Jesús Joaquín Pacheco Gaxiola
Expediente 158/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 5 actuaciones registradas, la última del 4 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 158/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 04/05/2023
Partes del expediente
- Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en Mexicali, Baja California
- Jesús Joaquín Pacheco Gaxiola
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
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Vista la certificación de cuenta, se hizo constar que transcurrió el plazo que se establece en el artículo 86 en relación con los diversos 81, fracción I, inciso e) y 84 de la Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran con la sentencia dictada en el presente juicio, en la que decretó el sobreseimiento, y así hicieran valer el recurso de revisión en su contra, sin que lo hayan hecho. Por tanto, con fundamento en el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en los términos del precepto 2º de la ley de la materia, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y archívese el expediente en que se actúa como asunto concluido......
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Agréguese a los presentes autos para que surta sus efectos legales correspondientes, el oficio de cuenta que presenta el Director del Hospital General del Instituto de Seguridad y Servicios de los Trabajadores del Estado de Baja California, por medio del cual, en atención al requerimiento efectuado en trece de abril del año en curso, informa lo siguiente: - Las gestiones pertinentes por parte de esa Institución para llevar a cabo el estudio denominado Gamagrama Osea al quejoso ********************; sin embargo, el proceso de licitación debe ser formalizado por las dos partes, por lo que es imposible adelantar la periodicidad que éste señala. Motivo por el cual, conforme al interés de la salud y necesidades del paciente quejoso, se encuentran analizando otra alternativa para realizar el estudio, por lo que, en trece de abril del año en curso, se comunicaron con el quejoso vía telefónica para solicitarle la hoja de referencia y dar seguimiento a la realización del estudio en comento lo antes posible. Por lo tanto, se tiene a la citada responsable informando las gestiones inherentes al cumplimiento del fallo protector. No obstante a lo anterior, a fin de velar por el eventual cumplimiento del fallo protector concedido a la parte quejosa, atendiendo a los efectos del fallo protector, con fundamento en el artículo 192, de la Ley de Amparo, se REQUIERE a la citada autoridad responsable, para que dentro del término de VEINTICUATRO HORAS contadas a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, informe las gestiones realizadas posteriormente a que se efectuó la llamada al quejoso, con el objeto de lograr de manera alternativa la realización del estudio denominado Gamagrama Osea. Lo anterior, obedece a que fue concedida sentencia de amparo a favor del quejoso, debiendo para ello realizar todas las gestiones que sean necesarias para el cabal cumplimiento a la sentencia; por lo que al atender al plazo previsto para la conclusión del periodo de licitación vulnera el derecho a la salud del quejoso, que en ejercicio de una interpretación conforme a la Constitución y los tratados internacionales bajo el principio pro persona, no debe entenderse restringida, limitada, inadecuada o inoportuna, sino como el derecho a recibir atención médica de manera adecuada y oportuna por parte del Instituto responsable con motivo de los padecimientos que presenta. Ello es así, porque el derecho humano a la salud es indispensable para el sano desarrollo y una vida digna de las personas, bajo condiciones de salud óptimas que le garanticen su supervivencia, pues algunos casos la falta de prestación o satisfacción, además de la merma de la salud de una persona, pueden derivar en la pérdida de algún órgano del cuerpo o inclusive de la vida. Es por ello, que debe prestarse al quejoso servicio médico; estudios necesarios y medicamentos requeridos completos por parte del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, debiendo valorarlo uno o varios especialistas, acorde al estado clínico que presente, de acuerdo a su expediente médico y a sus necesidades particulares. Por lo cual, en acatamiento a lo dispuesto en la Constitución mexicana y en los tratados internacionales supra citados, al omitir prestar el servicio médico adecuado y oportuno al peticionario de amparo que requiera, vulnera el derecho fundamental a la salud, reconocido en el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los preceptos 25, numeral 1, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 12, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, pues se le priva del derecho a la salud. Ilustra esta consideración la tesis 1ª. XXIII/2013, emitida por la Primera Sala del Máximo Tribunal del país, cuyo contenido íntegro es el siguiente: "DERECHO FUNDAMENTAL A LA SALUD. IMPONE DEBERES TANTO A LOS PODERES PÚBLICOS COMO A LOS PARTICULARES QUE SE DEDICAN AL ÁMBITO DE LA SALUD. El derecho a la salud consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos impone deberes complejos a todos los poderes públicos dentro del Estado, desde el legislador y la administración, hospitales públicos y su personal médico, hasta los tribunales; pero también a los particulares, tales como los médicos, hospitales privados, empleadores y administradores de fondos de pensiones y jubilaciones. En consecuencia, del análisis del contenido y estructura del derecho fundamental a la salud, se desprende que éste es vinculante no sólo frente a los órganos del Estado, sino que adicionalmente, posee eficacia jurídica en ciertas relaciones entre particulares. Por ello, en los asuntos de su conocimiento, los tribunales deben atender a la influencia de los valores que subyacen en el derecho a la salud, fungiendo como un vínculo entre la Constitución y los particulares al momento en que resuelven un caso concreto. Así las cosas, en virtud de la fuerza Normativa de la Constitución, no resulta compatible concebir que los hospitales privados y su personal médico son regidos únicamente bajo figuras de derecho privado, en especial cuando estos sujetos obran en aras a la protección de la salud de las personas. En efecto, en virtud de la complejidad de los sistemas jurídicos en la actualidad, y de la estrecha relación entre sus componentes normativos, es claro que existen numerosos ámbitos en los cuales no se puede hacer una división clara y tajante entre derecho público y privado. Lo anterior se actualiza en el ámbito de los hospitales privados y su personal médico, ya que su actuar tiene repercusiones en la protección de la salud de los pacientes. En conclusión, no puede negarse que el objetivo consistente en proteger el derecho a la salud de los pacientes es un fin público, pues excede el mero interés de los particulares al ser una meta inherente del Estado mexicano. Queda APERCIBIDA LA AUTORIDAD RESPONSABLE, que en caso de omisión a este mandato judicial en los términos que para tal efecto se le concede, se hará acreedora a una multa de CIEN UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y segundo transitorio del Decreto por el que se reformaron y adicionaron diversos disposiciones de la referida constitución en materia de desindexación del salario mínimo, de conformidad con lo establecido en el artículo 258 de la Ley de Amparo. De igual manera, se podrá proceder en términos del numeral 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que podría culminar con la separación de su puesto y su consignación. NOTIFÍQUESE.
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Visto el estado que guardan los autos, de los cuales se advierte que se encuentra transcurriendo a la autoridad responsable el término de quince días al que hace referencia el artículo 117 de la Ley de Amparo para rendir su informe justificado, toda vez que fue notificada del requerimiento correspondiente el uno de marzo de dos mil veintitrés. En tal virtud, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y se señala como nueva data las DOCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL CATORCE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Visto el estado que guardan los autos, de los cuales se advierte que se encuentra transcurriendo a las autoridades responsables el término de quince días al que hace referencia el artículo 117 de la Ley de Amparo para rendir su informe justificado, toda vez que fueron notificadas del requerimiento correspondiente el uno de marzo de dos mil veintitrés. En tal virtud, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y se señala como nueva data las DOCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTICUATRO DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo. NOTIFÍQUESE.
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