Jesus Lopez Leon
Expediente 4222/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 11 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 4222/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 11/07/2022
Partes del expediente
- Jesus Lopez Leon
Actuaciones
- Principal
Ciudad de México, once de julio de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede, como esta ordenado en auto de esta misma fecha dictado en el cuaderno principal, y en estricto acatamiento a lo resuelto por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, en el recurso de revisión 357/2020 de su índice; con fundamento en el artículo 138, fracción III de la Ley de Amparo, se requiere a la Secretaría de Bienestar, al Coordinador General de Programas para el Desarrollo de la Secretaría de Bienestar, a la Dirección General de Programación y Presupuesto "B", área dependiente de la Subsecretaría de Egresos, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Directora de Salud, Educación, Laboral, Fiscal y Financiero de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, de la Secretaría de Economía, para que rindan su informe previo, el cual deberán exhibir por duplicado dentro del plazo improrrogable de cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación del presente proveído. De conformidad con el artículo 140 de la Ley de Amparo, deberán concretarse a expresar si son o no ciertos los actos reclamados que se les atribuyen y podrán expresar las razones que estimen pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión. De igual manera, tendrán obligación de proporcionar los datos que tengan a su alcance que permitan al órgano establecer, en su caso, el monto de las garantías correspondientes. Asimismo, se requiere a las autoridades responsables para que acompañen a su informe previo cualquier documento que estimen necesario para que este juzgador se pronuncie sobre la suspensión definitiva; lo anterior, con fundamento en el artículo 143 de la Ley de Amparo. Con fundamento en el artículo 138, fracción II, de la Ley de Amparo se fijan las NUEVE HORAS CON DIECINUEVE MINUTOS DEL DIECIOCHO DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para la celebración de la audiencia incidental, a la cual podrán comparecer las partes, así como ofrecer pruebas documentales y de inspección judicial, y excepcionalmente, en términos de lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 143 de la propia ley, la testimonial en caso de que se reclamen actos previstos en el artículo 15 del ordenamiento citado. Ahora bien, atendiendo a lo resuelto por el Tribunal de Alzada, se tuvo por ampliada la demanda por los actos precisados en la ejecutoria como se advierte de la siguiente transcripción: "(.) En las relatadas circunstancias, lo procedente es revocar la sentencia recurrida y ordenar la reposición del procedimiento en el juicio constitucional, para el efecto de que el juez del conocimiento, realice lo siguiente: a) Deje insubsistente la audiencia constitucional celebrada el veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve, así como la sentencia dictada en esa misma fecha. b) Regularice el procedimiento para el efecto de que provea los actos que sean necesarios para integrar debidamente la Litis constitucional, para lo cual deberá: I. Requerir al Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, la constancia de notificación o pieza postal correspondiente al oficio 16556/2019 dirigido a la Secretaría de Bienestar, por el cual se le envió copia de la demanda de amparo a efecto de que pudiera rendir su informe justificado; o bien, dicte las providencias conducentes y necesarias para que obre dicha constancia en autos. II. En términos del artículo 111 de la Ley de Amparo, de oficio tenga por ampliada la demanda de derechos fundamentales, tanto por la menor de edad como por la responsable de la estancia infantil, aquí quejosas, al acudir éstos de manera conjunta a la vía constitucional, respecto de los siguientes actos y autoridades: El oficio 312.A.-00260 de veinte de febrero de dos mil diecinueve por el que se formuló la autorización presupuestaria correspondiente a las Reglas de Operación del Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras para el Ejercicio Fiscal 2019, emitido por la Dirección General de Programación y Presupuesto "B", área dependiente de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El dictamen formulado con motivo de la citada autorización presupuestaria contenido en el oficio CONAMER/19/0741, de veintisiete de febrero de dos mil diecinueve, emitido por la Directora de Salud, Educación, Laboral, Fiscal y Financiero, adscrita a la Coordinación General de Mejora Regulatoria Institucional de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria. Los Lineamientos Generales para la Coordinación e Implementación de los Programas Integrales para el Desarrollo publicados en el Diario Oficial de la Federación el once de enero de dos mil diecinueve, que emitió la Secretaria de Bienestar, en conjunto con el coordinador General de Programas para el Desarrollo de dicha Secretaría. Debiendo emplazar al juicio a las autoridades mencionadas. Lo anterior bajo la consideración primordial de que en términos del artículo 110, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, y al encontrarse reclamados los derechos de una menor de edad, basta con que ésta se encuentre en riesgo de una afectación para que se vele por su tutela; por lo que de oficio deberá obtenerse copia simple de la demanda y del informe justificado rendido en el amparo del que emana la sentencia recurrida, del que se advierte la existencia del acto que al respecto se precisó, a efecto de requerir a las nuevas autoridades señaladas como responsables sus respectivos informes justificados. III. Hecho lo anterior, se deberá continuar con el trámite del procedimiento, hasta su conclusión, emitiendo la sentencia que en derecho proceda, en la que se deberán precisar los actos reclamados debidamente y analizar su estudio respectivo, sin soslayar alguno de ellos, ni omitir estudiar las causas de improcedencia que hagan valer al respecto algunas de las partes." En este sentido, es importante destacar que los actos motivo del presente estudio son los siguientes: 1. La autorización presupuestaria correspondiente a las Reglas de Operación del Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños Hijos de Madres Trabajadoras para el Ejercicio Fiscal 2019, atribuido al Dirección General de Programación y Presupuesto "B", área dependiente de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 2. El Dictamen emitido con motivo de la autorización presupuestaria correspondiente a las Reglas de Operación del Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras para el Ejercicio Fiscal de dos mil diecinueve, atribuido a la Directora de Salud, Educación Laboral, Fiscal y Financiero de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria. 3. La Emisión de los Lineamientos Generales para la Coordinación e implementación de los Programas Integrales para el Desarrollo publicados en el Diario Oficial de La Federación, el 11 de enero de 2019, atribuido a la Secretaría de Bienestar en conjunto con el Coordinador General de Programas para el Desarrollo de dicha Secretaría. Así, debe precisarse, que el órgano jurisdiccional debe fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, lo cual significa que está legalmente facultado para precisar, conforme a su prudente arbitrio, las consecuencias y/o estatus legal en que deban quedar a partir de que conceda la medida cautelar; sin embargo, la atribución depositada en el órgano de amparo para modular fundada y motivadamente las implicaciones futuras del otorgamiento de la suspensión no llega al extremo de poder ordenar la paralización de actos no reclamados en la demanda, porque si no se cuestionó su constitucionalidad, es obvio que no constituyen la materia del juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia P./J. 4/2019, publicada en la Gaceta de Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Tomo I, Libro 63, Febrero de 2019, cuyo rubro dice: "SUSPENSIÓN. EL JUZGADOR PUEDE CONCEDERLA PARA EFECTOS Y CONSECUENCIAS DISTINTAS DE LAS PROPUESTAS POR EL QUEJOSO, PERO NO POR ACTOS NO RECLAMADOS EN LA DEMANDA." En ese orden de ideas, a efecto de verificar si se otorga o no la medida cautelar respecto de los actos reclamados consistentes la autorización presupuestaria y el dictamen correspondiente a las Reglas de Operación del Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños Hijos de Madres Trabajadoras para el Ejercicio Fiscal 2019, así como la emisión de los Lineamientos Generales para la Coordinación e implementación de los Programas Integrales para el Desarrollo publicados en el Diario Oficial de La Federación, el once de enero de dos mil diecinueve, es importante señalar que la medida cautelar es una providencia cautelar de carácter meramente instrumental, para preservar la materia del juicio. Su contenido reviste la forma de un mandato asegurador del cumplimiento y la ejecución de otra providencia principal que pudiere ordenar la anulación de la conducta prevista, positiva o negativa, de una autoridad pública, haciendo cesar temporalmente sus efectos obligatorios mientras se resuelve la controversia constitucional. Así, el objeto primordial de esa providencia cautelar es mantener viva la materia del juicio constitucional, impidiendo que el acto que lo motiva, al consumarse irreparablemente, haga ilusoria para el agraviado la protección de la Justicia Federal, evitando a éste los perjuicios que la ejecución del acto que reclama pudiera ocasionarle; así, por virtud de la suspensión, el acto que se reclama queda en suspenso, mientras se decide si es violatorio de la Constitución Federal. Entonces, la suspensión en el juicio de amparo tiene por objeto evitar la ejecución de ciertos actos y, lógicamente, puede evitarse lo que aún no sucede, de ahí que sólo pueda obrar hacia el futuro y nunca sobre el pasado. Esta es la distinción fundamental entre la concesión de la suspensión, que previene daños impidiendo la realización de los actos que los causarían, y la concesión del amparo, que repara los daños ya sufridos invalidando los actos que los originaron y restituyendo al quejoso en el goce de sus derechos fundamentales violados. En esa tesitura, debe puntualizarse que a través de diversas ejecutorias de amparo se ha establecido que la técnica que se debe emplear para resolver sobre la medida cautelar, consiste en examinar lo siguiente: a. Si son o no ciertos los actos reclamados respecto de las autoridades a las que se les imputan, posteriormente. b. Si conforme a la naturaleza de esos actos sus efectos son susceptibles o no de ser paralizados. c. Si se satisfacen o no las exigencias previstas en el artículo 128 de la Ley de Amparo. d. Determinar si procede exigir alguna garantía como requisito de efectividad del otorgamiento de la medida cautelar. La importancia de determinar cuál es la naturaleza de los actos reclamados radica en que sólo una vez precisada, se está en aptitud de decidir si existe algún efecto que pudiera ser susceptible de suspenderse. Así, por la naturaleza de sus efectos, los actos reclamados se pueden clasificar en: positivos y negativos. Los primeros se traducen siempre en una conducta de hacer de la autoridad y se subclasifican en: a) actos de ejecución instantánea, b) de ejecución continuada o inacabada y c) actos de ejecución de tracto sucesivo. Si la ejecución es instantánea, únicamente podrá otorgarse la suspensión antes de que el acto se consume, nunca después, porque carecería de materia y de concederse se darían a la interlocutoria de suspensión efectos restitutorios, propios de la sentencia de fondo; los actos de ejecución continuada o inacabada son aquellos en los que la autoridad debe actuar un número determinado de veces para consumar el acto reclamado, entonces, al otorgar la suspensión el efecto será impedir que se siga materializando la ejecución al momento en que se concede la medida cautelar, pero lo ya consumado no puede afectarse porque también se le darían efectos restitutorios; por lo que toca a la ejecución de tracto sucesivo, la autoridad actúa constantemente y un número ilimitado de ocasiones, ejerciendo presión fáctica sobre la situación de la persona del quejoso, de sus bienes, de su familia, posesiones, etcétera, pues de no hacerlo así la ejecución cesaría de inmediato; por lo que, la suspensión concedida actúa desde el momento mismo en que se otorga hacia el futuro, pero nunca sobre el pasado. En tal orden de ideas, se considera que el acto reclamado adquiere el carácter de consumado cuando ya produjo todos sus efectos o consecuencias inmediatas, por lo cual, en su contra, no procede la medida cautelar, ya que no existe materia sobre qué decretarla, pues se extinguió al llevarse a cabo su realización. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia VI. 2o. J/75, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo V, Segunda Parte-2, Enero a Junio de 1980, página 660, cuyo rubro dice: "ACTOS CONSUMADOS. SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE. Contra los actos consumados es improcedente conceder la suspensión, pues equivaldría a darse efectos restitutorios, los cuales son propios de la sentencia definitiva que en el amparo se pronuncie." Sobre tales premisas, es evidente que los actos reclamados consistentes en la autorización presupuestaria y el dictamen correspondiente a las Reglas de Operación del Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños Hijos de Madres Trabajadoras para el Ejercicio Fiscal 2019, así como la emisión de los Lineamientos Generales para la Coordinación e implementación de los Programas Integrales para el Desarrollo publicados en el Diario Oficial de La Federación, el once de enero de dos mil diecinueve, ya expidieron, por lo que, adquieren el carácter de acto consumado, al haber producido todos sus efectos y consecuencias en forma inmediata. En ese orden de ideas, respecto de los actos por los que se provee resulta improcedente conceder la suspensión provisional, ya que la intervención de las autoridades administrativas señaladas como responsables, en el proceso que dio origen a la autorización presupuestaria y el dictamen correspondiente a las Reglas de Operación del Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños Hijos de Madres Trabajadoras para el Ejercicio Fiscal 2019, así como la emisión de los Lineamientos Generales para la Coordinación e implementación de los Programas Integrales para el Desarrollo publicados en el Diario Oficial de La Federación, el once de enero de dos mil diecinueve, quedaron consumados desde la fecha en que éstos se expidieron, por lo cual, debe negarse la medida cautelar, ante la imposibilidad de retrotraer las cosas en el tiempo. Tienen aplicación el siguiente criterio cuyo rubro y texto dicen: "SUSPENSIÓN CONTRA UNA LEY. Es improcedente conceder la suspensión contra la expedición de leyes, porque la materia de la suspensión es la ejecución o aplicación de las mismas leyes, y no éstas en sí, y su inconstitucionalidad, que es lo que puede perjudicar a los quejosos, es materia del fondo del amparo y no del incidente de suspensión." Notifíquese en términos de lo dispuesto por Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
- Principal
EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN AUTO DE VEINTISIETE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA DE LOS JUICIOS 5607/2015 Y 5658/2015 ACUMULADO AL DIVERSO EN QUE SE ACTÚA, EL ACUERDO DE DIEZ DEL MES Y AÑO EN CURSO, EL CUAL REFIERE: "Ciudad de México, diez de junio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio de cuenta enviado por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito, por el que devuelve los autos originales del juicio de amparo en que se actúa, así como el testimonio dictado en sesión ordinaria virtual de veintisiete de mayo de dos mil veintidós, dentro del toca derivado del amparo en revisión 167/2017 de su índice. Acúsese el recibo correspondiente. Hágase del conocimiento de las partes que el referido órgano colegiado determinó lo siguiente: C O N S I D E R A N D O: [.] SEXTO. Determinación que adopta este Tribunal Colegiado de Circuito. En la especie como será advertido, resulta innecesario ocuparse de la materia de la revisión, porque procede reponer el procedimiento. (.) II. Reposición del procedimiento. Una vez precisado lo anterior, este Tribunal Colegiado de Circuito considera advertida una violación a las reglas fundamentales del procedimiento del juicio de amparo, que trasciende al resultado del fallo y amerita la revocación del fallo combatido y la reposición del procedimiento, en términos de la fracción IV del artículo 93 de la ley de la materia. [...] En consecuencia, con fundamento en la fracción IV del artículo 93 de la Ley de Amparo, procede revocar la sentencia recurrida y reponer el procedimiento para el efecto de que el órgano jurisdiccional del conocimiento deje insubsistente la audiencia constitucional y celebre otra en la que, de conformidad con los requerimientos que establece dicho ordenamiento jurídico y, con libertad de jurisdicción, emita una sentencia que sea acorde con la demanda, y se ocupe de la parte quejosa, actos reclamados, autoridades responsables y conceptos de violación planteados en el caso concreto. Por lo expuesto y fundado, este Tribunal Colegiado de Circuito, R E S U E L V E: PRIMERO. Se revoca la sentencia recurrida. SEGUNDO. Se ordena reponer el procedimiento para los efectos indicados en el considerando último de este fallo." De lo anterior, se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones respectivas en el libro correspondiente. Por otra parte, glósense únicamente las constancias que en original obran en el cuaderno de antecedentes formado con motivo del recurso de referencia, al cuaderno principal en que se actúa. Asimismo, en cumplimiento a lo ordenado por la Superioridad en la ejecutoria en cita, se provee lo siguiente: Como está ordenado y en cumplimiento a lo dispuesto por el órgano colegiado, se deja insubsistente la audiencia constitucional de trece de octubre de dos mil dieciséis, así como la sentencia de siete de noviembre de dos mil dieciséis y se ordena reponer el procedimiento, por lo tanto, con fundamento en el artículo 115 de la Ley de Amparo se fijan las DIEZ HORAS DEL SIETE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. Por otra parte, se advierte que en la audiencia de trece de octubre de dos mil dieciséis, se acordó lo concedente respecto al oficio 45476 presentado por la representación social, no obstante, dado que dicha audiencia quedó sin efectos, lo correspondiente es proveer lo conducente respecto de dicha promoción; en consecuencia, se acuerda: Agréguese a los autos el oficio con registro 45476, presentado por la agente del Ministerio Publico de la Federación adscrita, en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 144 de la Ley de Amparo, se tienen por hechas sus manifestaciones vía alegatos, los que, en su caso, serán tomados en consideración al momento de dictar la suspensión definitiva. Finalmente, debido a la voluminosidad del expediente en que se actúa, con el fin de facilitar su manejo y evitar que se deterioren sus actuaciones, de conformidad como lo que establecen los numerales 63 y 65 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se ordena formar el tomo ll del juicio en que se actúa. Notifíquese; personalmente cada una de las quejosas y en términos de lo dispuesto por Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal." NOTIFÍQUESE
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