Jesús López Valdez

Expediente 1706/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 11 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2015.

Datos del expediente

Expediente
1706/2015
Año
2015
Actuaciones
11
Última actuación
23/11/2015

Partes del expediente

  • Jesús López Valdez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    En veintitrés de noviembre de dos mil quince, el Secretario de Juzgado licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, CERTIFICA Que el término de diez días que prevé el artículo 86 de la nueva Ley de Amparo, transcurrió para la parte quejosa del veintiséis de octubre al nueve de noviembre del año en curso, con exclusión de cuatro días por ser inhábiles, sin que se haya interpuesto el recurso de revisión en contra de la sentencia dictada por este juzgado el veintiuno de octubre de dos mil quince, dentro del juicio de amparo número 1706/2015.- DOY FE. En la misma fecha, se da cuenta al Juez con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos.- CONSTE. ZACATECAS, ZACATECAS, VEINTITRÉS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL QUINCE. Visto el estado que guardan los presentes autos y certificación de cuenta asentada por el Secretario adscrito a este Juzgado, en el sentido de que ha transcurrido el término de diez días que señala el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrida la sentencia dictada el veintiuno de octubre de dos mil quince, en la que por una parte se decretó el sobreseimiento en el presente juicio de garantías, y por otra se negó al quejoso el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados; en tal virtud, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley Reglamentaria en consulta, se declara que dicho fallo HA CAUSADO EJECUTORIA; por lo que en su oportunidad de conformidad con el artículo 196, penúltimo párrafo, de la Ley de la Materia, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Por otro lado, en su oportunidad y con fundamento en los puntos vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, por una parte se determina que el expediente principal SÍ ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN con excepción del escrito inicial de demanda, de la sentencia emitida en autos, y en su caso, de la ejecutoria correspondiente, y por otra parte, que el CUADERNO DUPLICADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN correspondiente al presente juicio de amparo, ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, dado que este Juzgado estima que no contienen valor jurídico o histórico por el cual deban conservarse; por tanto, guárdese por separado dicho cuaderno, para que una vez que transcurra el término de seis meses a que se refiere el citado punto vigésimo, se lleve a cabo su destrucción. De igual forma, de conformidad con lo previsto en el punto vigésimo primero, fracción III, última parte, del citado acuerdo General, se declara SÍ ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN EL ORIGINAL DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN en la inteligencia de que sólo deberán conservarse las constancias relativas a la resolución del otorgamiento de la suspensión, tomando en consideración que se trata de un cuaderno en el que por una parte se negó la suspensión y por otra se concedió la suspensión, de los actos reclamados. En consecuencia, agréguese este cuaderno al juicio de amparo en que se actúa. Una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. Devuélvase al juez responsable las constancias que remitió en apoyo a su informe justificado. NOTIFÍQUESE POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Así lo acordó y firma el licenciada Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario que autoriza. DOY FE. Sonia

  2. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL.- En la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, siendo las NUEVE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTIUNO DE OCTUBRE DE DOS MIL QUINCE, día y hora señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el presente juicio de garantías 1706/2015, estando en audiencia pública el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con la licenciada María Concepción García Jacobo, Secretaria que autoriza y da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, procedió a su celebración, sin contar con la asistencia personal de las partes. Acto seguido, la Secretaria da cuenta con el pedimento del Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado, registrado con el número 20861, en relación con el cual, el Juez acuerda: provéase lo conducente en la etapa respectiva. Enseguida, la Secretaria procede a dar lectura a las constancias que integran el presente juicio de garantías sin que sea necesario hacer mención expresa de ellas. Tiene aplicación a la tesis siguiente: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 151, primer párrafo, de la Ley de Amparo, es suficiente que en el acta de la audiencia se señale que se dio lectura a las constancias que obran en autos, para que se entienda que las documentales han -quedado relacionadas y recibidas en este acto, sin que sea necesario que se haga mención expresa de cada una de ellas". En relación con lo anterior, el Juez acuerda: Téngase por hecha la relación de constancias, por leídas las mismas y por rendido el informe justificado de las autoridades responsables Jueces Primero, Segundo y Tercero del Ramo Mercantil de la Capital, así como Coordinadora de las Centrales de Actuarios, Notificadores y Peritos del Poder Judicial del Estado; todos con sede en esta ciudad y por legalmente emplazado al presente juicio de amparo al tercero interesado Hospital San Agustín, S. A. de C. V., por conducto de su endosatario en procuración licenciado Gustavo J. Castanedo Viveros. A continuación, en el período de ofrecimiento y recepción de pruebas, la Secretaria da cuenta con las copias certificadas del juicio ejecutivo mercantil 472/2015, que remitió el Juez Primero del Ramo Mercantil de la Capital como justificación de sus actos; a lo que el Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 119, de la Ley de Amparo, se tienen por desahogadas de acuerdo a su propia y especial naturaleza las pruebas antes señaladas; luego, al no haber más pruebas pendientes por desahogar, se declara cerrado el período probatorio, y se pasa a la etapa de alegatos, en la que la Secretaria da cuenta con los formulados por el mencionado tercero interesado, por conducto de su endosatario en procuración, así como con el pedimento del Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado, por el que también vierte alegatos; los cuales el Juez tiene aquí por reproducidos como si a la letra se insertaran. Al no haber más alegatos que tener por reproducidos, se declara cerrada la etapa de alegatos. Finalmente, al no haber diligencias pendientes por desahogar, se levanta la presente Acta en términos del artículo 124 de la Ley de Amparo y se procede a dictar la resolución siguiente: V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 1706/2015; y, R E S U L T A N D O 1°. Demanda de amparo. En escrito presentado el ocho de septiembre de dos mil quince, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, JESÚS LÓPEZ VALDEZ y MARÍA SARA ESPARZA MORALES, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades, actos y por violación a los derechos fundamentales contenidos en los artículos constitucionales que enseguida se precisan. Autoridades Responsables JUEZ PRIMERO DEL RAMO MERCANTIL DE LA CAPITAL. JUEZ SEGUNDO DEL RAMO MERCANTIL DE LA CAPITAL. JUEZ TERCERO DEL RAMO MERCANTIL DE LA CAPITAL. CENTRAL DE ACTUARIOS Y NOTIFICACIONES DEL TRIBUNAL SUPEROIR DE JUSTICIA EN EL ESTADO DE ZACATECAS. Todos con sede en esta ciudad de Zacatecas. ACTOS RECLAMADOS: "IV.- EL ACTO RECLAMADO:- Que el día 7 de septiembre del año en curso, recibimos una llamada telefónica por parte de cuñada y hermana de nombre TERESA DE JESÚS LÓPEZ VALDEZ, quien vive en el mismo domicilio particular en el que habitamos, señalándonos que habían ido del juzgado sin saber cuál de esta Ciudad de Zacatecas, con el objeto de quitarnos nuestras pertenecías, sin lograr el mismo, sin dejarnos papel alguno en donde se ordenara dichos acontecimientos, por no encontrarnos en dicho lugar. Cabe aclarar que en nuestro domicilio ubicado en esta Ciudad de Zacatecas, se presentaron una persona que dijo ser actuario o notificador pretendiendo embargarnos o quitarnos las pocas pertenencias con las que contamos, pero no estuvimos presentes el día 7 de septiembre del año en curso, para lo cual a dicha persona lo atendió mi cuñada y hermana, sin que a la misma le dieran más información ni mucho menos le dejaran citatorio para tal efecto". Preceptos constitucionales que se estiman violados. La parte quejosa señaló como garantías individuales violadas, las contempladas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 2º. Trámite del procedimiento en el juicio de amparo. La demanda de garantías de referencia se turnó para su conocimiento a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, cuyo Titular en auto de nueve de septiembre de dos mil quince, ordenó su admisión y registro bajo expediente 1706/2015; se pidió informe justificado a las autoridades señaladas como responsables; se dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; se ordenó el emplazamiento de la parte tercero interesada; se fijó hora y día para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desahogó al tenor del acta que antecede y que forma parte integral de la presente resolución. C O N S I D E R A N D O I. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, tiene competencia legal para fallar en definitiva en el presente juicio de garantías, de conformidad con los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 y 54 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General número 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal por reclamarse actos que pretenden ejecutarse dentro de la demarcación territorial en que este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. II. Precisión y existencia del acto reclamado. II. 1. Precisión. Previo a establecer la certeza de los actos reclamados, debe precisarse cuáles son éstos, en términos de lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley de Amparo. Para tal efecto se atenderá a los lineamientos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en el sentido de analizar íntegramente la demanda con criterio amplio, no restrictivo para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance y contenido, pero prescindiendo de las calificativas sobre inconstitucionalidad que realice, en términos de las jurisprudencias P./J.40/2000 y P.VI/2004. En ese sentido, de una lectura integral del libelo constitucional y anexos que forman un todo, se advierte que los actos reclamados en la presente instancia constitucional, consisten en: El auto de exequendo dictado en el juicio mercantil ejecutivo 472/2015, del índice del Juzgado Primero del Ramo Mercantil de la Capital, así como su ejecución. II. 2. Inexistencia, certeza o presunción de los actos reclamados. Una vez determinados cuáles son los actos reclamados, por cuestión de técnica, a continuación se analizará la inexistencia o certeza de los mismos, tal y como lo estableció una anterior integración del Máximo Tribunal de la Nación en la tesis del rubro y texto siguientes: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACION LOGICA DE SUS CONSIDERANDOS. Del análisis del artículo 77 de la Ley de Amparo se desprende que el legislador estableció una prelación lógica en el orden de los considerandos que integran una sentencia, de manera que el juzgador, al dictarla, debe primero verificar si los actos reclamados existen o no, después cerciorarse si opera o no alguna causa de improcedencia o de sobreseimiento que impida someter, al juicio de constitucionalidad, los actos de autoridad existentes, y finalmente emitir criterio respecto de si éstos se ajustan o no a las garantías individuales contenidas en la Constitución Federal; y, en virtud de esa prelación, resulta incuestionable que cada uno de esos considerandos conservan autonomía y que la naturaleza de su vinculación es exclusivamente de carácter condicionante, pues no puede existir el posterior a falta del anterior. Además, debe destacarse que los considerandos que versan sobre la existencia de los actos reclamados y las causas de improcedencia o de sobreseimiento, constituyen meros requisitos de procedibilidad." II. 2. 1. Inexistencia. Los Jueces Segundo y Tercero del Ramo Mercantil de la Capital, en sus informes justificados que rindieron, negaron expresamente los actos reclamados que se les atribuyen. Asimismo, el Juez Primero del Ramo Mercantil de la Capital, negó la existencia de los actos reclamados, en lo referente al quejoso JESÚS LÓPEZ VALDEZ. Lo anterior, sin que la parte quejosa hubiera aportado prueba alguna para desvirtuar las negativas de que se trata, y sin que de las constancias que obran en autos se desprenda la existencia del auto de exequendo y su consecuente ejecución en cuanto a las autoridades y quejoso antes mencionados se refiere. En ese contexto, al no haberse demostrado la existencia de los mencionados actos reclamados; lo procedente es decretar, en cuanto a los mismos, el sobreseimiento respectivo, con apoyo en la fracción IV del artículo 63, de la Ley de Amparo vigente, que establece: "Artículo 63.- El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: . IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional;". Al respecto es aplicable la tesis del contenido siguiente: "ACTO RECLAMADO, NEGATIVA DEL. NO REQUIERE RAZONARSE. La autoridad responsable al negar la existencia del acto que se le atribuye, no necesita justificar o razonar su negativa.". De la misma manera sirve de apoyo el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia del tenor siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo.". II. 2. 2. Certeza: El Juez Primero del Ramo Mercantil de la Capital, al rendir su respectivo informe justificado manifestó que es cierto el acto que le reclama la parte quejosa. Resulta aplicable al caso, la jurisprudencia del rubro y texto siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Por su parte, la Coordinadora de las Centrales de Actuarios, Notificadores y Peritos del Poder Judicial del Estado, niega el acto de ejecución que se le atribuye, sin embargo el mismo debe tenerse como cierto, toda vez que del contenido de su informe justificado, se desprende que ya se pretendió realizar la diligencia encomendada en el auto de exequendo reclamado. Además, la existencia de los actos reclamados de que se trata, se corrobora con las fotocopias certificadas relativas al expediente 472/2015, que remitió el Juez Primero del Ramo Mercantil de la Capital, en apoyo de su informe como justificación de sus actos; documentales públicas a las que se les otorga valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según lo dispone el artículo 2° de esta última legislación. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 226 del rubro y texto siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO.- Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." III. Improcedencia del Juicio de Amparo. La procedencia del juicio de amparo es una cuestión de orden público y de estudio preferente previo a la materia del fondo del asunto, ya sea de oficio o por planteamiento de alguna de las partes, de conformidad con lo establecido en el artículo 62, de la Ley de Amparo y con la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA.- Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." Y sólo a manera de precisión, cabe indicar que el presente juicio de amparo es procedente, en virtud de que se reclama el auto de exequendo dictado dentro de un juicio ejecutivo mercantil, el cual constituye un acto de ejecución irreparable dentro de juicio. Apoya a lo anterior la jurisprudencia del epígrafe y contenido siguiente: "AUTO DE EXEQUENDO DICTADO EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. EN SU CONTRA PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO, AL CONSTITUIR UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DENTRO DEL JUICIO. Conforme al artículo 1,392 del Código de Comercio, presentada la demanda en la vía ejecutiva mercantil, acompañada del título ejecutivo, el juez dictará auto con efectos de mandamiento en forma para que el deudor sea requerido de pago, y en caso de que no pague se le embarguen bienes suficientes para cubrir la deuda, los gastos y las costas del juicio, poniéndolos bajo la responsabilidad del acreedor, en depósito de la persona nombrada por éste. Ahora bien, el auto con efectos de mandamiento en forma o auto de exequendo no tiene meros efectos declarativos, sino que implica la comprobación por parte del juez del cumplimiento de los requisitos para disponer la intimación de pago al deudor y, en su defecto, el embargo de sus bienes, es decir, dicho auto ordena la afectación de un bien o de un conjunto de bienes del demandado para asegurar cautelarmente la eventual ejecución de una pretensión de condena planteada en juicio y que el demandado no pueda disponer de él, lo cual procede incluso con la autorización para hacer uso de la fuerza pública y allanar el domicilio del deudor en caso de resistencia. Esto es, el auto de exequendo contiene un mandato que se concreta con la sola emisión de la orden de requerir el pago de un adeudo en el acto mismo del requerimiento y una amenaza consistente en la prevención al deudor de que si no efectúa el pago se le embargarán bienes suficientes para cubrir el adeudo y las costas, lo que no será motivo de análisis en la resolución que ponga fin al juicio, la cual sólo decidirá la suerte de la pretensión de fondo del asunto, ni se examinará en otro momento del juicio, pues el ejecutado únicamente podrá oponer excepciones después de realizados el emplazamiento y el embargo, y reclamar su monto o la calidad de la cosa embargada una vez cumplida la diligencia, pero sin poder reclamar, por ejemplo, la emisión del auto de exequendo con apoyo en un título que no traiga aparejada ejecución. Sobre tales premisas, se concluye que contra el auto de exequendo dictado en un juicio ejecutivo mercantil procede el amparo indirecto, en términos de la fracción IV del artículo 114 de la Ley de Amparo, sin esperar a que se practique el embargo, por constituir un acto de ejecución irreparable dentro del juicio, pues una vez ejecutada la orden, la impugnación del embargo sólo puede tener por efecto remediar vicios propios de éste, pero no la legalidad de la propia orden, que requiere como presupuesto estar fundada en un título que traiga aparejada ejecución. Lo anterior, porque tal perjuicio no es susceptible de reparación dentro del juicio, ni siquiera con la obtención de una sentencia favorable que levantara el embargo, ya que no podría restituirse al quejoso en la afectación sufrida por el tiempo en que éste estuvo en vigor, derivado del auto de exequendo ". IV. Litis Constitucional. IV. 1. Conceptos de violación. Es innecesario transcribir los conceptos de violación, al no ser un requisito exigido por el artículo 74 de la Ley de Amparo vigente, conforme lo dispone la tesis cuyo rubro y texto son: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer ". La parte quejosa, expresó como conceptos de violación los siguientes: Que el auto por el que se pretende quitarles sus pertenencias, que lo constituye, como ya se dijo, el auto de exequendo, dictado en contra de la quejosa María Sara Esparza Morales, y su ejecución viola en su perjuicio las garantías contenidas en los artículos 14 y 16 constitucionales, ya que se le pretende privar de sus bienes sin haber sido oída ni vencida en juicio, con lo que se le deja en completo estado de indefensión. IV. 2. Antecedentes y actos reclamados. Así, para una mejor intelección al asunto, y establecer un panorama de referencia, conviene destacar los antecedentes de los actos reclamados, los cuales emanan del juicio ejecutivo mercantil número 472/2015, del índice del Juzgado Primero Mercantil de la Capital, con sede en esta ciudad de Zacatecas; y en esencia son: Mediante escrito presentado el uno de junio de dos mil quince, en la Oficialía de Partes de Zacatecas, el aquí tercero interesado Hospital San Agustín, S. A. de C. V., por conducto de su endosatario en procuración, licenciado Gustavo J. Castanedo Viveros, compareció a demandar en la vía ejecutiva mercantil y en ejercicio de la acción cambiaria directa al aquí quejosa MARÍA SARA ESPARZA MORALES, en su carácter de obligada principal, sobre pago de pesos y otras prestaciones; demanda fue turnada al Juzgado Primero Mercantil de la Capital, la cual fue registrada con el número 472/2015. En auto de cuatro de junio de dos mil quince, se radicó la demanda, admitiéndose a trámite, por lo que se despachó auto de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento de la parte demandada. Proveído éste que constituye materia de reclamo en esta instancia constitucional. Los conceptos de violación formulados por la quejosa, son infundados, según se verá a continuación. En efecto, la parte quejosa aduce en esencia, que se violan en su perjuicio las garantías de audiencia, legalidad y seguridad jurídica consagradas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que se dictó auto de exequendo en su contra sin que se hubieran seguido las formalidades esenciales del procedimiento. Como se precisó en el considerando segundo de esta sentencia, el Juez Primero Mercantil de la Capital, reconoció que emitió un auto de exequendo en contra de la peticionaria del amparo antes mencionada; lo que se corrobora con las constancias relativas al expediente número 472/2015, de su índice, que adjuntó a su informe justificado; las que ya fueron valoradas en párrafos precedentes. Constancias de las que como quedó precisado, el mencionado juez responsable, admitió a trámite la demanda promovida en contra de la aludida quejosa María Sara Esparza Morales, como obligada principal; ordenó su emplazamiento, así como que se le requiriera el pago de todo lo reclamado, o en su defecto, señalaran bienes de su propiedad suficientes para garantizar las prestaciones reclamadas, los que debían quedar en depósito de la persona que bajo su responsabilidad señalara el actor. Ahora, no le asiste razón jurídica a la solicitante del amparo, cuando refiere que el acto reclamado vulnera en su perjuicio lo dispuesto por el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos por no haberse seguido las formalidades esenciales del procedimiento para su emisión. En efecto, el segundo párrafo del referido precepto constitucional, es del tenor literal siguiente: "Artículo 14.- . Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho." En el citado numeral, se consagra la garantía de audiencia a favor de los gobernados previo a la emisión de actos que los priven de sus derechos, propiedades o posesiones; destacando que si bien se refiere a actos privativos y no de molestia, lo cierto es que tal garantía no es exclusiva de los actos privativos, sino que también debe observarse en los actos de molestia, ya que en su emisión puede violarse tal garantía cuando no se observan las formalidades esenciales del procedimiento o cuando se aplican leyes retroactivas en perjuicio del gobernado. Por tanto, la garantía de audiencia se encuentra supeditada a su aplicación en el caso concreto, pues si se trata de actos privativos la audiencia debe ser previa, en caso contrario (acto de molestia), la audiencia puede ser incluso posterior a su emisión, ya que con tal acto no se persigue la privación de algún derecho, ni tiene efectos definitivos, sino que su única finalidad es variar una situación jurídica preexistente, que si bien puede afectar algún derecho integrado a la esfera jurídica del gobernado, no lo priva definitivamente de éste, sino que únicamente modifica los términos de su ejercicio. Lo anterior encuentra sustento en la Jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "ACTOS PRIVATIVOS Y ACTOS DE MOLESTIA. ORIGEN Y EFECTOS DE LA DISTINCIÓN. El artículo 14 constitucional establece, en su segundo párrafo, que nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho; en tanto, el artículo 16 de ese mismo Ordenamiento Supremo determina, en su primer párrafo, que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Por consiguiente, la Constitución Federal distingue y regula de manera diferente los actos privativos respecto de los actos de molestia, pues a los primeros, que son aquellos que producen como efecto la disminución, menoscabo o supresión definitiva de un derecho del gobernado, los autoriza solamente a través del cumplimiento de determinados requisitos precisados en el artículo 14, como son, la existencia de un juicio seguido ante un tribunal previamente establecido, que cumpla con las formalidades esenciales del procedimiento y en el que se apliquen las leyes expedidas con anterioridad al hecho juzgado. En cambio, a los actos de molestia que, pese a constituir afectación a la esfera jurídica del gobernado, no producen los mismos efectos que los actos privativos, pues sólo restringen de manera provisional o preventiva un derecho con el objeto de proteger determinados bienes jurídicos, los autoriza, según lo dispuesto por el artículo 16, siempre y cuando preceda mandamiento escrito girado por una autoridad con competencia legal para ello, en donde ésta funde y motive la causa legal del procedimiento. Ahora bien, para dilucidar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de un acto de autoridad impugnado como privativo, es necesario precisar si verdaderamente lo es y, por ende, requiere del cumplimiento de las formalidades establecidas por el primero de aquellos numerales, o si es un acto de molestia y por ello es suficiente el cumplimiento de los requisitos que el segundo de ellos exige. Para efectuar esa distinción debe advertirse la finalidad que con el acto se persigue, esto es, si la privación de un bien material o inmaterial es la finalidad connatural perseguida por el acto de autoridad, o bien, si por su propia índole tiende sólo a una restricción provisional." Ahora bien, en el caso, este órgano jurisdiccional estima que, contrario a lo argumentado por la quejosa en su demanda de garantías, con la emisión del acto que aquí se reclama, consistente en el auto de exequendo, la autoridad responsable no violó en su perjuicio las garantías de debido proceso legal a que alude el artículo 14 constitucional. Ello es así, pues contrario a lo que alega la impetrante del amparo, no se violan en su perjuicio las formalidades esenciales del procedimiento con la emisión de dicho acuerdo, en virtud de que, si bien se ordenó requerir a la parte demandada, el pago de las prestaciones reclamadas y en su defecto, se procediera al embargo y aseguramiento de bienes suficientes de su propiedad a efecto de garantizar aquéllas; lo cierto es que tal mandamiento se emitió por Juez competente, dentro de un procedimiento judicial, con motivo de un adeudo contraído por la demandada aquí quejosa, sustentado en un documento ejecutivo como lo es un pagaré, cuyo pago le fue reclamado por el actor ante el incumplimiento de sus obligaciones en los términos convenidos en dicho documento que se anexó a la demanda que motivó el juicio ejecutivo mercantil de origen; de lo que resulta que, hasta el momento procesal en que se emitió el auto cuya diligenciación reclama la quejosa, contrario a lo alegado, se observaron las formalidades para su emisión previstas en los artículos 1392 al 1396 del Código de Comercio, y con ello, las formalidades esenciales del procedimiento a que alude el artículo 14 de la Constitución General de la República. Aunado a lo anterior, tampoco se viola en perjuicio de la quejosa la garantía de previa audiencia, pues el auto de exequendo reclamado, no corresponde a actos privativos en virtud de que no se priva a la demandada definitivamente de algún derecho integrado a su esfera jurídica, sino que el auto de exequendo, se trata de un acto de molestia que tiene como finalidad que se siga un juicio en contra del gobernado y garantizar mediante el embargo, el pago de las prestaciones reclamadas basadas en título ejecutivo; y si bien se ordena el embargo de bienes, ello está expresamente permitido por el artículo 1392 del Código de Comercio, que dispone que una vez que se presente demanda acompañada de título ejecutivo ante el Juez competente, como en el caso, deberá dictarse auto con efectos de mandamiento en forma, para que el deudor sea requerido de pago, y no haciéndolo, se le embarguen bienes suficientes para cubrir la deuda, los gastos y costas, poniéndolos bajo la responsabilidad del acreedor, en depósito de persona nombrada por éste; por lo que al estar sujeto el embargo que en su caso se practique, a las resultas del juicio, no puede considerarse que éste sea de carácter definitivo, en virtud de que, en su caso, ello acontecerá una vez que el particular sea oído y vencido en el procedimiento en el que él es parte (pues también se ordena su emplazamiento) y podrá oponer las excepciones que le correspondan, y eventualmente, se emita una determinación en que se le prive definitivamente del bien o bienes embargados. Así, se insiste, si bien el embargo como medida de aseguramiento ocasiona limitación de los derechos de propiedad y posesión sobre determinados bienes muebles o inmuebles de la demandada, no es necesario que se decrete con audiencia previa del ejecutado, ya que, como antes se expuso, no constituye una privación definitiva de esos derechos, sino una medida provisional de aseguramiento, supeditada a la resolución de la controversia, por lo que no se encuentra inmensa dentro del respeto de la garantía de audiencia previa consagrada en el artículo 14 constitucional, pues ésta sólo opera tratándose de actos de privación definitivos; además, se justifica que el mencionado embargo se decrete atendiendo a su finalidad, que es la de garantizar el cumplimiento de una obligación preexistente contraída por el deudor. De ahí, que el auto de exequendo en que se contiene la orden que por esta vía se combate, no infringe en perjuicio del impetrante del amparo, la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 constitucional. Las anteriores consideraciones encuentran sustento, en la jurisprudencia que dice: "EMBARGO JUDICIAL. ES UNA MEDIDA CAUTELAR QUE NO IMPLICA UNA PRIVACIÓN DEFINITIVA DE DERECHOS POR LO QUE, PARA LA EMISIÓN DEL AUTO RELATIVO, NO RIGE LA GARANTÍA DE PREVIA AUDIENCIA. Conforme a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la garantía de previa audiencia prevista en el segundo párrafo del artículo 14 constitucional, únicamente rige respecto de los actos privativos, entendiéndose por éstos, aquellos que en sí mismos constituyen un fin, con existencia independiente, cuyos efectos de privación son definitivos y no provisionales o accesorios. Ahora bien, dado que el embargo judicial constituye una medida provisional encaminada al aseguramiento de bienes del deudor para garantizar, en tanto se resuelve en definitiva sobre la pretensión hecha valer, el pago de un crédito reclamado con base en un documento que lleva aparejada ejecución, debe considerarse que para la emisión del auto relativo -exequendo- no rige la garantía de previa audiencia. Lo anterior se corrobora por el hecho de que los efectos provisionales del citado auto quedan sujetos, en todo caso, a la tramitación normal del juicio de que se trate, en el que el deudor es parte y donde podrá excepcionarse, dictándose en el momento procesal oportuno la resolución correspondiente, la que sí podrá constituir un acto privativo." Así como, en la Jurisprudencia que dice: "MEDIDAS CAUTELARES. NO CONSTITUYEN ACTOS PRIVATIVOS, POR LO QUE PARA SU IMPOSICIÓN NO RIGE LA GARANTÍA DE PREVIA AUDIENCIA. Conforme a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la garantía de previa audiencia, establecida en el segundo párrafo del artículo 14 constitucional, únicamente rige respecto de los actos privativos, entendiéndose por éstos los que en sí mismos persiguen la privación, con existencia independiente, cuyos efectos son definitivos y no provisionales o accesorios. Ahora bien, las medidas cautelares constituyen resoluciones provisionales que se caracterizan, generalmente, por ser accesorias y sumarias; accesorias, en tanto la privación no constituye un fin en sí mismo; y sumarias, debido a que se tramitan en plazos breves; y cuyo objeto es, previendo el peligro en la dilación, suplir interinamente la falta de una resolución asegurando su eficacia, por lo que tales medidas, al encontrarse dirigidas a garantizar la existencia de un derecho cuyo titular estima que puede sufrir algún menoscabo, constituyen un instrumento no sólo de otra resolución, sino también del interés público, pues buscan restablecer el ordenamiento jurídico conculcado desapareciendo, provisionalmente, una situación que se reputa antijurídica; por lo que debe considerarse que la emisión de tales providencias no constituye un acto privativo, pues sus efectos provisionales quedan sujetos, indefectiblemente, a las resultas del procedimiento administrativo o jurisdiccional en el que se dicten, donde el sujeto afectado es parte y podrá aportar los elementos probatorios que considere convenientes; consecuentemente, para la imposición de las medidas en comento no rige la garantía de previa audiencia." En las anotadas condiciones, al haber resultado infundados los conceptos de violación, lo procedente es negar el amparo y la protección que de la Justicia de la Unión solicitada, contra los actos que reclamó MARÍA SARA ESPARZA MORALES, del Juez Primero Mercantil de la Capital. Dicha negativa, debe hacerse extensiva a los actos de ejecución que se atribuyen a la Coordinadora de las Centrales de Actuarios, Notificadores y Peritos del Poder Judicial del Estado, en virtud de que no se reclama vicios propios de su ejecución, sino que su inconstitucionalidad la hace derivar de la orden que debe ejecutar. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia que dice: "AUTORIDADES EJECUTORAS. NEGACIÓN DE AMPARO CONTRA ORDENADORAS. Si el amparo se niega contra las autoridades que ordenan el acto violatorio de garantías, debe también negarse respecto de las señaladas sólo como ejecutoras, si no se les atribuyen por vicios propios." Por lo anteriormente expuesto y con apoyo además en los artículos 73, 74, 124 y 217 y demás relativos de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. SE SOBRESEE en el presente juicio de garantías, por lo que se refiere al quejoso JESÚS LÓPEZ VALDEZ, así como respecto a los actos reclamados por la diversa impetrante del amparo, de las autoridades precisadas en el punto II. 2. 1., del presente fallo. SEGUNDO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA, NI PROTEGE a MARÍA SARA ESPARZA MORALES, contra de los actos reclamados del Juez Primero Mercantil de la Capital y Coordinadora de las Centrales de Actuarios, Notificadores y Peritos del Poder Judicial del Estado, por las razones expuestas en el considerando último de este fallo. NOTIFÍQUESE POR LISTA A LAS PARTES Y POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Así lo resolvió y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con la Secretaria que autoriza, licenciada María Concepción García Jacobo. DOY FE.

  3. Principal

    El treinta de septiembre de dos mil quince, el Secretario de Juzgado licenciado Jorge Martín Zamora González, da cuenta al Juez, con un escrito registrado con el número 19330 y con la constancia de emplazamiento de dieciocho de septiembre de dos mil quince. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a treinta de septiembre de dos mil quince. Agréguese a sus autos para que obre como corresponda el escrito de cuenta signado por el licenciado Gustavo J. Castanedo Viveros, endosatario en procuracón del HOSPITAL SAN AGUSTÍN, S.A. DE C.V., en su carácter de tercero interesado, por tanto, con fundamento en el artículo 5°, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo vigente, téngasele por apersonado en el presente juicio de garantías. Asimismo, como también lo solicita el promovente en la constancia de emplazamiento y en su escrito de cuenta, se le tiene señalando como domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones, el ubicado en Avenida Morelos número quinientos diecisiete (517) zona centro, en esta ciudad y como autorizado para oír y recibir notificaciones al licenciado Álvaro Salcedo Gutiérrez, en términos del artículo 24 de la Ley de Amparo. Finalmente, con fundamento en el artículo 124 del ordenamiento legal en cita, téngasele formulando los alegatos que vierten en su escrito, con los que se ordena dar cuenta en el momento oportuno. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario que autoriza.- DOY FE. Sonia

  4. Incidental

    AUDIENCIA INCIDENTAL.- En la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIECISIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL QUINCE, día y hora señaladas para la celebración de la audiencia incidental relacionada con el juicio de amparo 1706/2015 el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, quien actúa con el licenciado Jorge Martín Zamora González Secretario que autoriza y da fe, encontrándose en audiencia pública, con fundamento en el artículo 144 de la Ley de Amparo, la declaró abierta, sin contar con la asistencia de las partes. Enseguida, el Secretario procede a relacionar las constancias que integran el presente incidente de suspensión entre las que destaca la copia de la demanda de garantías promovida por JESÚS LÓPEZ VALDEZ y MARÍA SARA ESPARZA MORALES y el informe previo rendido por los Jueces Primero, Segundo y Tercero, del Ramo Mercantil, y Coordinadora de las Centrales de Actuarios, Notificadores y Peritos del Poder Judicial del Estado de Zacatecas, todos del distrito judicial de la Capital, con sede en esta ciudad. A lo anterior, el Juez acuerda: Téngase por hecha la relación de constancias que antecede y por rendido el informe previo de las autoridades responsables Jueces Primero, Segundo y Tercero, del Ramo Mercantil, y Coordinadora de las Centrales de Actuarios, Notificadores y Peritos del Poder Judicial del Estado de Zacatecas, todos del distrito judicial de la Capital, con sede en esta ciudad. Acto continuo, se abre el periodo probatorio, sin que existan pruebas de las partes que recibir o tener por desahogadas, por lo que se cierra dicha etapa; y enseguida se pasa a la de alegatos, en la cual, el Secretario hace constar que ninguna de las partes los formuló; y al no haber más actuaciones y constancias que relacionar, se procede al dictado de la interlocutoria correspondiente. V I S T O S, para resolver, los autos del incidente de suspensión, relativo al juicio de amparo 1706/2015 y, R E S U L T A N D O: JESÚS LÓPEZ VALDEZ y MARÍA SARA ESPARZA MORALES, solicitaron la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados que hizo consistir en que las autoridades pretenden embargarle bienes de su propiedad. 2. Por auto de nueve de septiembre de dos mil quince, se proveyó respecto a la suspensión provisional solicitada, se requirió a las autoridades responsables su informe previo; y se citó a las partes a la audiencia incidental, la cual se desahogó al tenor del acta que antecede y que forma parte integral de la presente resolución. C O N S I D E R A N D O: I. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas es legalmente competente para resolver el presente incidente de suspensión, por tener competencia legal para conocer del juicio de garantías del cual deriva esta incidencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I y 107, fracciones VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, fracción I, 37, y 125 de la Nueva Ley de Amparo; y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. II. A efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 146 de la Ley de Amparo, el cual señala que la resolución que decida sobre la suspensión definitiva deberá contener la fijación clara y precisa del acto reclamado. Bajo esa tesitura, los actos reclamados en esta instancia esencialmente consisten en que las autoridades pretenden embargarle bienes de su propiedad. III. Las autoridades responsables Jueces Segundo y Tercero, ambos del Ramo Mercantil y Coordinadora de las Centrales de Actuarios, Notificadores y Peritos del Poder Judicial del Estado, todos del distrito judicial de la Capital, con sede en esta ciudad, al rendir su respectivo informe previo, negaron expresamente la existencia de los actos que les reclaman JESÚS LÓPEZ VALDEZ y MARÍA SARA ESPARZA MORALES. Por cuanto hace a la diversa autoridad Juez Primero del Ramo Mercantil del Distrito Judicial de la capital, con sede en esta ciudad, al rendir su respectivo informe previo, negó expresamente la existencia del acto reclamado por el quejoso JESÚS LÓPEZ VALDEZ. En atención a lo anterior y toda vez que la parte quejosa no ofreció ni aportó prueba alguna conducente a desvirtuar dichas negativas, lo procedente es negar la suspensión definitiva por lo que se refiere a las autoridades mencionadas en el párrafo que antecede, al no haber materia sobre la que pudiera decretarse, dada su inexistencia. Sirve de apoyo a lo anterior: "INFORME PREVIO.- Debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma y, consecuentemente, negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado al no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario.". IV. Son ciertos los actos que la quejosa MARÍA SARA ESPARZA MORALES reclama al Juez Primero del Ramo Mercantil de la Capital en esta ciudad, toda vez que en su informe previo que al efecto rindió, convino expresamente en su existencia. Ahora bien, como punto de partida, es pertinente señalar, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunas reglas que deben observar los juzgadores al momento de pronunciarse si la suspensión de los actos reclamados, entre ellas, la relativa a que debe atenderse a la forma en que los peticionarios del amparo solicitan la suspensión de los actos reclamados. Lo anterior encuentra sustento, en la tesis del rubro y texto siguiente: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA. CUANDO EL QUEJOSO ÚNICAMENTE SOLICITE LA MEDIDA CAUTELAR SOBRE LAS CONSECUENCIAS DE LOS ACTOS RECLAMADOS, EL JUEZ DE DISTRITO SOLAMENTE DEBE CONCEDER O NEGAR DICHA MEDIDA RESPECTO DE AQUÉLLAS.- De la interpretación armónica de la fracción I del artículo 124, en relación con el artículo 131, ambos de la Ley de Amparo, se advierte que para que el Juez de Distrito pueda pronunciarse sobre la concesión o negativa de la suspensión definitiva del acto reclamado, es requisito que el agraviado la haya solicitado expresamente. Ahora bien, cuando el quejoso solamente solicita la suspensión respecto de las consecuencias del acto reclamado, el Juez Federal debe resolver si concede o niega la suspensión definitiva, única y exclusivamente respecto de ellas, y cerciorarse previamente de la existencia de los actos reclamados a los que se les atribuyen, a fin de que el pronunciamiento que realice sobre la medida cautelar se sustente sobre actos ciertos." Hecha tal precisión, conviene tener presente que la parte quejosa reclama la pretensión de quitarles sus pertenencias, en su domicilio ubicado en calle del Auxilio número doscientos tres (203), colonia Bancomer, de esta ciudad. Atento a lo anterior, con apoyo en el segundo y tercer párrafo del artículo 130 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales: SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA DEL ACTO RECLAMADO PARA EL EFECTO DE QUE LAS COSAS SE MANTENGAN EN EL ESTADO QUE ACTUALMENTE GUARDAN Y NO SE EMBARGUEN BIENES RESPECTO DE LOS CUALES LA QUEJOSA MARÍA SARA ESPARZA MORALES, ACREDITE EN EL MOMENTO DE LA DILIGENCIA TENER LA PROPIEDAD; LO ANTERIOR, HASTA EN TANTO EXISTA RESOLUCIÓN FIRME QUE PONGA FIN AL JUICIO PRINCIPAL DEL QUE DERIVA ESTE INCIDENTE. La presente medida suspensional surte sus efectos desde luego, pero dejará de surtirlos si cada uno de los quejosos no otorga dentro del término de cinco días contados a partir de aquel en que queden legalmente notificados del presente proveído, conforme a lo dispuesto por el artículo 139 de la ley de la materia, garantía por la cantidad de $5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.), en billete de depósito, o bien, en cualquiera de las formas establecidas por la Ley, con motivo del retardo en el dictado del laudo en el juicio natural, en virtud de que no se produce ninguna afectación estimable en dinero, monto que se fija conforme a la facultad discrecional conferida por el artículo 132 de la Ley de Amparo vigente, ya que en la especie no se debe tomar en consideración la cuantía del negocio u otro elemento indicativo del valor de las prestaciones demandadas. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio que contiene la Trigésimo Novena Tesis que aparece publicada en la página 3333 Salas Comunes, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917- 1988, bajo el rubro y contenido siguientes: "SUSPENSION MONTO FIANZA.- De acuerdo con los artículos 125 y 173 de la Ley de Amparo, el criterio para fijar el monto de la garantía para conceder la suspensión queda al prudente arbitrio del funcionario judicial facultado legalmente para ello, limitado por las pruebas rendidas, según la importancia pecunaria de los daños y perjuicios que en la suspensión del acto reclamado y sus efectos, pudiera resentir el tercero perjudicado". Por lo expuesto y fundado, se resuelve: PRIMERO. SE NIEGA a JESÚS LÓPEZ VALDEZ Y MARÍA SARA ESPARZA MORALES la SUSPENSIÓN DEFINITIVA solicitada, respecto de los actos reclamados a las autoridades precisadas en el considerando tercero de esta interlocutoria. SEGUNDO. Para los efectos indicados en el considerando cuarto de la presente resolución, SE CONCEDE a MARÍA SARA ESPARZA MORALES la SUSPENSIÓN DEFINITIVA solicitada, respecto de los actos reclamados al Juez Primero del Ramo Mercantil del distrito judicial de la Capital en esta ciudad. Notifíquese mediante oficio a las autoridades responsables y por lista a las demás partes. Así lo resolvió y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa ante el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario que autoriza y da fe.

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