Jesús Luevano Escalona
Expediente 122/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 36 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 122/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 36
- Última actuación
- 23/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Jesús Luevano Escalona
Actuaciones
Las 4 más recientes de 36.
- Principal
En Apizaco, Tlaxcala, veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. Estado de los autos Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, se advierte que en la caja de valores de este juzgado se encuentra el billete de depósito N 879456, expedido por el Banco del Bienestar, que ampara la cantidad de $3,000.00 (tres mil pesos 00/100, moneda nacional), a fin de garantizar la suspensión provisional que le fue concedida el nueve de marzo de dos mil veintiuno, el cual quedó registrado con número de orden 35/2021, en el respectivo libro de certificados de depósito. Asimismo, de la copia certificada del proveído de diez de noviembre de dos mil veintiuno, dentro de los autos del juicio de amparo del que deriva el presente incidente, se evidencia que el citado expediente se encuentra totalmente concluido. Ahora, tomando en consideración que el certificado de depósito fue exhibido en términos del artículo 166 de la Ley de Amparo, hágase su devolución al quejoso Jesús Luevano Escalona, debidamente endosado a su nombre, previa identificación, razón de recibo y firma que para debida constancia quede en autos. En consecuencia, hágase del conocimiento de la parte quejosa que deberá comparecer ante este órgano jurisdiccional para la devolución del referido billete de depósito, previa razón de recibo que obre en autos, lo que deberá realizar dentro de los dos años siguientes, contados a partir de la legal notificación del presente proveído; apercibido que de no presentarse a recogerlo en esa temporalidad, se hará efectivo a favor del erario federal, conforme a lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley de Tesorería de la Federación. Notifíquese, y personalmente al quejoso Jesús Luevano Escalona. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, quien actúa asistido de Carmen Esther Pérez Vargas, Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.
- Principal
En Apizaco, Tlaxcala, diez de noviembre de dos mil veintiuno. Causa ejecutoria sentencia Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el uno de octubre de dos mil veintiuno en la que se decretó el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, sin que las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de mérito ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Anotaciones en SISE y Libro de Gobierno. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Archivo Una vez que obren en autos las constancias de notificación del presente proveído, sin ulterior acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo interpretado a contrario sensu, envíese el presente juicio constitucional al ARCHIVO, toda vez que se encuentra totalmente concluido. Valoración del expediente. Se establece que el juicio de amparo es destruible, por ubicarse en el supuesto establecido en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado el veinticinco de marzo dos mil veinte, por haberse sobreseído en el juicio. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo 15 del citado Acuerdo General, una vez que transcurra el plazo de treinta días que dispone el artículo 21, deberá destruirse el expediente principal y remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Incidente de suspensión. Luego, tomando en consideración que en el incidente de suspensión se negó la medida provisional y definitiva, se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso c), del mismo Acuerdo; por tanto, el cuaderno original del incidente de suspensión es susceptible de destrucción. En consecuencia, una vez transcurrido el plazo de conservación precisado en el primer párrafo del artículo 21 del citado acuerdo (tres años), dentro de los treinta días siguientes a que se haya cumplido el término en comento deberá destruirse el citado incidente y remitirse el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. En diverso aspecto, como lo dispone el artículo 20, fracción II de dicho Acuerdo, el duplicado del incidente de suspensión podrá ser destruido una vez que transcurra el plazo de seis meses. Finalmente, realícense las anotaciones correspondientes en la carátula de los expedientes y en su momento en la relación que se integre para efectos de su transferencia o destrucción; asimismo, insértese copia certificada de este acuerdo en el cuaderno original y en el duplicado del incidente de suspensión, para constancia. Notifíquese. Así lo acordó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Carmen Esther Pérez Vargas, Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En Apizaco, Tlaxcala, siendo las trece horas con catorce minutos del uno de octubre de dos mil veintiuno, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio de amparo 122/2021-V, promovido por Jesús Luévano Escalona; en audiencia pública de derecho, Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, la declara abierta con fundamento en lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Amparo, ante el secretario Jorge Arciniega Alcaraz, sin la comparecencia personal de las partes ni de sus autorizados. RELACIÓN DE CONSTANCIAS. Enseguida, el Secretario con quien actúa hace relación de las constancias de autos y da cuenta con: La demanda de amparo; La legal vinculación del Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; Los informes justificados que rindieron las autoridades responsables: Juez Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla. Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula. Juez Cuarto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla. Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, por conducto de la Secretaria adscrita al mismo. Juez Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla. Juez de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Puebla. Juez Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla. Juez Noveno de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla. Delegada de la Fiscalía General de la República en el Estado de Puebla. Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla. Juez Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla. Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla. Juez Primero de Distrito en Materia Mercantil Especializado en Juicios de Cuantía Menor, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla. Juez Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla. Juzgado Octavo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, por conducto del Secretario adscrito al mismo. Juez Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla. Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, por conducto del Secretario adscrito al mismo. Todo lo anterior consta en autos. Asimismo, se hace constar que por auto de seis de mayo de dos mil veintiuno, se dio vista a la parte quejosa con un sobre devuelto por Correos de México, mediante el cual devolvió el oficio 4711/2021, dirigido a la autoridad responsable: 1) Titular de la Coordinación de Investigación y Persecución Penal Federal en el Estado de Puebla, a través de sus elementos de Policía a su mando. Por lo que se le otorgó un término de tres días a efecto de que manifestara lo que estimara conducente respecto a la inexistencia de dicha autoridad. En ese sentido, hago constar y certifico: que el plazo de tres días concedido a la parte quejosa para los efectos precisados, según acuerdo de seis de mayo de dos mil veintiuno, transcurrió como a continuación se representa: Parte Notificación Surte efectos Inicia y concluye término Días inhábiles en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo Quejosa 14 de mayo de 2021 (foja 42) 17 de mayo de 2021 18 al 20 de mayo de 2021 --- Por otro lado, el secretario CERTIFICA: 1.- Que no existen promociones pendientes por acordar recibidas hasta la fecha y hora señaladas para el desahogo de la presente audiencia , tanto de la Oficialía de Partes Común como de la Oficialía de Partes de este Juzgado de Distrito. 2.- El presente juicio de amparo se encuentra debidamente integrado, es decir, todas las partes están debidamente emplazadas y las constancias que remitieron las autoridades responsables se encuentran completas, en orden cronológico, certificadas, selladas y foliadas. Doy fe. El Juez acuerda: Se tiene por hecha la relación de las constancias de autos; además, en atención a que la parte quejosa no hizo manifestación alguna en torno a la vista que se le otorgó en proveído de seis de mayo del año en curso, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el mismo, y se tiene por inexistente la autoridad siguiente: Titular de la Coordinación de Investigación y Persecución Penal Federal en el Estado de Puebla, a través de sus elementos de Policía a su mando. Por lo que se ordena resolver el juicio por las autoridades legalmente vinculadas; continúese con la audiencia. Con lo anterior se cierra dicha etapa y se abre el período de pruebas. PERÍODO PROBATORIO. En este periodo, el Secretario da cuenta con las documentales remitidas por el Juez Primero de Distrito en Materia Mercantil Especializado en Juicios de Cuantía Menor, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, con su informe justificado. Asimismo, se hace constar que las demás partes no ofrecieron pruebas. El Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se admiten las documentales públicas de la autoridad responsable, las cuales se desahogan por su propia y especial naturaleza. Al no existir pruebas pendientes de desahogo se cierra la presente etapa. PERÍODO DE ALEGATOS Se abre la etapa de alegatos, en la que el Secretario hace constar que en el presente juicio de amparo, ninguna de las partes los formuló. El Juez acuerda: sin alegatos de las partes se cierra esta etapa. CONCLUSIÓN DEL ACTA Al no existir promoción pendiente de acordar y encontrándose debidamente integrado este expediente, se tiene por desahogada la presente audiencia constitucional y con fundamento en el artículo 124, de la Ley de Amparo, se procede a dictar la sentencia siguiente. S E N T E N C I A VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 122/2021-V del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, promovido por Jesús Luévano Escalona, por derecho propio; y, R E S U L T A N D O. PRIMERO. Demanda Mediante escrito presentado el ocho de marzo de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tlaxcala, Jesús Luévano Escalona, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Juez Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla y otras autoridades responsables, que consideró violatorios de los derechos humanos reconocidos por el orden constitucional y las garantías para su protección, contenidas en los artículos 1, 14, 16, 17 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite Por razón de turno conoció de la demanda este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, y en auto de nueve de marzo de dos mil veintiuno, se registró con el número 122/2021-V, se admitió a trámite, se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado, dio al Agente del Ministerio Público Federal adscrito la intervención que legalmente le compete y señaló fecha y hora para celebrar la audiencia constitucional. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Presupuestos procesales (competencia, procedencia y vía). Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala tiene competencia constitucional para conocer y resolver el presente juicio de conformidad con lo previsto en los artículos 94, 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La competencia por materia de este órgano de control constitucional tiene su fundamento en el artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en virtud de tratarse de un Juzgado de Distrito mixto, es decir, no tiene jurisdicción especial para conocer en específico de algunos de los asuntos a que se refieren los artículos 50 al 55 de la misma ley. La competencia por territorio tiene su fundamento en los artículos 35 y 38, de la Ley de Amparo, en virtud de que en el presente juicio de amparo fueron señalados como autoridades responsables todos los Jueces de Distrito en el Estado de Puebla, siendo que este órgano jurisdiccional resulta ser el del Circuito más cercano. Vía y procedencia. La vía y la procedencia del presente juicio de amparo indirecto tienen su fundamento en los artículos 2º y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, en virtud de que la parte quejosa reclama actos de imposible reparación, pues afectan un derecho sustantivo tutelado por la Constitución Federal, como lo es la libertad. Lo anterior, sin perjuicio de las causas de sobreseimiento o improcedencia que, en su caso, se puedan actualizar, lo cual se analizará más adelante en el considerando respectivo. SEGUDO. Fijación de los actos reclamados De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta necesario fijar con claridad y precisión en qué consisten los actos reclamados, para lo cual se atiende la tesis P.VI/2004, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XIX, abril de 2004, página 255, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". Del estudio íntegro de la demanda de amparo, en relación con las demás constancias que obran en el expediente, se advierte que la parte quejosa reclama de las autoridades señaladas como responsables, lo siguiente: La orden de aprehensión, así como su ejecución. Señalado el acto reclamado, por cuestión de técnica, se analizará la certeza o inexistencia del mismo, tal como lo estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada de rubro y texto siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS." TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados Primeramente, se debe precisar que al resolver la Contradicción de tesis 112/2008-PS, entre las sustentadas por el Segundo y Quinto Tribunales Colegiados, ambos en Materia Penal del Primer Circuito, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostuvo que, si durante la tramitación del juicio de garantías el juzgador tiene por inexistente a una autoridad responsable y esa circunstancia se determina en un acuerdo previo a la celebración de la audiencia constitucional, no procede decretar el sobreseimiento de los actos reclamados que se le atribuyen, pues con tal declaratoria ha quedado fuera del juicio, tan es así que en ese supuesto no se requiere su informe justificado ni se le notifican los actos realizados durante la tramitación del juicio; por lo que es innecesario pronunciarse en la sentencia respecto a los actos que se le imputan. Asimismo, sostuvo que en caso contrario ocurre si durante la tramitación del juicio, pese a la inexistencia de la autoridad señalada como responsable, el juzgador omite hacer un pronunciamiento previo a la celebración de la audiencia constitucional, pues en ese caso, al analizar la certeza de los actos, en los considerandos y resolutivos de la sentencia tendrá que declarar la inexistencia tanto de los actos como de la autoridad responsable correspondiente. Dichas consideraciones quedaron sintetizadas en la jurisprudencia 1a./J. 111/2008, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: Tomo XXIX, Marzo de 2009, Página 52, de rubro: "AUTORIDAD RESPONSABLE INEXISTENTE. SI EL JUEZ LA TIENE CON ESE CARÁCTER ANTES DE LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, NO PROCEDE DECRETAR EL SOBRESEIMIENTO DE LOS ACTOS RECLAMADOS QUE SE LE ATRIBUYEN.". En ese sentido, resultan inexistentes los actos reclamados atribuidos a las autoridades responsables: Juez Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla. Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula. Juez Cuarto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla. Juez Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla. Juez Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla. Juez de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Puebla. Juez Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla. Juez Noveno de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla. Delegada de la Fiscalía General de la República en el Estado de Puebla. Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla. Juez Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla. Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla. Juez Primero de Distrito en Materia Mercantil Especializado en Juicios de Cuantía Menor, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla. Juez Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla. Juez Octavo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla. Juez Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla. Juez Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla. Lo anterior, pues negaron su existencia al rendir su informe justificado, ello sin que el peticionario de garantías haya aportado alguna prueba para desvirtuar tales negativas. Consecuentemente, al ser inexistentes los actos reclamados debe decretarse el sobreseimiento en el juicio, atento a las siguientes consideraciones. El artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo establece: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y." El motivo de sobreseimiento previsto en dicho numeral prevé dos situaciones, la primera, la clara demostración de la inexistencia del acto reclamado y, la segunda, la falta de prueba de su existencia en la audiencia del juicio (cuando la responsable lo niega). Respecto de la primera, la "inexistencia" propiamente dicha, implica una prueba directa de que no existe el acto reclamado. En este sentido, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 57/95, estableció que la existencia del acto reclamado debe analizarse en relación con la fecha en la cual se presentó la demanda de amparo (lo que marca el inicio del juicio de garantías), por ello, si el acto es posterior a ese evento, debe concluirse que, al incoarse la acción constitucional, el acto reclamado era inexistente, atento a la primera hipótesis. De igual manera, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el amparo en revisión 469/94 determinó que la existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja. Criterio que se encuentra plasmado en la jurisprudencia 2a./J. 3/94 de rubro "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA." Tocante a la "falta de prueba de la existencia del acto", aunque es un principio generalmente reconocido en el derecho, en materia de cargas probatorias, que las negativas no son susceptibles de demostrarse; sin embargo, cuando en el juicio de amparo la autoridad responsable niega el acto reclamado, tal negativa puede ser desvirtuada por una prueba directa de la existencia de dicho acto. Luego, si no se aporta alguna prueba para demostrar que el acto reclamado existe, no cabe otra cosa que dar por concluido el juicio con el sobreseimiento por falta de materia. Aquí, debe hacerse hincapié en que la reversión de la carga de la prueba que impone la ley a la parte quejosa, parte de un supuesto, la afirmación de su inexistencia hecha por la autoridad señalada como responsable; en cambio, la falta de manifestación o informe, produce una presunción de certeza, según previene el párrafo tercero del artículo 117 de la Ley de Amparo. Por su parte, el artículo 75 tercer párrafo del ordenamiento referido, prevé: "El órgano jurisdiccional deberá recabar oficiosamente las pruebas rendidas ante la responsable y las actuaciones que estime necesarias para la resolución del asunto". El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 8/96, estableció que por virtud de una previsión de tal naturaleza, ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de amparo, sino también al Juez de Distrito para allegarse oficiosamente de todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que tienen con el acto reclamado, pues de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad del acto. Conviene destacar que la parte promovente del amparo puede aportar sus pruebas hasta la audiencia del juicio, por tanto, a pesar de la negativa de la autoridad o lo patente que pueda parecer la inexistencia, el juez de distrito debe reservar el sobreseimiento hasta el dictado de la resolución correspondiente, pues debe dar oportunidad a la parte quejosa de agotar su derecho de aportar prueba. Ahora bien, se estiman inexistentes los actos reclamados, toda vez que las autoridades responsables negaron su existencia, sin que la parte quejosa haya ofrecido prueba en contrario. No es obstáculo a lo anterior que el Juez Primero de Distrito en Materia Mercantil Especializado en Juicios de Cuantía Menor, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, anexo a su informe justificado haya remitido copia certificada del juicio ejecutivo mercantil oral 275/2020-I, promovido por Andrés Villalva Romero, en su carácter de endosatario en procuración de Grupo Jade Consultor y Constructor, sociedad anónima de capital variable, y de Jesús Luévano Escalona, en contra de Alejandro Marcocchio Romero; ya que no tienen relación alguna con el presente juicio de amparo, si se pondera que el acto reclamado consiste en la orden de aprehensión decretada en contra del quejoso. En ese contexto, es evidente que al resultar inexistentes los actos reclamados, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 74, 75, 124, 217 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo 122/2021-V, promovido por Jesús Luevano Escalona, contra los actos y autoridades responsables en términos del considerando tercero de esta sentencia. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Jorge Arciniega Alcaraz, Secretario de este Juzgado, quien autoriza y da fe. *pfl A continuación, Jorge Arciniega Alcaraz Secretario de este Juzgado CERTIFICA: Que la elaboración de la presente resolución corrió a cargo de la secretaria Patricia Flores Lobatón, responsable de la Mesa I y de la integración del presente expediente, mediante el sistema de trabajo a distancia, con motivo de la organización implementada en este órgano jurisdiccional y las reglas establecidas en el Acuerdo General 21/2020 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y la Circular SECNO/8/2021, emitida por la Secretaría de Creación de Nuevos Órganos. Doy fe.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, treinta de agosto de dos mil veintiuno. Se agrega oficio sin mayor proveído. Agréguese únicamente para que obre como corresponda el oficio signado por el Actuario Adscrito al Juzgado Primero de Distrito en el Estado, por el que remite el oficio del Secretario del Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, en virtud de que mediante acuerdo de veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno, se acordó lo conducente.
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