Jesús Josue Grijalva Lazcano

Expediente 2027/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Chihuahua. 10 actuaciones registradas, la última del 10 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
2027/2023
Año
2023
Actuaciones
10
Última actuación
10/11/2023

Partes del expediente

  • Jesús Josue Grijalva Lazcano

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por la Jefa de la Administración Postal Estatal, con sede en esta ciudad, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento formulado en autos y, al efecto remite los acuses de los oficios 5522/2023, 35523/2023, y 35521/2023, dirigidos a las autoridades responsables 1. Coordinador de Asuntos Internos, 2. Presidente de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera, Honor y Justicia de Hidalgo del Parral, Chihuahua, y 3. Encargado de la Unidad de Registros Capacitación y Evaluación Master, Luis Fernando Patiño Muñoz, todas, residentes en Parral, Chihuahua, con sello de recibido los días diez y dieciocho de octubre del año en curso; por tanto, se deja sin efectos el apercibimiento con el que se le conminó. Notifíquese.

  2. Principal

    Agréguese a los autos el oficio y anexo de cuenta signado por los Integrantes de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, por el cual pretende informar las gestiones realizadas a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo; sin que en el caso resulte necesario atender a su contenido, toda vez que el mismo carece de firma autógrafa. En consecuencia, con apoyo en el último párrafo, del artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase al Presidente de la referida Junta, para que por conducto del personal correspondiente notifique personalmente a los representantes de capital y trabajo, a fin de que, en el término de tres días, contado a partir del día siguiente de la notificación del presente proveído, los integrantes de la Junta responsable, den cumplimiento a la sentencia ejecutoria, para lo cual deberá remitir las constancias con las que acredite dicha circunstancia. Apercibidos que de incumplir sin causa justificada en los términos ya indicados (informe el impedimento legal o material que tenga para ello), se les impondrá a cada uno, una multa de cien unidades de medida y actualización vigente, equivalente a $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), a razón de $103.74 (ciento tres pesos 74/100 moneda nacional) como valor diario, conforme a lo establecido en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo. Asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda para seguir el trámite de inejecución, el cual puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese.

  3. Incidental

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA AL QUEJOSO EL AUTO DE DIEZ DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO. Visto el estado actual de los presentes autos, se advierte que el veintiuno de junio del dos mil veintitrés se dio vista a la quejosa y tercero interesado con la resolución interlocutoria emitida por la autoridad responsable el dieciséis de junio del año en curso, en cumplimiento a la sentencia de amparo, sin que realizaran manifestación alguna; consecuentemente, esta autoridad procede a calificar el cumplimiento a la sentencia constitucional con base en los elementos que obran en el expediente y lo resuelto por la autoridad responsable Junta Especial número Veintiséis de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad de Chihuahua. Sirve de apoyo, el criterio contenido en la jurisprudencia 2ª./J. 26/2000, visible en la página doscientos cuarenta y tres del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Marzo de 2000, Novena Época, que dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." EFECTOS PARA LO QUE SE CONCEDIÓ LA PRETECCIÓN FEDERAL. El veintiséis de mayo del dos mil veinte, se dictó sentencia definitiva en el juicio de amparo que nos ocupa, determinándose conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para el efecto de que la autoridad responsable, Junta Especial número veintiséis de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, realice lo siguiente: Deje insubsistente la interlocutoria de quince de octubre de dos mil diecinueve, que resolvió el incidente de liquidación de laudo, dictado en el juicio laboral 2185/2014. Hecho lo anterior, emita otra con libertad de jurisdicción en la que siguiendo las pautas acotadas en la presente ejecutoria, realice lo siguiente: cuantifique individualmente la revaloración en la pensión por incapacidad parcial permanente en un 25% adicional al 50% reconocido por la demandada, a partir del veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho a la fecha del presente laudo; cuantifique individualmente el pago de pensión de invalidez, pagadero a partir del dieciséis de diciembre de dos mil catorce; lo anterior, en términos de lo establecido en el Contrato Colectivo de Trabajo y al Régimen de Jubilaciones y Pensiones del Instituto Mexicano del Seguro Social; fundamente su actuación en los artículos y tablas del contrato que establezcan la forma de cuantificar las prestaciones ya referidas; exprese la cuantía básica en que se apoya para la realización de las cuantificaciones, así como el año al que corresponde la cuantía básica, y las documentales aportadas por las partes como medios de convicción de donde obtiene tales datos; y, cuantifique el pago de las diferencias de la indemnización establecida en la cláusula 89 del contrato colectivo de trabajo, respecto a ese 25% adicional al 50% que ya disfrutaba, expresando claramente la técnica matemática para llegar a tal conclusión (suma, resta, multiplicación, división u alguna otra)." La citada resolución causó ejecutoria el nueve de marzo del dos mil veintiuno, por lo que se requirió a la Junta responsable diera cumplimiento a dicha ejecutoria. Luego, en proveído de veinte de julio de dos mil veintiuno, este órgano de Control Constitucional declaró cumplida la sentencia de amparo de que se trata. Inconforme, la parte quejosa interpuso recurso de inconformidad, del cual tuvo conocimiento el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Decimoséptimo Circuito, donde se radicó con el número 9/2021 y resolvió en sesión de veintiséis de noviembre del dos mil veintiuno, declarándolo fundado. El citado Tribunal Colegiado, en lo que interesante, consideró que la autoridad responsable acató los efectos precisados en los puntos a), b) y b) inciso iv); pero no dio cumplimiento al punto b) incisos i), ii), iii); y v) de la ejecutoria de amparo. Por lo tanto, el quince de diciembre del dos mil veintiuno, se requirió a la Junta responsable cumpliera con lo ordenado en la sentencia de amparo. CUMPLIMIENTO En este apartado debe establecerse como lo señalo el Primer Tribunal en Materias Civil y de Trabajo del Decimoséptimo Circuito al resolver el recurso de inconformidad 9/2021; de los efectos para los que se concedió la protección federal, la autoridad responsable, únicamente ha cumplido los señalados en los incisos a), b) y b) inciso iv). Por lo que, en el presente acuerdo versará respecto del cumplimiento o incumplimiento del punto b) inciso v), de la ejecutoria de amparo, precisando además el cumplimiento en diversos proveídos respecto al punto b) incisos i), ii) y iii). En interlocutoria de once de junio de dos mil veintidós se dio cumplimiento al punto b), inciso iii), de la ejecutoria de amparo de que se trata, en tanto fundó su actuar en los artículos y tablas del contrato que establecen las formas de cuantificar las prestaciones reclamadas por el actor incidentista, lo cual reiteró en la resolución de ocho de septiembre del dos mil veintidós. Posteriormente, el trece de septiembre del dos mil veintidós, se tuvo por recibida la resolución interlocutoria de ocho de septiembre del dos mil veintidós por el que la Junta Responsable, pretendía cumplir la sentencia de amparo; con la cual se dio vista a la parte quejosa por el término legalmente establecido; desahogando la vista. Por lo que, en escrito presentado por la quejosa el veintitrés de septiembre de ese mismo año, manifestó defecto en el cumplimiento que pretende dar la autoridad responsable. Así, el diez de enero de dos mil veintitrés, se analizó si la autoridad responsable cumplió o no con los siguientes efectos: "i) cuantifique individualmente la revaloración en la pensión por incapacidad parcial permanente en un 25% adicional al 50% reconocido por la demandada, a partir del veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho la fecha del presente laudo; ii) cuantifique individualmente el pago de pensión de invalidez, pagadero a partir del dieciséis de diciembre de dos mil catorce; lo anterior, en términos de lo establecido en el Contrato Colectivo de Trabajo y al Régimen de Jubilaciones y Pensiones del Instituto Mexicano del Seguro Social; v) cuantifique el pago de las diferencias de la indemnización establecida en la cláusula 89 del contrato colectivo de trabajo, respecto a ese 25% adicional al 50% que ya disfrutaba, expresando claramente la técnica matemática para llegar a tal conclusión (suma, resta, multiplicación, división u alguna otra)." En ese tenor, a efecto de dar cumplimiento al fallo de amparo, la autoridad responsable remitió la interlocutoria emitida el nueve de septiembre del dos mil veintidós en el incidente de liquidación que deriva del juicio laboral 2185/2014, en la que, en su resolutivo primero, condenó al Instituto Mexicano del Seguro Social pagar al actor las cantidades de $212,917.08 por conceptos de adeudos de diferencias de pensiones correspondientes del veintiuno de septiembre del dos mil dieciocho al quince de octubre del dos mil diecinueve, por concepto de incapacidad parcial permanente, en base a una cuantía básica de $550.09 diarios al año dos mil diecinueve, es decir una pensión mensual de $16,502.70, sin perjuicio de las diferencias que se sigan corriendo hasta la fecha en que se regularice el pago de dicho ajuste en la nómina de pensionados. Con esa interlocutoria, se dio vista a la quejosa, quien la desahogó el veintitrés de septiembre del año próximo pasado, y manifestó que existía defecto en el cumplimiento, ya que el 25% de aumento ordenado, no se estaba reflejando adecuadamente, puesto que, actualmente recibe una pensión de $16,444.60 (dieciséis mil cuatrocientos cuarenta y cuatro pesos 60/100 M.N.), y al efecto adjuntó el recibo de nómina correspondiente al mes de agosto del año referido. No obstante lo manifestado por la quejosa, se consideró que, contrario al defecto que adujo, la autoridad responsable resolvió en su beneficio, dado que la cantidad actualizada corresponde a la que debió percibir desde el año dos mil diecinueve, misma que deberá ser actualizada a la fecha (uno de enero de dos mil veintitrés), -lo que así realizó induce a un monto superior- dado que conforme lo refirió la responsable, se le deberá indemnizar por las actualizaciones que se sigan generando hasta en la fecha que se regularice el pago del ajuste en la nómina de pensionados. Por lo que ve al efecto que sigue: "b) Hecho lo anterior, emita otra con libertad de jurisdicción en la que siguiendo las pautas acotadas en la presente ejecutoria, realice lo siguiente: cuantifique individualmente la revaloración en la pensión por incapacidad parcial permanente en un 25% adicional al 50% reconocido por la demandada, a partir del veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho la fecha del presente laudo;." En dicha resolución incidental de liquidación de nueve de septiembre de dos mil veintidós, se consideró que dicha revalorización quedó debidamente cuantificada al haber actualizado la cuantía básica a la cantidad de $550.09 diarios, por el período del veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho al quince de octubre de dos mil diecinueve. En virtud de lo anterior, se determinó que por concepto de pago de las diferencias de la indemnización establecida en la cláusula 89 del contrato colectivo de trabajo, esto es, el 25% adicional al 50% reconocido por la demandada por concepto de incapacidad parcial permanente, la tercera interesada debe pagar a favor de la quejosa la cantidad de $263,363.63 (doscientos sesenta y tres mil trescientos treinta y tres pesos 63/100 M.N.). Monto al que deberán sumarse los siguientes conceptos, mismos que no fueron determinados en la resolución incidental que constituyó el acto reclamado, y que en la nueva interlocutoria emitida por la autoridad responsable son adicionados a favor de la quejosa, en cumplimiento a la ejecutoria concesoria del amparo, los que se analizan como sigue: cuantifique individualmente el pago de pensión de invalidez, pagadero a partir del dieciséis de diciembre de dos mil catorce; lo anterior, en términos de lo establecido en el Contrato Colectivo de Trabajo y al Régimen de Jubilaciones y Pensiones del Instituto Mexicano del Seguro Social; Al respecto, en la resolución incidental se condenó a pagar la cantidad de $909,357.77, por concepto de invalidez desde el año 2014 al 2019, sin perjuicio de las que se sigan generando hasta el total cumplimiento a la condena. Además de lo anterior, se cuantificó la diferencia de pagos por incapacidad parcial permanente desde el veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho al quince de octubre de dos mil diecinueve, determinando un pago a favor de la quejosa que asciende a $212,917.08, monto que fue calculado a razón de la cuantía básica ascendiente a $550.09 diarios al año 2019. ". iii) fundamente su actuación en los artículos y tablas del contrato que establezcan la forma de cuantificar las prestaciones ya referidas;." En la interlocutoria de marras se explicó el método de cuantificación, se introdujeron cuadros ilustrativos y se invocaron los artículos del régimen de pensiones correspondientes, como sigue: Finalmente, en cuanto al efecto precisado como punto b) inciso v), este juzgado de distrito determino que no se encontraba cumplida la sentencia concesoria de amparo, respecto al efecto siguiente: "v) cuantifique el pago de las diferencias de la indemnización establecida en la cláusula 89 del contrato colectivo de trabajo, respecto a ese 25% adicional al 50% que ya disfrutaba, expresando claramente la técnica matemática para llegar a tal conclusión (suma, resta, multiplicación, división u alguna otra). ." Lo anterior, ya que una vez realizados los cálculos correspondientes con los lineamientos precisados en la ejecutoria de mérito, se determinó que por concepto de pago de las diferencias de la indemnización establecida en la cláusula 89 del contrato colectivo de trabajo, el instituto tercero interesado debe pagar la cantidad de $263,363.63 (doscientos sesenta y tres mil trescientos treinta y tres pesos 63/100 M.N.). A efecto de analizar si dicho cálculo fue realizado correctamente, se procedió a revisar las operaciones matemáticas plasmadas en la interlocutoria de mérito: 1. INDEMNIZACIÓN POR DIFERENCIA DEL 25% $******************** M.N (salario base colectivo 2014) X ******************** días (Indemnización cláusula 89 contrato colectivo) $470,773.35 M.N.= Total. Cantidad de la cual debe calcularse el 25%, por ser la diferencia a indemnizar de la incapacidad parcial permanente, lo que se refleja como sigue: $470,733.35 M.N=100% $117,693.33. M.N.=25% (indemnización correspondiente) A ese 25% que corresponde a $117,693.33, procede adicionar 50 días de salario por cada año de servicio. En el caso se acreditaron veinte años y quince quincenas, que equivalen a ********************días (mil veintinueve), que elevados al 25%, se representan como sigue: ******************** (salario al 2014) x ********************(antigüedad) x 25% ******************** (indemnización 50 días salario por año de servicio) 2. PRIMA DE ANTIGÜEDAD Respecto a la prima de antigüedad, en la interlocutoria en análisis la responsable tomó como salario mínimo general topado al doble la cantidad de $145.19 M.N. y determinó una cuantía de $35,716.74 M.N.; sin embargo la cantidad estipulada por la Secretaria del Trabajo y Prevención Social fue de $******************** M.N., que al doble daría como resultado $******************** M.N., en consecuencia dicho cálculo es incorrecto al no corresponder al salario mínimo general vigente al 2018. Entonces, la operación matemática quedaría como sigue: $******************** (salario mínimo general 2018 topado al doble) x 12 días de salario por año de servicio x 20 años, 5 meses, 15 días (antigüedad) $******************** De ahí que la sumatoria de las cantidades referidas para calcular la indemnización total que corresponde al 25% de diferencia de la incapacidad permanente adeudada, resulte en un total de ********************, y no los $263,363.63 (doscientos sesenta y tres mil trescientos treinta y tres pesos 63/100 M.N.) establecidos en la interlocutoria. $117,693.33 (diferencia del 25%) +110,599.49 (indemnización de 50 días por año trabajado) $******************** (prima de antigüedad) ******************** TOTAL A INDEMNIZAR EN RELACIÓN AL 25% ADICIONAL Por lo que, se tuvo por no cumplida la sentencia ejecutoria al existir en defecto un ello en cuanto al efecto b) inciso v), de la sentencia que se trata. En ese contexto, se requirió a la Junta Laboral para que diera cumplimiento a tal efecto concesorio de amparo, por lo que, esta dictó una nueva resolución el veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, con la que se dio vista a la quejosa en auto de dos de marzo de dos mil veintitrés. A dicha vista la quejosa mediante escrito presentado el ocho de marzo del año en curso manifestó que: Por lo que, en la valoración veintidós de mayo del presente año, este órgano jurisdiccional consideró infundado lo argumentado por la quejosa; toda vez que el hecho de que la junta responsable no haya liquidado la condena laboral, respecto a los citados años, ello no implica que se haya incumplido algún mandato de ley o que se encuentre determinado en la sentencia de amparo cuyo cumplimiento se analiza. En cambio, advirtió que la junta responsable no había dado cumplimiento a lo ordenado en el efecto concesorio de amparo b). inciso v), transcrito supra líneas: "V. cuantifique el pago de las diferencias de la indemnización establecida en la cláusula 89 del contrato colectivo de trabajo, respecto a ese 25% adicional al 50% que ya disfrutaba, expresando claramente la técnica matemática para llegar a tal conclusión (suma, resta, multiplicación, división u alguna otra)." Por las consideraciones siguientes: "Por lo que ve al efecto antes citado, consistente en el pago de las diferencias de la indemnización establecida en el artículo 89 del Contrato Colectivo de Trabajo, respecto al 25% adicional al 50%; primeramente estableció que el salario base para tal efecto es la cantidad de $********************, para el año del dos mil catorce, que fue cuando se otorgó la incapacidad parcial permanente, el cual multiplicado por ******************** días del último salario percibido por el trabajador (indemnización que otorga el artículo 89 del Contrato Colectivo de Trabajo) dicho resultado multiplicó por el 25%, da como resultado la cantidad de $117,692.89. Lo cual se estima de las operaciones aritméticas realizadas por la autoridad responsable es incorrecta. Por lo que es preciso aclarar lo siguiente, en tanto la multiplicación de $******************** por ******************** días, arroja la cantidad de $470,773.35 dicha cantidad multiplicado por el 25% arroja la cantidad de $******************** y no $117,692.89 como señala la autoridad responsable; por lo que deberá declarar dicha circunstancia y establecer la cantidad correcta. En cuanto a los 50 días por cada año de servicio, la autoridad responsable tuvo por acreditado 20 años y 11 quincenas de servicio, lo que tradujo en ********************días. Luego, extrajo el 25% de la cantidad de $********************, que tuvo como salario base, (25%x********************=107.48), multiplicando el porcentaje resultante por ********************días, obteniendo como resultado la cantidad de $********************. Finalmente, liquido la indemnización de los doce días de salario mínimo general al año dos mil dieciocho, topado al doble (******************** x 2=********************), obteniendo como resultado la cantidad de $43,347.12. Por lo que al realizar la sumatoria de las cantidades finales obtenidas en dicho capitulo, la autoridad responsable, condenó al instituto responsable al pago de la cantidad de ******************** por concepto de pago de las diferencias de las indemnizaciones establecidas en la cláusula 89 del Contrato Colectivo de Trabajo, respecto al 25% adicional al 50%, 50 días de salario por cada año de servicio y prima de antigüedad." En virtud de lo anterior, se requirió de nueva cuenta la Junta responsable, a fin de que diera cumplimiento a la ejecutoria de amparo que se trata, respecto al efecto en mención, punto b), inciso v). Como consecuencia de lo anterior, el dieciséis de junio del año en curso se recibió en este juzgado de Distrito la interlocutoria dictada por la junta responsable, a efecto de dar cumplimiento a la sentencia de amparo en cuanto al efecto antes referido. Ahora bien, del análisis de la resolución emitida el dieciséis de junio por la Junta responsable se advierte que cumple con lo ordenado dentro del apartado ordenado en el punto b) inciso v), de la sentencia de amparo que nos ocupa, por lo que se procede analizar el siguiente apartado: "v. cuantifique el pago de las diferencias de la indemnización establecida en la cláusula 89 del contrato colectivo de trabajo, respecto a ese 25% adicional al 50% que ya disfrutaba, expresando claramente la técnica; matemática para llegar a tal conclusión (suma, resta, multiplicación, división u alguna otra)." Por lo que ve al efecto antes citado, consistente en el pago de las diferencias de la indemnización establecida en el artículo 89 del Contrato Colectivo de Trabajo, respecto al 25% adicional al 50%; la autoridad responsable en su último considerando de la quinta resolución incidental de liquidación, primeramente estableció que el salario base para tal efecto es la cantidad de $********************, para el año del dos mil catorce, que fue cuando se otorgó la incapacidad parcial permanente, el cual multiplicado por ******************** días del último salario percibido por el trabajador (indemnización que otorga el artículo 89 del Contrato Colectivo de Trabajo) dicho resultado multiplicó por el 25%, da como resultado la cantidad de $********************. Asimismo, informa que respecto a los 50 días por cada año de servicio, la autoridad responsable tuvo por acreditado 20 años y 11 quincenas de servicio, lo que tradujo en ********************días, los cuales multiplicados por el 25% de la cantidad de $********************, que tuvo como salario base, da como resultado la cantidad de $********************. Respecto a los 12 días por salario mínimo general al año dos mil dieciocho topado al doble (********************días de antigüedad) $********************, el salario mínimo general vigente establecido para el año dos mil dieciocho lo fue de $********************, multiplicado por los días que le corresponden por la cantidad señalada da un total de $********************. Por lo que realizando la sumatoria de las cantidades finales obtenidas da como resultado ********************, por concepto de pago de las diferencias de las indemnizaciones establecidas en la cláusula 89 del Contrato Colectivo de Trabajo, respecto al 25% adicional al 50%, 50 días de salario por cada año de servicio y prima de antigüedad. En virtud de lo anterior, se estima que las operaciones aritméticas realizadas por la autoridad responsable son correctas. No pasa desapercibido por este órgano jurisdiccional que en dicha resolución de dieciséis e junio del año en curso, en el apartado "resuelve" se advierte que la autoridad responsable concedió por la cantidad de $******************** cuando lo correcto es ********************, empero, de la parte considerativa de dicha determinación se estableció la cantidad correcta ********************. Por lo que, no se viola con el principio de congruencia que debe empezar en el dictado de toda resolución. Tiene aplicación el siguiente citado: "EJECUTORIAS DE AMPARO. PARA QUE SU CUMPLIMIENTO SEA TOTAL, SIN EXCESOS O DEFECTOS, DEBE VERIFICARSE LA CONGRUENCIA EN SU DICTADO. El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, el cual comprende el dictado eficaz de las resoluciones; además, del precepto referido deriva el principio de congruencia, el cual consiste en que las resoluciones se dicten de conformidad con la litis planteada, es decir, atendiendo a lo formulado por las partes (congruencia externa), y que no contengan consideraciones ni afirmaciones que se contradigan entre sí o con los puntos resolutivos (congruencia interna). Ahora bien, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sido consistente en sostener que en el dictado de toda sentencia debe prevalecer la congruencia, lo cual es acorde con el cumplimiento eficaz de las ejecutorias de amparo, establecido por el legislador en los artículos 196, 197 y 201, fracción I, de la Ley de Amparo, los cuales precisan que dicho cumplimiento debe ser total, sin excesos o defectos. Así, cuando por la ejecutoria de amparo la autoridad responsable deba dictar una nueva resolución, el órgano de control constitucional debe analizar si la autoridad referida atiende de forma circunscrita a la materia determinada por la acción constitucional y al límite señalado por la propia ejecutoria. En ese sentido, si en el nuevo fallo la autoridad responsable emitió un punto resolutivo contrario con la parte considerativa de la resolución, la ejecutoria de amparo no se ha cumplido y, por ende, el recurso de inconformidad debe declararse fundado, pues el principio de congruencia de las resoluciones judiciales debe imperar en el dictado de toda resolución, ya que sólo así se garantiza el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva y la certeza y seguridad jurídica, máxime cuando está pendiente que se ejecute esa decisión." (Registro digital: 2015722, Instancia: Primera Sala Décima Época Materia(s): Común Tesis: 1a. CCXLII/2017 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 49, Diciembre de 2017, Tomo I, página 415 Tipo: Aislada.) En consecuencia, al apreciarse por parte de este órgano jurisdiccional que al llevar a cabo lo anterior, la responsable no incurrió en exceso o defecto, ni tampoco existió imposibilidad para su cumplimiento, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara que el fallo protector ha quedado cumplido.

  4. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA AL QUEJOSO EL PROVEÍDO DE DIEZ DE LOS ACTUALES QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Agréguese el oficio 21444/2023 y anexos, remitido por la Actuaria judicial adscrita al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoséptimo Circuito, con sede en esta ciudad, con el que remite copia autorizada de la resolución pronunciada en el amparo en revisión administrativo 1344/2022 de su índice, y devuelve los autos originales del juicio de amparo 582/2020-III-2, promovido por ********************, por conducto de su apoderada legal ********************, contra actos de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con sede en la Ciudad de México y otras autoridades; acúsese recibo de estilo a la Superioridad. Ahora bien, tomando en consideración que dicha ejecutoria MODIFICÓ la sentencia dictada por el Juzgado Quinto de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con asiento en Culiacán, Sinaloa, mediante la cual se sobreseyó en el presente juicio, para ahora SOBRESEER por una parte y por otra CONCEDER el amparo y protección de la Justicia Federal a los aquí quejosos, para el efecto de que: "I. Dejen insubsistentes los efectos del Acuerdo ******************** de dos de marzo de dos mil veinte, emitido por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; así como su ejecución mediante el requerimiento ******************** y el oficio ********************, por lo que refiere a ******************** e ********************. II. Comuniquen de manera inmediata a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que a su vez, ordene a las instituciones que integran el sistema financiero mexicano, que restituyan a la parte quejosa ******************** e ********************, en el goce y disfrute total de las cuentas de su titularidad; en específico -y sin descartar otras- la cuenta bancaria número ********************, aperturada en ********************" Por consiguiente, comuníquese tal determinación a las partes para su conocimiento y efectos legales consiguientes; háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y glósense al expediente únicamente las actuaciones en original que obran en el cuadernillo que se formó para la continuación del mismo y destrúyanse las copias certificadas que para tal efecto se expidieron, por no ser necesarias para la integración del presente juicio. Requerimiento de cumplimiento Por tanto, con apoyo en el último párrafo, del artículo 192 de la Ley de Amparo, como se encuentra indicado en el fallo respectivo, requiérase a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con sede en la Ciudad de México, para que dentro del plazo de diez días hábiles, contado a partir del día siguiente de la notificación del presente proveído, dé cumplimiento a la sentencia ejecutoria, en los términos antes precisados. En la inteligencia que, el plazo otorgado en los términos indicados, desde este momento se concede, tomando en consideración que, constituye un hecho notorio, que la autoridad recaudadora debe realizar los actos administrativos de liberación, expedición y entrega del numerario, de conformidad con la concesión de amparo, de allí que, el plazo que se le otorga para tal efecto, se considera razonable para dichos fines. Por ende, de incumplir la autoridad responsable sin causa justificada en los términos ya indicados (informe el impedimento legal o material que tenga para ello), se impondrá a su titular una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, equivalente a $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), a razón de $103.74 (ciento tres pesos 74/100 moneda nacional) como valor diario, conforme a lo establecido en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo. Asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda para seguir el trámite de inejecución, el cual puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Se requiere a superior jerárquico. De igual manera, con fundamento en el artículo 192, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, requiérase al Secretario de Hacienda y Crédito Público -en su calidad de superior jerárquico de las autoridades vinculadas-, para que requiera a las responsables a dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo y remita las constancias que acrediten el requerimiento realizado a sus subordinados, respecto del cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Ahora, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el incidente de inejecución de sentencia estableció los lineamientos bajo los cuales se debe requerir a los superiores jerárquicos de las autoridades responsables para lograr el cumplimiento de las sentencias definitivas, a saber: - Que el procedimiento de cumplimiento y ejecución de las sentencias de amparo es oficioso, lo que implica que la labor de la persona juzgadora de amparo debe ir más allá que una mera expectación de lo que informen las autoridades responsables, las vinculadas al cumplimiento y sus superiores jerárquicos, sino que merece una actitud proactiva que conduzca al eficaz cumplimiento de lo ordenado en la ejecutoria. - Que resulta insuficiente que la autoridad superior jerárquica de la responsable manifieste que giró oficio para instarles a cumplir con la ejecutoria de amparo, pues debe acreditar que ejerció verdaderamente sus facultades como superior jerárquica para vencer la renuencia. - Que debe demostrar haber hecho uso de todos los medios a su alcance como la imposición de medidas de apremio de índole interno y disciplinarias o tendentes a actuar como auxiliar del Juzgado de Distrito en el cumplimiento, a fin de constreñir al debido cumplimiento de las ejecutorias de amparo, pues de lo contrario, la persona juzgadora de amparo, debe considerar insuficiente la intervención de la superior jerárquica, y por tanto acreedora a las mismas sanciones que corresponden a las obligadas a cumplir que se tilden como renuentes. - Lo anterior, porque el régimen de obligaciones y sanciones que se regulan en la Ley de Amparo conduce a considerar que la persona que se desempeña como superior jerárquica de las autoridades a quienes corresponda el cumplimiento de la ejecutoria, es igualmente responsable en obtener el cumplimiento que las que supervisa. Por tanto, su actuación debe ir más allá, precisamente porque se encuentra sujeta a las mismas obligaciones y sanciones en caso de no demostrar que realizó todo lo posible para vencer la renuencia de sus subalternos. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 1a/J 58/2008 y tesis P. CLXXV/2000 de la Primera Sala y Pleno Suprema Corte de Justicia de la Nación, respectivamente, Novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Registro Digital 169286 y 190902, que establecen: "INCIDENTES DE INEJECUCIÓN. LOS SUPERIORES JERÁRQUICOS DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE INCURREN EN RESPONSABILIDAD POR FALTA DE CUMPLIMIENTO DE LAS EJECUTORIAS DE AMPARO. Para que en los incidentes de inejecución se actualice la sanción establecida en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es necesario agotar previamente el procedimiento previsto en la Ley de Amparo; de manera que si al examinar de oficio el cumplimiento de la ejecutoria de amparo se verifica que se requirió al superior jerárquico de las autoridades responsables a fin de conminarlo, al igual que a éstas, a dar cumplimiento a la sentencia de garantías, pero no han llevado a cabo todas las diligencias necesarias dentro del ámbito de sus facultades legales para hacerlo, es evidente que han incurrido en contumacia, retrasando el debido cumplimiento, por lo que debe estarse a lo previsto en el artículo 107 de la Ley de Amparo, el cual dispone que las autoridades requeridas como superiores jerárquicos incurren en responsabilidad por falta de cumplimiento de las ejecutorias, en los mismos términos que las autoridades contra cuyos actos se hubiese concedido el amparo. En ese sentido, el requerimiento al superior jerárquico no puede tener como fin enterarlo de que uno de sus subordinados ha incumplido con una sentencia de amparo y se concrete únicamente a enviarle una comunicación en la que le solicite obedezca el fallo federal, sino que el requerimiento de que se trata debe involucrar a tal grado al superior, que si la sentencia no se cumple, procede separarlo de su cargo y consignar los hechos directamente ante el juez de distrito que corresponda, en términos de la fracción XVI del artículo 107 constitucional y de los numerales 105 y 107 de la Ley de Amparo. De ahí que un requerimiento de esa naturaleza, tiene por efecto que el superior jerárquico quede vinculado con las responsables a fin de hacer uso de todos los medios legales a su alcance, incluso las prevenciones y sanciones que conforme a las disposiciones aplicables pueda hacer e imponer, para conseguir el cumplimiento lo que, además, deberá hacer del conocimiento del juez federal." "INEJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO. EL SUPERIOR JERÁRQUICO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, A QUIEN SE REQUIERE SU INTERVENCIÓN CUANDO EL INFERIOR NO CUMPLE, DEBE UTILIZAR TODOS LOS MEDIOS A SU ALCANCE PARA CONSEGUIRLO, ENCONTRÁNDOSE SUJETO A QUE, DE NO HACERLO, SEA SEPARADO DE SU CARGO Y CONSIGNADO ANTE UN JUEZ DE DISTRITO. Conforme a lo dispuesto en la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución, y en el capítulo relativo a la ejecución de las sentencias de la Ley de Amparo, existe un sistema riguroso que debe seguirse cuando se otorga la protección constitucional al quejoso, conforme al cual no sólo se encuentra vinculada al cumplimiento de la sentencia la autoridad directamente responsable, sino todas las autoridades que lleguen a estar relacionadas con ese acatamiento y también, y de modo fundamental, los superiores jerárquicos de ellas. Esta vinculación no sólo se sigue del requerimiento que debe hacerle el Juez de Distrito cuando la autoridad directamente responsable no cumple con la sentencia, sino de la clara prevención del artículo 107 de la Ley de Amparo, de que "las autoridades requeridas como superiores jerárquicos incurren en responsabilidad, por falta de cumplimiento de las ejecutorias, en los mismos términos que las autoridades contra cuyos actos se hubiese concedido el amparo". De esta disposición se sigue que el requerimiento al superior jerárquico no puede tener como fin que el mismo se entere de que uno de sus subordinados no cumple con una sentencia de amparo y, cuando mucho, le envíe una comunicación en la que le pida que obedezca el fallo federal. El requerimiento de que se trata tiene el efecto de vincular a tal grado al superior que si la sentencia no se cumple, también procederá aplicar a éste la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución, y 105 y 107 de la Ley de Amparo, a saber, separarlo de su cargo y consignarlo ante un Juez de Distrito. De ahí que ante un requerimiento de esa naturaleza, el superior jerárquico deba hacer uso de todos los medios a su alcance, incluso las prevenciones y sanciones que conforme a las disposiciones aplicables puede formular e imponer, respectivamente, para conseguir ese cumplimiento lo que, además, deberá hacer del conocimiento del Juez. Es obvio, por otra parte, que si el subordinado se resiste a cumplir con la sentencia la deberá cumplir directamente el superior, independientemente de las sanciones que le pudiera imponer." Apercibimiento. Se apercibe que de no hacerlo en el plazo de tres días, con fundamento en el artículo 258 de la Ley de Amparo, se aplicará en su contra una multa equivalente a cien veces el valor diario de la unidad de medida y actualización. Devolución de documentos. Finalmente, devuélvase a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con sede en la Ciudad de México, los dos legajos de pruebas que obran en el presente juicio de amparo, así como un sobre confidencial. Notifíquese y personalmente al quejoso.

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