Jesús Laureano Cortez Coutiño
Expediente 50/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún. 22 actuaciones registradas, la última del 16 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 50/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 22
- Última actuación
- 16/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún · Quintana Roo
Partes del expediente
- Jesús Laureano Cortez Coutiño
Actuaciones
Las 4 más recientes de 22.
- Principal
::. Visto el estado que guarda el presente sumario y la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya recurrido la sentencia dictada el veintiocho de julio de dos mil veintidós en la cual se sobreseyó en el juicio de amparo; por tanto, se declara que ha causado ejecutoria para todos los efectos legales correspondientes. En atención a lo anterior, háganse las anotaciones en el libro de control correspondiente y archívese como asunto concluido. Ahora, con fundamento en el artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización transferencia y resguardo, de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se declara que este asunto carece de relevancia documental, dado que no se ubica en alguno de los supuestos que prevé dicho numeral, del Acuerdo General citado. Por otra parte, toda vez que en el presente juicio de amparo se concedió la suspensión de plano; se determina que es susceptible su depuración dentro del plazo de tres años, debiéndose hacer la anotación en la carátula del expediente y en el libro de control respectivo, esto con apoyo en el artículo 18, fracción I, inciso a), del aludido acuerdo general.
- Principal
::. En Cancún, Quintana Roo, siendo las diez horas con cincuenta minutos del veintiocho de julio de dos mil veintidós, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional relativa al juicio de amparo indirecto 50/2022-V, Darío Alex Humberto Ramírez Guerrero, Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, encargado del despacho durante las vacaciones del titular, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el cuatro de julio de dos mil veintidós, como se advierte en el oficio CCJ/ST/2895/2022 de la misma fecha firmado por la Secretaria Técnica de dicha comisión, ante Lourdes Cuevas Santiago, secretaria que autoriza y da fe, declara abierta la misma, sin la comparecencia de las partes, ni representante de ellas. Abierta la audiencia, la secretaria da lectura a la demanda y las demás constancias de autos; asimismo, da cuenta con la promoción con número de registro 13000; en consecuencia, el secretario encargado del despacho acuerdo, agréguese a los autos la promoción de cuenta remitida por la autoridad responsable Agente del Ministerio Público del fuero común adscrito a la Fiscalía Especializada en la Investigación de Robo de Vehículos y Transporte, con sede en esta ciudad, a través de la cual en cumplimiento al requerimiento que le fue realizado por auto de quince de julio de dos mil veintidós, remite fotocopia certificada del acuerdo de veintiséis de enero de dos mil veintidós, dictado en autos de la carpeta de investigación FGE/QROO/BJ/01/1374/2022 a su cargo, por el que decretó la libertad del quejoso Jesús Laureano Cortez Coutiño. Por tan tanto, téngase a dicha autoridad dando cumplimiento al requerimiento que le fue realizado por auto de quince de julio de dos mil veintidós, por lo que se deja sin efectos el apercibimiento ahí decretado. Luego, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase como prueba documental la constancia remitida por la autoridad responsable, y hágase la relación correspondiente en la etapa de pruebas de esta audiencia. Por otra parte, la secretaria certifica que obran los informes justificados rendidos por las autoridades responsables que enseguida se mencionan en los siguientes términos: No. Autoridades responsables Oficios Sentido 1 Fiscal Especializado en Materia de Delincuencia Organizada, con residencia en Ciudad de México, por conducto del Director General de Apoyo Jurídico y Control Ministerial en Delincuencia Organizada (en su denominación correcta) 8345 Niega Ciudad de México 2 Agente del Ministerio Público del fuero común adscrito a la Fiscalía Especializada en Robo de Vehículos y Transporte, de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, con residencia en esta ciudad (autoridad responsable sustituta de la señalada por la parte quejosa como Fiscal del Ministerio Público del fuero común adscrita a la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud, en su Modalidad de Narcomenudeo, Zona Uno). 1461 Niega 3 Secretario Municipal de Seguridad Pública y Tránsito de Benito Juárez, Quintana Roo, por conducto del Director de la Unidad Jurídica 1628 Niega 4 Encargado Estatal de la Fiscalía Especializada en Delitos Contra la Salud, en su Modalidad de Narcomenudeo, con residencia en esta ciudad 3175 Niega Cancún, Quintana Roo En consecuencia, el secretario encargado del despacho acuerda: téngase por hecha la relación de constancias y la certificación secretarial que antecede, para los efectos legales conducentes. Abierto el período de pruebas, la secretaria hace constar que la autoridad responsable Agente del Ministerio Público del fuero común adscrito a la Fiscalía Especializada en Robo de Vehículos y Transporte, de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, con residencia en esta ciudad, aportó pruebas documentales; finalmente, las demás partes no ofrecieron algún medio de prueba; a lo que el secretario encargado del despacho provee: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, téngase por ofrecidas y admitidas las pruebas aludidas, la cuales se desahogan por su propia y especial naturaleza; por tanto, téngase por cerrada la fase probatoria. Abierto el período de alegatos, la secretaria hace constar que la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado federal, realizó manifestaciones a manera de alegatos, no así las demás partes, a lo que el secretario encargado del despacho acuerda: con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngase por hechas las manifestaciones que en vía de alegatos formuló el fiscal federal de la adscripción; por lo que se da por concluida esta etapa de la audiencia. Enseguida, la secretaria certifica que no hay promociones pendientes de acordar. El secretario encargado del despacho acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngase por celebrada la presente audiencia constitucional y al encontrarse integrado el expediente en que se actúa, se dicta la siguiente resolución. V I S T O S para resolver el juicio de amparo 50/2022-V, promovido por Alfredo Méndez Hernández, en favor de Jesús Laureano Cortez Coutiño, contra actos del Agente del Ministerio Público del fuero común adscrito a la Fiscalía Especializada en Robo de Vehículos y Transporte, de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, con residencia en esta ciudad y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el veinticinco de enero de dos mil veintidós recibido por la secretaria de guardia de este juzgado de Distrito, Alfredo Méndez Hernández, en favor de Jesús Laureano Cortez Coutiño, solicita el amparo y protección de la justicia federal contra actos de las siguientes autoridades responsables: 1 Fiscal del Ministerio Público Federal adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la salud de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada 2 Fiscal Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud, en su Modalidad de Narcomenudeo 3 Secretario de Seguridad Pública del Estado 4 Coordinador de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud, en su Modalidad de Narcomenudeo Cancún, Quintana Roo Ello, por considerarlos violatorios de los artículos 1°, 14, 16, 22 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; que hace consistir en: "IV.- ACTO RECLAMADO.- de las autoridades señaladas como responsables en su carácter de ordenadoras, DESAPARICIÓN FORZADA, INCOMUNICACIÓN Y TORTURA A LA QUE ESTA SIENDO SOMETIDO EL DIRECTO QUEJOSO POR LAS AUTORIDADES SEÑALADAS temiendo en consecuencia por su vida." SEGUNDO. Radicación, concesión de suspensión de plano, admisión de la demanda. Recibida que fue la demanda de amparo el veinticinco de enero de dos mil veintidós, ante este juzgado de distrito, por auto de la misma fecha, se ordenó formar expediente que se registró bajo el número 50/2022-V; se concedió la suspensión de plano, y se requirió al quejoso para que ratifique la demanda promovida en su favor. En la razón actuarial de veintiséis de enero de la presente anualidad, el quejoso ratificó la demanda promovida en su favor, por lo que en auto de esa misma fecha, se admitió a trámite, se solicitó a las autoridades responsables su informe con justificación, se dio a la Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción la intervención legal que le compete, quien formuló el pedimento 194/2022, en el sentido de sobreseer el presente juicio de amparo; y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. Se reexpide oficio a autoridades responsables en su denominación y domicilio correcto. En proveído de veintisiete de enero de dos mil veintidós, se tuvo al Secretario Municipal de Seguridad Pública y Transito del Ayuntamiento de Benito Juárez, Quintana Roo, por conducto del Director de la Unidad Jurídica, informando que se encontraba imposibilitado para dar contestación a los oficios que le fueron remitidos, por encontrarse dirigidos al Secretario de Seguridad Pública del Estado de Quintana Roo, con residencia en Chetumal, por lo que en esa misma fecha de precisó que atendiendo a que el promovente en su demanda de amparo indicó que la autoridad que señaló como responsable tenía su domicilio en esta ciudad, atendiendo a dicha circunstancia se ordenó reexpedir dichos oficios en su denominación correcta; esto es, Secretario Municipal de Seguridad Pública y Transito del Ayuntamiento de Benito Juárez, Quintana Roo. Por otra parte, en proveído de once de marzo de dos mil veintidós, se tuvo a la parte quejosa corrigiendo la denominación de la autoridad responsable Fiscal del Ministerio Público Federal adscrito a la Unidad Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, con residencia en esta ciudad, por lo que se ordenó reexpedir el oficio correspondiente en su denominación correcta, a fin de que estuviera en posibilidad de rendir su informe justificado y respecto a la suspensión de plano. CUARTO. Autoridad responsable sustituta y audiencia constitucional. En proveído de veintiocho de enero de dos mil veintidós, se tuvo por recibido el oficio firmado por el Agente del Ministerio Público del fuero común adscrito a la Fiscalía Especializada en Robo de Vehículos y Transporte, de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, con residencia en esta ciudad, mediante la cual en atención al requerimiento formulado el veintisiete de enero de dos mil veintidós, informó que el quejoso Jesús Laureano Cortez Coutiño, se encontraba a su disposición desde el veinticinco de enero de dos mil veintidós, a quién se le instruye la carpeta de investigación FGE/QROO/BJ/01/1374/2021 de su consecutivo; asimismo, informó que el veintiséis del mes y año en cita, Andrés Leopoldo Valdez Espinosa, tomó protesta como defensor particular del aquí quejoso y en esa misma fecha se ordenó la libertad del impetrante de amparo. En ese orden de ideas, mediante el aludido auto se tuvo como autoridad responsable sustituta a la Agente del Ministerio Público del fuero común adscrito a la Fiscalía Especializada en Robo de Vehículos y Transporte, de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, con residencia en esta ciudad y se dejó de tener como autoridad responsable al Fiscal del Ministerio Público del fuero común adscrita a la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud, en su Modalidad de Narcomenudeo, Zona Uno. Finalmente, la audiencia constitucional se desahoga al dictar esta sentencia; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. este juzgado de distrito es competente para resolver el presente juicio, en términos de lo establecido en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución General de la República; 37 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; pues se reclaman actos de autoridades administrativas, con ejecución en el ámbito de competencia territorial de este juzgado. SEGUNDO. Jurisprudencias y tesis aisladas. Se hace la precisión que las jurisprudencias y las tesis aisladas invocadas en el presente asunto, que fueron integradas conforme a la Ley de Amparo anterior, continúan en vigor y, por ende, son aplicables dado que no se oponen a la legislación vigente, de conformidad con el Artículo Sexto Transitorio de la actual ley de la materia, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, y que entró en vigor al día siguiente. TERCERO. Precisión de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, dada la obligatoriedad del juez de distrito de analizar la demanda de amparo en su integridad, a efecto de determinar con exactitud la intención de la parte quejosa y fijar la materia de la litis constitucional, se procede a precisar los actos reclamados en el presente asunto, que de acuerdo con el examen integral practicado al libelo constitucional y demás constancias de autos, se hacen consistir en: a) Desaparición forzada; b) Incomunicación; c) Tortura; d) Malos tratos consistentes en actos de violencia física o moral; y, e) El acuerdo de legal detención y retención dictado el veinticinco de enero de dos mil veintidós en la carpeta de investigación FGE/QROO/BJ/01/1374/2022 en contra del quejoso. Es aplicable al caso concreto la jurisprudencia con datos de localización, rubro y texto se transcriben a continuación: "Época: Novena Época Registro: 192097 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Toda vez que se han precisado los actos reclamados por la parte quejosa en este juicio de amparo, debe abordarse a continuación el estudio sobre su certeza. CUARTO. Inexistencia de los actos reclamados. Las autoridades responsables siguientes, al rendir su informe justificado, negaron la existencia de todos los actos reclamados precisados en el considerando tercero de esta sentencia; sin embargo, en el presente punto considerativo, únicamente se estudiará sobre la inexistencia de los actos reclamados precisados en los incisos a), b), c), d) y e), de dicho considerando: No. Autoridades responsables Oficios Sentido 1 Fiscal Especializado en Materia de Delincuencia Organizada, con residencia en Ciudad de México, por conducto del Director General de Apoyo Jurídico y Control Ministerial en Delincuencia Organizada (en su denominación correcta) 8345 Niega Ciudad de México 4 Encargado Estatal de la Fiscalía Especializada en Delitos Contra la Salud, en su Modalidad de Narcomenudeo, con residencia en esta ciudad 3175 Niega Cancún, Quintana Roo Por su parte, las autoridades responsables que se citan a continuación: No. Autoridades responsables Oficios Sentido 2 Agente del Ministerio Público del fuero común adscrito a la Fiscalía Especializada en Robo de Vehículos y Transporte, de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, con residencia en esta ciudad (autoridad responsable sustituta de la señalada por la parte quejosa como Fiscal del Ministerio Público del fuero común adscrita a la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud, en su Modalidad de Narcomenudeo, Zona Uno). 1461 Niega 3 Secretario Municipal de Seguridad Pública y Tránsito de Benito Juárez, Quintana Roo, por conducto del Director de la Unidad Jurídica 1628 Niega Cancún, Quintana Roo Al rendir su informe justificado, negaron la existencia de todos los actos que se le reclaman, sin que respecto de los actos reclamados precisados en los incisos a), b), c) y d), del considerando tercero de esta sentencia, se advierta dato alguno que desvirtúe dicha inexistencia. Luego, la inexistencia de los actos reclamados a las autoridades responsables en cita, se corrobora con las constancias remitió el Agente del Ministerio Público del fuero común adscrito a la Fiscalía Especializada en Robo de Vehículos y Transporte, de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, con residencia en esta ciudad, consistente en fotocopia certificada de la carpeta de investigación FGE/QROO/BJ/01/1374/2021 de su consecutivo; a las que se otorga pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de las que se aprecia lo siguiente: 1. El veinticinco de enero de dos mil veintidós, el quejoso fue detenido por elementos de la Policía Municipal adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito del Ayuntamiento de Benito Juárez, por el hecho delictuoso con apariencia del delito de robo. 2. En esa misma fecha, los policías aprehensores pusieron al quejoso a disposición del Agente del Ministerio Público del fuero común adscrito a la Fiscalía Especializada en Robo de Vehículos y Transporte, de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, con residencia en esta ciudad, quien inició la carpeta de investigación FGE/QROO/BJ/01/1374/2022 de su índice. De igual manera, en esa misma data el quejoso fue valorado médicamente por el médico adscrito al departamento médico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Quintana Roo, como se ve del certificado con folio 9252 en el que no se advierte que se hayan hecho constar lesiones del quejoso con motivo de su detención, si no que únicamente contaba con lesiones antiguas como cicatrices. 3. En acuerdo de veinticinco de enero de dos mil veintidós, se determinó la legal retención del quejoso y se le realizó la lectura de sus derechos conforme al artículo 113 del Código Nacional de Procedimientos Penales. 5. El veintiséis de enero de dos mil veintidós, Andrés Leopoldo Valdez Espinosa, tomó protesta como defensor particular del quejoso. 6. Se permitió al quejoso Jesús Laureano Cortés Cautiño, contar con una visita. 7. Finalmente, el veintiséis de enero de dos mil veintidós, dicha autoridad ministerial acordó la libertad del quejoso, para lo cual se giró el oficio FGE/QROO/CAN/FERVYT/01/275/2022 al Director de la Policía Ministerial del Estado, para que dejara sin efectos el resguardo y custodia que pesaba sobre el quejoso Jesús Laureano Cortez Coutiño, oficio que fue recepcionado en esa misma fecha. No pasa inadvertido que en la diligencia de ratificación de demanda de veintiséis de enero de dos mil veintidós, la fedataria judicial adscrita hiciera constar que, al realizar una revisión en el cuerpo del quejoso, advirtió que éste contaba con una molestia en su pierna izquierda, derivado de haber recibido una patada por el elemento aprehensor, pierna que había sido operada con dos meses de anterioridad en razón de una fractura que tuvo por un accidente en motocicleta; toda vez que del parte informativo homologado de veinticinco de enero de dos mil veintidós, se obtiene que, al realizar la detención el impetrante, éste caminaba con muletas y apuntaba a los elementos aprehensores con un arma de fuego hasta que pudo ingresar a un domicilio al que no cerraron la puerta del mismo, en ese sentido los policías aprehensores tuvieron que acceder al domicilio y someter al mismo. De ahí que se considere que las excoriaciones que pudo advertir la fedataria de la adscripción fueran resultado del forcejeo que realizaron los aprehensores y las maniobras evasivas y de resistencia que opuso el quejoso para evitar su captura y no evidencie la existencia de los actos reclamados de tortura o malos tratos. En todo caso, este órgano jurisdiccional, mediante acuerdo de veintiséis de enero de dos mil veintidós, dio vista al Agente del Ministerio Público Federal adscrito, con la citada constancia actuarial a fin de que, en uso de las facultades de investigación que le corresponden, realizara lo que en derecho procediera. Luego, el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede el sobreseimiento cuando de las constancias de autos apareciere claramente que no existe el acto reclamado o cuando no se probare su existencia, por lo que es evidente que se actualiza la causa de sobreseimiento correspondiente al no haberse demostrado tal extremo por lo que corresponde a dichas autoridades responsables. Por tanto, toda vez que la parte quejosa no aportó prueba alguna que acredite la participación de las referidas autoridades responsables respecto de los actos, como lo postula la fiscal federal de la adscripción, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo en relación con todos los actos que se reclaman del 1] Fiscal Especializado en Materia de Delincuencia Organizada, con residencia en Ciudad de México y 4] Encargado Estatal de la Fiscalía Especializada en Delitos Contra la Salud, en su Modalidad de Narcomenudeo, con residencia en esta ciudad, precisados en el considerando tercero de este fallo, por ser inexistentes. De igual forma, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo en relación con los actos que se atribuyen al 2] Agente del Ministerio Público del fuero común adscrito a la Fiscalía Especializada en Robo de Vehículos y Transporte, de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, con residencia en esta ciudad y 3] Secretario Municipal de Seguridad Pública y Tránsito de Benito Juárez, Quintana Roo, reseñados en los incisos a), b), c) y d) del considerando tercero de esta sentencia, por ser inexistentes. Cobra aplicación la siguiente jurisprudencia: "Época: Sexta Época Registro: 917818 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice 2000 Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN Materia(s): Común Tesis: 284 Página: 236 INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.- Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. QUINTO. Existencia de los actos reclamados. Por su parte, las autoridades responsables 2] Agente del Ministerio Público del fuero común adscrito a la Fiscalía Especializada en Robo de Vehículos y Transporte, de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, con residencia en esta ciudad y 3] Secretario Municipal de Seguridad Pública y Tránsito de Benito Juárez, Quintana Roo, al rendir su informe justificado, negaron la existencia del acto reclamado precisado en el inciso e), de esta sentencia, consistente en el acuerdo de legal detención y retención dictado el veinticinco de enero de dos mil veintidós en la carpeta de investigación FGE/QROO/BJ/01/1374/2022 en contra del quejoso; sin embargo, dicha negativa se desvirtúa con sus propias manifestaciones realizadas en su informe justificado, así como con las constancias que conforman la fotocopia certificada de la citada carpeta. En efecto, de la fotocopia certificada de la carpeta de investigación FGE/QROO/BJ/01/1374/2022, radicada ante la autoridad señalada como responsable , con sede en esta ciudad, las cuales fueron previamente valoradas, se advierte lo siguiente: 1. El veinticinco de enero de dos mil veintidós, el quejoso fue detenido por elementos de la Policía Municipal adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito del Ayuntamiento de Benito Juárez, por el hecho delictuoso con apariencia del delito de robo. 2. En esa misma fecha, los policías aprehensores pusieron al quejoso a disposición del Agente del Ministerio Público del fuero común adscrito a la Fiscalía Especializada en Robo de Vehículos y Transporte, de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, con residencia en esta ciudad, quien inició la carpeta de investigación FGE/QROO/BJ/01/1374/2022 de su índice. 3. En acuerdo de veinticinco de enero de dos mil veintidós, se determinó la legal retención del quejoso y se le realizó la lectura de sus derechos conforme al artículo 113 del Código Nacional de Procedimientos Penales. 4. El veintiséis de enero de dos mil veintidós, Andrés Leopoldo Valdez Espinosa, tomó protesta como defensor particular del quejoso. 5. Se permitió al quejoso Jesús Laureano Cortés Cautiño, contar con una visita. 6. Finalmente, el veintiséis de enero de dos mil veintidós, dicha autoridad ministerial acordó la libertad del quejoso, para lo cual se giró el oficio FGE/QROO/CAN/FERVYT/01/275/2022 al Director de la Policía Ministerial del Estado, para que dejara sin efectos el resguardo y custodia que pesaba sobre el quejoso Jesús Laureano Cortez Coutiño, oficio que fue recepcionado en esa misma fecha. Por tanto, es cierto el acto reclamado precisado en el inciso e) del considerando tercero, que se reclama a las referidas autoridades responsables. SEXTO. Estudio de las causas de improcedencia. Previo al estudio del fondo del asunto, por ser una cuestión de orden público y preferente análisis, se realiza el examen de las causas de improcedencia del juicio de amparo, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, que previene: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia cuyos datos de localización, rubro y texto se citan: "Quinta Época No. Registro: 395571 Instancia: Pleno Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1985 Parte VIII Materia(s): Común Tesis: 158 Página: 262 IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." En el caso, por lo que respecta al acto reclamado precisado en el inciso e), del considerando tercero de esta sentencia que se atribuye a la autoridad responsable, consistente en la detención del quejoso realizada el veinticinco de enero de dos mil veintidós, por su probable participación en el delito de robo, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente; [.]" Del precepto legal invocado se desprende que el juicio de amparo es improcedente contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo, deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. En ese entendido, se actualiza la causa de improcedencia en estudio, cuando se esté en presencia de un acto dictado dentro de un procedimiento, sea éste judicial o administrativo, y con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se produce un acto que trae por resultado el cambio de situación jurídica, de tal manera que no sea posible analizar el acto reclamado sin que al hacerlo se afecte la situación creada por el nuevo acto que no fue reclamado en el juicio resultando, por tanto, irreparablemente consumadas las violaciones cometidas por el acto reclamado. Esta causa de improcedencia se refiere a la irreparabilidad jurídica, no a la física que hace imposible la restauración de las cosas al estado en que se encontraban con anterioridad a la consumación del acto reclamado. Así pues, cuando se reclama en amparo indirecto una orden de detención dictada por autoridades administrativas, en el trámite de la misma se dicta auto de libertad, opera un cambio de situación jurídica, que por imperativo legal hace que deban tenerse por consumadas de manera irreparable las violaciones alegadas por el quejoso, que no pueden analizarse sin afectar esa nueva situación legal en que se encuentra. Ahora, como se precisó, de la fotocopia certificada de la carpeta de investigación FGE/QROO/BJ/01/1374/2022, del índice de la Agente del Ministerio Público del fuero común adscrito a la Fiscalía Especializada en Robo de Vehículos y Transporte, de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, con residencia en esta ciudad, previamente valoradas, se advierte, entre otras constancias, lo siguiente: El veintiséis de enero de dos mil veintidós, dicha autoridad ministerial acordó la libertad del quejoso, para lo cual se giró el oficio FGE/QROO/CAN/FERVYT/01/275/2022 al Director de la Policía Ministerial del Estado, para que dejara sin efectos el resguardo y custodia que pesaba sobre el quejoso Jesús Laureano Cortez Coutiño, oficio que fue recepcionado en esa misma fecha. Documental a la cual previamente se le concedió valor probatorio pleno, de la que se desprende que, el veinticinco de enero de dos mil veintidós el quejoso se encontraba detenido en las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Robo de Vehículos y Transporte de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, con motivo del acuerdo de legal detención y retención dictado el veinticinco de enero de dos mil veintidós en la carpeta de investigación FGE/QROO/BJ/01/1374/2022. Luego, el veintiséis de enero de dos mil veintidós, se determinó su inmediata libertad bajo las reserva de ley, en la carpeta de investigación de origen; por tanto, ha operado un cambio de situación jurídica con el que las violaciones imputadas al dictado de la orden que se reclama en esta instancia constitucional, deben considerarse consumadas irreparablemente, por no poderse analizar sin afectar la resolución en la que se decretó la inmediata libertad del quejoso, por lo que se considera actualizada la causa de improcedencia en estudio. En este orden de ideas, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, de conformidad con el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal, se decreta el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, respecto del acto reclamado precisado en el inciso e), que se atribuye a las citadas autoridades responsables. Por lo antes expuesto y fundado. R E S U E L V E ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Jesús Laureano Cortez Coutiño, por propio derecho, contra los actos reclamados de las autoridades responsables precisados en el considerando tercero y en términos de lo expuesto en los considerandos cuarto y sexto de esta sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Alex Humberto Ramírez Guerrero, Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, encargado del despacho durante las vacaciones del titular, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el cuatro de julio de dos mil veintidós, como se advierte en el oficio CCJ/ST/2895/2022 de la misma fecha firmado por la Secretaria Técnica de dicha comisión, ante Lourdes Cuevas Santiago, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
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Agréguese a los autos la promoción de cuenta, mediante la cual la autoridad responsable Agente del Ministerio Público del fuero común adscrito a la Fiscalía Especializada en Robo de Vehículos y Transporte, con residencia en esta ciudad, en cumplimiento al requerimiento que le fuera realizado en auto de veintisiete de junio de dos mil veintidós, remite el acuerdo dictado el veintiséis de enero de dos mil veintidós, en autos de la carpeta de investigación FGE/QROO/BJ/01/1374/2022 a su cargo, por el que decretó la libertad del quejoso Jesús Laureano Cortez Coutiño. Luego, toda vez que la documental en comento fue remitida en fotocopia sin certificar, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 26, apartado B, párrafos sexto y séptimo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 75, párrafo tercero, 237, fracción I, 259 de la Ley de Amparo, y 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, requiérase nuevamente al Agente del Ministerio Público del fuero común adscrito a la Fiscalía Especializada en Robo de Vehículos, con residencia en esta ciudad, para que dentro del plazo de tres días hábiles: Remita vía ordinaria copia certificada, completa y legible (debidamente sellada y signada por el funcionario público facultado para dicho cotejo), del acuerdo de veintiséis de enero de dos mil veintidós, dictado en autos de la carpeta de investigación FGE/QROO/BJ/01/1374/2022 a su cargo, por el que decretó la libertad del quejoso Jesús Laureano Cortez Coutiño. Con el apercibimiento que de no cumplir dentro del término señalado o de no informar las causas legales o materiales que se lo impidan, se le impondrá una multa equivalente a cincuenta veces el valor diario de la unidad de medida y actualización.
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::. I. Se requieren constancias para resolver juicio de amparo. Visto el estado que guarda el presente asunto, se advierte que el Agente del Ministerio Público del fuero común adscrito a la Fiscalía Especializada en Robo de Vehículos, con residencia en esta ciudad, al rendir su informe justificado, refirió que el veintiséis de enero de dos mil veintidós, en autos de la carpeta de investigación FGE/QROO/BJ/01/1374/2022 de su consecutivo, acordó la libertad del quejoso Jesús Laureano Cortez Coutiño, y ordenó girar oficio al Director de la Policía Ministerial del Estado de Quintana Roo, con sede en esta ciudad, para que dejara sin efectos el resguardo y custodia del aquí amparista. Sin embargo, de las constancias que remitió como justificación a su informe no se advierte que obre el acuerdo por el que decretó la libertad del aquí quejoso, ya que únicamente se advierte que obra el acuerdo de libertad de una diversa persona de nombre Nayeli Azucema Manzano Pech. Ahora, toda vez que es órgano jurisdiccional estima necesario contar con el acuerdo por el que se ordenó la libertad del aquí quejoso, para estar en aptitud de dictar la sentencia en el presente juicio; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 26, apartado B, párrafos sexto y séptimo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 75, párrafo tercero, 237, fracción I, 259 de la Ley de Amparo, y 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, requiérase vía ordinaria al Agente del Ministerio Público del fuero común adscrito a la Fiscalía Especializada en Robo de Vehículos, con residencia en esta ciudad, para que dentro del plazo de tres días hábiles: Remita vía ordinaria copia certificada, completa y legible (debidamente sellada y signada por el funcionario público facultado para dicho cotejo), del acuerdo de veintiséis de enero de dos mil veintidós, dictado en autos de la carpeta de investigación FGE/QROO/BJ/01/1374/2022 a su cargo, por el que decretó la libertad del quejoso Jesús Laureano Cortez Coutiño. Con el apercibimiento que de no cumplir dentro del término señalado o de no informar las causas legales o materiales que se lo impidan, se le impondrá una multa equivalente a cincuenta veces el valor diario de la unidad de medida y actualización. II. Se difiere la audiencia constitucional. En consecuencia, para dar margen a lo anterior, la audiencia constitucional señalada para esta fecha se difiere para las diez horas con cincuenta minutos del veintiocho de julio de dos mil veintidós.
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