Jesús Juan Cid González
Expediente 682/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 13 de junio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 682/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 13/06/2019
Partes del expediente
- Jesús Juan Cid González
Actuaciones
- Principal
Toluca, Estado de México, trece de junio de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra el auto que desechó la demanda. En consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el mismo ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de destrucción el presente expediente, ya que se desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental.
- Principal
En atención al aviso de treinta de mayo de dos mil diecinueve, hago efectivo el apercibimiento ahí decretado y notifico por lista a la parte quejosa el auto de veintinueve de ese mes y año, al tenor siguiente: Toluca, Estado de México, veintinueve de mayo de dos mil diecinueve. RADICACIÓN Y REGISTRO. Vista la demanda de cuenta promovida por Jesús Juan Cid González, con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, regístrese bajo el número 682/2019-IV-C. DESECHAMIENTO Del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que el quejoso reclama lo siguiente: El proveído de diecisiete de mayo de dos mil diecinueve, dictado en el expediente laboral J.5/742/2018, del índice de la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, Estado de México, en el que se señala como fecha para audiencia de conciliación, demanda y excepciones, el trece de agosto de dos mil diecinueve. Fecha programada que refiere la parte quejosa, se encuentra fuera de los plazos establecidos por la Ley Federal del Trabajo. Atento a lo anterior, este juzgado estima que en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 107, fracción V, interpretado en sentido contrario y 113, todos de la Ley de Amparo, los que a la letra dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte [...]" "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". El Pleno de nuestro máximo Tribunal ha sostenido que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, cuando como consecuencia de ellos se afecta de manera cierta e inmediata, alguno de los derechos sustantivos del hombre, como la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, etcétera, porque esa afectación o sus efectos, no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones. En estos casos, la justicia federal debe intervenir sin demora, a través del juicio de amparo indirecto sin tener que esperar a que se dicte el fallo definitivo en el procedimiento, porque las consecuencias de la violación cometida no desaparecerían en tales hipótesis, aunque el afectado obtuviese sentencia favorable a sus intereses. Por tanto, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación, aquellos que tienen como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, cuyos efectos son meramente formales. La razón de ser de dichos derechos encuentra su fin último en la obtención de una sentencia favorable, por lo que si esto sucede los efectos de la violación procesal son reparados y desaparecen en la realidad, dejando intacta la esfera jurídica del afectado al no alterarse ningún derecho sustantivo. Por esta razón, es necesario esperar hasta el dictado de la sentencia para poder combatirlos mediante el juicio de amparo directo ante el Tribunal Colegiado de Circuito, siempre que, como ya se dijo, afecten las defensas del quejoso y trasciendan al resultado del fallo adverso. En el caso, se está en presencia de actos que no tienen sobre la persona o las cosas de la parte quejosa una ejecución de imposible reparación, y por ende, la determinación reclamada, no legitima la promoción del juicio de amparo indirecto Lo anterior, pues solamente produciría efectos en contra de derechos adjetivos, sin atacar sus derechos sustantivos de forma tal que el perjuicio irrogado podría ser reparado por un acto jurídico posterior, ello tomando en consideración que la posible afectación que se ocasione puede ser subsanada, si se obtiene sentencia favorable en el juicio de origen del acto reclamado, y en caso contrario, aún puede remediarse a través del juicio de amparo directo que en su caso se promoviese en contra de la resolución respectiva, alegándolo como una violación procesal. En efecto, la dilación aludida, sólo es reclamada cuando exista una abierta o total paralización del procedimiento. En apoyo de lo anterior, se invoca la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1086, libro 30, décima época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como 'irreparables' deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente" Por tanto, como la dilación que se reclama no reúne las características apuntadas, pues si bien en el procedimiento de origen J.5/742/2018, se señaló como fecha para el desahogo de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, el trece de agosto de dos mil diecinueve; indudablemente no paraliza de forma arbitraria y permanente el juicio laboral de donde emana el acto reclamado. Aunado a lo anterior, resulta pertinente resaltar que de admitirse la presente demanda y en su caso conceder el amparo solicitado, su cumplimiento se empalmaría con la celebración de la audiencia fijada por la autoridad responsable; ello es así, dado que la tramitación del juicio de amparo en este tipo de asuntos (dilación procesal) tardan un promedio aproximado de dos a tres meses hasta su total cumplimiento, por lo que, de admitirse a trámite el presente juicio de amparo, se estaría retrasando la impartición de justicia en perjuicio del quejoso de mérito; esto, tomando en consideración los plazos a que se refiere el numeral 117 de la ley de la materia con relación a los quince días con que cuenta la responsable para rendir su informe justificado, más los ochos días posteriores de la vista a las partes con éste último; aunado al próximo periodo vacacional de quince días de que disfrutará la junta responsable (mismo que comprenderá del quince al veintiséis de julio del presente año, como se advierte del calendario oficial publicado el catorce de marzo del presente año en el Boletín Laboral), de concederse el amparo al quejoso de referencia su cumplimiento se estaría verificando con posterioridad a la fecha que ya tiene señalada la responsable, motivo por el cual no puede considerarse dicho acto como una paralización de forma arbitraria y permanente del juicio laboral de donde emana el acto reclamado. En consecuencia, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, interpretado a contrario sensu; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda en estudio por notoriamente improcedente. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Conforme lo establecido por el numeral 27, fracción I, de la ley de la materia, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el señalado en el proemio de su demanda. En la inteligencia que de ser incierto o inexacto ese sitio, o estar dentro de algún condominio o edificio y, no se le permita el acceso al Fedatario judicial, o bien, no se pueda ingresar por otra circunstancia, se le notificará por lista esa determinación y las subsecuentes, aún las de carácter personal, en los estrados de este Juzgado, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. Por otra parte, con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, se tienen por autorizadas a las personas que nombra en términos amplios, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho, salvo las excepciones que la ley disponga. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones de autos.
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