrito signado por los contendientes, de diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, en el que proponen el resguardo provisional de su menor hija a favor de Ana Gabriela Hernández Caldelas, familiar paterno de la infante, ratificado en esa misma fecha, ordenandose la diligencia de cercioramiento de la casa propuesta a fin de decidir lo mas benéfico por haber fenecido la prórroga decretada por la fiscalía investigadora respectiva, misma que fue llevada a cabo el doce de abril de ese año, ordenando su notificación para la aceptación del cargo conferido. Despacho diligenciado del Juzgado Municipal de Catemaco, Veracruz, en el que se constató que el señor José Luis Caldelas Pérez, si acudía a sus citas para convivir con su menor hija, en tanto que la progenitora no fue regular en las visitas programadas para convivir con su pequeña hija. Resolución de catorce de mayo de dos mil veintiuno, en la que se decretó el depósito judicial solicitado por los pleitistas, respecto de su menor hija a favor de Ana Gabriela Hernández Caldelas, al considerarla adecuada ante el posible riesgo que podría representar el entorno familiar paterno y/o materno, al no encontrarse plenamente acreditados los delitos que se les imputan, aceptando dicho cargo en fecha de dieciocho de mayo siguiente, decretándose convivencia provisional con cada uno de sus progenitores, limitando la convivencia en el domicilio del depósito, con la prohibición de que la menor abandone el domicilio donde se decretó su depósito, sin previa autorización de la depositaria judicial y esta informara a la autoridad judicial. Comparecencia de dieciocho de mayo pasado, en el que manifestó que Azucena García Pérez, se llevó a la niña sin su consentimiento, sin que supiera en donde está y en que condiciones, por lo que la autoridad responsable ordenó girar oficio denuncia de hechos relativos a la sustracción y/o retención de menores, cometida por la señora Azucena García Pérez, en agravio de su menor hija, girando las ordenes pertinentes para la investigación de los hechos, sin que activara la alerta ámbar que impuso. Seguidamente, tras el análisis de las constancias citadas, el Juez responsable consideró que existe causa para dejar insubsistente la medida de depósito judicial determinada en favor de la señora Azucena García Pérez (no obstante que por diversa resolución se hubiera fijado el depósito a favor de Ana Gabriela Hernández Caldelas) pues tanto de las carpetas de investigación iniciadas en contra de ambos padres, así como de la conducta errática desplegada por la citada progenitora, se desvirtúa que ésta resulte ser la persona idónea para salvaguardar la integridad física, psicológica y emocional de su menor hija, pues la menor ha sufrido indiciariamente del síndrome del niño maltratado y falta de cuidado por parte de la madre, aunado a la posible agresión sexual que la infante sufrió ya bajo el cuidado de su progenitora o progenitor, lo que además llevó a no considerar a ese último, como persona idónea para el cuidado y protección de su menor hija, no al menos por el momento, pues aún no existe evidencia del resultado de las carpetas de investigación, no obstante que la observación psicológica pudiera colocar a José Caldelas Pérez, como el más idóneo para procurar el sano desarrollo tanto físico, como psicológico y emocional de su menor hija aquí involucrada. Asimismo, hizo referencia al informe rendido por la Procuradora Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de Veracruz, Maestra Lutgarda Madrigal Valdés, de la casa asistencial Conecalli, considerando que dicho lugar resulta adecuado para albergar a la menor de edad para efecto de que se le brinde Educación Básica, atención psicológica, médica, con el propósito de salvaguardar su integridad física, psicológica y emocional. Así, dejó sin efectos la designación que como depositaria judicial se hiciera en la persona de Azucena García Pérez y la realizada a favor de Ana Gabriela Hernández Caldelas, al no justificar la primera de las mencionadas la necesidad urgente de la medida y, la segunda, al no tomar las debidas medidas de seguridad y protección respecto de la infante a su cargo, decretando la guarda y custodia de la infante, bajo la responsabilidad de la Maestra Lutgarda Madrigal Valdés, Procuradora Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de Veracruz, en la casa asistencial CONECALLI, limitando la convivencia materno-filial, dada la observación realizada por el psicólogo responsable de la CECOFAM de esa ciudad judicial, en la diligencia de quince de enero pasado, respecto del comportamiento y reacción de la menor al tener contacto con sus progenitores, aunado a la conducta desplegada por la madre, al sustraer a la menor de edad involucrada, ignorando por su parte su paradero y sobre todo respecto de las condiciones en las que se encuentre la menor de que se trata, que una vez que se logre recuperar a la citada infante, se ordenaran de inmediato los estudios psicológicos y socioeconómicos tanto de la actora en lo principal, demandada en reconvención, como del demandado principal, actor reconvencional, así como a los padres de estos últimos y sus hermanos, por ser las personas con las que existe proximidad o cercanía con la infante. Por lo que determinó que al momento de tenerse conocimiento sobre la recuperación de la menor, fijaría la convivencia familiar que se impone, procurando el bienestar de la menor involucrada, por lo que en su oportunidad y de ser procedente, se realizara el estudio psicológico ateniente. Asimismo, debido a que el Enlace Regional de Servicios Parciales en esa ciudad, no atendió lo solicitado mediante oficio 414/2020 de dieciocho de enero de dos mil veinte, dentro de la carpeta de investigación UIPJ/D-XIX/F1-ESP/431/2020 y el diverso 640/2021 de dos de febrero del presente año, dirigido al Director del Instituto de la Mujer, de esa ciudad, dentro de la diversa carpeta UIPJ/D-XIX/F1-ESP/661/2020, ordenando girar oficio a la fiscal a cargo para que informe el sentido de los comunicados que se le hayan rendido al respecto, respecto del examen toxicológico practicado al señor José Luis Caldelas Pérez, el seguimiento de las denuncias hechas por el licenciado Jesús Julián Leal Luna, Procurador Municipal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, de Catemaco, Veracruz, y Ana Gabriela Hernández Caldelas, respecto del posible abuso sexual y sustracción o retención de menores o incapaces, las pesquisas realizadas para dar con su paradero y si en su oportunidad activó la alerta Ámber para la búsqueda y localización de la citada infante; así como los avances de las carpetas de investigación iniciadas en contra de los contendientes, y por último, si ha iniciado acción alguna en contra de la ciudadana Ana Gabriela Hernández Caldelas, por la posible omisión de un deber de cuidado en agravio de la menor de referencia. En tales condiciones, de lo anteriormente expuesto se advierte que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo, esto es, dejó insubsistente la resolución reclamada, relativa a declarar sin materia de estudio la reclamación que hizo valer el demandado, emitiendo otra, en la que con el material probatorio y a luz de las constancias que obran en los autos del juicio de origen, con plenitud de jurisdicción, se pronunció de nueva cuenta respecto a la reclamación hecha valer por el demandado, de la cual se advierte el estudio de idoneidad de la persona que consideró debe detentar la guarda y custodia de la menor de iniciales S.C.G. conforme a los lineamientos marcados en la sentencia. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo y tercer párrafos de la Ley de Amparo, se declara QUE LA EJECUTORIA DE AMPARO ESTÁ CUMPLIDA EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS. Por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido, e insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión relativo, en el entendido que la presente resolución causará estado por ministerio de ley transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la ley de la materia, el cual tienen las partes para interponer el recurso de inconformidad, establecido en el diverso artículo 201 de la propia ley, sin necesidad de ulterior acuerdo. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General. Transcurridos tres años a partir de la fecha del presente proveído, previa acta que se elabore, transfiérase el juicio de amparo, al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una vez que transcurra el plazo antes referido, Centro de Documentación y Análisis proceda a la depuración. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, toda vez que, por una parte, se concedió la suspensión del acto reclamado, con fundamento en artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Finalmente, se estima innecesario conservar las constancias remitidas por la autoridad responsable 1. Juez Cuarto de Primera Instancia, Especializado en Materia Familiar del Distrito Judicial de San Andrés Tuxtla, Veracruz, en consecuencia, devuélvase a su lugar de origen el tomo que se formó, para los efectos legales conducentes. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos sin mayor trámite el oficio y telegrama remitidos por el Juez Segundo de Primera Instancia, con residencia en San Andrés Tuxtla, Veracruz, toda vez que en auto de diez de septiembre de dos mil diecinueve, se tuvieron por recibidas las constancias con las que acredita el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
IV. Con esta fecha se notifica por este conducto a las partes quejosa y tercera interesada el proveído de diez del mes y año en curso, mismo que a la letra dice: Agréguese el oficio y anexo signado por el 1. Juez Segundo de Primera Instancia, en San Andrés Tuxtla, Veracruz; en atención a su contenido, téngasele remitiendo las constancias con las que considera haber dado cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En esas condiciones, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes quejosa y tercera interesada con el oficio y anexo de cuenta, por el plazo de tres días, contado a partir del día siguiente hábil al en que surta efectos la notificación que se les haga del presente proveído, para que manifiesten lo que a su interés legal convenga, para lo cual se les deberá entregar copia autorizada de las mencionadas constancias. Apercibidas las partes que de no hacer manifestación alguna al respecto, transcurrido el citado plazo, con desahogo de la vista o sin ella, este Juzgado Federal acordará lo que conforme a derecho proceda, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por las autoridades responsables.
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- Jesús Manuel Moreno Torres779/2018
- Jesús Manuel Pacheco Baxin171/2016
- Jesús Marcelina Enríquez Flores656/2018
- Jesús Marrufo Pérez1074/2014
- Jesús Martín Cázares Adame465/2020