Jesús Llanes Govea

Expediente 319/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 10 actuaciones registradas, la última del 4 de octubre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
319/2019
Año
2019
Actuaciones
10
Última actuación
04/10/2019

Partes del expediente

  • Jesús Llanes Govea
  • Lic. Juan Carlos Portillo Puentes en su carácter de Director del CERESO de Ciudad Valles, San Luis Potosí

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, cuatro de octubre de dos mil diecinueve. Visto lo de cuenta, se provee: toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera el recurso de revisión que prevé el artículo 81, fracción I, inciso d), de la ley en comento, contra del proveído de diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Consecuentemente, con fundamento en los numerales 356, fracción II, y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, por disposición expresa de su artículo 2°, se declara que HA CAUSADO ESTADO el mismo, para todos los efectos legales. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. No obsta a lo anterior, el hecho de que este juzgado no haya realizado el computo a efecto de saber si ya transcurrió el término a las autoridades responsables, para la presentación del recurso de revisión que prevé el citado numeral 86 de la Ley de la Materia, lo anterior, en atención a que se determinó sobreseer el presente juicio fuera de audiencia; por tanto, dicha resolución no les irroga perjuicio alguno. Resulta aplicable por identidad de razón la tesis número I.1o.A.37 K (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada el viernes 10 de Agosto de 2018 en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro 2017556, que a la letra dice: "LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN EN AMPARO. LAS AUTORIDADES RESPONSABLES CARECEN DE ÉSTA CUANDO EL JUEZ DE DISTRITO NEGÓ LA PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL RESPECTO DE LOS ACTOS QUE SE LES ATRIBUYERON. Conforme al artículo 87, primer párrafo, de la Ley de Amparo, las autoridades responsables podrán interponer el recurso de revisión contra las sentencias que afecten directamente el acto que se les reclame. Así, de la interpretación de esa disposición se colige que cuando el Juez de Distrito niega la protección de la Justicia Federal respecto de los actos que a aquéllas se atribuyeron, carecen de legitimación para instar el medio de defensa indicado, pues esa determinación no les depara perjuicio. Sin que sea obstáculo a lo anterior, el hecho de que los agravios propuestos estén encaminados a demostrar la improcedencia del juicio, ya que aun cuando se pudiera considerar que el sobreseimiento tendría consecuencias jurídicas de diversa naturaleza que les reportarían un beneficio distinto, ese examen sólo sería posible si el quejoso interpone el recurso para impugnar la negativa del amparo, supuesto en el que las responsables estarán en posibilidad de hacer valer, vía revisión adhesiva, motivos de improcedencia o robustecer los que abordó y desestimó el juzgador, en virtud de que, de prosperar los alegatos del promovente, se dejaría insubsistente la decisión que, en principio, les favoreció." Por otra parte, tomando en consideración el sentido de la determinación final dictada en autos del juicio de amparo en que se actúa, en cumplimiento al punto vigésimo primero fracciones I, II y III del acuerdo en cita, se estima que el expediente en que se actúa es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula de dicho expediente, el cual deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que se cumpla el plazo de cinco años; o en caso de resultar procedente, en el de tres (transferencia provisional). Notifíquese.

  2. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los presentes autos, se evidencia que el promovente Jesús Llanes Govea, mediante escrito presentado en la oficialía de partes de este juzgado federal el once de septiembre de dos mil diecinueve, compareció a manifestar su desistimiento en su perjuicio; y, ante la actuaria para ratificar el mismo, como se desprende de la constancia de notificación que antecede. En consecuencia, es de concluirse claramente que no existe interés legal alguno por parte del promovente en la prosecución del presente asunto; por tanto, con fundamento en la fracción l, del artículo 63 de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia del asunto en que se actúa, por desistimiento expreso, háganse las anotaciones correspondiente en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E). De ahí que, se dejen sin efecto alguno las providencias decretadas en el presente juicio de amparo. Atento a lo anterior, se deja sin efectos la fecha señalada para que tuviera verificativo la audiencia constitucional; es decir, a las diez horas con veinte minutos del treinta de septiembre de dos mil diecinueve. Notifíquese, y personalmente al quejoso en su lugar de reclusión.

  3. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, doce de septiembre de dos mil diecinueve. Téngase por recibido el escrito de cuenta, signado por el quejoso Jesús Llanes Govea, mediante el cual manifiesta que es su deseo desistirse del presente sumario constitucional. Ahora bien, toda vez que del ocurso de cuenta se advierte que el quejoso se encuentra recluido en el Centro Penitenciario Estatal de esta ciudad; se comisiona a cualquiera de los actuarios judiciales de la adscripción para que se constituya en la citada institución, y previa excarcelación del quejoso, le ponga a la vista copia certificada del ocurso de desistimiento de cuenta y lo requiera para que en la propia diligencia de notificación, lo ratifique; con el apercibimiento que de no hacerlo, no se le tendrá por desistido y se continuará con el trámite del presente juicio de amparo. Tiene aplicación al respecto, la jurisprudencia número 2a./J. 119/2006, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizada en la página 295 del Tomo XXIV, Agosto de 2006, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 174481, que a la letra señala: "DESISTIMIENTO EN EL AMPARO. DEBE SER RATIFICADO POR EL QUEJOSO.- El artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece como principio básico que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada. Por tanto, para que el Juez o tribunal de amparo tengan una mayor certeza y seguridad, tanto en la intención del promovente como en la resolución de sobreseimiento que deben dictar al respecto, en los términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta indispensable que el escrito de desistimiento sea ratificado por el quejoso ante la presencia judicial o de un funcionario con fe pública, lo cual no constituye una mera formalidad para el juzgador, sino que tiene como finalidad cerciorarse de la identidad de quien desiste y saber si preserva su propósito de dar por concluido el procedimiento que inició. La certeza en la identidad y voluntad del promovente para realizar ese acto procesal se confirma con la reforma al mencionado artículo 74, fracción I, en la que el legislador eliminó la disposición de que se decrete el sobreseimiento cuando "se tenga por desistido al agraviado en términos de ley", para conservar solamente la del desistimiento expreso, así como con el artículo 30, fracción III, del mismo ordenamiento, donde se ordena notificar personalmente al interesado la providencia que mande ratificar el escrito de desistimiento de la demanda o de cualquier recurso, y que en caso de no constar su domicilio, la petición será reservada hasta que subsane la omisión. En consecuencia, si el quejoso en un juicio de amparo manifiesta que desiste en su perjuicio de la demanda que presentó, pero no ratifica dicha manifestación, es evidente que debe continuarse con el procedimiento del juicio". Asimismo, sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia número 2a./J. 33/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 147 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, con número de registro 192108, del siguiente contenido: "DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. PUEDE MANIFESTARSE EN CUALQUIERA DE LAS INSTANCIAS DEL JUICIO, MIENTRAS NO SE HAYA DICTADO LA SENTENCIA EJECUTORIA. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107, fracción I, de la Constitución General de la República, la voluntad para promover el juicio de amparo es un principio fundamental, de modo que siempre debe seguirse a instancia de parte agraviada, de ahí que pueda, válidamente, desistir en cualquier momento con la sola declaración de su voluntad. Lo anterior se encuentra reconocido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece como una de las causas de sobreseimiento en el juicio el desistimiento de la demanda, que para la misma disposición constituye una abdicación o renuncia del sujeto a que el órgano de control constitucional ejerza su actividad jurisdiccional en un caso concreto y determinado, implicando el desistimiento de la demanda. Por consiguiente, el desistimiento ratificado por el quejoso, actualiza la hipótesis prevista por el mencionado artículo 74, fracción I, a pesar de que se haya externado ante el a quo y con posterioridad a la fecha en que éste dictó la resolución de primera instancia e incluso, a que en contra de tal fallo se haya interpuesto el recurso de revisión, porque el quejoso conserva su derecho para desistir de la demanda en el momento en que lo considere conveniente a sus intereses, y el órgano de control constitucional tiene el deber de aceptar esa renuncia." Notifíquese y personalmente al quejoso en su lugar de reclusión.

  4. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, cinco de septiembre de dos mil diecinueve. Ténganse por recibidos los oficios de cuenta, signados por el Director y Coordinador Médico, ambos del Centro Penitenciario Estatal de esta ciudad, mediante los cuales informan el cumplimento dado al requerimiento de veintiuno de agosto del presente año en el presente sumario constitucional. Finalmente, por lo que respecta a las documentales que acompañan, se tienen desahogadas por su propia y especial naturaleza de conformidad con el artículo 119, de la Ley de Amparo. Notifíquese y personalmente al quejoso en su lugar de reclusión, debiéndole entregar copia simple de los informes recibidos y del presente acuerdo.

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