Jesus Landero Lopez
Expediente 666/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tabasco. 2 actuaciones registradas, la última del 17 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 666/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 17/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Jesus Landero Lopez
Actuaciones
- Principal
VII.- HA CAUSADO ESTADO EL AUTO QUE DESECHÓ LA DEMANDA DE AMPARO... ARCHÍVESE EL PRESENTE JUICIO... SE HACE LA INDICACIÓN QUE EL PRESENTE ASUNTO ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN...
- Principal
VII.- Villahermosa, Tabasco, tres de mayo de dos mil veintidós. RADICACIÓN. Se tiene por recibida en este órgano jurisdiccional la demanda de amparo, promovida por XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, contra actos del 1. Titular de la Unidad de Apoyo Jurídico del Instituto de Seguridad del Estado de Tabasco, 2. Congreso del Estado de Tabasco y 3. Titular de Gobierno del Estado de Tabasco, todos con residencia en esta ciudad; por tanto, se ordena formar expediente, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y regístrese en el Libro de Gobierno correspondiente, con el juicio de amparo indirecto 666/2022-VII. DESECHAMIENTO El artículo 113, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del anterior artículo, se tiene que el Juez de Distrito tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda para que en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la deseche de plano. Respecto al concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis jurisprudencial 75 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, localizable en la página 77, Tomo 68, agosto de 1993, Octava Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación de rubro: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS". Esencialmente, la tesis en cuestión interpreta que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo activo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Por ello, es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. En ese sentido, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, de la lectura integral del escrito de demanda, se colige que la parte promovente señala como acto reclamado el oficio XXXXXXXXXXXXXXX, de treinta de marzo de dos mil veintidós, mediante el cual la autoridad responsable da respuesta a la solicitud para garantizar el pago de prerrogativas y derechos en materia de seguridad social. Tiene aplicación a lo anterior el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 19, consultable en la página 17, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, aplicado analógicamente y que a la letra dice: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS." Asimismo, resulta aplicable por identidad jurídica esencial, la tesis aislada número VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 255, Tomo XIX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de abril de 2004, Novena Época, que a la letra dice: "ACTOS RECLAMADOS, REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En ese contexto, después de analizar la demanda de amparo, este órgano jurisdiccional advierte que, existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo por el acto precisado en el párrafo que antecede, pues se actualiza la causa prevista en el el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 1 y 5 fracción II, de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. (.) Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I.- Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)." Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.) II.- La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. (.)". Como se puede advertir, el juicio de amparo, como medio de control constitucional, tiene como objeto resolver toda controversia que, entre otros supuestos, se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Asimismo, se considera como autoridad responsable para los efectos del juicio de amparo, aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado. Al respecto la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que para que se considere a una autoridad como responsable paraefectos del juicio de amparo, debe ponderarse: a.- La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b.- Esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c.- Con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d.- Para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Resulta aplicable la jurisprudencia por contradicción de tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, página: 1089, con rubro y texto: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado". Por ello, a fin de establecer si a quien se le atribuye el acto, tiene el carácter de autoridad para los efectos del juicio constitucional, se debe atender a la naturaleza propia del acto que se le reclame. Así, la autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, lleva implícita la existencia de una relación de supra a subordinación que da origen a la emisión de actos unilaterales a través de los cuales se crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular. En efecto, el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridad que, con independencia de su naturaleza formal, dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría esas situaciones jurídicas. De ahí que, no todo acto emitido por un órgano de la administración pública constituye un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, sino sólo aquellos que impliquen el ejercicio de una potestad que suponga el ejercicio de facultades sustentados en el orden público e interés social, de tal magnitud que actualicen una relación de supra a subordinación. También los entes de la administración pública pueden actuar como particulares en relaciones de derecho privado, lo que es impugnable a través de los procedimientos ordinarios, conocidos comúnmente como relaciones de coordinación que son entabladas entre sujetos que actúan en un plano de igualdad. Así, la nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que, coactivamente, se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas en la ley, al estar ambas en el mismo nivel y existir una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. En cambio, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social, relaciones que se caracterizan por la unilateralidad, teniendo limitantes contempladas en la Constitución, ya que el órgano del estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Ahora, respecto al Instituto Mexicano del Seguro Social, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha determinado1 que tiene un doble carácter: 1.- Como organismo fiscal autónomo en la determinación y recaudación de las cuotas obrero-patronales, caso en el cual actúa como autoridad con atributos propios que la ley le otorga para realizarlo, esto es, bajo una relación de supra a subordinación; 2.- Como ente asegurador, y en sustitución del patrón, como consecuencia del vínculo laboral entre trabajador y patrón, o con base en un acto jurídico mediante el cual se obliga a otorgar determinadas prestaciones en servicios, especie o en dinero al asegurado o sus beneficiarios, caso en el cual actúa en un plano de igualdad, pues involucra el cumplimiento de ese acuerdo de voluntades. Así, el promovente, pretende impugnar a través del presente juicio de amparo, el oficio XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, de treinta de marzo de dos mil veintidós, mediante el cual la autoridad responsable da respuesta a la solicitud para 1 Al resolver la contradicción de tesis 57/2009 en sesión de veintiocho de octubre de dos mil nueve, de la que derivó la jurisprudencia 2a./J. 211/2009 de rubro y contenido: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. NO TIENE EL CARÁCTER DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO, CUANDO SE RECLAMA LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD FORMULADA EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN QUE DEBE RESPONDERSE EN SU CARÁCTER DE ENTE ASEGURADOR. El Instituto Mexicano del Seguro Social es un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio que cumple con la función del Estado de prestar el servicio público de seguridad social, y que además de tener la función de autoridad fiscal autónoma tiene el carácter de ente asegurador. Ahora bien, contra la omisión atribuida al Instituto Mexicano del Seguro Social, de responder a una solicitud formulada en ejercicio del derecho de petición, en su carácter de asegurador, no procede el juicio de garantías pues no se está en presencia de un acto de autoridad para efectos del amparo, pues la relación que existe entre el asegurado y el Instituto en comento en dicho supuesto es de coordinación, entablada entre particulares, en las que actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, por lo que en esta hipótesis, el juicio de amparo será improcedente. garantizar el pago de prerrogativas y derechos en materia de seguridad social, lo cual actualiza el supuesto analizado, relativo a la función de dicho instituto enfocada hacia los asegurados como institución pública descentralizada, con el fin de brindar un servicio de seguridad social. Por tanto, se puede comprender que, como se adelantó, los actos realizados por el instituto de referencia no pueden reputarse como un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, debido a que no lo realizó con motivo de una relación de supra a subordinación con la parte quejosa, sino sólo como ente asegurador, sustituto del patrón, cuya relación laboral originó el derecho de la quejosa a solicitar le sean garantizados sus derechos en materia de seguridad social (relación entablada entre particulares, en las que actúan en un plano de coordinación). Sirve de fundamento por analogía, la jurisprudencia VIII.2o.P.A. J/32 emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, visible en el Tomo XXXII, Agosto de 2010, página 2032, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de rubro y contenido: "INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. NO TIENE EL CARÁCTER DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO, CUANDO EMITE ACTOS POSITIVOS, NEGATIVOS U OMISIVOS, COMO ENTE ASEGURADOR, EN SUSTITUCIÓN DEL PATRÓN. De los criterios sustentados en las tesis 2a. CCIV/2001, 2a./J. 12/2002 y 2a. XXXVI/99, aprobadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubros: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS.", "UNIVERSIDADES PÚBLICAS AUTÓNOMAS. LA DETERMINACIÓN MEDIANTE LA CUAL DESINCORPORAN DE LA ESFERA JURÍDICA DE UN GOBERNADO LOS DERECHOS QUE LE ASISTÍAN AL UBICARSE EN LA SITUACIÓN JURÍDICA DE ALUMNO, CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO." y "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. TIENE ESE CARÁCTER UNÓRGANO DEL ESTADO QUE AFECTA LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO EN RELACIONES JURÍDICAS QUE NO SE ENTABLAN ENTRE PARTICULARES.", se pone de manifiesto que la actual integración del Más Alto Tribunal de la Nación considera que es autoridad para efectos del amparo, el ente del Estado de hecho o de derecho que en una relación jurídica de subordinación emite actos a través de los cuales impone su voluntad en forma directa y unilateral, por la que crea, modifica o extingue, por sí o ante sí situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin requerir para ello de acudir a los órganos judiciales, ni del consenso de la voluntad del afectado. En ese contexto, es importante destacar que el Instituto Mexicano del Seguro Social tiene reconocido un doble carácter: uno, como organismo fiscal autónomo, en la determinación y recaudación de las cuotas obrero patronales; caso en el cual, actúa como autoridad con atributos propios que la ley le otorga para realizar esos actos, esto es, bajo una relación de supra a subordinación y, otro, como ente asegurador, en sustitución del patrón, como consecuencia del vínculo laboral entre el trabajador y aquél, o con base en un acto jurídico, mediante el cual se obliga a otorgar determinadas prestaciones en servicios, especie o en dinero al asegurado o a sus beneficiarios; caso en el cual actúa en un plano de igualdad con el asegurado y sus beneficiarios, dado que involucra el cumplimiento de ese convenio. Por consiguiente, el Instituto Mexicano del Seguro Social no tiene el carácter de autoridad cuando realiza actos positivos, negativos u omisivos que tienen su origen en una relación jurídica con sus asegurados y, por tanto, esos actos no son de autoridad para efectos del amparo, dado que, en esos supuestos, se conduce bajo una relación de coordinación entablada entre particulares, en la que éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, ya que existe una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación por tratarse de las prestaciones de seguridad social, respecto de las cuales el legislador ha considerado que los conflictos que se susciten entre el referido instituto y sus asegurados, corresponden al ámbito competencial de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, en términos de lo dispuesto en la fracción XX del artículo 123, apartado A, de la Constitución General de la República, y en el artículo 604 de la Ley Federal del Trabajo. Ahora, es menester resaltar que, dado que el acto reclamado consistente en el oficio UAJ/JAP/2933/2022, de treinta de marzo de dos mil veintidós, mediante el cual la autoridad responsable da respuesta a la solicitud para garantizar el pago de prerrogativas y derechos en materia de seguridad social, no satisface las condiciones para que sea considerado como un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo indirecto, el mismo debe considerarse improcedente,lo que trae como consecuencia, que si el juicio de amparo indirecto promovido contra el primer acto de aplicación de una norma resulta improcedente, también deviene la improcedencia del juicio de amparo respecto del acto reclamado consistente en la inconstitucionalidad del artículo 33 de la Ley de Seguridad Social del Estado de Tabasco; esto es así, ya que no puede perderse de vista que el estudio sobre la constitucionalidad de una norma jurídica no puede desvincularse del acto de aplicación que reclamó la parte quejosa. Apoya a lo anterior, la Jurisprudencia 2a./J. 71/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, Agosto de 2000, Novena Época, Materia Constitucional, página 235, de rubro y texto siguientes: "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada." De esa manera, queda de manifiesto que el acto aquí reclamado, no puede ser considerado como acto de autoridad en materia del juicio de amparo, por los motivos y fundamentos antes expuestos; por consiguiente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia regulada por el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO promovida por XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, contra actos del Titular de la Unidad de Apoyo Jurídico del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, y otras autoridades, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. En apoyo a la conclusión anterior se invoca, por identidad de razones jurídicas, la jurisprudencia I.1o.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 890, Tomo VII, Mayo de 1998, Novena Época, que rubro: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE". DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Ahora toda vez que la quejosa señala domicilio fuera de la ciudad en donde se encuentra este órgano jurisdiccional, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 27, fracción III, inciso a), en relación con el diverso 29, ambos de la Ley de Amparo, se ordena que la notificación del presente proveído, así como las subsecuentes notificaciones que deban realizarse de forma personal en este asunto a dicha parte, se notifiquen por medio de la lista de acuerdos que se fija y publica en las instalaciones de este Juzgado de Distrito, hasta en tanto señale uno diverso para tal efecto. Ahora, téngasele como autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de la materia a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXy XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, toda vez que no cuentan con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado de Registro Único de Profesionales en Derecho, ante Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que los acredite como Licenciados en Derecho, y en los mismos términos del citado artículo a las restantes personas que señala, por así haberlo solicitado expresamente. De igual manera, se tiene únicamente como referencia de contacto, para el caso de ser necesario, los correos electrónicos que proporciona. CONSULTA DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. FIJACIONES FOTOGRÁFICAS. Con apoyo en la circular 12/2009, signada por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se acuerda favorable la obtención de las actuaciones judiciales, a través de aparatos electrónicos como son: cámaras fotográficas, grabadoras o lectores ópticos, etcétera; levantándose certificación en autos de la comparecencia de la parte interesada y de la obtención de las documentales respectivas para debida constancia. CONSULTA DEL EXPEDIENTE. Ahora, mientras las medidas de sana distancia y reducción de movilidad subsistan para enfrentar la contingencia, se privilegiará la utilización de tecnologías de la información y de las comunicaciones, por tanto, se autoriza a las partes para la consulta del presente expediente vía telefónica por video llamada con la secretaria encargada de la mesa VII, al número 246-216-3400, en un horario de lunes a viernes de nueve a quince horas. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS. En otro orden de ideas, conforme al principio de celeridad que emerge del artículo 17 de la Constitución Federal, aunado a que el juicio de amparo es un proceso sumarísimo durante cuya tramitación no deben existir obstáculos que lo retarden, desde este momento se faculta al Actuario Judicial adscrito para que en caso de ser necesario se constituya en el domicilio de las partes en días y horas inhábiles a fin de que pueda notificar personalmente alguna actuación derivada del presente juicio que así lo amerite, lo anterior con fundamento en el último párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo. Notifíquese en términos de ley. Ahora, en lo que respecta a la solicitud de consulta electrónica a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación del presente expediente en el portal http://www.servicioenlinea.pjf.gob.mx al usuario: ? "XXXXXXXXXXXXXXXXX"; En atención a lo anterior, se autoriza el acceso electrónico de este expediente, a la cuenta antes mencionada en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, esto, de conformidad con lo establecido en los artículos 26, fracción IV, 30, fracción II, 31 fracciones II y III, de la ley de la materia, y los artículos 34, 35, 37 y 38 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de Videoconferencias en todos los asuntos competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del propio Consejo.
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