Jesús Jonathan Rivas de la Torre

Expediente 997/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas. 17 actuaciones registradas, la última del 20 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
997/2019
Año
2019
Actuaciones
17
Última actuación
20/08/2021

Partes del expediente

  • Jesús Jonathan Rivas de la Torre

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    Visto; el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que no fue promovido el recurso de inconformidad a que se refiere el artículo 201 de la Ley de Amparo, contra el auto de dieciséis de junio de dos mil veintiuno, por tanto y toda vez que este ha quedado firme, remítase el presente expediente al archivo como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno correspondiente. Desprendiéndose de la certificación secretarial de cuenta, que no existen diligencias pendientes de practicar, que no existen documentos exhibidos por las partes, que deban ser devueltos al interesado y, en su caso, ya fueron digitalizadas las constancias del presente expediente; asimismo, de que este juzgado dio fe de que la versión electrónica del juicio de amparo en que se actúa, coincide en su totalidad con la versión impresa. Lo anterior, en la inteligencia que, para los efectos legales a que haya lugar, en términos de los artículos 1°, 12 y 14, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de acuerdo a la valoración documental respectiva, se considera que el expediente es depurable.

  2. Principal

    VISTO; el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a las partes por autos de veintitrés de febrero y diecinueve de marzo del año en curso, respectivamente, en los cuales se les informó el cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en el presente expediente. En consecuencia y vistas las constancias que integran el presente cuaderno, se procede a emitir determinación en cuanto al cumplimiento de la sentencia concesoria del amparo en los siguientes términos: Por resolución de treinta de septiembre de dos mil veinte, se otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados por Jesús Jonathan Rivas de la Torre, contra la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas. En atención a lo anterior, mediante oficio 244, de diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, el Presidente de la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, informó el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; para lo cual anexó copia certificada de la resolución dictada en la misma fecha, dentro del toca penal 70/2019. En dicha resolución se advierte lo siguiente: 1. Que dejó sin efectos la resolución de veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve, pronunciada en el aludido toca penal (página 4 de la resolución). 2. Que al momento de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se vertieron los siguientes argumentos: "(.) con la salvedad de que en el caso en estudio, se pondera, es decir, tomar en cuenta el tiempo que ha transcurrido desde la fecha en que tuvo lugar la audiencia en la que se sustanció la petición de ampliación del plazo de la suspensión condicional del proceso, no así el tiempo que se ha transcurrido a partir del momento en que interpuso el recurso de apelación ante el juez natural, que data del veintiocho de enero de dos mil diecinueve, y los demás trámites que ha llevado el apelante, incluyendo los propios de la apelación y los inherentes a los trámites de los juicios de amparo, donde debe decirse en uno de ellos, número 449/2019, se declaró la suspensión, y el que ahora atiende, hasta la fecha en que se determine la firmeza de la resolución que ahora se emite en cumplimiento al requerimiento de la autoridad federal, pues será a partir de ese momento en que comenzará a la correr (sic) con exactitud, la prórroga que con fundamento en la facultad potestativa contenida en el segundo párrafo del artículo 198 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se autoriza y se decreta la ampliación del plazo de la suspensión condicional del proceso, por un año. Por otro lado, la revisión médica habrá de realizarse a los seis meses, calendario, siguientes a la fecha en que quede firme la resolución que constituyó el acto reclamado. Por último, la revisión de la suspensión prorrogada, se llevará a cabo según se actualice alguna de los supuestos establecidos en el numeral 198 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Todo lo anterior no exime a Jesús Jonathan Rivas de la Torre, de tener por cumplidos todos y cada uno de los compromisos que, por su parte, voluntariamente, se impuso." Documentales con valor probatorio pleno al tenor de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2º. Entonces, confrontando los efectos de la concesión del amparo y las acciones acreditadas en cuanto al cumplimiento, se hace evidente que se cumplieron con los postulados del fallo protector, pues con las documentales allegadas por la responsable, se advierte que dio cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo, toda vez atendió a todos los lineamientos descritos por este órgano jurisdiccional, en el presente juicio de amparo. Por tanto, al no haber sido otro el alcance de la sentencia de amparo, con fundamento en los artículos 77 y 196 de la Ley de Amparo en vigor, se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo. No obsta a lo anterior los argumentos que vierte el licenciado Manuel Galindo Casillas, en su carácter de autorizado del quejoso Jesús Jonathan Rivas de la Torre, mediante escrito presentado el ocho de marzo del año en curso, al considerar que la ejecutoria de amparo tiene defectos en su cumplimiento, pues esencialmente indica que la responsable excedió en sus facultades al imponer al quejoso una obligación que no fue materia del presente juicio de amparo, ello al pronunciarse respecto de la revisión médica que deberá practicarse el impetrante cada seis meses, una vez que la resolución que se emitió el diecinueve de febrero del año en curso, dentro del toca penal 70/2019, quede firme. El motivo de inconformidad aducido por el quejoso es inoperante. Lo anterior es así pues en la ejecutoria de amparo únicamente se conminó a la autoridad responsable a que, una vez que dejara insubsistente la resolución de veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve, dictada en el toca penal 70/2019, dictara una nueva resolución, la que podría ser en el mismo sentido de la anterior o en sentido diverso, siempre y cuando se purgaran los vicios formales que fueron expuestos en sentencia, concediéndosele plenitud de jurisdicción en la nueva determinación que al efecto se tomara. En ese sentido, ha sido criterio reiterado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que al resolver sobre el cumplimiento dado las ejecutorias de amparo donde únicamente se conmina a determinado actuar a las autoridades responsables y se les concede plenitud de jurisdicción para que al hacerlo, resuelvan lo que estimen pertinente, los jueces de distrito no deben pronunciarse sobre la legalidad de las consideraciones sobre las que la autoridad responsable haya fundamentado el acto con el que se pretende acatar el fallo protector. Por ello, si en el caso concreto únicamente se dijo que la responsable debía emitir una nueva resolución en la que purgara los vicos formales que la afectaban, debiendo expresar los razonamientos lógicos, así como los motivos, circunstancias especiales y causas inmediatas y particulares que sustentaran su actuar, concediéndole libertad de jurisdicción, es claro que esta juzgadora no está en aptitud de analizar la legalidad de ese nuevo acto, por tanto, los argumentos tendentes a combatir la legalidad del mismo deben declararse inoperantes pues, en su caso, deberán ser materia de estudio a través de los medios de defensa que procedan en contra de la decisión emitida por la autoridad. Se invoca por analogía la jurisprudencia 1a./J. 89/2007, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "INCONFORMIDAD INTERPUESTA CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE TIENE POR CUMPLIDA LA EJECUTORIA DE AMPARO. LA MATERIA DE SU ESTUDIO DEBE LIMITARSE AL ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO RELATIVO, SIN PRONUNCIARSE SOBRE LA LEGALIDAD DE LAS CONSIDERACIONES DE LA RESPONSABLE. La materia de estudio de la inconformidad prevista en el artículo 105 de la Ley de Amparo, planteada contra la resolución de un juez de Distrito o de un tribunal colegiado de Circuito, que estima cumplimentada la ejecutoria concesoria del amparo debe limitarse al análisis del cumplimiento de dicha sentencia, sin pronunciarse sobre la legalidad de las consideraciones en que la autoridad responsable haya fundamentado el acto con el que pretende acatarla, pues ello es ajeno a la indicada inconformidad." (Énfasis añadido) Asimismo se invoca por las razones que la sustentan, la tesis aislada 2a. XXIX/2010, de la Segunda Sala de nuestro Tribunal Supremo, que dice: "INCONFORMIDAD POR DENUNCIA DE REPETICIÓN DEL ACTO RECLAMADO. SON INOPERANTES LOS ARGUMENTOS ENCAMINADOS A ALEGAR VICIOS DE LEGALIDAD DE LA RESOLUCIÓN EMITIDA EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA, EN DONDE SE RESERVÓ A LA RESPONSABLE LIBERTAD DE JURISDICCIÓN. Conforme al artículo 108 de la Ley de Amparo, la materia de la inconformidad por denuncia de repetición del acto reclamado consiste en examinar la legalidad de la resolución del Juez de Distrito o del Tribunal Colegiado de Circuito que declara infundada dicha repetición, analizando si la autoridad responsable, en un nuevo acto, reiteró los vicios de inconstitucionalidad advertidos en la ejecutoria protectora, con el objeto de garantizar el respeto a las sentencias de amparo revestidas de la firmeza de cosa juzgada. En consecuencia, los planteamientos tendentes a controvertir la resolución emitida en cumplimiento a la sentencia amparadora, en donde se reservó libertad de jurisdicción a la responsable, deben declararse inoperantes, al constituir temas ajenos a la inconformidad y susceptibles de control a través de otros medios legales." (Énfasis añadido) Sólo a mayor abundamiento, debe decirse que los argumentos que esgrime la parte quejosa tendentes a demostrar la ilegalidad de la resolución emitida por la responsable el diecinueve de febrero del año en curso, dentro del toca penal 70/2019, ya no es motivo de análisis en este juicio, sino de los recursos que la ley prevea al respecto, motivo por el cual no se analizan al verificar el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Consecuentemente, con las constancias antes relatadas, a las que por tratarse de documentos públicos se les otorga valor probatorio de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en vigor, en términos del numeral 2° de esta última, se concluye que la sentencia protectora ha sido cumplida, sin que se desprenda que la autoridad responsable haya incurrido en exceso o defecto en su cumplimiento.

  3. Principal

    SE PUBLICA CON EFECTOS DE NOTIFICACION PARA LA PARTE QUEJOSA, TERCERO INTERESADA Y REPRESENTANTE ESPECIAL DE LOS MENORES TERCEROS INTERESADOS: VISTO; el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a las partes por autos de veintitrés de febrero y diecinueve de marzo del año en curso, respectivamente, en los cuales se les informó el cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en el presente expediente. En consecuencia y vistas las constancias que integran el presente cuaderno, se procede a emitir determinación en cuanto al cumplimiento de la sentencia concesoria del amparo en los siguientes términos: Por resolución de treinta de septiembre de dos mil veinte, se otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados por Jesús Jonathan Rivas de la Torre, contra la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas. En atención a lo anterior, mediante oficio 244, de diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, el Presidente de la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, informó el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; para lo cual anexó copia certificada de la resolución dictada en la misma fecha, dentro del toca penal 70/2019. En dicha resolución se advierte lo siguiente: 1. Que dejó sin efectos la resolución de veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve, pronunciada en el aludido toca penal (página 4 de la resolución). 2. Que al momento de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se vertieron los siguientes argumentos: "(.) con la salvedad de que en el caso en estudio, se pondera, es decir, tomar en cuenta el tiempo que ha transcurrido desde la fecha en que tuvo lugar la audiencia en la que se sustanció la petición de ampliación del plazo de la suspensión condicional del proceso, no así el tiempo que se ha transcurrido a partir del momento en que interpuso el recurso de apelación ante el juez natural, que data del veintiocho de enero de dos mil diecinueve, y los demás trámites que ha llevado el apelante, incluyendo los propios de la apelación y los inherentes a los trámites de los juicios de amparo, donde debe decirse en uno de ellos, número 449/2019, se declaró la suspensión, y el que ahora atiende, hasta la fecha en que se determine la firmeza de la resolución que ahora se emite en cumplimiento al requerimiento de la autoridad federal, pues será a partir de ese momento en que comenzará a la correr (sic) con exactitud, la prórroga que con fundamento en la facultad potestativa contenida en el segundo párrafo del artículo 198 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se autoriza y se decreta la ampliación del plazo de la suspensión condicional del proceso, por un año. Por otro lado, la revisión médica habrá de realizarse a los seis meses, calendario, siguientes a la fecha en que quede firme la resolución que constituyó el acto reclamado. Por último, la revisión de la suspensión prorrogada, se llevará a cabo según se actualice alguna de los supuestos establecidos en el numeral 198 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Todo lo anterior no exime a Jesús Jonathan Rivas de la Torre, de tener por cumplidos todos y cada uno de los compromisos que, por su parte, voluntariamente, se impuso." Documentales con valor probatorio pleno al tenor de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2º. Entonces, confrontando los efectos de la concesión del amparo y las acciones acreditadas en cuanto al cumplimiento, se hace evidente que se cumplieron con los postulados del fallo protector, pues con las documentales allegadas por la responsable, se advierte que dio cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo, toda vez atendió a todos los lineamientos descritos por este órgano jurisdiccional, en el presente juicio de amparo. Por tanto, al no haber sido otro el alcance de la sentencia de amparo, con fundamento en los artículos 77 y 196 de la Ley de Amparo en vigor, se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo. No obsta a lo anterior los argumentos que vierte el licenciado Manuel Galindo Casillas, en su carácter de autorizado del quejoso Jesús Jonathan Rivas de la Torre, mediante escrito presentado el ocho de marzo del año en curso, al considerar que la ejecutoria de amparo tiene defectos en su cumplimiento, pues esencialmente indica que la responsable excedió en sus facultades al imponer al quejoso una obligación que no fue materia del presente juicio de amparo, ello al pronunciarse respecto de la revisión médica que deberá practicarse el impetrante cada seis meses, una vez que la resolución que se emitió el diecinueve de febrero del año en curso, dentro del toca penal 70/2019, quede firme. El motivo de inconformidad aducido por el quejoso es inoperante. Lo anterior es así pues en la ejecutoria de amparo únicamente se conminó a la autoridad responsable a que, una vez que dejara insubsistente la resolución de veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve, dictada en el toca penal 70/2019, dictara una nueva resolución, la que podría ser en el mismo sentido de la anterior o en sentido diverso, siempre y cuando se purgaran los vicios formales que fueron expuestos en sentencia, concediéndosele plenitud de jurisdicción en la nueva determinación que al efecto se tomara. En ese sentido, ha sido criterio reiterado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que al resolver sobre el cumplimiento dado las ejecutorias de amparo donde únicamente se conmina a determinado actuar a las autoridades responsables y se les concede plenitud de jurisdicción para que al hacerlo, resuelvan lo que estimen pertinente, los jueces de distrito no deben pronunciarse sobre la legalidad de las consideraciones sobre las que la autoridad responsable haya fundamentado el acto con el que se pretende acatar el fallo protector. Por ello, si en el caso concreto únicamente se dijo que la responsable debía emitir una nueva resolución en la que purgara los vicos formales que la afectaban, debiendo expresar los razonamientos lógicos, así como los motivos, circunstancias especiales y causas inmediatas y particulares que sustentaran su actuar, concediéndole libertad de jurisdicción, es claro que esta juzgadora no está en aptitud de analizar la legalidad de ese nuevo acto, por tanto, los argumentos tendentes a combatir la legalidad del mismo deben declararse inoperantes pues, en su caso, deberán ser materia de estudio a través de los medios de defensa que procedan en contra de la decisión emitida por la autoridad. Se invoca por analogía la jurisprudencia 1a./J. 89/2007, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "INCONFORMIDAD INTERPUESTA CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE TIENE POR CUMPLIDA LA EJECUTORIA DE AMPARO. LA MATERIA DE SU ESTUDIO DEBE LIMITARSE AL ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO RELATIVO, SIN PRONUNCIARSE SOBRE LA LEGALIDAD DE LAS CONSIDERACIONES DE LA RESPONSABLE. La materia de estudio de la inconformidad prevista en el artículo 105 de la Ley de Amparo, planteada contra la resolución de un juez de Distrito o de un tribunal colegiado de Circuito, que estima cumplimentada la ejecutoria concesoria del amparo debe limitarse al análisis del cumplimiento de dicha sentencia, sin pronunciarse sobre la legalidad de las consideraciones en que la autoridad responsable haya fundamentado el acto con el que pretende acatarla, pues ello es ajeno a la indicada inconformidad." (Énfasis añadido) Asimismo se invoca por las razones que la sustentan, la tesis aislada 2a. XXIX/2010, de la Segunda Sala de nuestro Tribunal Supremo, que dice: "INCONFORMIDAD POR DENUNCIA DE REPETICIÓN DEL ACTO RECLAMADO. SON INOPERANTES LOS ARGUMENTOS ENCAMINADOS A ALEGAR VICIOS DE LEGALIDAD DE LA RESOLUCIÓN EMITIDA EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA, EN DONDE SE RESERVÓ A LA RESPONSABLE LIBERTAD DE JURISDICCIÓN. Conforme al artículo 108 de la Ley de Amparo, la materia de la inconformidad por denuncia de repetición del acto reclamado consiste en examinar la legalidad de la resolución del Juez de Distrito o del Tribunal Colegiado de Circuito que declara infundada dicha repetición, analizando si la autoridad responsable, en un nuevo acto, reiteró los vicios de inconstitucionalidad advertidos en la ejecutoria protectora, con el objeto de garantizar el respeto a las sentencias de amparo revestidas de la firmeza de cosa juzgada. En consecuencia, los planteamientos tendentes a controvertir la resolución emitida en cumplimiento a la sentencia amparadora, en donde se reservó libertad de jurisdicción a la responsable, deben declararse inoperantes, al constituir temas ajenos a la inconformidad y susceptibles de control a través de otros medios legales." (Énfasis añadido) Sólo a mayor abundamiento, debe decirse que los argumentos que esgrime la parte quejosa tendentes a demostrar la ilegalidad de la resolución emitida por la responsable el diecinueve de febrero del año en curso, dentro del toca penal 70/2019, ya no es motivo de análisis en este juicio, sino de los recursos que la ley prevea al respecto, motivo por el cual no se analizan al verificar el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Consecuentemente, con las constancias antes relatadas, a las que por tratarse de documentos públicos se les otorga valor probatorio de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en vigor, en términos del numeral 2° de esta última, se concluye que la sentencia protectora ha sido cumplida, sin que se desprenda que la autoridad responsable haya incurrido en exceso o defecto en su cumplimiento.

  4. Principal

    SE PUBLICA CON EECTOS DE NOTIFICACION PARA LA PARTE QUEJOSA, TERCERO INTERESADA Y REPRESENTANTE ESPECIAL DE LOS MENORES TERCEROS INTERESADOS: Visto; agréguese a sus autos para que obre como corresponda, el oficio de cuenta signado por la autoridad responsable Presidente de la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, mediante el cual informa sobre el cumplimiento a la ejecutoria protectora emitida en el presente juicio de amparo y al efecto, exhibe las constancias conducentes. En consecuencia, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo, con las referidas constancias dese vista a las partes por el término de tres días, computado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación que legalmente se les practique de este proveído, para que manifiesten lo que a su derecho convenga. INGRESO A LAS INSTALACIONES DE ESTE JUZGADO. En otro aspecto, hágase saber a las partes que para poder ingresar a las instalaciones de este órgano jurisdiccional a efecto de consultar físicamente el expediente en que se actúa, así como para diverso tramite que necesariamente implique que deban acudir presencialmente ante este juzgado, deberán agendar una cita en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el apartado "Servicios Jurisdiccionales", en términos del Acuerdo General 21/2020, artículo 3, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020, del propio Pleno.

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