Jesús Labra Hernández
Expediente 662/2016 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca. 3 actuaciones registradas, la última del 6 de junio de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 662/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 06/06/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca · Morelos
Partes del expediente
- Jesús Labra Hernández
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a seis de junio de dos mil dieciséis. Vista la certificación con que se da cuenta, de la que se advierte que el plazo de diez días que establece el ordinal 86 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión a que se refiere el dispositivo 81 fracción I, inciso d), de la propia Ley, en contra del auto de dieciséis de mayo de dos mil dieciséis, por el cual éste órgano jurisdiccional decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el juicio de amparo en que se actúa, ha transcurrido según se desprende de la certificación asentada por la secretaría, sin que las partes lo hayan interpuesto; por tal virtud, QUEDA FIRME el auto de referencia. Ante esa virtud, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto total y definitivamente concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en los puntos cuarto, décimo cuarto, vigésimo al vigésimo tercero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se declara que este expediente es susceptible de destrucción. Esto, porque del análisis de las constancias que lo integran, se advierte que no tiene relevancia documental, jurídica ni histórica, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental, tampoco contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que por el sentido de la decisión adoptada tenga o haya tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica, por lo que no es necesaria su conservación. Más aún que, no contiene información reservada, ni existen documentos originales exhibidos por el impetrante de garantías, por lo que tales datos deberán hacerse constar en la carátula del presente expediente. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Manuel Camargo Serrano, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, ante Sergio Ortiz de la Cruz, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a dieciséis de mayo de dos mil dieciséis. Vista la razón de cuenta de la Secretaría, con fundamento en el artículo 17 de la Constitución General de la República, en relación con los numerales 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de la Materia, agréguese a los autos para que obre como corresponda y surta los efectos legales procedentes, el informe justificado rendido por el Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con domicilio en esta ciudad, y copias certificadas que se acompañan. En consecuencia, con fundamento en el artículo 117, de la Ley de Amparo, dése vista a las partes con el informe de mérito, y anexo adjunto, para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a sus intereses convenga. Asimismo, de conformidad con el numeral 9° de la Ley antes invocada, se tienen por designados como Delegados a las personas que se mencionan, y por señalado como su domicilio procesal el que se indica, conforme a lo que establece el artículo 26, fracción II, de la Ley de Amparo. De igual forma, de conformidad con lo dispuesto en el dispositivo 119 de la Ley de la Materia, se tienen como pruebas a favor de la autoridad responsable de mérito, las documentales que se acompañan, las cuales se desahogan por su propia y especial naturaleza, y sin perjuicio de ser relacionadas en el momento procesal oportuno. Ahora bien, en atención a la información brindada por las autoridades responsables de mérito, en el sentido de que no tiene conocimiento de que existen diversos juicios de amparo relacionados con el presente asunto, téngase por satisfecho el requerimiento formulado en ese sentido. Por otra parte, visto el estado procesal que guardan los autos del presente juicio de amparo, y específicamente, el contenido de la demanda de garantías que le dio origen, promovida por ********************, de la que se desprende que el acto reclamado en esta instancia constitucional, lo constituye la omisión del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado, a emitir el laudo correspondiente dentro del juicio laboral número 01/536/2015. Ahora bien, al rendir el informe justificado, el Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con domicilio en esta ciudad, aceptó la omisión reclamada. Sin embargo, como enseguida también aclaró que dentro de la contienda laboral recién el doce de mayo de dos mil dieciséis, se decretó el cierre de la instrucción dentro del procedimiento laboral de origen, es inconcuso que debe tenerse por inexistente el acto de molestia. En efecto, si al día en que se presentó la demanda de amparo, esto es, el diecinueve de abril de dos mil dieciséis, aun no se decretaba el cierre de instrucción, como así se demuestra con las documentales que se exhibieron conjuntamente con dicho informe, a las cuales se les concede valor probatorio en términos de los dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, resulta claro que no existe la omisión reclamada, pues esa declaración es un requisito sine qua non para el dictado del laudo relativo, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 878, fracción XVIII y 885 de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria a la Ley del Servicio Civil del Estado, conforme a su artículo 11. Bajo ese tenor, debe convenirse que en la especie se actualiza la causal sobreseimiento prevista en la fracción IV, del numeral 63, de la Ley de Amparo, en la parte que autoriza decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, cuando de las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado. Ello es así, ya que es importante destacar que la solicitud de amparo tiene como finalidad obtener la protección de la Justicia Federal a efecto de que se restituya al quejoso en el goce del derecho fundamental violado, y no prevenir actos que en lo futuro pudieran generar esa afectación, como podría suceder en la hipótesis que se analiza, ya que el perjuicio no existe al momento de ejercitar la acción, (sino durante la tramitación del juicio). De opinarse lo contrario, generaría la posibilidad de permitir el ejercicio de la acción de control constitucional, apoyada en expectativas y no en contra de actos concretos. Al respecto, es aplicable el criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sustentado en la jurisprudencia número 10, visible en la página 12, Tomo VI, Materia Común, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, cuyo rubro y texto son: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA.- La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja." En consecuencia, si en autos del juicio laboral aún no se decretaba el cierre de instrucción a la fecha de presentación de la demanda, es evidente que la junta responsable no se encontraba en condiciones de pronunciar el laudo correspondiente, cuya omisión en su dictado se reclamó en el escrito inicial, y siendo así, es claro que no existía el acto reclamado a la data de presentación de la demanda, lo cual impone en términos del numeral 63, fracción IV, de la misma legislación, decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en esta instancia constitucional. Al caso, es aplicable la tesis número VII.1o.C.4 K, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, publicada en la página 433, Tomo VI, Julio de 1997, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SOBRESEIMIENTO POR INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. PROCEDE AUN CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE ADMITA LA VERACIDAD DEL MISMO AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La circunstancia de que la autoridad responsable, al rendir su informe con justificación, manifieste que es cierto el acto que se reclama, no impide decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, si de las constancias procesales se desprende lo contrario, es decir, que se desvirtúa la aseveración de la autoridad designada como responsable, respecto de la certeza del acto que se le atribuye. En consecuencia, de acuerdo con la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo, debe sobreseerse en el juicio en tal hipótesis.". Como consecuencia de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada en autos para el veinte de los corrientes, sin que ello implique dejar en estado de indefensión al impetrante de garantías, pues, en el caso en estudio surgió una causa notoria, manifiesta e indudable de sobreseimiento en este juicio de amparo, de suerte que ni celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada dicha causal con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido, por lo que, resultaría ocioso e innecesario celebrar dicha audiencia y resolver mediante una sentencia lo que aquí se ha determinado; además, tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 de la Constitución General de la República. Al caso concreto, cobra vigencia la jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." No es óbice a lo anterior, que en el caso no se haya dado vista previamente a las partes, y en particular, a la parte quejosa con la causal de improcedencia que ha quedado actualizada, en virtud de que el artículo 64 de la Ley de la Materia, no es aplicable en el presente juicio de amparo biinstancial, tal como se sostiene en la jurisprudencia número P./J. 51/2014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 24, del Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. EN TÉRMINOS DE LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE LA MATERIA, SE DEBE DAR VISTA AL QUEJOSO CON LA POSIBLE ACTUALIZACIÓN DE ALGUNA CAUSA NOVEDOSA, TANTO EN EL SUPUESTO EN EL QUE SE ACTUALICEN SIMULTÁNEAMENTE LAS DOS HIPÓTESIS QUE PREVÉ, COMO EN AMPARO DIRECTO. De la interpretación del citado precepto legal que indica: "Cuando un órgano jurisdiccional de amparo advierta de oficio una causal de improcedencia no alegada por alguna de las partes ni analizada por un órgano jurisdiccional inferior, dará vista al quejoso para que en el plazo de tres días, manifieste lo que a su derecho convenga", se concluye que la vista a la que se refiere debe darse, en principio, cuando la causa de improcedencia que se advierte de oficio no haya sido alegada por una de las partes y, además, no se haya analizado por un órgano jurisdiccional que hubiere conocido de la primera instancia del juicio de amparo respectivo, ante la imposibilidad de impugnar lo que al efecto se determine por el órgano de alzada de amparo, por lo que deberán actuar en esos términos tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación como los Tribunales Colegiados de Circuito, según sea el caso, en razón de las facultades de revisión y de última instancia que les dota el artículo 107, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otro lado, en aras de velar por el derecho de audiencia y atendiendo al sistema proteccionista ampliado de la Ley de Amparo, la disposición respectiva también es aplicable para el caso de que en el trámite del juicio de amparo directo, como instancia terminal, se estime de oficio que se actualiza una causa de improcedencia, por lo que en tal caso, igualmente los referidos Tribunales Colegiados de Circuito deben dar vista a la quejosa para que manifieste lo que a su derecho convenga, con el propósito de darle oportunidad de expresar argumentos tendentes a favorecer su situación jurídica en relación con la posible causa de improcedencia." Finalmente, se hace del conocimiento de las partes que mediante oficio SEADS/736/2016, signado por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, informó que en sesión de veinte de abril de dos mil dieciséis, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal acordó la adscripción de Manuel Camargo Serrano, como titular de este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, con sede en Cuernavaca, con efectos a partir del uno de mayo de dos mil dieciséis. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Se admite la demanda de garantías, de que se trata. Dése al Agente del Ministerio Público Federal adscrito a este Juzgado, la intervención legal que le confiere el artículo 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo. Se señalan las NUEVE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL DÍA VEINTE DE MAYO DE DOS MIL DIECISÉIS, para la celebración de la audiencia constitucional. Este órgano jurisdiccional no ordena la apertura del incidente de suspensión. Pídase a la autoridad responsable su informe justificado que deberá rendir dentro del término de quince días, siguientes al en que reciba el oficio en que se le solicita. Se tiene por señalado como domicilio para recibir y oír notificaciones, el que señala en su escrito de demanda. También, se tiene por autorizada en términos del dispositivo 12 del cuerpo leyes antes invocado, esto es, con todas las facultades que el mismo confiere a la persona señalada en el libelo de cuenta. Téngase por ofrecidas como pruebas de la parte quejosa, la instrumental de actuaciones y presuncional en su doble aspecto legal y humana, dado que se desahogan por su propia y especial naturaleza, y sin perjuicio de su relación al momento de la celebración de la audiencia constitucional. Y por lo que respecta a la prueba documental que ofrece el quejoso, dígasele que no ha lugar a proveer de conformidad, hasta en tanto exhiba físicamente las constancias a que alude en el capítulo relativo y sin que proceda admitirla a cargo de la responsable, dado que al rendir el informe justificado solo está obligada a enviar las documentales relacionadas con el acto de molestia, mas no la totalidad del juicio laboral de origen. Mediante oficio que contenga transcripción íntegra del presente acuerdo, al que deberá adjuntarse copia simple de la demanda, emplácese al presente juicio de garantías a la citada autoridad tercera interesada. Se hace del conocimiento a las partes el derecho que les asiste para oponerse, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales con motivo de la tramitación de este procedimiento, en la inteligencia de que la falta de oposición hasta antes de la sentencia que dicte este juzgado federal, conlleva el consentimiento de dicha publicación. Finalmente, se hace saber a las partes que intervienen en este juicio de amparo, las penas que contemplan los artículos 261 y 262 de la Ley de la Materia.
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