Jesus Joaquin Ramos Espinoza
Expediente 1574/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 11 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1574/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 11/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Jesus Joaquin Ramos Espinoza
Actuaciones
- Principal
Mérida, Yucatán, once de julio de dos mil veintidós. Visto el estado que guarda el presente expediente, se desprende que mediante proveído de ocho de julio de dos mil veintidós, causó estado el acuerdo que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio constitucional. Asimismo, que en proveído de la misma fecha dictado en el incidente de suspensión derivado del juicio constitucional en que se actúa, se dejó sin efectos la audiencia incidental señalada para las diez horas con treinta y dos minutos del dieciocho de julio de dos mil veintidós. En consecuencia, se ordena remitir por cuerda separada al archivo, el original y duplicado del cuaderno incidental, anexándoles para tal efecto copia autorizada del presente acuerdo. Por lo que hace al cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio, se hace la indicación de que es susceptible de destrucción, pues mediante acuerdo pronunciado el ocho de julio de dos mil veintidós, se dejó sin efectos todas las providencias dictadas en el cuaderno de suspensión, lo que genera la misma consecuencia jurídica a que hubiera sido negada, lo anterior acorde con lo dispuesto en el artículo 21, inciso c), del acuerdo general relativo. En términos de lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a), del citado acuerdo general conjunto, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado del cuaderno incidental, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el arábigo 22 del acuerdo normativo. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintinueve de junio de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, del que se advierte que mediante proveído de dieciséis de los corrientes, se dio vista a las partes quejosa y tercero interesada con lo informado por el Gobernador Constitucional del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, por conducto de su Consejero Jurídico y representante, con sede en esta ciudad, en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; asimismo, en dicho acuerdo se les apercibió que en caso de no hacer manifestación alguna, este Juzgado acordaría lo que en derecho correspondiera. El acuerdo de mérito se le notificó a las mencionadas partes, sin que hasta la fecha hubiesen hecho manifestación alguna. Por tanto, este órgano de control constitucional procede a resolver, si de acuerdo con las constancias que obran en autos y las documentales remitidas por la autoridad responsable, el fallo protector emitido se encuentra o no cumplido en su totalidad. En sentencia dictada el doce de mayo del año actual, se concedió a la parte quejosa la protección constitucional solicitada, para el efecto de que el Gobernador Constitucional de esta entidad, de inmediato, acordara lo conducente respecto del auxilio de la fuerza pública que le fue solicitada por la Juez Primero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, y lo hiciera del conocimiento de la aquí parte quejosa. Posteriormente, en auto de treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, causó ejecutoria la resolución de mérito, y se requirió su cumplimiento. A fin de cumplir con la sentencia de amparo, el Gobernador Constitucional del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, por conducto de su Consejero Jurídico y representante, observando los lineamientos de la resolución amparadora informó que por oficio DGOB/0204/2022 de diecinueve de mayo de dos mil veintidós, acordó autorizar el auxilio de la fuerza pública que le fue solicitada por la Juez Primero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, tal y como se ordenó en el fallo definitivo dictado en este juicio de amparo; oficio que notificó a la Secretaría de Seguridad Pública el siete de junio de dos mil veintidós. Por tanto, la responsable acató la sentencia constitucional, ya que realizó los actos tendentes a dar cumplimiento al fallo constitucional, en la medida que el Gobernador autorizó el auxilio de la fuerza pública peticionado por la Juez Primero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, y notificó dicha autorización a la Secretaría de Seguridad Pública, actos de los cuales tuvo conocimiento la parte quejosa a través de la vista que se le dio con los mismos en este sumario constitucional. En consecuencia, analizando los efectos otorgados en la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 77 de la ley de la materia, se advierte que las autoridades responsables, han restituido a la parte quejosa, en el pleno goce del derecho fundamental violado, por tanto, se declara que el fallo protector HA QUEDADO CUMPLIDO. Con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se ordena el archivo del presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, de conformidad con lo establecido en el inciso b), del artículo 18, del Acuerdo General sin número, de veintitrés de marzo de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que el presente expediente es DEPURABLE, en virtud de que versa de una sentencia en la que se concedió a la parte quejosa el Amparo y Protección de la Justicia Federal y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el citado artículo. Finalmente, hágase lo anterior del conocimiento de las partes, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese personalmente y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintisiete de junio de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan estos autos y la razón actuarial levantada el día veinticuatro de junio de los corrientes por la actuaria judicial adscrita a este Juzgado Federal, de la que se advierte que el directo quejoso Jesús Joaquín Ramos Espinoza, no ratificó la demanda de amparo promovida a su favor por Lorena Antonia Chan Pool. En consecuencia, haciendo efectivo el apercibimiento contenido en el aludido proveído de veinticuatro de junio del año en curso, con fundamento en el artículo 15 de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de amparo en cuestión, quedando sin efectos las providencias dictadas en autos. Por otra parte, en atención a la diversa prevención hecha a la parte quejosa, téngase como su autorizada a Lorena Antonia Chan Pool, con las limitantes que establece la parte final del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, hasta que no acredite ante este Juzgado encontrarse legalmente autorizada para ejercer la profesión de abogado o licenciado en derecho. Debiendo no solamente proporcionar los datos correspondientes en el escrito en que se le otorgue dicha autorización, sino proceder a su registro en los términos establecidos en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de noviembre de dos mil trece, que establece el sistema computarizado para el registro único de profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Por otro lado, de la constancia levantada por la actuaria de la adscripción, se advierte que el directo quejoso manifestó: "que fue maltratado al momento de su detención". Por tanto, con fundamento en los artículos 1° y 22 constitucionales, 5° de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 7° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1°, 6° y 8° de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura y 11 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, dese vista a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita con las manifestaciones hechas por la parte quejosa en la diligencia de ratificación. Lo anterior, a fin de que la referida autoridad ministerial determine lo que en derecho corresponda ante posibles actos de tortura. En apoyo a lo anterior, se cita la tesis del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Octava Región, en la tesis aislada XXVII.1o.(VIII Región) 2 P (10a.), consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro VI, marzo de dos mil doce, Tomo 2, página mil cuarenta y ocho, del rubro siguiente: "ACTOS DE TORTURA. CUANDO LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES, CON MOTIVO DE SUS FUNCIONES, TENGAN CONOCIMIENTO DE LA MANIFESTACIÓN DE UNA PERSONA QUE AFIRME HABERLOS SUFRIDO, OFICIOSAMENTE DEBERÁN DAR VISTA CON TAL AFIRMACIÓN A LA AUTORIDAD MINISTERIAL QUE DEBA INVESTIGAR ESE PROBABLE ILÍCITO." Notifíquese personalmente y cúmplase.
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