Jesús León Rodríguez
Expediente 206/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 20 de mayo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 206/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 20/05/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Jesús León Rodríguez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que no se interpuso recurso de queja dentro del término de cinco días que contempla el artículo 98 de la Ley de Amparo, en contra del auto de veintinueve de abril pasado, en el que se desechó la demanda que dio origen al juicio de amparo que nos ocupa; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno de este Juzgado. En otro orden de ideas, al no existir actuación procesal pendiente de desahogo en el presente asunto, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, y en términos del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, el cual entró en vigor el veintiséis de noviembre de dos mil nueve; se ordena el archivo de este juicio de amparo. Con la precisión de que el presente asunto no se considera de relevancia documental, pues no se encuentra en ninguno de los supuestos a que hace mención el último párrafo del punto vigésimo primero del referido Acuerdo General Conjunto número 1/2009; sin que sea el caso proceder en los términos señalados en el último párrafo del punto vigésimo del citado acuerdo. En su oportunidad, transfiérase el expediente al archivo judicial conforme al calendario respectivo que elabore el Centro de Documentación y Análisis, tal y como lo establece el punto décimo, fracción I, del acuerdo aludido con anterioridad. En la inteligencia de que el presente asunto es destruible. Por otro lado, conforme a lo dispuesto en el párrafo segundo del punto décimo primero del acuerdo que nos ocupa, los datos anteriores háganse constar en la carátula del expediente. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno correspondiente. Notifíquese.
- Principal
En razón de que la parte quejosa ALMA DELIA ESTRADA MADRIGAL, quien promueve a favor de JESÚS LEÓN RODRIGUEZ o sus autorizados, no comparecieron ante este juzgado, dentro de los dos días hábiles siguientes, en términos del aviso que se les dejó en el domicilio señalado en autos, el treinta de abril de dos mil diecinueve; se hace efectivo el apercibimiento ahí decretado, y la notificación del proveído de veintinueve de abril de dos mil diecinueve, queda hecha mediante su publicación en la lista de la fecha indicada al inicio de la presente que se fija en los estrados de este juzgado y en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, proveído que en lo conducente dice: Agréguese a sus autos para que obre como corresponde, el oficio signado por el Subdirector de Seguridad Pública Municipal, con residencia en Paracho, Michoacán, mediante el cual, en atención al requerimiento realizado en acuerdo de doce de abril del año en curso, remite copia certificada de la ficha de datos del quejoso directo Jesús León Rodríguez, tales como fecha de detención y motivo de su salida; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales consiguientes. Ahora bien, vista la certificación que antecede de la que se advierte que transcurrió el término de tres días concedido a la promovente del amparo en auto de diez de abril del año en curso, para que hiciera comparecer al quejoso directo Jesús León Rodríguez ante este órgano jurisdiccional, a fin de que manifestara si ratifica o no la demanda presentada a su favor, sin que haya cumplido, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho proveído y se procede a acordar lo siguiente. En oficio visible a fojas 31, signado por el Director de Seguridad Pública Municipal de Paracho, Michoacán, informó a este juzgado: "Siendo las 00:20 horas del día 09 del mes de Abril de la presente anualidad 2019, se ingresó al área de barandilla al señor JESÚS LEÓN RODRÍGUEZ, quien fue trasladado al domicilio donde se ubican las oficinas de la Dirección de Seguridad Pública, calle prolongación Emiliano Zapata número 120 del fraccionamiento San José de la población de Paracho, por masculinos, quienes argumentaron que les había robado diversos objetos, así mismo lo señalaron como quien roba vehículos en el municipio, y al ver que el C. JESÚS LEÓN RODRÍGUEZ, presentaba algunos golpes visibles en el rostro, el personal a mi cargo lo ingresó al área de barandilla a fin de lograr mitigar la molestia de los masculinos y al ver que no se comprobaron los hechos que le imputan al C. JESÚS LEÓN RODRÍGUEZ, se dejó en libertad inmediata, ya que no había cargos que imputarle al C. JESÚS LEÓN RODRÍGUEZ, para lo cual anexo copia simple de su registro de entrada."; lo que se corrobora con la constancia que se adjunta al oficio de cuenta. Actualización de una causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia. En principio es conveniente señalar que el estudio de las causales de improcedencia y sobreseimiento, al ser de orden público, son de estudio preferente, por lo que es obligación del juez de amparo, que tenga conocimiento de la existencia de alguna causal que haga improcedente el juicio de amparo, entrar a su estudio, conforme a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la tesis I.7º.P.13 K, sustentada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXI, mayo de 2010, página 1947, cuyo rubro y texto dicen: "IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES RELATIVAS DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQUIER INSTANCIA, INDEPENDIENTEMENTE DE QUIÉN SEA LA PARTE RECURRENTE Y DE QUE PROCEDA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. Acorde con los preceptos 73, último párrafo, 74, fracción III y 91, fracción III, de la Ley de Amparo, las causales de sobreseimiento, incluso las de improcedencia, deben examinarse de oficio, sin importar que las partes las aleguen o no y en cualquier instancia en que se encuentre el juicio, por ser éstas de orden público y de estudio preferente, sin que para ello sea obstáculo que se trate de la parte respecto de la cual no proceda la suplencia de la queja deficiente, pues son dos figuras distintas: el análisis oficioso de cuestiones de orden público y la suplencia de la queja. Lo anterior es así, toda vez que, se reitera, el primero de los preceptos, en el párrafo aludido, establece categóricamente que las causales de improcedencia deben ser analizadas de oficio; imperativo éste que, inclusive, está dirigido a los tribunales de segunda instancia de amparo, conforme al último numeral invocado que indica: "si consideran infundada la causa de improcedencia ..."; esto es, con independencia de quién sea la parte recurrente, ya que el legislador no sujetó dicho mandato a que fuera una, en lo específico, la promovente del recurso de revisión para que procediera su estudio. En consecuencia, dicho análisis debe llevarse a cabo lo alegue o no alguna de las partes actuantes en los agravios y con independencia a la obligación que la citada ley, en su artículo 76 Bis, otorgue respecto del derecho de que se supla la queja deficiente, lo que es un tema distinto relativo al fondo del asunto.". Del análisis integral de las constancias que integran el expediente en que se actúa, se estima que se actualiza de forma notoria, manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que obliga a desechar en el presente juicio, en términos del artículo 64, del citado ordenamiento legal, por las consideraciones que a continuación se exponen: El artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado.". Por tanto, se actualiza la causa de improcedencia de cesación de efectos del acto reclamado anunciada, que ocurre cuando la autoridad responsable deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación u omisión; lo que implica, no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de sus efectos, lo que puede verse acompañado o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia establecida en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad del acto ya que no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, al haberse restituido a quejoso en el goce de su derecho humano violado establecido para su protección. Cobra aplicación al respecto, la jurisprudencia 2ª./J.59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Así como, la jurisprudencia número P.CL/97, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad". Ahora, la demanda de amparo presentada por comparecencia por Alma Delia Estrada Madrigal a favor de Jesús León Rodríguez, el nueve de abril de dos mil diecinueve ante este órgano jurisdiccional resulta improcedente (no ratificada por dicho quejoso directo), al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, respecto del acto reclamado consistente: "La incomunicación en que mantienen a mi hermano ya que no dejan que se entreviste con su abogado, ni tampoco dejan que su esposa lo vea y le lleve alimentos." Esto es, el quejoso reclama la incomunicación. De las constancias que adjuntó el Subdirector de Seguridad Pública Municipal, con residencia en Paracho, Michoacán, al oficio de cuenta, se advierte que cesaron los efectos del acto reclamado por la parte quejosa: Ficha de datos. Que a las 12:20 p.m. horas del nueve de abril de la presente anualidad, se ingresó al área de barandilla al quejoso directo JESÚS LEÓN RODRÍGUEZ, fue trasladado a las oficinas de la Dirección de Seguridad Pública, calle prolongación Emiliano Zapata número 120 del fraccionamiento San José de la población de Paracho, por señalamiento de robo de joyas y un vehículo pero que quedó en libertad inmediata a petición familiar sin pago de multa ni penitencia. Lo anterior al no haberse comprobado los hechos imputados al quejoso. A las documentales referidas se otorga pleno valor probatorio, conforme a lo previsto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición de su segundo precepto. Sobre el particular, tiene aplicación la Jurisprudencia 226, del Pleno del Alto Tribunal de la Nación, cuyo rubro y texto dicen: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena.". En efecto, de las constancias señaladas revelan que la autoridad responsable dejó en libertad al quejoso, el mismo nueve de abril del año en curso al quejoso directo; por ende, cesó la incomunicación que reclamaba el quejoso, es decir, desaparecieron los efectos de dicho acto. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la ley de la materia, lo procedente es desechar la demanda de amparo, con fundamento en el numeral 113, del mismo ordenamiento. Háganse las capturas correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Agréguense a sus autos para que obren como legalmente corresponde, los oficios signados por el Director de Seguridad Pública Municipal, con residencia en Paracho, Michoacán, mediante los cuales rinde el informe solicitado al Director y Comandante de dicha corporación policíaca, en acuerdo de nueve del mes y año en curso, en los que entre otras cosas manifiestan que dejaron en libertad al quejoso ya que no había cargos que imputarle; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Ahora bien, toda vez que dicho Director remite copia simple de una ficha de datos, que contiene entre otras cosas datos de detenido, fecha de detención y motivo de su salida; requiérase a la mencionada autoridad para que dentro del término de tres días remita copia certificada y legible de la ficha de que se trata, apercibido que en caso de ser omiso se le impondrá una multa equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización al momento en que no se atienda la encomienda, de conformidad con el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Notifíquese.
- Principal
En razón de que el quejoso ALMA DELIA ESTRADA MADRIGAL, QUIEN PROMUEVE A FAVOR DE JESÚS LEÓN RODRÍGUEZ o sus autorizados, no comparecieron ante este juzgado, dentro de los dos días hábiles siguientes, en términos del aviso que se le dejó en el domicilio señalado en autos, el once de abril del año en curso; se hace efectivo el apercibimiento ahí decretado, y la notificación del proveído de diez de abril del dos mil diecinueve, queda hecha mediante su publicación en la lista de la fecha indicada al inicio de la presente que se fija en los estrados de este juzgado y en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo. Proveído que en lo conducente dice:Vista la constancia de búsqueda de incomunicado de nueve del mes y año en curso, levantada por la actuaria adscrita a este órgano jurisdiccional, de la que se advierte que se constituyó en las instalaciones que ocupan las oficinas de la Policía Michoacán de la población de Paracho, Michoacán, con la finalidad, entre otras cosas, de requerir al quejoso directo Jesús León Rodríguez, para que manifestara si ratificaba o no la demanda de amparo promovida a su favor por Alma Delia Estrada Madrigal; sin embargo, dicho quejoso no se encontraba detenido, ya que fue informada por quien dijo llamarse Rocío Joaquín Monelongo que la persona buscada sí se encontraba detenida en ese lugar pero que a las doce horas de esa data salió en libertad. En tales condiciones, requiérase a la promovente del amparo Alma Delia Estrada Madrigal, para que dentro del término de tres días, contados a partir del día siguiente hábil al en que surta sus efectos la notificación que del presente auto se le practique, haga comparecer al quejoso directo Jesús León Rodríguez ante este órgano jurisdiccional, a fin de que manifieste si ratifica o no la demanda de amparo presentada a su favor o lo haga a través de su representante legal, apercibido que de no hacerlo, se acordará lo que en derecho corresponda. Notifíquese personalmente.
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