Jesús López González
Expediente 40/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 4 actuaciones registradas, la última del 19 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 40/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 19/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Jesús López González
Actuaciones
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, diecinueve de mayo de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede y toda vez que a la fecha ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes interpusieran el recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en este juicio, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e) y 86 de la Ley de Amparo, interpretados a contrario imperio, se declara que dicha sentencia que sobresee en el juicio de amparo, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes, háganse las anotaciones en el libro correspondiente y archívese este expediente como asunto totalmente concluido, por el término de tres años, transcurridos los cuales deberá transferirse a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por otro lado, acorde a lo establecido en el párrafo segundo del "punto décimo primero" del "Acuerdo General Conjunto número 1-2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito", se declara que este asunto carece de relevancia documental y que tampoco tiene valor jurídico o histórico. Conforme a lo ordenado en el "punto décimo primero", segundo párrafo, del acuerdo aludido, se ordena anotar en la carátula del presente expediente la fecha de archivo, asimismo que es destruible. Finalmente, debe decirse que en este juicio de amparo no se tramitó incidente de suspensión. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante la licenciada Iria Cárdenas Lozano, Secretaria de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Visto para resolver el juicio de amparo 40/2021-II-B, promovido por Jesús López González, contra actos del Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, con sede en la Ciudad de México; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con sede en esta ciudad, el quince de enero de dos mil veintiuno y por razón de turno correspondió a este Juzgado el dieciocho siguiente, Jesús López González, promovió demanda de amparo contra actos del Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, con sede en la Ciudad de México, consistente en el traslado consumado del Reclusorio Sur de la Ciudad de México, al Penitenciario de Santa Martha Acatitla en la Ciudad de México; de ahí fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social Número 6, en Huimanguillo, Tabasco; luego al Centro Estatal Número 1 de Chihuahua, Chihuahua, y posteriormente al Centro de Reinserción Social Estatal Número Tres de esta ciudad. (donde refiere compurga la pena impuesta del Juzgado Trigésimo Tercero en la Ciudad de México, y no tiene delitos federales). SEGUNDO. Por auto de diecinueve de enero de dos mil veintiuno, se admitió la demanda de amparo, quedando registrada como expediente 40/2021-II-B; se pidió a las autoridades responsables su informe justificado, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que se inició al tenor del acta que antecede; por lo que, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, es legalmente competente para conocer y resolver este asunto, conforme a lo dispuesto por los Artículos 94 y 103 de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y así como lo prevenido en el Acuerdo General 3/2013, adicionado por el 3/2015 y 12/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos, en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la circunscripción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, lo anterior, en virtud de que los actos reclamados en este juicio atañen a la vía indirecta, cuya ejecución podría tener en el lugar donde este Órgano Jurisdiccional ejerce jurisdicción territorial. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación de los actos reclamados en este juicio. Para tal efecto, se atiende tanto al examen íntegro de la demanda de amparo con la totalidad de las constancias que integran este juicio, pues únicamente así se puede determinar, con exactitud, la verdadera intención de la parte quejosa y, a su vez, armonizar los datos y elementos que conforman la litis constitucional, con lo cual se logra congruencia entre lo pedido y resuelto, desde luego, sin tomar en cuenta los calificativos que la impetrante exponga en torno a la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados a través de esta vía. Al respecto, es oportuno citar las tesis sustentadas por el Pleno de nuestro más Alto Tribunal del País, cuyos rubros, son los siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." "AMPARO CONTRA LEYES. PARA DETERMINAR CUAL ES EL PRECEPTO QUE SE COMBATE, DEBEN TENERSE EN CUENTA LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN." Así, el detenido examen de todas las constancias del juicio que aquí nos ocupa, revela que el acto reclamado por los quejosos es la orden de traslado del Reclusorio Sur de la Ciudad de México, al Penitenciario de Santa Martha Acatitla en la Ciudad de México; luego el traslado de ese lugar al Centro Federal de Readaptación Social Número 6, en Huimanguillo, Tabasco; luego el traslado al Centro Estatal Número 1 de Chihuahua, Chihuahua, y posteriormente al Centro de Reinserción Social Estatal Número Tres de esta ciudad. Luego, al no advertirse algún otro acto impugnado por la parte quejosa, lo procedente es examinar la existencia de los actos de que se trata, para luego analizar la procedencia de este juicio y, en su caso, abordar el fondo del asunto. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. La autoridad, Comisionado de Prevención y Readaptación Social, (denominación correcta) de la autoridad señalada como autoridad responsable, representada por la Encargada de la Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos de Prevención y Readaptación Social, al rendir sus respectivos informes justificados negó la existencia de los actos reclamados consistente en ordenar el traslado del quejoso del Reclusorio Sur de la Ciudad de México, al Penitenciario de Santa Martha Acatitla en la Ciudad de México; luego su traslado al Centro de Reinserción Social Estatal Número Tres de esta ciudad, toda vez que esos centros no pertenecen al Sistema Penal Federal, por lo que de conformidad con lo establecido en el artículo 8, fracción III del Reglamento del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, el Comisionado de Prevención y Readaptación Social carece de competencia para emitir autorizaciones de ingreso a dichos centros penitenciarios. En efecto, del informe de la autoridad se aprecia la inexistencia de los actos reclamados, razón por la cual, lo que procede es sobreseer en este juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece: "63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y.". Además, tiene aplicación al caso, la Jurisprudencia 284, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." CUARTO. Existencia del acto reclamado. La autoridad, Comisionado de Prevención y Readaptación Social, (denominación correcta) de la autoridad señalada como autoridad responsable, representada por la Encargada de la Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos de Prevención y Readaptación Social, al rendir su respectivo informe justificado aceptó la autorización de ingresar y egresar al quejoso del Centro Federal de Readaptación Social Número 6 "Sureste", en el Estado de Tabasco; sin embargo, ya no se pueden retrotraer las cosas al estado en que se encontraban dado que dicho Centro ya no existe, consumándose irreparablemente. QUINTO. Causas de improcedencia. Con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, se examinará la procedencia del juicio, porque constituye un aspecto jurídico que, al ser de orden público, es de análisis oficioso y preferente a cualquier otro, lo aleguen o no las partes. Al respecto, cabe destacar que la improcedencia del amparo es una institución en virtud de la cual existe un impedimento para establecer si el acto reclamado por la persona moral quejosa es constitucional o no, la cual motiva que el juzgador federal no dirima la controversia planteada, al exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Ley de Amparo, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Al efecto, se invoca la tesis de jurisprudencia ciento cincuenta y ocho, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." Ahora bien, el quejoso reclama a la autoridad responsable Comisionado de Prevención y Readaptación Social, al rendir su respectivo informe justificado aceptó la autorización de ingresar y egresar al quejoso del Centro Federal de Readaptación Social Número 6 "Sureste", en el Estado de Tabasco; sin embargo, precisó que ya no se pueden retrotraer las cosas al estado en que se encontraban dado que dicho Centro ya no existe, consumándose irreparablemente. En opinión de quien esto resuelve, en el caso particular se concreta la causal de improcedencia que resulta de relacionar lo dispuesto en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo y como esto conllevará el sobreseimiento en el presente proceso constitucional, esta resolución no se ocupará del estudio relativo a la constitucionalidad de los actos reclamados. Al respecto se invoca la jurisprudencia 413 del tomo VI del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que ordena: "SOBRESEIMIENTO.- El sobreseimiento en el amparo pone fin al juicio, sin hacer declaración alguna sobre si la Justicia de la Unión ampara o no, a la parte quejosa, y, por tanto, sus efectos no pueden ser otros que dejar las cosas tal como se encontraban antes de la interposición de la demanda, y la autoridad responsable está facultada para obrar conforme a sus atribuciones". En efecto, tocante a los actos materia de reproche, cabe indicar que mediante acuerdo emitido por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiuno de octubre del dos mil veinte, se determinó la desincorporación del Sistema Penitenciario del Centro Federal de Readaptación Social Nueve Seis "Sureste", por lo tanto, es claro que respecto de los actos de que se duele la parte quejosa, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el diverso numeral 77, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, por no poderse concretar los efectos del amparo, cuyo estudio se realiza, de manera oficiosa. Es aplicable, la tesis observable en la misma séptima época del Semanario Judicial de la Federación, volumen 145-150 tercera parte, página 58, con registro rápido de localización 237751 que señala: "AMPARO, PROCEDENCIA DEL. REQUIERE QUE LA SENTENCIA PRODUZCA EFECTOS EN EL ACTO RECLAMADO, CON QUE SE OBTENGA EL RESPETO DE INTERESES JURIDICOS DEL QUEJOSO. En acatamiento del artículo 80 de la Ley de Amparo y la jurisprudencia de este Alto Tribunal, que con el número 174, página 297, puede consultarse en la Octava Parte del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, para que un juicio de amparo resulte procedente es menester que la sentencia que en él llegare a pronunciarse pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, de manera que se restablezcan las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto combatido en dicho juicio sea de carácter positivo; o que sea factible obligar a la autoridad responsable, si el acto reclamado constituye una abstención, a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a que se cumpla lo que tal garantía exija, ya que el juicio constitucional debe tener siempre una finalidad práctica y no servir para realizar una actividad meramente especulativa. De aquí que proceda contra leyes solamente cuando, por ser éstas autoaplicativas, la determinación de su inconstitucionalidad pueda dar por resultado la no aplicación de sus disposiciones; o cuando, por no serlo, ya hayan sido aplicadas, sea factible la privación de efectos inconstitucionales del acto de aplicación". Del artículo 77 de la Ley de Amparo, se advierte que las sentencias que amparan determinan la inconstitucionalidad del acto reclamado, y en consecuencia, generan derechos y obligaciones. Por lo que ve al quejoso le da derecho de exigir de la autoridad responsable la destrucción de los actos reclamados, si éstos son de carácter positivo, con el objetivo de restituirlo en el pleno goce del derecho violado, de manera que las cosas vuelvan al estado que guardaban antes de que se produjeran los motivos de agravio; o en su defecto, si se trata de actos de carácter negativo, obligar a la autoridad responsable, a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija Es conveniente resaltar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el Amparo en Revisión 2871/96, estableció que se actualizaba la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XXIII, en relación con el 80 de la legislación de la materia - cuyo contenido es similar al 61 fracción XXIII, en relación con el diverso 77 fracción I, de la Ley de Amparo vigente- aplicado en sentido contrario, cuando existe imposibilidad jurídica para concretar los efectos del amparo. Es decir, para la procedencia del juicio de amparo es menester que la sentencia que en él se dicte, en el supuesto de que sea favorable a la parte quejosa, pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce de su derecho violado, obligando a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija en la hipótesis de que el acto reclamado sea de carácter negativo, o en su defecto, a restituir las cosas al estado en que se encontraban antes de la violación cometida, dejando insubsistente el acto reclamado, en el supuesto de que éste sea de carácter positivo. De dichas consideraciones derivó la jurisprudencia 1365 del tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Décima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, del Apéndice de 2011, página 1533, con registro rápido de localización 1003244, que a la letra expone: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA CUANDO EXISTE LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA DE QUE SE PRODUZCAN LOS EFECTOS RESTITUTORIOS DE LA SENTENCIA CONCESORIA QUE, EN SU CASO, SE DICTE. De acuerdo con lo establecido en el artículo 80 de la Ley de Amparo y en la tesis de jurisprudencia número 174, publicada en la página 297 de la Octava Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1975, con el texto siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO.-El efecto jurídico de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio constitucional, concediendo el amparo, es volver las cosas al estado que tenían antes de la violación de garantías, nulificando el acto reclamado y los subsecuentes que de él se deriven."; y en virtud de que el juicio de garantías debe tener siempre una finalidad práctica y no ser medio para realizar una actividad meramente especulativa, para la procedencia del mismo es menester que la sentencia que en él se dicte, en el supuesto de que sea favorable a la parte quejosa, pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, de manera que se restablezcan las cosas al estado que guardaban antes de la violación cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, o cuando sea de carácter negativo (o constituya una abstención), se obligue a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija". Asimismo, se destaca que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J.35/2012, estableció que la técnica del juicio de amparo permite que, antes de examinar el fondo de un asunto, se anticipe el efecto de la eventual concesión de la protección constitucional a favor del quejoso, con la finalidad de prever si la restitución en el goce del derecho violado resultaría alcanzable. Pues consideró que carece de lógica y sentido práctico analizar el acto materia de reclamo, si de antemano se advierte que la declaración de inconstitucionalidad no tendría ejecutividad. Así, el argumento que la previsión de los posibles efectos de la sentencia protectora tiene el propósito de evitar que con la reparación de la violación de garantías se produzca la infracción de otros principios o normas constitucionales y/o legales, pues el restablecimiento de las cosas al estado en que se encontraban antes de dicha violación, tampoco debe propiciar que la sentencia tenga efectos más allá del caso concreto que fue enjuiciado. En razón de lo anterior, estableció que constituye una obligación del órgano jurisdiccional que conozca del juicio verificar que el fallo de fondo no implique un mero ejercicio especulativo sobre una posible violación de garantías individuales, sino que, en caso de que constate que efectivamente se incurrió en la infracción alegada, su decisión pueda tener la eficacia suficiente para restaurar el orden constitucional que se estime violado, pues la sentencia protectora además de proporcionar un estudio de los motivos por los cuales se incurrió en la lesión de garantías alegada, debe tener efectos vinculantes y restitutorios para volver las cosas al estado en que se encontraban antes de dicha infracción, pero sin beneficiar a nadie más que al propio quejoso. De ese modo, explicó, que si no se realiza ese análisis anticipado, la declaración de inconstitucionalidad que en su caso se hiciera carecería de ejecutividad y de efecto práctico para el quejoso, colocándolo en la misma situación en que se encontraba antes de iniciar el juicio, pues la restauración del orden constitucional tampoco debe llegar al extremo de restituirlo en el goce de la garantía individual aun a costa de incurrir en la violación de los principios y las normas que regulan este medio de control constitucional y, concretamente del de relatividad de las sentencias. Dichas consideraciones se encuentran plasmadas, como se adelantó, en la jurisprudencia 2a./J.35/2012, emitida por la Sala de referencia, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, décima época, libro VIII, abril de dos mil doce, tomo dos, página mil cincuenta y nueve, de registro 2000583, cuyo contenido es el siguiente: "IMPROCEDENCIA. SE ACTUALIZA EN EL JUICIO DE AMPARO SI EL JUZGADOR ADVIERTE QUE LOS EFECTOS DE UNA EVENTUAL SENTENCIA PROTECTORA PROVOCARÍAN LA TRANSGRESIÓN DE SUS NORMAS O PRINCIPIOS RECTORES. La técnica del juicio de amparo permite que, antes de examinar el fondo de un asunto, se anticipe el efecto de la eventual concesión de la protección constitucional en favor del quejoso, y así prever si la restitución en el goce del derecho violado resultaría alcanzable, pues carecería de lógica y sentido práctico analizar el acto reclamado, si de antemano se advierte que la declaración de inconstitucionalidad no tendría ejecutividad. El fundamento de este proceder se apoya, por regla general, en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con otras normas de ese mismo ordenamiento o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo enlace armónico ofrece una variedad de causas de improcedencia que impiden el dictado de sentencias estimatorias cuyo cumplimiento fuera inaccesible. En esos términos, si a partir de un ejercicio de previsibilidad sobre los efectos de una eventual sentencia protectora, el juzgador advierte que la restitución del derecho provocaría la infracción de normas o principios rectores del juicio de amparo, entonces la acción intentada resulta improcedente por dictar una sentencia carente de ejecutividad, porque el restablecimiento citado llegaría al extremo de desencadenar consecuencias contrarias a la naturaleza del juicio de amparo y, por ende, a la regularidad constitucional que busca preservar". En ese contexto, este Juzgado de Distrito, previo a efectuar un pronunciamiento sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, debe analizar, de manera anticipada si los efectos del amparo solicitado podrían o no concretarse. Así, se tiene que el quejoso se duele que la autoridad responsable ordenó su traslado al Centro Federal de Readaptación Social Número Seis "Sureste", en Huimanguillo, Tabasco. Sin embargo, dicha autoridad Comisionado del Órgano Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social de la Ciudad de México, únicamente aceptó ordenar su ingreso y egreso del aludido centro federal, empero, ya no podría restituirlo a dicho lugar, porque ya no existe. En efecto, el veintiuno de octubre de dos mil veinte, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Acuerdo por el que se desincorpora del Sistema penitenciario Federal el Centro Federal de Readaptación Social Número Seis "Sureste", emitido por el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, mismo que entró en vigor a partir de su publicación en dicho medio de difusión. De conformidad a lo establecido en dicha norma general, se desincorporó del Sistema Penitenciario Federal, el Centro Federal de Readaptación Social Número Seis "Sureste" y, en relación a los reos privados de su libertad en dicho Centro Federal, se estableció que serían trasladados a los centros federales de readaptación social que determinara el Comisionado de Prevención y Readaptación Social, quien para tal efecto realizaría las acciones y gestiones necesarias para ello, respectando en todo momento sus derechos humanos. Empero, a mayor abundamiento, el quejoso ya no se encontraba en dicho lugar cuando aconteció la desincorporación del aludido centro Federal, pues fue egresado desde el veintiséis de diciembre de dos mil doce. En ese orden de ideas, al tenor de lo dispuesto por el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, la posible protección constitucional en este asunto se traduciría en que las autoridad responsable dejara insubsistente los actos materia de reclamo por el impetrante del amparo, lo cual se traduciría en que el quejoso fuera trasladado nuevamente al Centro Federal de Readaptación Social Número Seis "Sureste", lo cual no sería factible. Lo anterior, con motivo de la desincorporación del Centro Federal en el cual se encontraba privado de su libertad el directo quejoso, dado que como el propio acuerdo transcrito establece, los reclusos serán trasladados a los centros federales de readaptación social que determinara el Comisionado de Prevención y Readaptación Social, quien para tal efecto realizaría las acciones y gestiones necesarias para ello, respectando en todo momento sus derechos humanos; de ahí que no se pueda ordenar a la responsable el cumplimiento de la sentencia, porque dicho centro Federal resulta inexistente. Por las razones expresadas, resulta inconcuso que de concederse el amparo respecto de los actos reclamados; no podría concretarse la restitución que persigue la parte quejosa. En consecuencia, procede sobreseer en el juicio, acorde a lo que disponen los numerales 61, fracción XXIII en relación con el 77, ambos de la Ley de Amparo, y en términos del numeral 63, fracción V, del propio ordenamiento legal. Conforme al sentido de este fallo es innecesario atender los conceptos de violación formulados en la demanda de garantías, porque la declaración de sobreseimiento impide hacerlo. Apoya el anterior razonamiento, la tesis del epígrafe y texto: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente". No se soslaya que el quejoso Jesús López González está en aptitud de solicitar su traslado AL Reclusorio Sur de la Ciudad de México, ante el Juez Penal o Juez de Ejecución que conozca de su asunto. Por lo expuesto, fundado y motivado, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Jesús López González, en términos de los considerandos tercero y quinto de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante la licenciada Iria Cárdenas Lozano, Secretaria de Juzgado, quien autoriza y da fe, hasta hoy ocho de abril de dos mil veintiuno en que las labores del juzgado permitieron concluir esta sentencia. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, a cuatro de marzo de dos mil veintiuno. Visto el oficio signado por la Delegada de Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos del Prevención y Readaptación Social en representación del Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado, Prevención y Readaptación Social, con residencia en la Ciudad de México, agréguense a sus autos para que obre como corresponda por medio de los cuales de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, se les tiene rindiendo su respectivo informe justificado con los que se da vista a las partes para que se enteren de su contenido sin menoscabo de hacer relación de lo anterior al momento de celebrar la audiencia constitucional. En razón de la vista otorgada a la parte quejosa, en el párrafo que antecede y que no se cuenta con ocho días de anticipación a la audiencia constitucional, lo procedente es diferirla, por tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar, se fijan las diecisiete horas con veinticinco minutos del veintitrés de marzo de dos mil veintiuno, para que tenga verificativo la misma. Notifíquese personalmente al quejoso. Así lo acordó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, asistido de la licenciada Iria Cárdenas Lozano, Secretaria de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Vista la demanda de amparo presentada por Jesús López González, contra actos que reclama del Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado, Prevención y Readaptación Social, con residencia en la Ciudad de México; fórmese y regístrese el expediente 40/2021-II. Por tanto, con fundamento en los artículos 1°, fracción I, 108, 112, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo en sus términos. Sin que se ordene la apertura del incidente de suspensión, toda vez que no fue solicitado. Se requiere a la autoridad señalada como responsable, su informe con justificación, que deberá rendir dentro del término de quince días, exponiendo las razones y fundamentos que se estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, debiendo acompañar en su caso copia certificada total y legible de las constancias que sean necesarias para apoyar dicho informe; apercibida que de no hacerlo, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario; asimismo, se le impondrá como medida de apremio multa de cien veces el valor diario de la unidad de medida y actualización (88.66), de conformidad con los artículos 4º, fracciones I, II y III, y 5º, de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, en concordancia con los artículos 236, 237, 238 y 246 de la Ley de Amparo. Atinente a ello, se hace saber a la autoridad responsable, que la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada el veintiséis de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación, tiene como objeto, garantizar el derecho que tiene toda persona a la protección de sus datos personales en posesión de las autoridad federales, estatales y municipales, en el ámbito de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como de los órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos, fondos público, sindicatos, incluso, de cualquier persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal o municipal. En tal sentido, atento a lo señalado por sus artículos 3º, fracción X, 4° y 7°, se deben respetar los datos personales sensibles o protegerlos, según sea el caso, entendiéndose como tales, aquéllos que se refieran a la esfera más íntima de su titular, o cuya utilización indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para éste, señalando de manera enunciativa y no limitativa, a los datos personales que puedan revelar aspectos como el origen racial o étnico, estado de salud presente o futuro, información genética, creencias religiosas, filosóficas y morales, opiniones políticas y preferencia sexual; lo que será aplicable a cualquier tratamiento de datos personales que obren en soportes físicos o electrónicos, con independencia de la forma o modalidad de su creación, tipo de soporte, procesamiento, almacenamiento y organización; y, además que, por regla general no podrán tratarse datos personales sensibles, salvo que se cuente con el consentimiento expreso de su titular, o en su defecto, se trate de los casos establecidos en el artículo 22 del cuerpo normativo en comento; precisándose que en caso de tratarse de menores de edad, se deberá privilegiar al interés superior de la niña, niño y adolescente. No obstante lo expuesto, el responsable podrá tratar datos personales para finalidades distintas a las establecidas en el aviso de privacidad, siempre y cuando, cuente con las atribuciones conferidas en la ley de la materia y medie el consentimiento del titular, salvo que sea una persona reportada como desaparecida, de conformidad con el artículo 18 de la referida norma legal, lo anterior, hasta en tanto se adecue a dicha norma, la Ley Federal de Acceso a la Información Pública, de conformidad con el artículo segundo transitorio, de esa norma general. Conforme a lo establecido en el artículo 115 de la citada ley reglamentaria, se señalan las dieciséis horas con veinticinco minutos del cuatro de marzo de dos mil veintiuno, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. Con fundamento en el artículo 64, primer párrafo de la Ley de Amparo, se requiere a las partes, que de tener conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, la comuniquen de inmediato a este juzgado y acompañen las constancias que la acrediten, apercibida que de no hacerlo, se les impondrá como medida de apremio multa de cien veces el valor diario de la unidad de medida y actualización (86.88), de conformidad con los artículos 4º, fracciones I, II y III, y 5º, de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, en concordancia con los artículos 236, 237, 238 y 246 de la Ley de Amparo. Dese a la Agente del Ministerio Público de la Federación, la intervención que legalmente le corresponde. Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el lugar de su reclusión. Con fundamento en el artículo 3, de la Ley de Amparo, se ordena al oficial administrativo la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, acuerdos, resoluciones o sentencias que elaboren, así como toda información relacionada con los expedientes que deberán ingresar en el sistema respectivo; debiendo la Secretaria con quien se actúa, cerciorarse de que tanto el expediente electrónico como el expediente impreso o físico coincidan en su totalidad. Por consiguiente, de conformidad con los artículos 3, 8, Titulo Cuarto Información Clasificada (97-109), Capítulo II, De la Información Reservada (110-112), Capítulo III, de la Información Confidencial (113-117), así como el Capítulo IV, De las Versiones Públicas (118-139), 140 y 141 y con lo dispuesto por el Capítulo I, del Título Séptimo de la mencionada Ley, se deberá proceder, en concordancia con la normativa que rige en lo atingente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en la aplicación de Transparencia y de Acceso a la Información Pública, para garantizar el derecho de acceso a la Información Pública en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos federales o realice actos de autoridad, en los términos previstos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. En tal sentido, hágase del conocimiento de las partes, que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de reservada o confidencial, deberán enviarla debidamente resguardada en sobre cerrado con la leyenda correspondiente a "información reservada" o "información confidencial", como parte de las medidas necesarias que les corresponde tomar para asegurar su custodia y conservación, de conformidad con el artículo 68 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aunado a que las documentales respectivas deberán llevar las leyendas que precisa el artículo 30 del Reglamento de la referida ley. Apercibidas que de no cumplir con lo anterior, se entenderá que se trata del supuesto previsto en el último párrafo del artículo 30 del Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, es decir, que se trata de versiones públicas y consecuentemente, se podrá ordenar que se glosen al expediente quedando a disposición de las partes para su consulta, bajo la total responsabilidad de la parte que las exhiba, debiendo asumir las consecuencias legales que deriven de ello. Requiérase a las partes para que en caso de exhibir documentación o información reservada con el carácter de reservada o confidencial, la envíen debidamente resguardada en sobre cerrado con la leyenda correspondiente a "información reservada" o "información confidencial", como medida para asegurar su custodia y conservación. Bajo el apercibimiento que en caso de no hacerlo como se indica en el párrafo precedente, cualquier divulgación de información será atribuible únicamente a la parte que lo hubiese exhibido, debido al incumplimiento de las medidas que se encuentran obligadas a observar, haciéndose además, acreedoras a una multa de cincuenta veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (88.66), de conformidad con los artículos 4º, fracciones I, II y III, y 5º, de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, en concordancia con los artículos 236, 237, 238 y 246 de la Ley de Amparo. Por tanto, se hace saber a las partes que la sentencia ejecutoria y las demás resoluciones públicas que se dicten en el presente juicio, una vez emitidas, así como éste una vez concluido, podrán ser consultadas por el público en general conforme al procedimiento de acceso a la información aludido que establezcan las atribuciones de los órganos en materia de Transparencia, así como los procedimientos de acceso a la Información Pública y protección de datos personales. Asimismo, se les comunica que sus datos personales aparecerán en las listas de notificación que se publiquen por vía electrónica, excepto cuando se haga valer por alguna de las partes la oposición a la que se refiere el artículo 8° de la precitada ley, para lo cual quedan expeditos sus derechos
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