Jesús Leonel Pérez Montaño

Expediente 17/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 2 de febrero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
17/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
02/02/2021

Partes del expediente

  • RESERVADA y Otros.
  • Jesús Leonel Pérez Montaño

Actuaciones

  1. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE PROMOVENTE, LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Visto el estado que guardan los presentes autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo establecido en el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte promovente hubiera recurrido el auto de catorce de enero de dos mil veintiuno, a través del cual se desechó la demanda de amparo con que se formó el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 355 y 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del diverso numeral 2º ibídem, se declara que dicho auto ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, archívese el presente juicio como asunto total y definitivamente concluido, previa anotación que se haga en el libro respectivo... este expediente debe considerarse DESTRUIBLE... pues se trata de un asunto en el que se desechó la demanda de amparo. En tal virtud, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente; y, una vez transcurrido el plazo de conservación de TRES AÑOS a que se refiere el primer párrafo del artículo 21 antes invocado, dentro de los treinta días siguientes, deberá destruirse este expediente y remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación.

  2. Principal

    Boca del Río, Veracruz, catorce de enero de dos mil veintiuno. RADICACIÓN Vista la demanda de amparo, promovida por Jesús Leonel Pérez Montaño, por propio derecho y en representación de sus menores hijos de identidad reservada, contra actos del Juez Décimo Cuarto de Primera Instancia en materia Familiar del Distrito Judicial de Veracruz, Veracruz y otras autoridades; con apoyo en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción I, VII y XV, de la Constitución Federal, 1°, 33, fracción IV, 35, 107, fracción V, 108 y 112 de la Ley de Amparo, se ordena formar el expediente y anotar su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado con el consecutivo 17/2021-V, que es el que le correspondió. DESECHAMIENTO Ahora, en atención al estudio integral que se realiza de la demanda relativa al presente asunto, se procede a determinar: De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el suscrito tiene la obligación de examinar el escrito de demanda, y de encontrar algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, deberá desecharla de plano; congruente con ello, el que suscribe advierte la actualización de una causa de improcedencia del presente juicio constitucional, la que se analizará a continuación. En el presente asunto, el suscrito juzgador estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del numeral 61 de la Ley de Amparo, que establece que el juicio de amparo es improcedente cuando la ley conceda algún recurso, por virtud del cual las resoluciones judiciales puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, razón por la que obligatoriamente deben agotarse dichos recursos. Para una mejor comprensión, conviene transcribir el acto que el quejoso reclama en la demanda que dio origen al presente juicio de amparo. ACTO RECLAMADO "Reclamo la resolución del diecisiete de diciembre del año dos mil veinte, relativa al juicio de alimentos promovido por Karla Esbidy Trejo García, en contra de Jesús Leonel Pérez Montaño, con número de expediente 1322/2020-IV. En donde ordena proceder a efectuar descuentos del 50% (CINCUENTA POR CIENTO), dividido 10% (DIEZ POR CIENTO) a favor de la promovente y 20% (VEINTE POR CIENTO) en favor de cada menor del salario diario y demás prestaciones ordinarias, extraordinarias y de todos los ingresos que recibo como trabajador; auto dictado por el JUEZ DÉCIMO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA ESPECIALIZADO EN MATERIA DE FAMILIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE VERACRUZ, dentro del expediente 1322/2020-IV." Precisado lo anterior, conviene destacar que el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo." El anterior numeral consagra uno de los principios rectores del juicio de amparo, que es el de definitividad, el cual consiste en que el juicio de amparo sólo procede contra actos definitivos, esto es, contra los que ya no proceda recurso, juicio o medio de defensa alguno por el que puedan ser revocados, modificados o confirmados; asimismo, dicho precepto consagra las excepciones que operan tratándose de resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo. Este principio es indicativo de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa a través de la protección de los derechos fundamentales, de modo que para acudir a él es necesario interponer en la vía ordinaria procedente los recursos o medios ordinarios de defensa que procedan. De lo anterior, se colige que previamente a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, el solicitante de amparo debe agotar el recurso, juicio o medio de defensa legal que sea procedente conforme a las leyes que rijan los actos y que pueda producir como efecto su modificación, revocación o nulidad. La jurisprudencia P./J. 11/2018 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 8, Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro y texto siguientes, aborda precisamente que se entiende por definitividad: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo. Una vez que fueron interpuestos esos medios de defensa, el amparo es procedente; no obstante, la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo prevé supuestos de excepción al principio de definitividad y por tanto hace innecesario agotar los recursos o medios legales ordinarios, de ahí que el quejoso tiene una dispensa para promoverlos y acudir directamente al amparo. Al respecto, también la materia familiar y sobre todo aquellas controversias en las que intervengan derechos de menores se configuran como supuestos de excepción, porque son casos de especial relevancia para el Estado, pues son asuntos de protección reforzada. Así, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación elaboró la jurisprudencia 1a./J. 77/2013 (10a.), visible en la página 990, Libro XXV, Octubre de 2013, Tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SE ACTUALIZA UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO EN LOS CASOS EN LOS QUE ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD, CUANDO EL RECURSO ORDINARIO NO ADMITE LA SUSPENSIÓN DEL ACTO. En términos del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto reformado por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, proteger, respetar y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad y, particularmente, otorgar una protección especial a los derechos de la infancia por las circunstancias de vulnerabilidad en que se hallan. Por lo anterior, y en términos de los artículos 107, fracción III, inciso b), de la propia Constitución y 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, se sigue que se actualiza una excepción al principio de definitividad en el juicio de amparo indirecto en aquellos casos en los que esté involucrado un menor de edad, cuando, de acuerdo con la legislación aplicable al caso, el recurso ordinario que deba agotarse no admita suspensión y cualquiera de las partes alegue un riesgo para el menor en caso de ejecutarse la resolución impugnada, pues en ese supuesto el recurso es inadecuado o ineficaz para alejarlo de la situación de vulnerabilidad en que pueda encontrarse. Lo anterior es así, pues el principio de definitividad supone la existencia de recursos idóneos, efectivos, oportunos y aptos para reparar oportuna y adecuadamente las violaciones a las leyes cometidas en el acto o resolución impugnada". La jurisprudencia citada reconoce que, cuando esté involucrado un menor, se actualiza una excepción al principio de definitividad, pero la referida posibilidad no procede en forma automática, sino que es necesario verificar otros requisitos: I. Como fue expuesto, que intervenga un menor, II. Que cualquiera de las partes alegue un riesgo para el menor en caso de ejecutarse la resolución impugnada y III. Que el recurso ordinario no admita suspensión. Con base en un análisis integral de lo narrado en la demanda de amparo del presente asunto, se advierte aunque sí intervienen menores, la parte quejosa no alegó un riesgo con motivo de la ejecución del acto reclamado y tampoco este Juzgador advierte uno. Por lo que, al descartarse la posibilidad de aplicar la jurisprudencia referida, esa situación implica que la parte quejosa debía promover el recurso ordinario previsto por la legislación ordinaria. El numeral 210 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz prevé lo siguiente: "Artículo 210. Presentada la demanda con los documentos y copias prevenidas, se correrá traslado de ella a la persona o personas contra quienes se proponga, y se les emplazará para que contesten dentro de nueve días. En los casos en que se reclamen alimentos, el juez podrá en el auto en que dé entrada a la demanda, a petición de parte y atendiendo a las circunstancias, fijar una pensión alimenticia provisional y decretar su aseguramiento, cuando los acreedores justifiquen, con las correspondientes copias certificadas de las actas del estado civil, el vínculo matrimonial o parentesco con el deudor alimentista, o tratándose de concubinato, con algún medio de prueba que acredite tal hecho, sin perjuicio de lo que se resuelva en la sentencia definitiva. Cualquier reclamación sobre la medida indicada en el párrafo que antecede, se podrá formular dentro del escrito de contestación a la demanda, y previa vista que se dé a la parte contraria de la reclamante, el juez la resolverá dentro del término de tres días, tomando en cuenta los documentos que se hubieren aportado. Contra esta resolución no procede recurso ordinario." Ante el contexto referido se advierte que, conforme al último párrafo del precitado numeral, la reclamación es el medio ordinario idóneo para impugnar el acto que el solicitante de amparo reclama, consistente en la determinación que fija el monto de la pensión alimenticia provisional decretada a favor de su cónyuge y de sus hijos menores de edad y que debió agotar previamente, para luego poder acudir a esta instancia constitucional en defensa de sus derechos; sin embargo, no consta que así lo haya hecho. Con base en las consideraciones precedentes queda de manifiesto que la parte quejosa tenía la obligación de agotar el recurso ordinario de reclamación antes de acudir al juicio de amparo y al no haberlo hecho así, es evidente que no cumplió con el principio de definitividad que rige el juicio de derechos fundamentales, lo que hace improcedente el presente juicio de amparo. En consecuencia, al quedar debidamente acreditada la causa de improcedencia invocada, se debe desechar la demanda de amparo promovida por Jesús Leonel Pérez Montaño, por propio derecho y en representación de sus menores hijos de identidad reservada, por su manifiesta e indudable improcedencia, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo. Determinación que se toma en cumplimiento al derecho humano de prontitud en la administración de justicia prevista en el artículo 17 Constitucional, pues ello permite a los impetrantes de amparo acudir ante las instancias correspondientes a defender sus derechos. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). DOMICILIO Y AUTORIZADO Téngase como domicilio de la quejosa para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda, y de no existir el mismo, encontrarse éste deshabitado o manifestar quien lo ocupe que no conoce a la quejosa o a sus autorizados, se realizarán las notificaciones que tengan el carácter de personales, por lista, previo acuerdo que al efecto se emita, de conformidad con el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo; asimismo, téngase como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Werner Belzer Méndez y Diego Calero Chávez, por tener registradas sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito de toda la República, que los acredita para ejercer la profesión de abogado; y únicamente para oír y recibir notificaciones a las restantes personas que menciona, por no tener su cédula registrada en dicho sistema. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Toda vez que no existe impedimento legal para que la parte promovente, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoriza, pueda hacer uso de scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro medio electrónico similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el suscrito Juez Federal, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el secretario del juzgado, así como de la persona que reciba la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior, de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del consejo de la Judicatura Federal. AUTORIZACIÓN DE COPIAS Hágase del conocimiento de las partes, que desde este momento se habilita la expedición de copias de las constancias que se deriven del presente asunto, sin que se requiera de previa promoción, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, en relación con el 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de esta última ley, en los términos que lo soliciten, previa constancia que por su recibo se deje en el expediente, conforme lo permitan las labores de este Juzgado, siempre y cuando obren en autos las constancias cuyas copias se soliciten, y que no preexista o sobrevenga algún impedimento material o legal para la expedición de dichas copias. EXHORTO A LAS PARTES Dado que el ingreso al recinto que ocupa este Juzgado de Distrito, se encuentra regulado por el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en el cual se tomaron acciones específicas respecto al número de personas que pueden acceder al edificio, a efecto de evitar la propagación del virus Covid-19, se exhorta a las partes, para que: a). Formulen alegatos vía electrónica, de conformidad con el artículo 5°, fracción II, última hipótesis, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, sin perjuicio de que puedan ser presentados de manera física ante este órgano jurisdiccional. b). Asimismo, se requiere a los que intervienen en este asunto para que en el plazo de tres días, contados a partir del día siguiente que surta efectos la notificación del presente proveído, manifiesten si es su deseo estar presentes en el momento de la celebración de la audiencia constitucional; de ser así, ésta deberá diferirse, a fin de que este Juzgado genere la cita en la agenda electrónica para su comparecencia y tome las medidas necesarias para que la misma se lleve a cabo a través de videoconferencia, de conformidad con las disposiciones contenidas en el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, atento a las posibilidades logísticas que marca el Acuerdo General 21/2020 citado en líneas precedentes. Apercibidas que de no hacer manifestación expresa al respecto, se entenderá que no es su deseo estar presente en la audiencia y ésta se llevará a cabo en la fecha indicada, sin su asistencia física o virtual. Sin que con lo anterior se considere que se coarte algún derecho de las partes, en tanto que la Ley de Amparo, en su artículo 124, dispone que la audiencia constitucional puede celebrarse con los alegatos por escrito que formulen las partes y prevé que únicamente podrán alegar verbalmente cuando se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida o libertad fuera de procedimiento, incomunicación, tortura y demás a que se refiere el artículo 22 Constitucional. c). De igual manera, con fundamento en el artículo 22 del citado Acuerdo General 21/2020, se exhorta a las partes a que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicio en Línea; asimismo, propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, a través de los cuales se pueda entablar comunicaciones no procesales. LINEAMIENTOS PARA EFECTUAR LAS NOTIFICACIONES Se instruye a los actuarios que las notificaciones que hagan en el presente asunto, se ajusten a lo previsto en los artículos 21 y 23 del referido Acuerdo General 21/2020; en el entendido de que las notificaciones personales, deberán desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. Notifíquese personalmente a la parte promovente.

  3. Principal

    EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE PROMOVENTE LA RESOLUCION QUE A LA LETRA DICE: Boca del Río, Veracruz, catorce de enero de dos mil veintiuno. RADICACIÓN Vista la demanda de amparo, promovida por Jesús Leonel Pérez Montaño, por propio derecho y en representación de sus menores hijos de identidad reservada, contra actos del Juez Décimo Cuarto de Primera Instancia en materia Familiar del Distrito Judicial de Veracruz, Veracruz y otras autoridades; con apoyo en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción I, VII y XV, de la Constitución Federal, 1°, 33, fracción IV, 35, 107, fracción V, 108 y 112 de la Ley de Amparo, se ordena formar el expediente y anotar su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado con el consecutivo 17/2021-V, que es el que le correspondió. DESECHAMIENTO Ahora, en atención al estudio integral que se realiza de la demanda relativa al presente asunto, se procede a determinar: De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el suscrito tiene la obligación de examinar el escrito de demanda, y de encontrar algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, deberá desecharla de plano; congruente con ello, el que suscribe advierte la actualización de una causa de improcedencia del presente juicio constitucional, la que se analizará a continuación. En el presente asunto, el suscrito juzgador estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del numeral 61 de la Ley de Amparo, que establece que el juicio de amparo es improcedente cuando la ley conceda algún recurso, por virtud del cual las resoluciones judiciales puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, razón por la que obligatoriamente deben agotarse dichos recursos....

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