Jesus López Barajas
Expediente 1813/2019 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 6 actuaciones registradas, la última del 9 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1813/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 09/10/2019
Partes del expediente
- Jesus López Barajas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
De la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de días concedido a la parte quejosa, para que compareciera a este juzgado a recibir el documento exhibido con el escrito inicial de demanda, sin que dentro de ese lapso lo haya hecho; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el proveído de veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve, por ende, la documental de referencia, podrá ser destruida junto con el expediente. Lo anterior se estima así, ya que si bien el término en referencia (diez días) debe computarse en días naturales, culminando el plazo establecido el día cinco de octubre de dos mil diecinueve, lo cierto es que constituye un hecho notorio que este juzgado labora durante días hábiles en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo, por ende, si el último día es inhábil, debe tenerse ampliado al día siguiente hábil, de ahí que se tenga como tal el siete de octubre de dos mil diecinueve.
- Principal
Téngase por recibido el oficio signado por el Delegado de la Fiscalía General de la República en el Estado de Jalisco, a través del cual, en atención al requerimiento que se le realizó mediante oficio 52/2019 informa las gestiones a fin de proporcionar perito para el desahogo de la prueba pericial ofrecida en autos; glósese a los autos para los efectos legales conducentes.
- Principal
citatorio por este medio de lista se notifica al quejos el auto que dice: veintiocho de agosto de dos mil diecinueve. I. Se sobresee fuera de audiencia. Del análisis de las constancias que integran el presente juicio, se advierte que ha sobrevenido una causa de improcedencia, cuyo análisis debe realizarse de oficio por ser de orden público y preferente a cualquier otro. En efecto, en el caso se actualiza en forma manifiesta e indudable, la causa de improcedencia contenida en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 5°, fracción II y 108, fracción III, del mismo ordenamiento legal, los cuales señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: [...] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. [.]." "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: [.] III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; [.]." De los preceptos transcritos se advierte que uno de los requisitos que debe contener el escrito inicial de la demanda, es el señalamiento de la autoridad o autoridades responsables, así como que tendrá este carácter aquella que dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar el acto que cree, modifique o extinga situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Asimismo, se advierte que si en la demanda no se señala a una autoridad como responsable, se surtirá la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en razón de que no será posible examinar la constitucionalidad de sus actos, si no se le llamó a juicio y no fue oído. De la precisión de los actos reclamados y su correlativa existencia, se evidencia que la parte quejosa reclamó la falta de llamamiento a las diligencias de información Ad Perpetuam, promovidas por María Guadalupe Sandoval Navarro, en su carácter de albacea de la sucesión a bienes de Aurelio de Anda Díaz; procedimiento tramitado ante el Juez Octavo de lo Civil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, expediente 1379/82. Ahora, de las constancias certificadas que integran el presente sumario constitucional, mismas que merecen eficacia convictiva plena, en términos de lo establecido en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que ante el Juez Octavo de lo Civil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, María Guadalupe Sandoval Navarro, en su carácter de albacea de la sucesión a bienes de Aurelio de Anda Díaz, promovió en la vía de jurisdicción voluntaria, información Ad Perpetuam, a efecto de acreditar la posesión de dos fracciones de terreno rustico denominadas "Loma del Monte" y "Tecomates". Mediante acuerdo de doce de junio de mil novecientos ochenta y dos, se admitió a trámite dicha solicitud, la cual se registró bajo expediente 1379/82, se dio la intervención legal a las autoridades administrativas correspondientes y a los colindantes de esos inmuebles, para lo cual ordenó librar despacho al Juez Menor de Ixtlahuacán del Río Jalisco (foja 304 ). Tal comunicación oficial fue recibida el ocho de julio de mil novecientos ochenta y dos, por el Juez de Paz de Ixtlahuacán de Río, Jalisco, quien ordenó su diligenciación, en auxilio y comisión del juzgado de origen. Luego, al reverso del referido acuerdo, obra la constancia de notificación practicada por el juez despachado a Sixto de Anda Díaz, el dieciséis de julio de mil novecientos ochenta y dos (foja 271 vuelta). De lo precisado se advierte que al Juez de Paz de Ixtlahuacán de Río, Jalisco, le resultaba el carácter de autoridad responsable, en razón de que la omisión de notificarle a Sixto de Anda Díaz, en su calidad de colindante del trámite de las diligencias de información Ad Perteuam, que ahora se reclama, deriva evidentemente de la actuación practicada por éste. Ilustra sobre lo anterior, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Registro: 196929, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Enero de 1998, Materia(s): Común, Tesis: P./J. 5/98, Página: 96, de rubro y texto siguientes: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. EN EL AMPARO QUE PROMUEVA, SON AUTORIDADES RESPONSABLES LAS QUE DICTAN, ORDENAN, EJECUTAN O TRATAN DE EJECUTAR, LOS ACTOS QUE AFECTAN EL BIEN O DERECHO DEL QUE AQUÉLLA ES TITULAR. De los artículos 4o., 11 y 114, fracción V, de la Ley de Amparo, se infiere que, como regla general, para determinar qué autoridades han de ser llamadas como responsables cuando alguien demanda el amparo como persona extraña a un juicio, deben precisarse los actos autoritarios que afectan los intereses jurídicos del quejoso; y si bien no puede establecerse, a priori, con precisión, quiénes son autoridades responsables en esta clase de amparos, sí es posible, dentro de la amplia serie de situaciones susceptibles de presentarse, llegar a señalar a título ejemplificativo y como aplicación de la regla general, algunas de las hipótesis más características. Así, cuando el quejoso, como persona extraña, es titular del derecho o bien que debaten actor y demandado en un juicio, sufre el perjuicio desde que se inició el procedimiento sin haber sido emplazado, o haberse realizado el emplazamiento con vicios que le impidieron comparecer a defender sus derechos subsistiendo el perjuicio durante todo el juicio y, en su caso, en la ejecución; en esas condiciones, si todo el procedimiento le causa perjuicio, inclusive la sentencia definitiva y su ejecución (si hasta ahí se llegó), serán autoridades responsables el Juez y, en sus respectivos casos, el actuario, el tribunal de segunda instancia y los ejecutores. En otro supuesto, si los bienes o derechos de que es titular la persona extraña no son debatidos ni tocados durante el procedimiento, sino sólo por el Juez en su sentencia, ésta será el acto reclamado y el Juez la autoridad responsable. En otra aplicación de la regla general, si ni el procedimiento ni la sentencia afectan los intereses del quejoso extraño, pero sí el mandamiento de ejecución, éste y su cumplimiento serán los actos reclamados, y serán responsables el ordenador y el ejecutor. Finalmente, si los derechos del extraño no son tocados por el procedimiento ni por la sentencia, ni por el mandamiento de ejecución, sino sólo por la ejecución, ésta constituye el acto reclamado y el actuario o ejecutor será la autoridad responsable. No es obstáculo para lo anterior, la circunstancia de que al momento de promover la demanda no se tenga conocimiento de todas las autoridades sino sólo de alguna de ellas, ya que el quejoso tendrá la oportunidad de realizar el señalamiento de las restantes en la ampliación de demanda, que procederá una vez que se conozca el informe justificado y, para tal efecto, si el quejoso omitiera señalar alguna o algunas de las autoridades que participaron en el procedimiento, concurriendo a la afectación de su derecho, debe atenderse a la jurisprudencia número 30/96 de la Segunda Sala, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo III, del mes de junio de mil novecientos noventa y seis, a fojas doscientos cincuenta y doscientos cincuenta y uno, bajo el rubro: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE, EL JUEZ DEBE PREVENIR AL QUEJOSO PARA DARLE OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA." Ahora, de lo actuado en el presente juicio de derechos fundamentales, se advierte que en proveído de cinco de julio de dos mil diecinueve (fojas 300 y 301), se requirió al quejoso para que manifestara si señalaba como autoridad responsable al Juez de Paz de Ixtlahuacán de Río, Jalisco, apercibido que de no hacerlo, se seguiría el trámite del juicio única y exclusivamente por lo que respecta a las autoridades precisadas en el escrito inicial de demanda con las consecuencias que ello implicaba y, al no haber dado cumplimiento a tal requerimiento, en acuerdo de cinco de agosto el presente año, se hizo efectivo el apercibimiento indicado (foja 303). En consecuencia, si bien son verídicos los actos reclamados al responsable Juez Octavo de lo Civil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, lo cierto es, que no pueden estudiarse, en razón de que no se llamó a juicio al indicado Juez de Paz de Ixtlahuacán de Río, Jalisco, a quien también le revestía el carácter de responsable en razón de que la omisión reclamada (falta de llamamiento a diligencias de información Ad Perpetuam), derivó de su actuación. En ese sentido, no es factible resolver en cuanto a la constitucionalidad ni analizar el fondo del asunto con relación a los actos reclamados. Cobra aplicación al caso, la jurisprudencia del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, Época: Novena Época, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, Octubre de 1995, Página: 468, del tenor siguiente: "AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS. Si en la demanda de amparo no se señala a una autoridad como responsable, jurídicamente no es posible examinar la constitucionalidad de sus actos, puesto que no se llamó a juicio ni fue oída; por lo tanto, se surte la causal de improcedencia prevista en el artículo 73 fracción XVIII de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 5o., fracción II y 116, fracción III del mismo ordenamiento lega". Además, del análisis de las constancias que remitió la responsable a su informe justificado, las cuales ya fueron debidamente valoradas, se advierte que el juicio de amparo es improcedente, en virtud que el acto reclamado por la parte quejosa consiste en la omisión de notificarle a Sixto de Anda Díaz, en su calidad de colindante del trámite de las diligencias de información Ad Perteuam; sin embargo, como ya se vio, obra la constancia de notificación del acuerdo por el que se citó a los colindantes en ese trámite, entre ellos, destaca la notificación practicada Sixto de Anda Díaz; máxime que, como ya se dijo, la autoridad que practicó la notificación no fue señalada como responsable, pese a la prevención que se realizó en acuerdo de cinco de julio de dos mil diecinueve (fojas 300 y 301). En consecuencia, también se materializa la causa de improcedencia contenida en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, ante la inexistencia del acto al momento de la presentación de la demanda. Sustenta lo anterior, la Tesis 217, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil y del Trabajo, del Segundo Circuito, visible en la página 213, Tomo XVI, octubre de 1994, del Semanario Judicial de la Federación: "INEXISTENCIA Y CESACIÓN DE EFECTOS CUANDO LO RECLAMADO ES LA FALTA DE CONTESTACIÓN A UN ESCRITO. Cuando lo que se reclama es la falta de contestación a un escrito formulado por el gobernado, entonces la inexistencia del acto reclamado provendrá o de que no existe la solicitud, o bien, que antes de interponerse la demanda ya se haya dado la respuesta por escrito a dicha solicitud; en cambio, si a la fecha de presentación de la demanda no se ha dado contestación a la solicitud del gobernado pero tal respuesta se produce con posterioridad, entonces no es dable concluir con la inexistencia del acto reclamado, sino con la improcedencia del juicio porque han cesado los efectos del acto negativo reclamado, en términos del artículo 73 fracción XVI de la Ley de Amparo.". Además de lo anterior, es patente y notoria la improcedencia del presente juicio de derechos fundamentales, en razón que el promovente del amparo Juan Gabriel de Anda Reyes, carece de interés jurídico, en virtud que de la lectura integral de su escrito de demanda, así como de su respectiva aclaración, se advierte que compareció a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, por derecho propio, no obstante la prevención que se le realizó en proveído de veintidós de marzo de dos mil dieciocho (fojas 09 a 16). Luego, si en el caso fáctico Juan Gabriel de Anda Reyes, reclama del Juez Octavo de lo Civil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, la omisión de llamar a su progenitor Sixto de Anda Díaz, al trámite de las diligencias de información Ad-Perpetuam, registrado bajo expediente 1379/1982, que promovió María Guadalupe Sandoval Navarro, es inconcuso que tal omisión por si sola no viola en perjuicio del quejoso los derechos humanos tutelados por la Ley Fundamental. En ese contexto, a nada práctico conllevaría a esperar a la celebración de la audiencia constitucional para emitir una resolución que no variaría a la que ahora se emite. Cabe destacar que esta decisión no viola los derechos humanos de acceso a la justicia y defensa protegidos por los artículos 14 y 17 constitucionales, y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, tampoco incumple con el objeto de la Ley de Amparo, que es maximizar y eficientar los derechos humanos de los individuos para evitar actos arbitrarios de la autoridad. En efecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que los artículos 1 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconocen el derecho de acceso a la impartición de justicia (acceso a la tutela judicial efectiva). Sin embargo, ha precisado también que esa circunstancia no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance, pues, por lo contrario, se dejarían de observar los demás principios constitucionales y legales que rigen la función jurisdiccional, en detrimento de la seguridad jurídica de los gobernados, provocando un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, pues se desconocería la forma de proceder de esos órganos, además de trastocarse las condiciones procesales de las partes en el juicio. Por tanto, el establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho referido, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a ellos. Sumado a que por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de forma que si bien es cierto dichos recursos deben estar disponibles para el interesado, a fin de resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y, en cualquier caso, cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de procedencia del recurso intentado. En ese sentido, aun cuando el juicio de amparo es una materialización del derecho humano de acceso a la impartición de justicia y de un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a ese derecho fundamental. En apoyo se traen a colación la jurisprudencia 2a./J. 98/2014 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, registro 2007621, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, página 909, del tenor: "DERECHO DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. SU APLICACIÓN RESPECTO DE LOS PRESUPUESTOS PROCESALES QUE RIGEN LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL. Si bien los artículos 1o. y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconocen el derecho de acceso a la impartición de justicia -acceso a una tutela judicial efectiva-, lo cierto es que tal circunstancia no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance, pues tal proceder equivaldría a que los Tribunales dejaran de observar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional, provocando con ello un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, pues se desconocería la forma de proceder de esos órganos, además de trastocarse las condiciones procesales de las partes en el juicio" En esa virtud, al actualizarse de forma patente la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracciones XII y XXIII, en relación con el numeral 63, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio fuera de audiencia. II. Se deja sin efectos fecha de audiencia constitucional. Como consecuencia de lo acordado anteriormente, se deja sin efectos la celebración de la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL DIECIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Helmuth Gerd Putz Botello, Juez Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, asistido por el secretario Juan Alberto Ramírez Díaz, que autoriza y da fe. HGPB/JARD
- Principal
Téngase por recibidos los oficios del secretario del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, mediante los cuales informa que admitió el recurso de queja hecho valer en el presente incidente y remite el testimonio de la resolución pronunciada por ese tribunal en sesión de veintinueve de sesión de seis de septiembre de dos mil diecinueve, en la queja 250/2019, en la cual resolvió: "ÚNICO.- Se declara infundada la presente queja". Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y acúsese de recibo. Téngase por recibido el escrito de Francisco José Ramírez Verduzco, autorizado de la parte quejosa, visto su contenido, respecto a requerir a las autoridades señaladas, por las constancias que refiere, dígasele se esté a lo acordado en proveídos de cinc y seis de septiembre de dos mil diecinueve (folios 313 y 317). Visto el segundo de los escritos del autorizado de la parte quejosa, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 143 de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecidas, admitidas y desahogadas, dada su especial naturaleza, las documentales que exhibe, sin perjuicio de ser relacionadas al celebrarse la audiencia incidental. Ahora, toda vez que dentro del presente incidente se encuentra transcurriendo el plazo otorgado a los terceros interesados, a fin de que señalen las constancias que estimen necesarias para resolver el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa, en contra del proveído de veintisiete de agosto del presente año; se difiere la audiencia incidental programada para el día de hoy, y se señalan las NUEVE HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL VEINTISIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, para su celebración. En otro contexto, de conformidad con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 29, 30 y 31, del mismo ordenamiento legal, se ordena que las notificaciones a las autoridades responsables en el presente juicio de amparo indirecto, o de los recursos que llegaren a interponerse, entre ellas, el auto que tenga por recibido el informe justificado, un acuerdo de vista a las partes o los diferimientos de las audiencias que llegaren a ocurrir, deben notificarse por lista; salvo aquellas que se estime que deban efectuarse en forma personal, las cuales se les notificarán por medio de oficio.
Quedan 2 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan · 10,314 expedientes
- Jesús Ignacio Casas Rico314/2018
- Jesús Ignacio Casas Rico1422/2011
- Jesús Isaías Manzanares Tapia673/2023
- Jesús Isaías Manzanarez Tapia1408/2023
- Jesús Iván Alcalá Lizárraga y Otros.1223/2017
- Jesús Jahzeel Gamboa Astorga1272/2019
- Jesús Lugo Jiménez737/2018
- Jesús Lugo Jiménez1531/2019
- Jesús Manuel Márquez Ramírez797/2021
- Jesús Manuel Márquez Ramírez274/2023
- Jesús Manuel Márquez Ramírez1904/2019
- Jesús Manuel Márquez Ramírez2343/2019