Jesus Lopez Leal

Expediente 447/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 9 actuaciones registradas, la última del 12 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
447/2019
Año
2019
Actuaciones
9
Última actuación
12/12/2019

Partes del expediente

  • Jesus Lopez Leal

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal de los autos, se advierte que la parte quejosa no realizó alguna manifestación respecto al acuerdo de ocho de noviembre del año en curso, mediante el cual se declaró que la ejecutoria de amparo quedó cumplida, no obstante que dicha determinación se le notificó el quince siguiente; por tanto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente como asunto concluido. Pues bien, en atención a la certificación secretarial de cuenta y acorde a la fracción IV del Acuerdo Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, se precisa que este asunto es susceptible de depuración, pues mediante resolución de veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve, por una parte, se sobreseyó en el juicio de amparo y, por otra, se concedió la protección constitucional al quejoso. En ese contexto, deberán conservarse la demanda y resolución inherentes al presente juicio de amparo, y se retirarán las demás actuaciones del expediente para proceder a su destrucción; lo que deberá realizarse por el Centro de Documentación y Análisis, lugar a donde se transferirá una vez que transcurran más de tres años de ordenado su archivo, el cual deberá resguardarlos, y al cumplirse la temporalidad de más de cinco años, procederá a ejecutar lo especificado en líneas precedentes. De acuerdo a lo anterior, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa al archivo reciente por tratarse de un asunto similar al indicado en la fracción I del artículo noveno, capítulo tercero de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales, del mencionado Acuerdo General Conjunto 1/2009. Por otro lado, del análisis de este asunto se advierte que no obran documentos originales por no haberlos exhibido las partes, que no se trata de expediente con valor histórico o jurídico ni de relevancia documental, pues ingresó en este juzgado federal el uno de agosto de dos mil diecinueve, por ello, no encuadra en aquellos expedientes con ingreso en el año mil novecientos cincuenta y uno, no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, el ambiente ni la gestión ambiental, así como tampoco se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes o resoluciones con trascendencia jurídica, política, social o económica, datos que deberán asentarse en la carátula respectiva. Por último, una vez transcurrido el plazo de tres años, contado a partir de la orden de archivo del presente expediente, con apoyo en los artículos Décimo, fracción I, y Décimo Primero, ambos del Acuerdo General Conjunto citado, por medio de la Administración Regional, transfiérase al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lugar donde se archivará a disposición de este órgano jurisdiccional, transferencia que habrá de efectuarse una vez al año, conforme al calendario que emita el Centro de Documentación y Análisis en coordinación con el titular de este juzgado.

  2. Principal

    Visto el estado procesal de los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que la parte quejosa no desahogó la vista personal ordenada mediante acuerdo de veintidós de octubre del año en curso, en relación con el oficio y documentales allegados por los integrantes del Tribunal Municipal de Conciliación y Arbitraje de Guasave, Sinaloa, inherentes al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, no obstante que tal determinación se le notificó el veintinueve siguiente; por tanto, procede analizar si se otorgó el debido cumplimiento a la ejecutoria de amparo con base en los elementos que obran en autos y los datos aportados por las citadas autoridades responsables. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243 del Tomo XI del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, marzo de 2000, Novena Época, Materia Común, del tenor siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia.". En ese sentido, se precisa que por sentencia de veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve (fojas 35 a 47 de autos), por una parte, se sobreseyó en el juicio de amparo y, por otra, se concedió al quejoso Jesús López Leal, la protección constitucional contra el acto reclamado al Tribunal Municipal de Conciliación y Arbitraje de Guasave, Sinaloa, consistente en la omisión de dictar el laudo respectivo en el juicio laboral 62/2017 de origen, al estimarse que dicho acto omisivo transgredía el derecho humano de administración de justicia pronta y completa dentro de los plazos previstos por la ley, reconocido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Resolución que causó ejecutoria el veintidós de octubre del presente año, al no ser recurrida por las partes (foja 71 ídem). Pues bien, la concesión del amparo se hizo para el efecto de que el Tribunal Municipal de Conciliación y Arbitraje de Guasave, Sinaloa, en el término de diez días contado a partir de que el fallo protector causara ejecutoria, dictara el laudo correspondiente en el juicio laboral 62/2017 de origen. Por su parte, mediante oficio presentado el cuatro de octubre de dos mil diecinueve (fojas 50 a 67 ídem), esto es, en fecha previa a la del auto en el cual se declaró que la sentencia constitucional causó ejecutoria, los integrantes del Tribunal Municipal de Conciliación y Arbitraje de Guasave, Sinaloa, remitieron copia certificada del laudo emitido en el juicio laboral 62/2017 de origen. Como se anticipó, en proveído de veintidós de octubre de dos mil diecinueve, la sentencia emitida en este juicio de amparo causó ejecutoria; por tanto, se dio vista al quejoso con el oficio y documentales allegadas por el tribunal laboral responsable para que manifestara lo que a su interés legal conviniera; en el entendido de que, el amparista no se pronunció al respecto, aun cuando fue debidamente notificado. En consecuencia, si la concesión del amparo se hizo para el efecto de que el Tribunal responsable dictara el laudo correspondiente en el juicio laboral 62/2017 de su índice, lo cual ya aconteció; por ende, es claro que la ejecutoria de amparo ha quedado cumplida y se ha restituido al quejoso en el pleno goce de sus derechos humanos violados, en términos de los numerales 77 y 196, ambos de la Ley de Amparo, sin haber incurrido la autoridad responsable en exceso o defectos.

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA AL QUEJOSO JESÚS LÓPEZ LEAL, EL AUTO DE OCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, QUE A LA LETRA DICE: Visto el estado procesal de los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que la parte quejosa no desahogó la vista personal ordenada mediante acuerdo de veintidós de octubre del año en curso, en relación con el oficio y documentales allegados por los integrantes del Tribunal Municipal de Conciliación y Arbitraje de Guasave, Sinaloa, inherentes al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, no obstante que tal determinación se le notificó el veintinueve siguiente; por tanto, procede analizar si se otorgó el debido cumplimiento a la ejecutoria de amparo con base en los elementos que obran en autos y los datos aportados por las citadas autoridades responsables. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243 del Tomo XI del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, marzo de 2000, Novena Época, Materia Común, del tenor siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia.". En ese sentido, se precisa que por sentencia de veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve (fojas 35 a 47 de autos), por una parte, se sobreseyó en el juicio de amparo y, por otra, se concedió al quejoso Jesús López Leal, la protección constitucional contra el acto reclamado al Tribunal Municipal de Conciliación y Arbitraje de Guasave, Sinaloa, consistente en la omisión de dictar el laudo respectivo en el juicio laboral 62/2017 de origen, al estimarse que dicho acto omisivo transgredía el derecho humano de administración de justicia pronta y completa dentro de los plazos previstos por la ley, reconocido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Resolución que causó ejecutoria el veintidós de octubre del presente año, al no ser recurrida por las partes (foja 71 ídem). Pues bien, la concesión del amparo se hizo para el efecto de que el Tribunal Municipal de Conciliación y Arbitraje de Guasave, Sinaloa, en el término de diez días contado a partir de que el fallo protector causara ejecutoria, dictara el laudo correspondiente en el juicio laboral 62/2017 de origen. Por su parte, mediante oficio presentado el cuatro de octubre de dos mil diecinueve (fojas 50 a 67 ídem), esto es, en fecha previa a la del auto en el cual se declaró que la sentencia constitucional causó ejecutoria, los integrantes del Tribunal Municipal de Conciliación y Arbitraje de Guasave, Sinaloa, remitieron copia certificada del laudo emitido en el juicio laboral 62/2017 de origen. Como se anticipó, en proveído de veintidós de octubre de dos mil diecinueve, la sentencia emitida en este juicio de amparo causó ejecutoria; por tanto, se dio vista al quejoso con el oficio y documentales allegadas por el tribunal laboral responsable para que manifestara lo que a su interés legal conviniera; en el entendido de que, el amparista no se pronunció al respecto, aun cuando fue debidamente notificado. En consecuencia, si la concesión del amparo se hizo para el efecto de que el Tribunal responsable dictara el laudo correspondiente en el juicio laboral 62/2017 de su índice, lo cual ya aconteció; por ende, es claro que la ejecutoria de amparo ha quedado cumplida y se ha restituido al quejoso en el pleno goce de sus derechos humanos violados, en términos de los numerales 77 y 196, ambos de la Ley de Amparo, sin haber incurrido la autoridad responsable en exceso o defectos.

  4. Principal

    Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal de los autos, se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo de diez días previsto en el artículo 86, en relación con el diverso 81, fracción I, inciso e), ambos de la Ley de Amparo, a fin de que las partes en este juicio interpusieran recurso de revisión contra la sentencia de veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve, mediante la cual, por una parte, se sobreseyó en el juicio de amparo y, por otra, se concedió la protección constitucional al quejoso Jesús López Leal, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en los artículos 2 y 86 de la Ley de Amparo, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que la aludida sentencia ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Pues bien, del estado procesal de los autos se advierte que por oficio presentado el cuatro de octubre de dos mil diecinueve, los integrantes del Tribunal Municipal de Conciliación y Arbitraje de Guasave, Sinaloa, informaron el cumplimiento otorgado a la sentencia constitucional dictada en el presente juicio de amparo, asimismo, remitieron las documentales para acreditarlo. En ese contexto, conforme a lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista personal a la parte quejosa con el oficio y anexos de referencia, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, manifieste lo que a su interés legal convenga; con el apercibimiento que de no hacerlo dentro del plazo concedido, este Juzgado Federal resolverá acerca del cumplimiento otorgado a la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la citada autoridad responsable.

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